Unos Presupuestos que ponen de manifiesto una política

(Publicado en la Carta Semanal 673)

El gobierno Rajoy, abrumado por los escándalos de corrupción, de los que el affaire Cifuentes es la última manifestación, minoritario en Cortes, hundido en las encuestas, cercado por la movilización de los pensionistas que amenaza con abrir paso a la movilización generalizada, incapaz de salir del “embrollo catalán”, parece haber hecho de la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado su tabla de salvación.

Creía haber comprado -a mínimo costo, todo hay que decirlo- la condescendencia de los dos grandes sindicatos con el acuerdo sobre salario mínimo y el acuerdo sobre funcionarios, y –con el aumento del cupo vasco– los votos del PNV para los Presupuestos de 2018, como lo hizo con los de 2017 (el apoyo de Ciudadanos a su política parece tenerlo ya “de fábrica”), cuando ha tropezado con un obstáculo insalvable: el PNV no puede permitirse un gesto tan explícito de apoyo al gobierno mientras siga en pie la intervención estatal de la Generalitat catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución monárquica.

Ante este bloqueo, el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, ha llegado a pedir, en una entrevista concedida a RNE, al Partido Socialista que le preste “cinco votos al azar” para aprobar los Presupuestos y evitar el “chantaje” del PNV. “Si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición, pero mucho más digno”, dijo. Maroto invocaba para ello a Sánchez su “altura de Estado” al aprobar la aplicación del artículo 155.

Para demostrar que no se trataba de una ocurrencia, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistía en lo mismo. En una rueda de prensa posterior al Comité Permanente Nacional de Cs, recriminaba a los socialistas que estén “bloqueando” las Cuentas de manera “irresponsable” y les pidió que recapaciten para desactivar el “chantaje” nacionalista. “Hay que pensar más en España que en las siglas. Pensar más en tu país que en tu ejecutiva o, incluso, tu carrera profesional”, para rematar después: “No pasa nada por abstenerse o negociar”. La “unión sagrada” en defensa de la Constitución, que llevó a Pedro Sánchez a apoyar el 155, le exigiría ahora nuevos sacrificios.

Hay que recordar que la abstención del PSOE para permitir gobernar a Rajoy, con la promesa de “actuar luego como oposición”, ha permitido al gobierno del PP bloquear luego decenas de iniciativas parlamentarias y proyectos de ley, invocando el artículo 134 de la Constitución, que faculta al Gobierno a impedir la tramitación de toda iniciativa que suponga aumento de gasto. Del mismo modo, la decisión de conceder al tándem PP-CS la mayoría en la Mesa del Congreso ha permitido a los dos partidos de la derecha bloquear la tramitación de muchos proyectos de ley por la vía de prolongar una y otra vez el plazo para enmiendas.

Permitir ahora la aprobación del proyecto de ley de presupuestos sería renunciar de hecho a toda forma de oposición real a la política del PP. Además, no se trata, en absoluto, de unos presupuestos inocuos o que permitan políticas sociales. Todo lo contrario. Las cifras demuestran que se trata de unos presupuestos profundamente antiobreros.

Presupuestos que mantienen y profundizan los recortes

En su defensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el Gobierno ha insistido en que se trata de unos presupuestos que aumentan el gasto público, y para ello aduce que el gasto total aumentará un 3%, llegando a los 354.225 millones, pero oculta que en realidad se sigue reduciendo el gasto en relación al PIB, que se quedará en un 40,5% del PIB, el dato más bajo desde el año 2007. Además, en esa cifra se incluyen los casi 150.000 millones de gasto en pensiones que, recordemos, no se financian con impuestos sino con cotizaciones sociales, salario diferido de los trabajadores y trabajadoras. La “reducción del estado”, tan cara a los voceros del capital financiero, se basa en la bajada de impuestos y, sobre todo, en que se mantiene la elusión fiscal de las grandes empresas y fortunas y la evasión fiscal no perseguida, que la organización de los técnicos de hacienda GESTHA calcula en casi 90.000 millones de euros, de los que más de 40.000 corresponden a grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas.

Estos datos explican todos los demás. Así, el gasto en Educación subirá un 3%, quedándose aún muy por debajo de las cifras de antes de la crisis: 2.600 millones de euros en 2018 cuando en 2011 estaba en más de 3.000 millones de euros. El gasto en Sanidad se incrementará un 3,9%, y seguirá estando por debajo del presupuesto previo a la crisis. Pero, sobre todo, no se recupera el grave déficit de inversiones en sanidad y educación acumulado en seis años consecutivos de recortes.

Por otra parte, las políticas de vivienda bajarán el 0,2%, y el gasto en desempleo caerá el 3,4%, hasta los 17.702 millones. Seguirá habiendo millones de parados, más del 40% del total, sin ningún tipo de ayuda o subsidio. El porcentaje de parados que reciben algún tipo de ayuda ha descendido de forma significativa y continuada. En 2011, la tasa de cobertura era del 70,7% y ahora está en el 58,2%. Además, la cuantía de esas ayudas se ha reducido también.  En el caso de las prestaciones contributivas (subsidio), de 852,1 euros de media mensual en 2011 a 804,2 en 2017. Pero cada vez es mayor la proporción de desempleados que reciben prestaciones no contributivas (ayudas), que son más bajas, y no suponen cotización a la Seguridad Social. A 31 de diciembre, había 1.125.281 parados en tal situación, un 59% del total de los que reciben alguna prestación.

El presupuesto para Servicios Sociales aumenta un 4,3%, con 2.512 millones de euros, aún por debajo de lo que se destinaba en 2011 a esta partida.

La política de Cultura subirá un 4,4 por ciento (sobre todo por la bajada del IVA de los cines).

El Gobierno seguirá fabricando la ruina de la Seguridad Social: sacará 3.826 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social, que quedará por debajo de los 4.300 millones, y dispondrá un nuevo préstamo de 15.164 millones de euros a la Seguridad Social (en lugar de hacer aportaciones desde el Presupuesto como dispone la Ley). Esta cifra supone el 49% más que en 2017.

En cuanto a las pensiones, y a pesar de que el Gobierno, presionado por la movilización de los pensionistas, ha incluido a última hora aumentos superiores al 0,25% en las pensiones más bajas y en las de viudedad, como señala Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, “El Gobierno señala que 7 de cada 10 pensionistas van a ganar poder adquisitivo, pero lo que es cierto es que más de la mitad de las pensiones van a perderlo este año también. Todas las que se sitúan entre 700 y 860 euros van a subir el 1%, por tanto, esta cifra está por debajo de la previsión de IPC. Solo van a recuperar poder adquisitivo las pensiones mínimas y un tercio de las pensiones de viudedad, esto es menos de un tercio del total de las pensiones.”

Los grandes aumentos, para el ejército y las fuerzas de represión

Si algo demuestra qué es lo que en verdad interesa a este gobierno, son los gastos militares y represivos. Así, el Ministerio del Interior incrementará un 6,5% su presupuesto, en buena medida por la equiparación de policías nacionales y guardias civiles a los Mossos d’Esquadra, que supone unas subidas anuales de 7.000 euros en dos años. Mientras tanto, médicos, enfermeros, profesores, seguirán sin ver equiparados sus salarios en las distintas autonomías. Un Policía Nacional recién entrado, con estudios de bachillerato, cobrará 2000 euros al mes, 700 más que un Técnico de Laboratorio (bachillerado más dos años de FP) y casi lo mismo que una enfermera (bachillerato más 4 años de Grado). Qué duda cabe de que con la política que aplica, el Gobierno necesita tener contentas a las fuerzas que necesita para reprimir la movilización popular.

El presupuesto del Ministerio de Defensa aún subirá más, un 10,7%, el mayor aumento desde la entrada de España en la OTAN en 1986. Una respuesta a las exigencias del imperialismo USA, que exige a sus “socios” (más bien súbditos) militares gastar un 2% del PIB en defensa.

Por otra parte, el Gobierno destinará 31.547 millones de euros al pago de intereses de la deuda pública (el 9% del Presupuesto total).

Una razón más para echar a este gobierno

Ninguna organización que pretenda defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras puede dar apoyo alguno a este proyecto de PGE. Al contrario, son una razón más para unificar las luchas hasta echar al gobierno.

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