Archivo por días: 09/08/2021

Años antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.

Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.

Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.

Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?

Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.

La resistencia

Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.

La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.

¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.

Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?

Razones no faltan

Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.

En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»

La hoja de ruta del Gobierno

A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»

En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.

La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.

Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones

No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)

La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)

La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.

En una situació d’emergència, cal la unitat per salvar la sanitat pública

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Carta Setmanal 847 per descarregar en PDF

Anys abans de l’inici de la pandèmia, el deteriorament de les condicions de la sanitat pública era ja evident, les retallades i les diferents formes de pri- vatització, legalitzades per l’article únic de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió de sistema Nacional de Salut, van augmentar la massificació i van conduir a el sistema de la incapacitat per atendre adequadament a la població. Recordem que només entre 2010 i 2017 es va reduir la despesa en sanitat en més de 30.000 milions d’euros, gairebé l’equivalent a un pressupost anual sencer. Les diferents lleis, com les d’estabilitat pressupostària o la ja esmentada 15/1997, per les quals aquesta ofensiva ve desenvolupant-se, són comunament criticades per les associacions de defensa de la sanitat pública i pels sindicats, ja que aquesta política condueix a desmantellar la sanitat pública: és innega- ble la precarietat i la manca de recursos en l’atenció primària de salut, però no només; les administracions sanitàries deuen milers d’hores de festa als sanitaris.

Durant la pandèmia, els sanitaris s’han mobilitzat per incrementar plantilles i salaris; però, el Govern va respondre amb el RDL 29/2020, que imposa la mobilitat funcional i geogràfica al personal sanitari, i tracta d’impedir les mobilitzacions en nom de combatre el coronavirus, implica a les policies i l’exèrcit en el control de la població . El govern de Pedro Sánchez i els autonòmics van utilitzar a fons la pandèmia per seguir desmantellant l’assistència sanitària, introduir les consultes telefòniques i precaritzar les condicions laborals. El seu respecte a la propietat privada va mostrar la impotència del Govern per proporcionar mascaretes i bates a el personal sanitari; i sobretot, en la vacunació la dependència de les multinacionals farmacèutiques que imposen el preu de les seves vacunes (desenvolupades, en bona mesura, amb fons públics), i que ara imposen una pujada de l 25% dels seus preus.Hi ha un pla, contingut en els acords amb Brussel·les, que desmantella la sanitat pública, i que l’executen el govern central i desigualment els altres governs. No caldria un pla per mobilitzar els treballadors de el sector i a la majoria social arribant fins on calgui per defensar units la sanitat? Hi ha dirigents polítics i sindicals que s’omplen la boca amb la sanitat pública. Què estem fent, tots junts, per salvar la sanitat? Pensen alguns d’aquests dirigents que l’important és salvar el govern progressista. Però tots sabem que si la sanitat se segueix enfonsant, el govern es pot enfonsar amb ella, I els sindicats i partits que no hagin sabut defensar la sanitat pública, poden participar en aquest enfonsament.

La resistència

Les mobilitzacions continuen per reivindicacions concretes que donen el contingut a la defensa de la sanitat pública. Per exemple, al País Valencià, per la reversió a la sanitat pública dels hospitals «model Alzira», mobilitzacions en què s’ha imposat la unitat dels sanitaris i dels seus sindicats, d’associacions de defensa de la sanitat pública i de societats científiques, mobilitzacions que han aconseguit, contra la voluntat de Ximo Puig i la seva consellera de Sanitat i les pressions de la multinacional Centene, la reversió de l’hospital de Torrevieja.També a Andalusia, sindicats i plataformes de defensa de la sanitat pública es mobilitzen per la integració en el SAS de l’hospital de l’Aljarafe, per augmentar la dotació de personal i de mitjans de l’atenció primària de salut. La resposta de la població, no falla. El que no hi ha és dispositiu per defensar el sector. Seria hora que els sindicats de la sanitat i les organitzacions de defensa de la sanitat pública cridin als treballadors i a la població a la mobilització per aturar el desmantellament de la sanitat pública i, recolzant-se en la disposició i les reivindicacions dels sanitaris i de la població, es doti dels mitjans i de personal suficient. Que tornin els més de 30.000 milions arrabassats als pressupostos de la sanitat pública. Com és possible que, a Madrid, tot i la resistència general dels sanitaris i de la població, amb l’opinió contrària de partits i sindicats, s’hagi posat en marxa l’hospital Zendal, s’hagi privatitzat la vacunació covid i es pretengui tancar 41 centres de salut? Les conjuntures regionals canvien, però Díaz Ayuso està al capdavant de l’aplicació d’un mateix pla que pretén liquidar la sanitat pública a tot l’Estat. És el moment de fer un pas endavant, amb determinació, audaç. No és urgent que a cada hospital es reuneixin els treballadors de totes les categories, de qualsevol adscripció, per prendre mesures urgents amb les organitzacions i col·lectius per impedir tals atropellaments? No cal col·laborar els treballadors de cada hospital amb els centres de primària? No és hora d’organitzar la mobilització a unitat per les reivindicacions de baix a dalt i de dalt a baix? Raons no falten.

És indubtable que hi ha una contradicció flagrant entre les demandes i reivindicacions de professionals i població i la política sanitària del Govern -i de tots els governs autonòmics-, i que hi ha la consciència que les intencions de Pedro Sánchez no van en el sentit de satisfer les reivindicacions. Com reiteradament afirma, el seu objectiu, és el que defensa la Unió Europea en l’assignació dels fons next generation: la col·laboració públic-privada, és a dir la privatització. En el seu segon informe de rendició de comptes, Pedro Sánchez treia pit que «Espanya és, després de Malta, el país de la Unió Europea que té un major percentatge de la seva població completament vacunada i també ocupa un dels primers llocs a nivell mundial . »

En cartes setmanals anteriors (veure les cartes setmanals 817 i 827) s’ha exposat la subordinació de Govern a les exigències de les multinacionals farmacèutiques i el caos que ha suposat la campanya de vacunació; dir ara que les administracions sanitàries, després de finançar als laboratoris bona part de la investigació i la producció de vacunes anticovid, les estan comprant a un preu 25 vegades superior al seu cost de producció, i segueixen pujant els preus sense cap control. Deia a més Pedro Sánchez que «el Ministeri de Sanitat ja ha iniciat el 80% dels compromisos adquirits pel Govern d’Espanya per a la present legislatura.» El full de ruta del Govern

Segons el que s’ha dit, cal concloure que en aquest 80% no s’inclouen les reivindicacions per les quals es mobilitzen el personal sanitari i la població. Potser estiguin previstes en el 20% restant dels compromisos governamentals per a la sanitat. Però no, no segons la previsió feta pública per la ministra Carolina Darias sobre la inversió sanitària enviada a Brussel·les per als propers tres anys: un total de 1.069 milions d’euros, dels quals 792 (el 80% aproximadament) es destinaran a renovar equips d’alta tecnologia; la resta es dirigeix a la creació d’un gran centre de dades sanitàries (100 milions), a la «racionalització» del consum de medicaments (20 milions), a millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant de noves crisis sanitàries (143 milions) ia la formació dels professionals sanitaris (13,1 milions). Sense partida de despesa prefixada se cita com a objectiu «l’enfortiment de l’atenció primària.» Finalment, la ministra afirma que el Pla de Reconstrucció, Transformació i Resiliència també «permetrà reduir la temporalitat dels professionals i potenciar el seu desenvolupament professional», el que suposa la reforma de l’Estatut marc i un decret per millorar la formació MIR. Diu que es tracta d ‘ «una inversió de futur» i que «l’actual situació constitueix una magnífica ocasió per millorar les debilitats del SNS.» En resum, pomposament se’ns anuncia una «inversió de futur» de poc més de 300 milions anuals, que juga amb la precarietat existent però no amplia plantilles (que, amb les OPE previstes, pot suposar l’acomiadament de milers d’interins), ni incrementa les infraestructures assistencials. Que ni tan sols comença a recuperar els més de 30.000 milions retallats entre 2020 i 2017. Resultaria còmic sino estractés de la salut de la població i del sistema sanitari que ha de protegir-la. Sense deixar passar les referències a les «oportunitats» que ens ha portat la pandèmia, per implantar «millores» del tipus de les consultes telefòniques i altres barreres a l’assistència sanitària, com el tancament de consultes, per exemple. La pandèmia i les respostes donades han suposat un cop dur per a una sanitat ja tocada. La premsa denuncia la reducció intolerable de la diagnosi precoç dels càncers, l’abandó dels pacients crònics, el creixement exponencial de les llistes d’espera. Els centres de salut amb consultes i serveis tancats, amb mancances gravíssimes de personal, CCCO denunciava recentment la situació de centre de salut de Lebrija, a Sevilla, amb només 7 metges de 14, amb 5 infermers de 14 (i 2 d’ells, a temps complet vacunant). A Andalusia hi ha demores de cita en atenció primària de més de 14 dies en la majoria de centres. I lamentablement, no són exemples, és la tònica general. Després es queixen de la fugida de professionals, com si aquesta no fos una de les conseqüències de la manca de mitjans, dels baixos salaris i de la sobreexplotació.

Accions per la unitat per a la defensa de les reivindicacions

No podem sinó posar com a contrast al discurs del Govern la resolució aprovada el passat 27 de juny a la reunió de la coordinadora ampliada del CATP.

La població es mobilitza per la seva sanitat quant té ocasió. Cal un pla que uneixi les energies de treballadors i població en tot els barris, en totes les circumscripcions per defensar el Sistema de Salut. Vegem com avançar. S’ha proposat al CATP organitzar una trobada en defensa de la sanitat pública prenent com a base les lluites en curs i el manifest difós per Informació Obrera.

La secció de la IV Internacional va plantejar la discussió amb col·lectius i organitzacions per veure com ajudar a aquest combat.

Carta Semanal

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