Carta Semanal 853 en catalán
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El miércoles 15 de septiembre tuvo lugar en el palacio de la Generalitat de Barcelona la primera reunión de la llamada mesa de diálogo. Esta mesa fue pactada anteriormente entre Quim Torra y Pedro Sánchez, antes de que el primero fuera inhabilitado por delito de libertad de expresión por los tribunales franquistas.
En representación del gobierno central participaron Pedro Sánchez más cinco ministros (entre ellos Yolanda Díaz de Unidas Podemos) y por parte del govern de la Generalitat la delegación solo estaba compuesta por Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya, pues los tres que debían representar a Junts per Catalunya (los partidarios de Puigdemont, continuadores de la antigua convergencia de Pujol) no participaron en la reunión.
A este respecto, hay que señalar que se ha profundizado el enfrentamiento entre ERC y los partidarios de Puigdemont. Estos habían nombrado a tres representantes para la mesa, dos de ellos no eran consejeros del govern sino dirigentes del partido, inhabilitados por la Justicia franquista. El argumento de Aragonés para que no participaran en la reunión fue que esta era solo de representantes de los gobiernos.
Más allá de los aspectos formales e institucionales, este nuevo episodio ahonda el enfrentamiento entre las dos principales fuerzas que se reclaman del independentismo: ERC, el partido tradicional de las capas medias catalanas con influencia en ciertos sectores asalariados y JxC, los continuadores de la Convergencia de Jordi Pujol, que, lastrados por la corrupción de esta, adoptaron una vía abiertamente rupturista con el Estado. Recordemos que fue Artur Mas, presidente entonces de la Generalitat, el que convocó el 4 de noviembre de 2014 la primera consulta sobre la soberanía de Cataluña. Consulta tolerada por el gobierno Rajoy, pues oficialmente no tenía ninguna eficacia política concreta, contrariamente al referéndum de 1 de octubre de 2017, prohibido por Rajoy y que dio lugar a la brutal respuesta de la Monarquía, primero con la actuación represiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil el mismo día 1 y después con el discurso del rey del 3 de octubre, que ordenó a todas las instituciones del Estado, en particular a las judiciales, actuar contra los responsables republicanos catalanes. Pocas semanas después doce de ellos fueron detenidos y condenados los nueve primeros a más de 100 años de cárcel, según sentencia del 14 de octubre de 2019.
¿Qué se decidió en la mesa de diálogo?
Simplemente, iniciar el diálogo, sin calendario preciso, como dijeron Pedro Sánchez y Pere Aragonés,“dialogar sin someterse a plazos”, darse tiempo y armarse de perseverancia.
Pedro Sánchez ofreció lo que ya había propuesto a Quim Torra en febrero del 20, los llamados 44 puntos de la “agenda para el reencuentro”, entre ellos:
– la activación periódica de la mesa de diálogo.
– la reforma del sistema de financiación, cuestión en suspenso y que afecta al conjunto de las 17 autonomías en las que se basa el régimen monárquico.
– reforma del sector eléctrico, integrando las últimas medidas del gobierno Sánchez, que busca reducir la factura de la luz
-levantar los peajes de las autopistas, recientemente realizado
– plan de cercanías 2020-30 de 6.300 millones y relanzar el corredor mediterráneo
– nuevas medidas para regular los alquileres
– evitar recursos judiciales…
Al margen de lo impreciso de la mayoría de estas cuestiones, en ninguno de estos puntos se trata de acabar con la amenaza de persecución judicial a 3.000 ciudadanos de Cataluña, lo cual permite la actuación arbitraria de los jueces, como últimamente el juicio contra 13 miembros de un Comité en Defensa de la República acusados sin ninguna prueba de terrorismo.
Tampoco se habla de lo que al principio el actual gobierno Sánchez había prometido, eliminar el delito de sedición
Tampoco se incluye en el paquete el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, por el momento suspendido. En efecto, se trata de una inversión de 1.700 millones por parte de Aena (empresa con participación mayoritaria del Estado). Este proyecto divide de arriba abajo el gobierno catalán.
En efecto, los partidarios de Puigdemont son fervientes partidarios de este proyecto, defendido también por la patronal catalana del Fomento del Trabajo. Y por otro lado ERC se opone en nombre de otro tipo de inversiones aeroportuarias, es decir, ampliar y conectar los aeropuertos de Reus y Gerona. En realidad, planteando al Estado el control autonómico de la gestión del aeropuerto. En este enfrentamiento de diferentes proyectos empresariales se juega, como es la moda y la actualidad, con argumentos ”ambientalistas” de protección de la naturaleza.
Por parte de la delegación del govern de Cataluña, las exigencias fundamentales son políticas: amnistía y referéndum de autodeterminación. Cuestiones que para el gobierno central son incompatibles con la Constitución.
Para el govern catalán las cuestiones económicas y de infraestructuras deben ser tratadas en la comisión bilateral de seguimiento.
Por otra parte, Pere Aragonés insiste en que JxC se sume plenamente al proceso de diálogo.
Hay que decir que los dirigentes de Junts se han mostrado siempre escépticos ante la mesa de diálogo y no han abandonado su estrategia de “unilateralidad”. O sea, rupturista con el régimen pero de espaldas a los trabajadores y al resto de los pueblos del Estado, dirigiéndose a la Unión Europea para que reconozca una Cataluña independiente.
Sin embargo, algo importante ha cambiado desde 2017. “No existe en la sociedad catalana el respaldo suficiente para una independencia unilateral… Y es necesario convencer a Europa de que se ha intentado el diálogo”. Este punto de vista de Lola García (La Vanguardia del 16 de septiembre) refleja en buena medida la posición actual de una buena parte de los dirigentes republicanos catalanes.
¿Qué ha cambiado?
Sin duda, la concesión de un indulto parcial por parte del gobierno Sánchez, enfrentándose de hecho al aparato judicial e indirectamente al Rey, ha abierto la posibilidad –según ERC– de la apertura de negociaciones con el Estado, al mismo tiempo que corren el riesgo de ser acusados de simples “gestores de la autonomía” por parte de sectores más radicales como los de la CUP.
La manifestación del 11 de Septiembre de este año ha sido un buen termómetro para medir la relación de fuerzas existente. Las decenas de miles de manifestantes (108.000 según la policía municipal de Ada Colau, 400.000 según los convocantes de la ANC) demuestra el apoyo masivo que sigue teniendo la causa independentista. Un análisis más detallado nos permite decir que este apoyo se concentra en las capas medias, sobre todo de las ciudades medianas y rurales, con una disminución clara de participación de la juventud, ausencia total de la clase obrera y sus organizaciones, y también, evidentemente, de la gran burguesía. Al mismo tiempo hay un rechazo a los partidos, abucheados y caracterizados como títeres.
Todo ello no solo está lejos del 11S de 1977, la manifestación más masiva, hegemonizada por los partidos obreros y los sindicatos, sino también del 2014, con más de un millón de manifestantes coreando abiertamente la independencia,
Posición desde el punto de vista de la clase obrera
En efecto, la clase obrera estaba ausente del 11 de septiembre, pero nadie puede olvidar que en la semana del 14 al 20 de octubre de 2019, después de la sentencia contra los nueve, una verdadera explosión semiespontánea sacudió toda Cataluña, con ecos en todo el Estado. No se trataba solo ni prioritariamente de independencia, sino del enfrentamiento contra el régimen a partir de la lucha contra la represión.
La marcha sobre Barcelona del 18 de octubre del 19 recordaba por su masividad el 11 de Septiembre del 77 pero era mucho más espontánea y sin encuadramiento. Los dirigentes soberanistas catalanes intentaron desviar políticamente la manifestación “hacia Europa”, dando la espalda a los trabajadores y los pueblos de España.
Esto explica la masiva abstención de la juventud en las elecciones autonómicas del 12 de febrero de 2021, que dio la victoria relativa al PSC, confirmando la mayoría parlamentaria independentista, pero sobre la base de la masiva abstención (de hecho, solo el 26% del cuerpo electoral votó independencia.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, desde el punto de vista de la clase obrera, que es única en todo el Estado, se plantea como una necesidad y un deber la defensa del derecho de los pueblos, el ejercicio de la autodeterminación, la amnistía.
Más que nunca, no hay salida sin plantear la lucha unida contra el régimen y los gobiernos a su servicio, enemigos de todos los pueblos.
La unidad se basa en las conquistas comunes, por ejemplo el sistema público de pensiones. Pero la unidad de los pueblos solo es posible sobre la base de ejercer libremente el derecho de los pueblos a decidir si quieren federarse, cooperar, unirse o separarse. Nuestro punto de partida es la unión libre de pueblos soberanos y el principal obstáculo es la Monarquía, la corte corrupta que la rodea, el aparato judicial presidido por el rey, instituciones heredadas del franquismo que protegen los intereses del capital financiero y actúan servilmente ante el imperialismo a través de la OTAN y las bases.
El combate por la República, inseparablemente del ejercicio del derecho a decidir, puede permitir unir las fuerzas de la clase obrera frente a la Monarquía y sus instituciones.
El gobierno Sánchez se constituyó con el propósito declarado de mantener este régimen y los intereses del capital con una plataforma social relativamente limitada que ni siquiera se ha cumplido. Para llevar a cabo esta política, el gobierno Sánchez, retomando el método del Pacto de la Moncloa, insiste día y noche en buscar el consenso con todos y con todas. Esto no impide que la derecha franquista siga considerando al Gobierno como ilegítimo, en última instancia señala la incompatibilidad entre la Monarquía, heredera del régimen anterior, y los derechos y conquistas sociales, la libertad de organización, la libertad de decidir de los pueblos.
La disyuntiva planteada después de la muerte de Franco, reforma o ruptura, sigue siendo actual. Esta no es una cuestión abstracta, plantear el combate por las reivindicaciones, por los derechos, sin condicionarlos al Gobierno y a su política de consenso es la concreción hoy de una política de ruptura con el régimen que exige a las organizaciones romper con su orientación de diálogo social o pacto de Estado.