(Publicado en la Carta Semanal 742 – ver en catalán)
No cesan de aparecer las noticias sobre la iglesia católica en nuestro país. Y la mayoría son para mostrar su carácter reaccionario como institución. No es el objeto de esta carta criticar las creencias de cada uno. Por el contrario, somos defensores incondicionales de la libertad de conciencia y, además, en nuestro país muchos creyentes han peleado contra el papel de la iglesia y han denunciado sus abusos en diferentes campos.
En el siglo IV con Constantino en cabeza del Imperio Romano la iglesia católica se fusiona con el Estado llegando a jugar un papel determinante en todos los asuntos públicos. Su papel a lo largo de la historia ha sido determinante en los aspectos civiles, militares, culturales. Un auténtico monopolio.
En el caso de la iglesia católica en España este lazo ha sido especialmente relevante. Su fusión con la monarquía hizo que en nuestro país se desarrollase especialmente la Inquisición, que jugase un papel fundamental en la “cristianización” de América a sangre y crucifijo.
Nacional-catolicismo: Iglesia y franquismo
Nos interesa en esta carta analizar y explicar los lazos de la jerarquía católica con el franquismo.
El papel asfixiante que durante siglos jugó la iglesia en nuestro país hizo que se generalizase, sobre todo en la izquierda y en las clases populares, un sentimiento antirreligioso muy importante que llevó a la propia burguesía del país a tímidos intentos de limitar la influencia de la propia iglesia católica. La famosa “desamortización de Mendizábal” del siglo XIX se limitó a cambiar las tierras de las manos muertas de la iglesia por las manos muertas de los terratenientes.
Como es lógico una institución tan antigua se enfrenta a múltiples crisis en su historia reciente.
El enfrentamiento con los jesuitas había llevado a su expulsión y disolución en época de Carlos III. La razón era sobre todo la del peligro que suponía para la jerarquía católica la existencia de una iglesia dentro de la iglesia con un poder impresionante, no solo en España. La excusa fue el apoyo de los jesuitas al motín de Esquilache y fueron expulsados y la compañía disuelta en multitud de países.
Más tarde, con Fernando VII fueron readmitidos, y nuevamente disueltos en la República, aunque nunca se llegó a ejecutar totalmente la medida por la llegada del famoso bienio negro con la derecha en el poder.
Los jesuitas llegan a ser considerados los principales propietarios agrícolas de Europa y según algunos análisis de la época se llegó a considerar a los jesuitas propietarios de la tercera parte de las riquezas de España.
La jerarquía católica apoyó casi unánimemente el golpe militar del 18 de julio de 1936 y el Papa declaró como “cruzada” la guerra de Franco contra el pueblo español. La unidad de la iglesia y el Estado se funde con la llegada de la dictadura. Son los tiempos del llamado “nacional catolicismo”. Su colaboración en la represión la hizo merecedora del odio de las izquierdas y las capas populares pero su influencia llega y se extiende hasta hoy en día.
La Iglesia y la constitución de 1978
La constitución española (CE) de 1978 señala que el estado español es aconfesional, que no laico, aunque algunos intentan hacer creer que ambos conceptos tienen los mismos efectos.
Así el art. 16 de la CE señala en su punto 3.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Una manera muy sui generis de ser aconfesional.
Y además el artículo 27 de la ley magna remacha:
“3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.”
De hecho, una de las condiciones que ha puesto Vox para apoyar en Madrid a PP y Ciudadanos es el cumplimiento de estos últimos artículos.
Para más inri la CE fue aprobada mediante referéndum, con poca participación y fuerte rechazo en algunas zonas, el 6 de diciembre de 1978 y unos días después, el 3 de enero de 1979, se firmó el Concordato entre el Estado y la iglesia católica para dejarlo todo atado y bien atado. Un texto de cientos de páginas que, evidentemente, se había negociado con la Iglesia a la vez que se elaboraba la Constitución, para asegurarle que sus privilegios se iban a mantener. Este Concordato fija la “colaboración” en asuntos de educación, cultura y economía.
Hay que señalar también que la Unión Europea promueve el papel privilegiado de la Iglesia católica y el poder del Vaticano
Una Iglesia más que subvencionada
Estos acuerdos sellan la creación y subvención de centros de enseñanza religiosa, el pago del salario a los curas, aparte de pagar el salario a los aproximadamente 18.000 profesores de religión que elige la curia y que selecciona con criterios religiosos. Y a capellanes en el ejército, las prisiones, los hospitales… La iglesia además recibe un porcentaje del IRPF. Se supone que se iban a subvencionar solo de eso y le llaman autofinanciación, aunque no es así porque lo detraen de los impuestos.
La casilla del IRPF a favor de la iglesia (que supone ahora más de 240 millones de euros al año) es todo para la curia pero la mayoría de lo que se destina a fines sociales también va para ONG’s de la iglesia que trabajan en la cooperación internacional o en actividades sociales.
Además, la iglesia y sus entidades reciben cada año 290 millones en subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local.
En total, se calcula que la iglesia recibe del Estado casi 6.200 millones de euros al año (la mayoría, para sus colegios).
Más difícil es saber cuánto dinero tiene acumulado en propiedades la iglesia católica.
La opacidad de la iglesia lo dificulta: cada arzobispado funciona independientemente y además hay órdenes como el OPUS o los jesuitas que funcionan al margen de la curia, aunque sometidos a la obediencia papal.
El Opus ha estado constituido por gente de dinero y hombres de negocios, los supernumerarios. Su vinculación al Banco Popular, recientemente comprado por el Banco Santander fue evidente, así como su participación en multitud de empresas.
La Iglesia vive en un paraíso… fiscal
La iglesia está exenta de pagar determinados impuestos. Por ejemplo, el IBI de sus innumerables propiedades dedicadas o no al culto. Por ejemplo, gimnasios, comercios, etc. En Valencia acaban de aprobar una propuesta para que la iglesia pague el IBI de los bienes no dedicados al culto.
Pero lo que se trata es que se derogue el Concordato y paguen adecuadamente. Hablamos de mucho dinero sobre todo en ciudades que casi todo el centro está plagado de edificios religiosos, como Toledo, por ejemplo. Solo en Granada hay más de 3.000 propiedades. Se calcula en más de 1.000 millones de euros el montante del IBI no pagado por la iglesia.
Inmatriculaciones
Además, la iglesia desde hace unos años y gracias a los favores de Aznar puede inmatricular, poner a su nombre, multitud de edificios, dedicados al culto o no, que reclaman por derecho divino. Así se han quedado con la Mezquita de Córdoba y con miles de edificios, muchos de los cuales son reclamados por sus verdaderos propietarios. Y según el informe entregado por el colegio de registradores al gobierno, desde 1998 se han inmatriculado mas de 30.000 propiedades (El País – 12 de agosto 2019 https://elpais.com/sociedad/2019/08/11/actualidad/1565552360_678366.html)). Edificios por los que además no pagan ni un euro de impuestos.
Las subvenciones
La Iglesia recibe otros ingresos como lo que les llega vía herencia. La ley testamentaria fue cambiada para evitar que los jesuitas influyesen sobre los moribundos para que les cediesen sus propiedades, prohibiendo testar sobre el último confesor.
Pero esto es fácil de obviar testando a favor de otro. Hoy sigue siendo una fuente de ingresos destacada de la iglesia. No es casualidad la gestión que llevan de residencias de ancianos.
Hay que señalar las grandes sumas de dinero que le llegan a la iglesia vía la subvención a sus centros privados (4.000 millones al año) y que hoy sigue aumentando vía el cheque escolar en las enseñanzas no obligatorias (enseñanza infantil y secundaria) además de la obligatoria.
Derogar el Concordato, cuestión de democracia
Vivimos en una situación en la que la iglesia es uno de los pilares de la monarquía, continuación del franquismo.
En asuntos como el pasado franquista de la iglesia hay dos ejemplos del papel reaccionario y franquista que juega:
Por un lado, el nuncio del Vaticano, Fratini, acaba de hacer unas declaraciones señalando que con la exhumación de Franco lo que ha hecho el gobierno es “resucitar a Franco”. Es la misma crítica que hace la extrema derecha.
Pero es que el prior del Valle de los Caídos, donde hay un hotel que tampoco paga IBI, se ha enfrentado al gobierno oponiéndose a la exhumación del dictador. Un ultraderechista con sotana que es capaz de enfrentarse a un gobierno que antepone su respeto a esta gente antes de que se cumpla la democracia.
Es imprescindible derogar el Concordato y convertir a la Iglesia Católica en una entidad asociativa más, que se autofinancie como cualquier entidad privada.
Libertad religiosa o laicidad
Ahora desde los sectores progresistas lo que se viene a defender es que ante el monopolio de la iglesia católica lo que hay que hacer es abrir la escuela y dar privilegios a otras religiones. Con esta excusa habría libertad religiosa y todo solucionado.
O sea que, si no hay bastante con que la iglesia católica intervenga con sus catequesis en la escuela, que lo hagan también los pastores evangélicos, los imanes y rabinos.
La libertad de conciencia incluye la libertad de conciencia religiosa pero el laicismo no es una religión alternativa, es la separación de iglesia y estado que exige que la religión, proselitista, salga de la escuela y que no haya ningún tipo de apoyo estatal a las religiones, que pasan a ser parte de la esfera privada. Es parte del abc de la democracia desde la revolución francesa.
En nuestro país es una asignatura pendiente como lo es la pervivencia de instituciones como el ejército, la policía, la judicatura, etc. La transición política, año 1977, garantizó la pervivencia de las instituciones franquistas y su inmunidad. Acabar con estas instituciones y sus privilegios es una cuestión de democracia.
Por eso, la lucha por la democracia, por la República, incluye entre sus contenidos la separación completa de la iglesia y del Estado, y de la Escuela y de la iglesia.