(Publicado en la Carta Semanal 669)

Las movilizaciones de los y las pensionistas en defensa del sistema público de pensiones, que se han desarrollado a lo largo y ancho del Estado, de Girona a Cádiz, de Pontevedra a Murcia, de Bilbao a Badajoz, han puesto en evidencia que existe una clase trabajadora con reivindicaciones comunes, servicios públicos y conquistas sociales arrancadas en común en la lucha de clases. Una movilización a la que –todo parece indicarlo– van a unirse miles de trabajadores y trabajadoras en activo en las movilizaciones del próximo día 17.

La movilización de los pensionistas, una misma movilización con las mismas reivindicaciones en todo el Estado, ha puesto en evidencia, tanto a los que nos hablan de clases trabajadoras “vasca”, “catalana”, “andaluza”… y de los correspondientes “marcos autónomos de la lucha de clases”, como a los que niegan la existencia de la lucha de clases como algo “superado” y, como mucho, pretenden hablar de “los de arriba y los de abajo”. Los pensionistas, sea cual sea su domicilio o el tipo o cuantía de su pensión, son parte de la clase trabajadora. Todo pensionista lo es, precisamente, por haber sido trabajador en activo. Y se han movilizado en defensa del sistema púbico de Seguridad Social, conquista fundamental de la lucha de la clase trabajadora. Un sistema contributivo de solidaridad entre generaciones, basado en las cotizaciones sociales (salario diferido), organizado en una Caja Única a escala de Estado y garantizado por el propio Estado, que debe, según la Ley, aportar los fondos necesarios para pagar las pensiones en caso de bajada de ingresos del sistema. Un sistema que cubre la subsistencia del trabajador en caso de jubilación o enfermedad y la de su familia en caso de fallecimiento.

La sociedad está dividida en clases

Por más que lo nieguen unos y otros, el 82% de las personas del Estado español es clase trabajadora en sentido estricto, es decir que, para subsistir necesita vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario a los propietarios de los medios de producción, quienes se apropian del valor de una parte del producto del trabajo que constituye la plusvalía, base del beneficio empresarial. Y esa es la base económica de la lucha de clases.

Se ha citado reiteradamente al multimillonario americano Warren Buffet, que vino a decir que “la lucha de clases sigue existiendo, pero la mía va ganando”. Una frase en la que no falta el cinismo de “celebrar la victoria”. ¿Tiene razón Warren Buffet? Más quisiera. Qué duda cabe de que el capital ha arrancado a la clase trabajadora algunas de sus conquistas, pero está muy lejos de haber ganado. El objetivo del capital financiero no es otro que acabar con todas y cada una de las conquistas obreras que ponen límites a la explotación (en España, conquistadas sobre todo en al lucha contra el franquismo y al muerte de Franco), para lo cual necesitan derrotar a la clase obrera. Y están muy lejos de haberlo conseguido.

A pesar del tapón que supone la política de los dirigentes de las principales organizaciones de la clase trabajadora, la política de diálogo social, de llegar a acuerdos a toda costa con el Gobierno (SMI, acuerdo sobre funcionarios del 6 de marzo…), que impide precisamente unificar la lucha contra el Gobierno y su política, el levantamiento de los pensionistas, como a otro nivel, la formidable movilización del 8 de marzo, tanto por la mañana en las empresas, como por la tarde en las masivas manifestaciones –a pesar del carácter ambiguo de la convocatoria– demuestran que la clase no sólo no se siente derrotada, sino que es capaz de pasar a la ofensiva. Y en el momento en que algunos sectores han dado un paso adelante, el debate se abre dentro de las organizaciones sobre cómo unirse al movimiento, y abre la posibilidad de arrastrar a las propias organizaciones.

La lucha por la unidad

Las manifestaciones previstas para el 17 de marzo han puesto sobre el tapete una cuestión fundamental para la lucha de la clase trabajadora: la cuestión de la unidad (que no es separable de los objetivos de movilización, o sea, la defensa del Sistema Público de Pensiones, que exige hoy, entre otras cosas, derogar las reformas laborales). La finalidad de esas manifestaciones, convocadas por primera vez en un fin de semana, es reunir, por primera vez, a pensionistas y trabajadores (pensionistas actuales y pensionistas futuros) en una lucha común en defensa de las pensiones. Pero a la hora de convocarlas se ha generado una importante división, que concierne al papel de las organizaciones en general y los sindicatos en particular.

Qué duda cabe de que la decisión de los dirigentes de UGT y CCOO y del gobierno Zapatero de firmar en febrero de 2011 el Acuerdo Social y Económico (ASE), por el que se atrasaba la edad de jubilación hasta los 67 años, se aumentaba el periodo de cómputo de las pensiones (reduciendo, por tanto, la cuantía de las pensiones) y se introducía el “factor de sostenibilidad” (previsto en el ASE para 2027 y que la reforma de Rajoy de 2013 debe poner en marcha en 2019), ha colocado tanto a los sindicatos mayoritarios como al PSOE, ante muchos trabajadores y pensionistas, como responsables de un primer recorte de pensiones. Ahora bien, ¿justifica eso la pretensión de algunos dirigentes de las Plataformas y Coordinadoras de las Pensiones de excluirles de la movilización, o de exigirles “rectificar”, como requisito previo? Si aplicáramos esa lógica, no podríamos hacer huelga en una fábrica por el convenio actual, sin exigir antes excluir de la movilización a quienes firmaron un acuerdo desfavorable hace 5 años. Y más aún, ¿cómo podemos pretender implicar al conjunto de la clase trabajadora en la defensa del sistema público de pensiones sin llevar la preparación de la movilización a cada fábrica, a cada centro de trabajo? ¿Puede hacerse eso sin contar con los sindicatos?

A eso se une por parte de algunos sectores de las plataformas la letanía reaccionaria “sin partidos, sin sindicatos, sin banderas”, “las banderas dividen”. La clase obrera no puede defenderse, no puede actuar como conjunto, sin organización. Quien niega el derecho de las organizaciones obreras a intervenir con sus propias pancartas, consignas y banderas está negando la soberanía de cada organización sobre la decisión de cómo actuar. Y por tanto, está negando un principio elemental de la democracia obrera.

En todo caso, un clamor surge del interior de la clase obrera para exigir la unidad en la lucha por los mismos objetivos. Los militantes comunistas que escribimos esta carta, que no tenemos “intereses distintos de los del conjunto de la clase”, queremos ser un elemento activo en esa lucha por la Unidad para derrotar al Gobierno Rajoy.