(Publicado en la Carta Semanal 642)
Este sábado 26 de agosto Barcelona conoció una gran manifestación convocada por el ayuntamiento de izquierdas de acuerdo con el gobierno catalán. También Cambrils y Ripoll conocieron manifestaciones. Eran manifestaciones de rechazo al terrorismo y en particular a los atentados del día 17, y los convocantes pedían el apoyo de todas las instituciones y de toda la población. Se pretendía así dar una dimensión de Unidad Nacional, de unidad de y con las instituciones del régimen en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Estos 9 días han sido atravesados por múltiples polémicas entre gobernantes y medios de comunicación sobre las responsabilidades de los atentados, la descoordinación entre la Policía Nacional, los Mossos y la Guardia Civil.
Entretanto todas las autoridades del Estado desde el Rey al Gobierno, ministros, presidentes de regiones y dirigentes de partidos y sindicatos, anunciaban su presencia en la manifestación y pretendían encabezarla. Se generó una ola creciente de rechazo a esta pretensión, que protagonizó la CUP pero que tuvo gran eco, obligando a los convocantes –Colau y Puigdemont– a hacer una maniobra: colocar en primera fila a los representantes de enfermeros, servicios de urgencia, bomberos, policías diversas, y en una segunda fila a las autoridades.
Estas dos polémicas evocaban aspectos de lo sucedido tras el atentado de Atocha, el 11 de marzo de 2004. Recordemos, Aznar intentó ocultar la verdad y convocó manifestaciones en todo el país exigiendo el apoyo de todas las fuerzas. Intentaba recuperar la “unidad contra el terrorismo” que había sido un puntal de su gobierno y del régimen, atando a las organizaciones obreras y democráticas, pero fracasó, como ya había fracasado en el entierro de Lluch. Las manifestaciones del 13 de marzo se volvieron contra el gobierno Aznar y facilitaron la victoria electoral del PSOE el 14M.
Esta vez, como temiendo que las masas se expresasen, ni Rajoy ni las fuerzas políticas más representativas han convocado en todo el Estado. Como si les hubiese dado un acceso de separatismo, lo dejaron para los catalanes, privando a la población de todo el país de expresar su solidaridad con la población de Cataluña, y su rechazo a Gobierno e instituciones.
Pero los manifestantes de Barcelona hablaron por todos. Este 26 de agosto el rechazo ha vuelto a aparecer, implicando directamente a la Monarquía.
El pueblo de Barcelona busco expresar su denuncia al Gobierno y al Rey
En primer lugar, a pesar de su carácter masivo, –de trescientas mil a cuatrocientas mil personas–, estas cifra están muy lejos de las manifestaciones contra la guerra de Iraq en 2003, del 13 marzo de 2004 por los atentados de Atocha, que reunió un millón y medio, o de las manifestaciones independentistas del 11 de septiembre.
Las razones son políticas, la grosera maniobra de la Monarquía y del Gobierno de capitalizar el dolor provocó que cientos de miles se negaran a participar. Por otro lado los sindicatos y los partidos nacionalistas dieron consignas de no organizar cortejos, solo la CUP desfiló organizada.
Y a pesar del imponente dispositivo de cabeza, con las autoridades rodeadas de policías y un grupo de fascistas con la bandera monárquica para gritar vivas al rey, la inmensa mayoría de los presentes no cejó en sus silbidos al Rey y a Rajoy. Las consignas eran claras: “Felipe quien quiere la paz no trafica con armas”, “Vuestra políticas son nuestros muertos”, gritos seguidos de “Fuera el Borbón”, y por parte de amplios sectores “Independencia”.
Un escenario político cada vez mas complicado
Después de los atentados Rajoy reunió el Pacto antiterrorista invitando a los partidos nacionalistas, a Podemos e Izquierda Unida. Pero ningún acuerdo por el momento fue sellado por parte de las fuerzas, como ERC y Podemos, que no formaban parte de este pacto. Aun sin conclusiones Rajoy anunció nuevas reformas de la legislación antiterrorista, y del Código Penal, que se unirían a la Ley Mordaza, la reforma del Tribunal Constitucional, o la aplicación del artículo 315.3 contra el derecho de huelga. Recordemos que estas legislaciones con impronta franquista permiten perseguir a los sindicalistas por su acción sindical o prohibir manifestaciones por motivos fútiles, y como hemos visto ante la huelga de los trabajadores de Eulen, el Gobierno utiliza el recurso franquista del laudo de obligado cumplimiento, así como la intervención de la Guardia Civil, con el apoyo de los portavoces de la Generalitat, todo lo cual ha sido denunciado por UGT y CCOO como ataques contra la libertad sindical y el derecho de huelga.
Esta ofensiva de Rajoy, sin embargo, no ha conseguido desviar la atención de las grandes cuestiones que afectan a los trabajadores de todo el Estado y a los pueblos, en particular al pueblo catalán.
Hacia un enfrentamiento de imprevisibles consecuencias
Contrariamente a otros años, el periodo vacacional ha pasado políticamente casi desapercibido. Todo este mes se ha mantenido la tensión social y política. La huelga de los trabajadores de la seguridad en el aeropuerto de Barcelona, la convocatoria para el 15 de septiembre de movilizaciones en todos los aeropuertos, los cientos de conflictos larvados que amenazan con estallar, en particular por los bajos salarios y la precarización extrema producto de la reforma laboral, hacen que el país entero sea un polvorín.
Solo la reiterada connivencia de los dirigentes políticos y sindicales parece contener la situación. En particular cuando Rajoy compareció ante los jueces, la exigencia de dimisión que Pedro Sánchez planteó en solitario, no se trasladó a la calle, o cuando los conflictos sociales permanecen fragmentados.
Sin embargo el enfrentamiento de la Monarquía, el Gobierno y todas la instituciones del Estado contra el pueblo catalán, negándole la realización de un referéndum en que pueda decidir, no se ha modificado por los atentados. Precisamente el régimen monárquico pretendió utilizar “la unidad en la lucha antiterrorista” para hacer olvidar estas cuestiones.
El Govern catalán mantiene la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y llama a que el próximo 11 de septiembre sea más masivo que nunca.
Situación de peligro para la clase obrera
Y también para los pueblos. La política de insignificancia del PSOE, en una situación en que el nuevo secretario, Pedro Sánchez, no ha conseguido establecer una línea clara que partiendo de los trabajadores, reconozca el derecho de los pueblos y se desmarque completamente de Rajoy, ha facilitado también que las confederaciones sindicales sean el “convidado de piedra”
Ante el enfrentamiento del Gobierno Rajoy contra el Govern de Cataluña y el Parlament, hay que combatir por evitar toda división en el seno del movimiento obrero. El hecho de que las centrales sindicales en Cataluña se hayan pronunciado por el derecho a decidir es un punto de apoyo fundamental para combatir la división.
Por la Alianza de los trabajadores y los pueblos
Solo desde el mantenimiento de la unidad de la clase obrera, que es única a escala de Estado, se pueden conseguir las reivindicaciones, la defensa de las pensiones, los servicios públicos, la derogación de la reforma laboral, y particularmente garantizar el derecho de los pueblos a decidir, de inmediato del pueblo catalán.
Desde ya es imprescindible desarrollar la más amplia campaña entre la clase obrera, sus organizaciones y los pueblos de todo el Estado para defender el derecho del pueblo catalán a decidir.