(Publicado en la Carta Semanal 675)

Trump, después de amenazar con la guerra a la industria automóvil europea (el centro de las economías europeas), corrigió el tiro anunciando que impondría aranceles a productos chinos, por valor de 60.000 millones de dólares. Exigía que la República Popular China reduzca de inmediato 100.000 millones de dólares su superávit comercial con los Estados Unidos (calculado entre 375.000 y 504.000 millones).

Al día siguiente, el gobierno chino anunció que impondrá derechos arancelarios de aduana del 15% a 120 tipos de productos norteamericanos y aranceles del 25% a otros ocho tipos de productos. Sectores del régimen propugnan que se endurezcan las presiones, atacando a la soja.

¿De qué estamos hablando?

China es la segunda economía mundial y la mayor potencia exportadora del mundo (en 2016, por valor de 2 billones de dólares. Su principal comprador (385.000 millones) son los Estados Unidos (primera economía del mundo). Una buena parte de las exportaciones de China corresponden a las 500 multinacionales presentes en China, sobre todo norteamericanas.

A su vez, la economía china financia a los Estados Unidos con 1,189 billones de dólares: es el primer poseedor extranjero de deuda norteamericana).

Por otra parte, el 45% de la deuda exterior china está en dólares, sometida a la política norteamericana.

Esta imbricación mutua entre ambas economías hace que los dos estados se lo piensen dos veces antes de cualquier paso en la guerra económica. En este momento, nadie sabe si el choque puede quedar en una amenaza o a dónde puede llegar. El primer día después del anuncio, las bolsas dieron un bajón, pero luego se mantienen a la espera.

La evolución de ese inicio de guerra comercial iniciada puede llevar a recortar la producción mundial, afectando a otras economías, entre ellas las europeas, con pérdidas de puestos de trabajo. Junto con la guerra (militar), los episodios de guerra comercial reflejan que el capitalismo lleva a la destrucción, pues el capital no halla dónde capitalizarse.

Trump quiere acabar con la propiedad social en China

En enero, Robert Lighthizer, asesor privilegiado de Trump, declaró que Washington se equivocó al apoyar la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. En efecto, hace 20 años la entrada del gigante asiático en la OIT planteaba un choque entre la propiedad social producto de la revolución china y las reglas de la economía de mercado. Esa entrada era vista como un peligro por los defensores de la propiedad social, pero para Kissinger, Clinton, Georges W Bush y Obama era un medio para liquidarla. El balance del asesor de Bush es que han fracasado: el PCCh sigue controlando la economía, inclusive la apertura al mercado.

El 29 de marzo la agencia de noticias china, Xinhua informaba de que la profundización de la reforma garantiza que “mejorar las instituciones y los mecanismos con los que el Partido ejerce la dirección de las grandes tareas”. A tal efecto Xi Jinping, ha expulsado a millón y medio de afiliados al PCCh desde 2012. Busca tener un aparato de acero para poder controlar la introducción del mercado, la privatización de empresas, las zonas económicas especiales… preservando los cimientos del Estado chino, surgido de la revolución de 1949.

Situación de la clase obrera china

El Estado chino se formó en esa revolución, dirigida por el Partido Comunista Chino, que transformó China en una nación soberana, para lo que tuvo que expropiar a la burguesía y los latifundistas, estableciendo relaciones de producción basadas en la propiedad social y el monopolio del comercio exterior.

Pero hoy hay “millonarios rojos”, y la propiedad social está siendo atacada por la entrada de multinacionales en las zonas económicas especiales y toda la política de la dirección del PCCh de apertura al mercado mundial. Contra esa casta burocrática que usurpa el ejercicio del poder estatal, se han levantado la clase obrera y la juventud, en particular en 1957 (Movimiento de las Cien Flores), en algunas fases de la revolución cultural (1966 a 1969) y en junio de 1989 (plaza de Tien Anmen).

En 2016, la fuerza de trabajo de China eran 776 millones de asalariados. “China tiene un marco jurídico completo que define los derechos y obligaciones de empresarios y asalariados, en particular la ley del Trabajo de 1995 y la ley de 2008 sobre el contrato de trabajo (modificada en 2013 sobre los despidos)… Esas disposiciones dan a los trabajadores un amplio abanico de derechos y un nivel jurídico razonable. Pero, desde que la ley sobre el contrato laboral entró en vigor el 1 de enero de 2008, los empleadores han buscado debilitarla y las autoridades locales no han conseguido aplicarla, dejando a los empleados que defiendan sus derechos. El abuso del sistema estaba tan extendido que en 2013 el Gobierno ha buscado reducir los fallos de la ley y limitar el personal ‘temporal, auxiliar o para cubrir bajas’ en situación de interinidad” (China Labour Bulletin)

Los trabajadores chinos luchan desde hace años por sus derechos contra las direcciones de empresas y autoridades locales: pago de atrasos, contra los despidos, por indemnizaciones y garantías ante las deslocalizaciones. La última cifra, de 2016, indicaba 1,77 millón de conflictos laborales. Defendiendo sus derechos, los trabajadores defienden la propiedad social frente a la gran presión del capital internacional.

* * *

Nadie puede predecir los próximos avatares de ese choque entre los Estados Unidos y China. Pero lo seguro es que el capital busca la guerra comercial –y la guerra a secas– e inseparablemente atacar las conquistas y organizaciones de los trabajadores. Por ejemplo, cualquier tumbo que dé el caso chino lo derivan los Estados Unidos contra los imperialismos europeos, y éstos contra sus propios trabajadores.

En la propia declaración de guerra contra China, Trump aprovechaba para atacar a la OMC (‘árbitros injustos’), a Japón y Corea del Sur (tienen acuerdos privilegiados con China). Y a la Unión Europea, a la que define como “un grupo de países que se han juntado para perjudicar a los Estados Unidos”, “cerrando las puertas” a las empresas norteamericanas con sus “aranceles elevados” (Le Figaro, 22 de marzo). La respuesta de las patronales europeas y de gobiernos como el de Rajoy es la destrucción de derechos en nombre de la competitividad.

En esta situación, lo único que puede guiar a las organizaciones de los trabajadores es defender siempre el interés de los trabajadores evitando las trampas de los acuerdos “de competitividad”, que hacen cargar a los trabajadores con la factura de la competencia entre capitalistas.

Este es un debate fundamental para el movimiento obrero y por nuestra parte nos comprometemos a darle continuidad al hilo de los conflictos de la lucha de clases.