(Publicado en la Carta Semanal 635)

¿Puede haber una salida democrática sin permitir que el pueblo catalán ejerza el derecho democrático a decidir?

Una brutal ofensiva se está organizando contra la posibilidad de que el pueblo catalán pueda ejercer su soberanía. La preside la Monarquía con el rey en persona, que ordena al conjunto de sus instituciones: el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el gobierno Rajoy, todos los poderes fácticos, incluido –en práctica unanimidad– el conjunto de la prensa, que actúa como una verdadera “Brunete mediática”. Todos se han alzado en común. Defienden así las exigencias de los grandes bancos y del capital financiero, que reclaman una “España unida” para sus negocios de rapiña. Son -no es casualidad- las mismas instituciones que dieron luz verde y que han apoyado la reforma laboral y todos los ataques contra la clase obrera y los servicios públicos. Son las mismas instituciones que se han mostrado en infinidad de ocasiones incompatibles con la democracia.

El marco constitucional monárquico, ampliamente cuestionado hoy en día incluso por quienes ayudaron a alumbrarlo, no tiene ninguna legitimidad para negar la palabra al pueblo catalán, a ningún pueblo.

La política del gobierno catalán

Ciertamente, la política aplicada por el Govern de la Generalitat de Artur Mas, y por sus continuadores Puigdemont y Junqueras, campeones en la aplicación de los recortes sociales y salariales y en la destrucción de los servicios públicos, ha facilitado el trabajo del aparato de Estado heredado del franquismo en su empeño por aislar al pueblo de Cataluña rompiendo –por el momento– la lucha unida contra la opresión y la explotación. A eso lleva el discurso de quienes dicen luchar por la soberanía del pueblo catalán, pero a continuación apoyan todas las medidas que la menoscaban –leyes de estabilidad financiera, recortes sociales…–, o facilitan la aprobación de otras, como la reforma laboral, o el decreto sobre la estiba. Y eso, evidentemente, no despierta ninguna simpatía en el movimiento obrero en su conjunto, ni particularmente entre quienes siempre han considerado que la lucha por los derechos nacionales es inseparable de la lucha por los derechos sociales.

Desde este punto de vista, el apoyo incondicional a las aspiraciones del pueblo de Cataluña no puede confundirse en ningún caso con una expresión de solidaridad política con quienes han actuado siguiendo fielmente los dictados de las instituciones del capital financiero. Con quienes quieren hacer creer que estas mismas instituciones son defensoras de los derechos de los pueblos.

¿Qué referéndum?

El deseo ampliamente mayoritario en la sociedad catalana expresado en la petición de poder decidir su futuro, es irrealizable en las actuales circunstancias al margen de la movilización de los trabajadores en lucha por arrancar esta conquista. Esto lo sabe todo el mundo, incluidos quienes convocan el referéndum del 1 de octubre, cuyo planteamiento va orientado más hacia una demostración de fuerza que otra cosa. Tienen razón todos aquellos sectores que reivindican un referéndum con garantías democráticas. Pero para conseguir esto, es una evidencia que hay que superar los obstáculos que representa el actual marco político, y en primer lugar, la existencia del propio gobierno del PP.

El papel de las organizaciones obreras

Las organizaciones que representan a la clase obrera tienen la responsabilidad de ponerse en primera línea. Colocándose a la cabeza de la lucha por una solución política basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y negando todo apoyo o colaboración con el gobierno Rajoy. Y, en primer lugar, negándose a admitir que el gobierno y el Estado monárquico utilicen la fuerza de la represión contra el pueblo catalán y sus actuales representantes. Cualquier recurso a la represión sólo puede agravar los enfrentamientos entre pueblos, que sólo benefician a los enemigos comunes de la clase trabajadora y de los pueblos.

Entre otras cosas, es lo que esperan la mayoría de militantes del PSOE que eligieron a Pedro Sánchez por su defensa del NO es NO a Rajoy. Cerrar ahora filas con Rajoy contra el pueblo catalán sería dar la espalda a la voluntad de la militancia socialista. Por eso, la negativa de Sánchez a aplicar el artículo 155 y su exigencia de medidas políticas es un punto de apoyo, aunque sea insuficiente.

Por la unidad de trabajadores y pueblos

El POSI, que desde su fundación se ha pronunciado por la abolición de la Monarquía, por la República, por la República Catalana, por la República Vasca, y por la libre unión de Repúblicas, apoya incondicionalmente el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, que en las actuales circunstancias es irrealizable al margen de la movilización de los trabajadores, y sin derrotar al régimen que lo impide.

La lucha por una República Catalana sólo será un instrumento de emancipación para los trabajadores y los pueblos de España si tiene el contenido social que le corresponde, o sea la derogación de las reformas laborales, del 315,3, de la Ley Mordaza, de la LOMCE… O sea, si va contra la política dirigida por la mafia de la Unión Europea. La República Catalana solo podrá ser un instrumento de emancipación si busca el acuerdo solidario de los pueblos del Estado, acuerdo que sólo puede basarse en la lucha común contra el capital financiero y el aparato de Estado.

El Parlamento y el Gobierno de Cataluña no cometen ningún crimen. Todo lo contrario, ejercen su derecho más elemental convocando un referéndum para que el pueblo decida. Al margen de la consideración que tienen los trabajadores en relación con su política, que sigue estando al servicio del capital financiero, y al margen también de las formas utilizadas, que no hacen más que suministrar argumentos a quienes promueven el enfrentamiento. Precisamente por eso, es mil veces más necesario que nunca que la clase obrera tenga voz propia.

El Estado monárquico está desplegando todas sus fuerzas, amenazando incluso con recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite suspender las instituciones catalanas, anulando la Autonomía de Catalunya, y llegando a la amenaza militar para impedir la celebración del referéndum.

En estas condiciones, las organizaciones obreras, todos aquellos que se reclamen de la democracia, deben actuar defendiendo la exigencia de un referéndum en que libremente todos los catalanes, sin presiones, ni amenazas, puedan expresarse. Porque sin derecho de los pueblos a decidir no puede haber democracia.

Es más imperioso que nunca acabar con el gobierno del enfrentamiento y la amenaza, con el gobierno del PP. Hoy es más necesario que nunca levantar una alianza de los trabajadores y los pueblos, para abrir la vía a la República basada en el derecho de autodeterminación y el reconocimiento y recuperación de todos los derechos sociales. Porque la Monarquía, como han demostrado los hechos, es incompatible con estas aspiraciones justas y necesarias.