(Publicado en la Carta Semanal 783 – ver en catalán)
El lunes 18 de mayo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparecía ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
Acostumbrados a las declaraciones incendiarias de otras veces, lo expresado por el Gobernador podría parecer poco significativo, pero los analistas de distintos medios de prensa señalan, certeramente, que se trata de un verdadero programa de gobierno.
Una institución al servicio del capital financiero
Hay que recordar que, en virtud del pacto que crea el euro, el Banco de España forma parte desde enero del 1999 del Sistema Europeo de Bancos Centrales, el presidente del Banco forma parte del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Además, según la ley, “actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado”. Tiene prohibido, al igual que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), recibir ninguna instrucción del gobierno o de las Cortes.
La cuestión del estatuto del Banco de España no es un asunto menor. Su “autonomía” con respecto al gobierno y a las propias Cortes supone que, cuando Hernández de Cos habla, expresa normalmente la opinión de una institución que no obedece a otros intereses que a los del capital financiero, para imponerlos al Gobierno y las Cortes, que deberían guiarse por la voluntad popular.
Por un plan de ajuste
Buena parte de la intervención del gobernador estuvo dedicada a expresar la gravedad de la situación actual y a desgranar las previsiones catastróficas sobre el futuro de la economía que ha hecho el BE. Según esas previsiones, el PIB español caería entre un 9,5% y un 12,4%, y la deuda pública se situaría entre el 115% y el 120% del PIB. Y eso si no hay una segunda oleada de la epidemia que obligue a nuevas medidas de confinamiento. La deuda pública del conjunto del área euro se situaría en un 102,7% del PIB y superaría la barrera del 100% en seis países, además de España.
Hernández de Cos defiende las medidas adoptadas por el Gobierno, que define como “terapia de choque” con medidas “contundentes y acotadas en el tiempo” porque “evitar que la suspensión temporal de la actividad acabe convirtiéndose en una destrucción permanente de tejido productivo requiere paliar la pérdida de las rentas de los hogares y las empresas afectados”.
Ahora bien, para el Gobernador del BE, “la actual terapia de choque no está exenta de efectos secundarios adversos, que son especialmente visibles en el fuerte aumento del endeudamiento público”. Por tanto, hace falta también “una estrategia clara de saneamiento de las cuentas”, que
“deberá descansar en un programa de consolidación presupuestaria de medio plazo que (…) permita sanear nuestras finanzas públicas, así como en un programa de reformas estructurales”
Para Hernández de Cos, las medidas de ese plan de ajuste deben llevarse a cabo no de inmediato, sino “una vez que se supere este episodio y sus efectos económicos”, pero el “diseño y comunicación” de esas medidas debería hacerse cuanto antes, y necesitaría de “un acuerdo político acorde con la magnitud del reto al que nos enfrentamos que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas”.
Para los analistas económicos del conjunto de los principales medios de comunicación, el mensaje es claro. Y ABC, El País, La Razón, el Mundo, coinciden en resumirlo de manera similar a como lo hace eleconomista.es, que titula: “El Banco de España urge a un ajuste del gasto público”, y señala que el gobernador “insta a un pacto de Estado para hacer reformas estructurales a medio y largo plazo”.
Una recomendación que da pleno sentido a la constitución de la Comisión Parlamentaria “de reconstrucción”, presidida por Patxi López y con el secretario general del PCE y parlamentario de UP como vicepresidente, y cuyos trabajos han comenzado, según se anunciaba en prensa “en un ambiente de consenso”.
Algunas de las medidas propuestas
Aquí es donde Hernández de Cos se muestra más cauto, huyendo de las propuestas cuasi provocadoras que han sido tradicionales por parte del BE. Sin duda, para no incendiar los ánimos y facilitar el eventual “pacto de Estado”.
Siendo partidario de las medidas del BCE de compra de deuda, De Cos insiste en que hace falta un esfuerzo propio. La fórmula no la explica con detalle, pero lo que adelanta no es original. La fórmula es la de siempre: ahorro y recortes de gasto (“someter a una revisión exhaustiva los distintos capítulos presupuestarios de gasto con el objetivo de identificar aquellas áreas en las que existe margen para una mejora de eficiencia”), subidas de impuestos, pero, claro, él propone subir el IVA (“Nuestro país destaca, en particular, por su reducido nivel de imposición sobre el consumo, en comparación internacional”), un impuesto al consumo que repercute más sobre los que menos ingresos tienen, y no un impuesto a las fortunas, o aumentar el impuesto de sociedades.
Consciente del coste social, De Cos se declara partidario de la “renta mínima” como paliativo para los millones de trabajadores en paro o en precario. Pero, a este respecto, recordemos que el proyecto del Gobierno de una renta de 461 €, compatible con el trabajo, es una medida que ayuda a los minijobs, los trabajos a tiempo parcial o y/o muy mal pagados.
De Cos apunta también a la necesidad de nuevas reformas laborales cuando dice que “se acometa una revisión profunda del abanico de modalidades contractuales en nuestro país que tienda a equiparar el grado de protección ofrecido a los distintos grupos de trabajadores”. Lo tantas veces repetido de la “dualidad del mercado de trabajo”, donde “equiparar” significa reducir derechos para igualar a la baja.
Para el gran capital y sus portavoces, como el señor De Cos, estas medidas de ajuste son más necesarias que nunca porque son conscientes (y él está bien situado para saberlo) que las supuestas “ayudas” de Europa, si llegaran, estarían muy condicionadas por la aplicación de lo que llaman de “una política económica sana”. El jueves 21, la propia ministra Calviño dijo por primera vez que quizás habría que ir “al rescate” utilizando el “Mecanismo Europeo de Estabilidad”.
El vodevil de la reforma laboral
No podemos abstraer de este escenario lo que ha sucedido con el acuerdo firmado por el PSOE, UP y Bildu en el que se planteaba la “derogación íntegra” de la reforma laboral de Rajoy, que debería aprobarse antes de que acaben las medidas puestas en marcha por la covid-19. Las patronales CEOE y CEPYME reaccionaron de inmediato rechazando “con total rotundidad” el acuerdo, que para ellos supone un “desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita”, una “irresponsabilidad mayúscula”, contraria a las medidas de flexibilidad “que el propio Gobierno aborda con patronal y sindicatos”, un “acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral”. En esta línea, la CEOE decidió suspender su participación en las reuniones del diálogo social para obligar al Gobierno a que abandone sus compromisos con los electores.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño –a quien muchos consideran una portavoz directa de los intereses del capital dentro del gobierno– declaraba al día siguiente en un encuentro con empresarios que sería “absurdo y contraproducente abrir el debate” sobre la derogación de la reforma laboral (¡precisamente cuando nos amenazan millones de despidos!), y que “la prioridad es recuperar la actividad económica”. Las tesis del Calviño parecen haberse impuesto en el PSOE, ya que, apenas tres horas después de hacerse público el acuerdo PSOE-UP-Bildu, el PSOE desmentía en las redes que se fuera a ir a una “derogación íntegra”, y que tan sólo iban a cambiarse las medidas que hacen referencia a la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. Por su parte, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, reiteraba que “el acuerdo entre los tres partidos es derogar íntegramente la reforma”.
Más llamativa parece la reacción de los dirigentes de UGT y CCOO, que, en lugar de felicitarse por un acuerdo que supone dar satisfacción a una de las reivindicaciones más sentidas del movimiento obrero, se quejaban de que “tiene que hacerse a través del marco del diálogo social” (en palabras de Unai Sordo). Ningún trabajador va a entender que se condicione una medida tan necesaria, que forma parte de las promesas electorales y del pacto de Gobierno a un marco donde se somete al acuerdo con CEOE y CEPYME.
Parece como si lo fundamental fuera salvaguardar el diálogo social, unas mesas de cuyos resultados no parece que los sindicatos puedan enorgullecerse. Alguno recordaba, con ironía, que en las negociaciones del diálogo social sobre subida del SMI el Gobierno entró con una propuesta de subirlo a 1.000 euros y finalmente se pactó, a exigencia de la patronal, 50 euros menos. Peor aún es el resultado de la negociación sobre el ERTE, que hunde la caja de la seguridad social cargándola con cuotas que los patronos ya no pagan, y anula la cláusula de “ningún despido en seis meses” en los ERE que se produzcan. El diálogo social es un instrumento de los recortes y ajustes contra los trabajadores. Los sindicalistas no eligieron a sus secretarios generales y ejecutivas para ese papel.
Necesitan otro gobierno, fruto de un pacto político
El capital financiero y sus instituciones, como la Unión Europea, el Banco de España o la AIReF, son conscientes de que un plan de ajuste duro (la AIReF dice que tiene que ser más profundo que el de Zapatero), necesita un amplio acuerdo. Más que un acuerdo parlamentario, para aplicar este plan hace falta un gobierno apoyado en otro pacto político.
Propuesta que es retomada de inmediato por el editorial de La Vanguardia del 20 de mayo “Un ambicioso Pacto de Estado” y por la tribuna libre publicada en Cinco Días el 20 de mayo por Pepe Álvarez, que pone como peldaño el “Acuerdo Social” del 11 de mayo.
Hay que entender que en estas condiciones la prolongación del Estado de Alarma, tiene como una de sus consecuencias el mantener a la clase obrera paralizada, permitiendo despidos, cierres de empresas y medidas de este tipo (al cierre de Nissan se añade el anuncio de un ERTE en Iveco), como han representado buena parte de las más de 200 que ha adoptado el Gobierno en estos meses, destinadas, fundamentalmente, a proteger a los empresarios y al régimen monárquico.
Sin embargo los elementos de resistencia aumentan, aunque no cuenten con el eco de los medios de comunicación, y sólo se pueden desarrollar plenamente si prescinden de la carga que representa la presión por apoyar al “gobierno amigo”, gobierno cuya política abre camino a la derecha y que busca desesperadamente el pacto con la derecha, a través de Ciudadanos. Un pacto, evidentemente, sobre la base de la política de la derecha.
Parece claro que, si hay que buscar un amplio “pacto de Estado” para la reconstrucción, como demanda el Banco de España en representación del capital financiero, no es conveniente “enredar” con medidas como la derogación de las reformas laborales, la LOMCE o la ley mordaza. Y hay que mimar espacios como el “diálogo social”.
Cerrar el camino a un pacto contra los trabajadores, y cerrar el paso a las derechas exige dar satisfacción a las reivindicaciones, movilizarse por las reivindicaciones. La campaña de 14 exigencias concretas que han lanzado más de 400 militantes es una ayuda a esa necesaria movilización. Es necesaria otra política.