(Publicado en la Carta Semanal 583)

Tras las elecciones del 26 de junio, las exigencias del capital financiero y de las instituciones internacionales que lo representan (visita de Obama incluida) son claras. Exigen que se forme un gobierno que consolide y profundice los ataques a las conquistas de la clase trabajadora. Sin embargo, hay que constatar un hecho: los casi cinco años de gobierno Rajoy han tenido duras consecuencias para la clase trabajadora. Han sido años de continuos ataques a los derechos laborales y las conquistas sociales, que ponen en peligro la supervivencia de servicios públicos esenciales.

El sábado pasado, la prensa se hacía eco de la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se constituyó como garantía de las pensiones del futuro. El gobierno Rajoy heredó un fondo con 66.815 millones de euros. La caída de empleo y su política de bajadas de los salarios y, con ellos, de las cotizaciones, y de bonificaciones y “tarifas planas” a las cotizaciones empresariales, ha generado un enorme agujero en la recaudación. Para cubrir ese déficit de la Seguridad Social, Rajoy se ha gastado casi 40.000 millones del Fondo de Reserva (un 60% del total). A este ritmo el Fondo se agotaría en 2017, abocando a una recorte inmediato de las pensiones.

Este gobierno ha aplicado, sin cesar, recortes en todas las conquistas sociales y derechos. Sólo en la Sanidad entre 2011 y 2015 se han recortado 24.500 millones de euros, y en Educación más de 10.000 millones. En la “Ayuda a Domicilio” cerca de 8.000 millones.

El gobierno del PP ha impuesto rebajas de salarios y pensiones. Gracias a la reforma laboral, los salarios han perdido un 6% de su poder de compra. En el caso de los empleados y empleadas públicos, sus salarios han perdido más del 10% de su poder adquisitivo y la jornada ha aumentado de 35 a 37,5 horas semanales. Además, se han perdido 200.000 empleos en la sanidad, la enseñanza y las administraciones y empresas públicas.

Han sido cinco años de aumento de la represión y de recortes en las libertades. Más de 500 sindicalistas siguen procesados por organizar huelgas. Algunos condenados ya, y otros, como Andrés Bódalo o Alfon, en la cárcel. En poco más de un año, se han impuesto más de 40.000 sanciones en aplicación de la Ley-Mordaza (que han supuesto 16 millones de euros en multas).

La aplicación de la LOMCE ponen en peligro la enseñanza pública, y el resto de su política educativa ya ha expulsado a más de 50.000 alumnos de las Universidades por la subida de las matrículas y el recorte de becas (en su inmensa mayoría, hijos e hijas de la clase trabajadora). Y en septiembre debe empezar a aplicarse el decreto 3+2, que obligaría a todos los alumnos y alumnas a hacer un máster carísimo para que su título valga, es decir, que dejaría los títulos de licenciatura -para quien no pueda pagarse un master- en algo sin valor real alguno.

Otros cuatro años de gobierno del PP, que le permitieran mantener y profundizar en esa política, supondrían una verdadera catástrofe, a la que todos los militantes y todas las organizaciones obreras deberían oponerse con todas sus fuerzas.

En particular, llamamos la atención sobre el peligro inminente para el sistema de pensiones, una de las mayores conquistas sociales de la clase trabajadora.

¿Dejar gobernar a Rajoy?

Tras las elecciones del 26 de junio, se habla de dejar gobernar a Rajoy y se barajan diversas posibilidades que pasan, en conjunto, por el apoyo directo o indirecto (vía abstención) para que pueda tener mayoría en Cortes que le permita formar gobierno.

Quienes defienden esto se apoyan en su supuesta “mayoría”, aunque hay que recordar que ha conseguido el apoyo de sólo un 33% de los votos, que suponen poco más del 20% del censo electoral. Y cualquiera que analice los resultados en los barrios obreros y ciudades dormitorio puede ver que muy pocos trabajadores han cambiado su voto para votar el PP. La pérdida de votos ha ido a la abstención, que ha sumado 10 millones (más que cualquier partido de los que se presentaban a las elecciones) resultado de la desconfianza -y, en muchos caso, rechazo- ante los dirigentes de las principales candidaturas.

A nadie se le oculta que un apoyo por parte del Partido Socialista a la formación de un nuevo gobierno de Rajoy supondría traicionar a los millones de trabajadores y trabajadoras que les han votado cuando prometían cerrar el paso a Rajoy y abrir una crisis muy importante en esa organización, y entre el PSOE y la UGT.

Los dirigentes de UGT y CCOO, desde la huelga general de noviembre de 2012, han abandonado en la práctica la oposición al gobierno Rajoy, empeñándose en resucitar un “diálogo social” con él, que no ha conseguido casi ningún resultado para la clase trabajadora (las migajas del subsidio de 426 euros para una ínfima parte de los desempleados sin subsidio), pero que ha sido absolutamente rentable para el gobierno del PP, que se ha beneficiado de una “tregua sindical” y de la propaganda que le han supuesto unas cuantas de fotos con los dirigentes de UGT y CCOO (varias fotos, además, para un solo y mísero acuerdo). Una tregua y unas fotos que han concitado un importante rechazo entre un amplio sector de trabajadores y de cuadros sindicales. Ante las elecciones, CCOO y UGT han hecho una campaña bastante tibia en defensa de 20 medidas urgentes (para el balance de esta campaña, remitimos al artículo que se publica en Información Obrera).

Hay que recordar que hace bien poco Rajoy se comprometió por carta con Bruselas a aplicar nuevos recortes, después de las elecciones, y que recientemente el Banco de España recordaba que los recortes previstos no iban a ser suficientes, y que harían falta más “sacrificios”. Dejar gobernar a Rajoy es abrir la vía a esos nuevos ataques. Hay servicios públicos que ya no aguantarían más recortes. En particular, las pensiones, que agotarían su fondo de reserva el año que viene.

¡Unidad para parar la política de destrucción!

Para la clase trabajadora, para la juventud, para los pueblos del Estado Español, la resignación ante un nuevo gobierno del PP, dejarles gobernar y aplicar su política, sería un verdadero desastre. Para las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores la cosa tendría visos de suicidio.

Por el contrario, es necesario negar cualquier apoyo activo o pasivo, para evitar que se forme un nuevo gobierno Rajoy . Si llega a formarse, hay que negar toda tregua, cualquier plazo de cien días para el gobierno Rajoy. Por el contrario, es preciso organizar en unidad la ofensiva contra esa política, como en Francia.