Carta Semanal 886 en catalán
Carta Semanal 886 para descargar en PDF
Cada año, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad. El objetivo de estos programas, según la web del Ministerio de Hacienda, es “coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto”.
“Con el programa de estabilidad– seguimos citando la web del Ministerio- la Comisión y los ministros de economía evalúan si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo”. Dicho de otra manera, este programa permite a las instituciones europeas –que deben visarlo- asegurar que todos los gobiernos someten sus programas económicos y sociales a las necesidades del capital financiero a las que sirve la Comisión Europea.
El gobierno Sánchez, por intermedio de la vicepresidenta Nadia Calviño, ha presentado esta primera semana de mayo una actualización del Programa de Estabilidad a la Comisión Económica de la Unión Europea. Anteriormente, el 28 de abril, se votó en las Cortes un Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra. La ministra solicitó, paralelamente, a la Comisión Europea el ingreso del tramo de 12.000 millones de los prometidos Fondos europeos. Casi al mismo tiempo el ministro Escrivá declaró que en el próximo periodo va proponer un aumento del cómputo de años utilizado para calcular la pensión, de 25 a 30, lo cual significaba una reducción de más del 6 por cien a las cuantías de las pensiones de los futuros pensionistas. No son tres cuestiones aisladas. Al contrario, como todo el mundo sabe, los fondos están condicionados al fiel cumplimiento de las condiciones que fija la Unión Europea. Es difícil no ver o establecer una relación entre toda esta serie de acontecimientos. El documento citado intenta dar una coherencia a la política económica del gobierno.
Veamos algunos de los elementos más significativos del Programa
Hay que señalar, de entrada, que tanto la introducción como el conjunto del documento están determinados por la frase siguiente, un elemento que se repite múltiples veces a los largo de las 150 páginas:
“En este contexto de fuerte recuperación, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha generado un shock geopolítico con implicaciones globales, en términos de restricciones de oferta y una fuerte alza de precios de energía y de las materias primas. La guerra de Rusia en Ucrania se erige como un factor determinante de las perspectivas económicas, en particular por lo que respecta a la Unión Europea, elevando la inflación y la incertidumbre en el corto plazo y afectando negativamente a la actividad” (Subrayado nuestro, página 11).
Esta premisa de que la causa de todo es la guerra se repetirá, como decíamos, a lo largo del documento…sin embargo esto no explica que haya “un mayor impacto directo que en otros países de nuestro entorno” (mayor que la demás economías europeas) en el alza de los precios de la energía, que llevará a un impacto negativo sobre la economía española, a pesar de la menor exposición directa a Ucrania y Rusia” (Página 12)
El gobierno desliza en el documento una frase en que atribuye este mayor impacto a “la regulación vigente en el mercado mayorista, junto con el mix de generación eléctrica y la estructura tarifaria“ ¡Bonita manera de referirse a la brutal privatización de todas la empresas de la energía iniciada ya por el gobierno González, y mantenida por todos los gobiernos, incluyendo el actual, que se niegan a tocar la sacrosanta propiedad privada de las empresas eléctricas que monopolizan el mercado e imponen sus planes especulativos. .
El documento señala el peligro de las “subidas de tipos de interés por parte de la reserva federal” (de hecho, ya han subido medio punto y se espera en unos meses una subida de medio punto más) y la posibilidad de que el Banco Central Europeo deje de comprar bonos de la deuda, lo cual obligaría a acceder al mercado libre para financiar la deuda del Estado, lo que supondría un aumento de los intereses de la deuda (que ya alcanza el billón doscientos mil euros). Es por ello que en la introducción del Programa de Estabilidad, que es una verdadera declaración de intenciones, se concluye diciendo que “el presente Programa de estabilidad incorpora una senda de consolidación fiscal” (página 16) eufemismo para introducir la necesidad de recortar gastos. Pero ¿en qué se va a recortar?
Algunas cifras
A lo largo de toda la maraña que cabe en 150 páginas del Programa, se pueden resaltar algunas cifras.
El capítulo 6 se dedica a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, y, en particular, a la estrategia “de largo plazo en pensiones, sanidad y salud pública” (página 17)
Después de reconocer que “a pesar de que los principales indicadores del mercado laboral son semejantes a los de 2008, la economía española cuenta ahora con fundamentos más sólidos” (que el documento da por hechos, y no se molesta en explicar, se cuelan algunas cifras concretas. Así, por ejemplo, “como elemento destacado se recoge en estas previsiones un incremento del presupuesto de defensa al 2 por ciento del PIB” (página 75). Eso supone más que doblar el gasto militar, del 0,9 al 2%.
Pero, claro, si el gasto militar se duplica, la “consolidación fiscal” debe de salir de otra parte. En la página 120 podemos leer que “por un lado, el gasto en educación y, sobre todo, en pensiones experimentan una contracción entre el principio y el final del período“. En educación, prevé una caída del gasto en un 0,4% del PIB. En pensiones, “se proyecta una caída de la tasa de sustitución desde el 60% en 2019 hasta el entorno del 30% en 2070”. La tasa de sustitución, como recuerda el texto, es la relación entre la pensión media y el salario medio en la economía.
El programa prevé también reducir el gasto en vivienda en un 20 por cien, en medio ambiente, un 11 por cien, y lo mismo sucede con varios gastos sociales más.
Para los empleados y empleadas públicos, más pérdidas de poder adquisitivo “A partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones, en línea con la evolución de los precios para todo el periodo contemplado”. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras del sector público perderán toda la diferencia entre el 2% (el aumento retributivo de este año) y la inflación que realmente se produzca en el 2022. El Gobierno no garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos justo en el año en el que la inflación está desbocada.
¿Cómo aplicar todo esto?
Es evidente el contenido social antiobrero de este programa, que es la traducción de las exigencias del capital financiero que la ministra Calviño vehiculiza.
Pero poner en marcha un programa de ataques tan brutal como este va a despertar, sin duda, la resistencia de la población trabajadora. Haría falta un gobierno fuerte para llevarlo a cabo. Ahora bien, ¿podría un gobierno en crisis, al que aprobar cada ley le cuesta un drama, aplicar este plan? Parece difícil. De ahí la exigencia de pactos de Estado por parte de los portavoces del capital. Pero no es fácil, en la situación actual, que el PP dé su apoyo a este gobierno, dejando a Vox como única oposición de derechas. Por ello, Feijóo apuntaba el miércoles 4 de mayo que quizás ya es demasiado tarde para este gobierno. Entretanto, no faltan los esfuerzos para expulsar a Unidas Podemos del gobierno y para romper los acuerdos parlamentarios que lo sustentan (habrá que determinar el papel que tienen en esto actuaciones como el espionaje del CNI, expresión del aparato de Estado, como señalamos en una Carta anterior)
Un plan de este tipo necesitaría también un pacto social, y tampoco parece que los dirigentes de los sindicatos –por más voluntad que pongan- estén en disposición de firmarlo y de imponérselo a la clase trabajadora. Las dificultades que se están dando para llegar a un acuerdo mucho más limitado, como es el pacto de rentas, así lo indican.
Por eso, todos andan con pies de plomo, pero aun así, se muestran incapaces de taponar las brechas y los escándalos. Es ahí donde la lucha de clases puede tener la última palabra. Lucha de clases que tiene ante sí una cuestión concreta e inmediata: la actualización de salarios y pensiones con respecto a un IPC disparado. ¿No sería necesario, sobre todo ante la resistencia de las patronales, pasar de la lucha aislada, empresa por empresa y convenio por convenio, organizar la movilización unida por salarios, convenios y pensiones?