(publicado en la Carta Semanal 503)

Los máximos órganos de dirección de UGT y CCOO han aprobado un nuevo acuerdo con el Gobierno, una “ayuda a los parados de larga duración” con cargas familiares. El acuerdo, denominado “Programa Extraordinario de Activación para el Empleo”, se firmará solemnemente el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa, por el presidente del Gobierno, los secretarios generales de CCOO, UGT y los presidentes de CEOE y Cepyme. De este modo, el Gobierno y Rajoy, con índices de rechazo enormes, y con su partido, el PP, acosado por los escándalos de corrupción, obtienen lo que querían, una nueva foto de los máximos dirigentes de la grandes confederaciones obreras apoyando su acción. Una foto que forma ya parte de la propaganda del PP para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.

Porque se firma un acuerdo con el presidente del Gobierno que ha recortado hasta la inanición a los servicios públicos, que ha impuesto la reforma laboral más dañina desde la muerte de Franco, que ha echado a miles de estudiantes de la Universidad y despedido a miles de profesores, médicos, enfermeras e investigadores, que organiza el enfrentamiento con el pueblo catalán y con todos los pueblos. Además de la propaganda electoral, la foto ayuda a Rajoy a continuar su labor de destrucción de derechos y conquistas sociales. Sin ir más lejos, en estos días ha aprobado en el Congreso la Ley Mordaza que castiga con fuertes multas a quienes se atrevan a organizar protestas sociales o a participar en ellas. Y los procesos contra 300 sindicalistas siguen adelante.

¿Qué hemos conseguido que justifique esa firma con el gran enemigo de los trabajadores?

La Gaceta Sindical en que se explica a la afiliación de CCOO el acuerdo se pone la venda antes de la herida: “Frente a las voces que califican estos acuerdos de inoportunos, ‘balones de oxígeno’ o acciones que vienen a ‘lavar la cara’ al Gobierno, Toxo advierte que ‘están en su perfecto derecho en volver a confundir el papel de un sindicato con el de un partido político’.”

La Gaceta empieza echando tinta como el calamar. Sobre todo siendo portavoz de un sindicato que tiene a gala calificarse de “sociopolítico”. Siempre y en todas partes los sindicatos, para defender los intereses del trabajador, han tomado posición sobre la política de los gobiernos y llegado el caso han pedido su dimisión. Lo que hay que explicar es qué ganamos con esa firma y con esa foto, para que sepamos si en este caso los dirigentes hacen una política sindical buena o mala. Sigue la Gaceta:

“Entre tanto no hay elecciones y después también, las personas necesitan soluciones a sus graves problemas”. Sí, las personas, en este caso los trabajadores y la clase trabajadora, necesitan soluciones, sin esperar, incluso ahora, que estamos en plena precampaña electoral. ¿Qué soluciones da el acuerdo? Dice la Gaceta: “El acuerdo alcanzado da respuesta a parte de las necesidades de la gente’.”

Es una manera engañosa de plantear la cuestión. La gente trabajadora necesita empleo en buenas condiciones y buenas prestaciones de desempleo. El Gobierno responde manteniendo un 25% de parados, hundiendo los salarios y condiciones laborales, dejando sin ninguna prestación de desempleo a millones de parados, y pretende tapar todo eso con una minúscula ayuda de 400 euros a 300.000 ó 400.000 parados ¡durante seis meses! Dar esa respuesta a las necesidades de los trabajadores es una burla, un insulto, porque es negar las necesidades más elementales de millones de trabajadores. ¡Dejemos para los eslóganes gubernamentales frases tramposas como eso de que Rajoy “responde a parte de las necesidades de la gente”!

Porque el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, durante la rueda de prensa celebrada junto al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, para explicar las bondades del acuerdo, ha dicho que éste representa un coste estimado de entre 1.000 y 1.200 millones de euros a lo largo de los 15 meses de duración previstos. Górriz ha añadido que “elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65%, y beneficiará a cerca de 450.000 personas”. Teniendo en cuenta que sólo en 2014 el Gobierno ha dejado de gastar entre 4.500 y 6.000 millones de lo que tenía presupuestado en prestaciones y subsidios de desempleo, Górriz reconoce que el gobierno pone menos de la cuarta parte de ese dinero que los parados han dejado de percibir, por el endurecimiento de requisitos para cobrar el desempleo y por la reducción de las cuantías de las prestaciones. Repetimos lo que dijimos en Carta Semanal anterior: el gobierno ha puesto sobre la mesa un mínimo porcentaje de lo que se gasta en intereses de la deuda, o en el rescate de Bankia.

A cambio de esto, además de las fotos, el gobierno saca petróleo: la desmovilización de las confederaciones, que son las únicas que podrían poner en marcha en una acción de conjunto a la clase trabajadora, en una situación en que, por su extrema debilidad, difícilmente podría resistir a esa movilización.

Nadie dirá que los “beneficiarios” no recojan los 426 euros. Pero los afiliados deben valorar si la respuesta de un sindicato de clase a esa negación de las exigencias obreras más elementales debe ser firmar y hacerse la foto. Veamos más en detalle.

Una ayuda a los trabajadores… o a los empresarios

El Programa, tiene, dicen, por objetivo la inserción laboral de este colectivo, a través de un “tratamiento individualizado desde los Servicios Públicos de Empleo, que se ajuste a su perfil profesional”. Y además, una ayuda económica de 426 euros mensuales, que podrán percibir durante seis meses los parados de larga duración con cargas familiares que lleven al menos 6 meses sin cobrar prestaciones.

Ahora bien, ¿qué “itinerarios personalizados” podrán ofrecer a estos desempleados unos servicios públicos de empleo sobresaturados por las más de 4.500.000 personas inscritas y sometidos a asfixiantes recortes de plantilla? Porque los Presupuestos no prevén incrementos de su plantilla.

Además, se ha anunciado que la ayuda será compatible con un empleo. Lo que no se había dicho hasta después de su aprobación por los máximos órganos de UGT y CCOO es que del salario que se perciba en ese empleo se le descontará la ayuda, de manera que el coste laboral estará cofinanciado entre la empresa y el Servicio Público de Empleo. Es decir, que al empresario que contrate durante unos meses a los perceptores de la ayuda, la cosa le puede salir a precio de saldo (imaginemos un contrato por 700 euros, de los que el INEM pone 426: el empresario tendría un trabajador por menos de 300 euros). ¿A quién ayuda, entonces, el programa?

¿Los más desfavorecidos?

Los dirigentes justifican este acuerdo alegando que con él se beneficia a los trabajadores “más necesitados”, a los parados de larga duración con cargas familiares. ¡como si una ayuda de 426 euros durante seis meses fuera una solución para este colectivo! A este acuerdo, los dirigentes, sacando pecho, añaden lo que, según ellos, han arrancado además al Gobierno: un crédito suplementario de 940 millones de euros para pagar las prestaciones atrasadas del Fogasa a cerca de 200.000 personas. Es decir, que han ayudado, según ellos, a unas 600.000 personas trabajadoras.

Gaceta Sindical nos recuerda cómo el secretario general de CCOO explicaba en el informe presentado al Consejo Confederal, que “son medidas que dan respuesta a una parte de las necesidades de la gente. En este caso de aquellas personas que se encuentran en situación de más dificultad”. En esta línea, para 2015 anuncian que su prioridad es “combatir la pobreza extrema” y la “desigualdad creciente”, promoviendo la renta básica.

¿Y los trabajadores que aún no son pobres?

Mientras el Gobierno mantenía entretenidos a los dirigentes en las trece mesas del “diálogo social”, los Presupuestos del Estado –y los de las Comunidades Autónomas– mantienen la congelación salarial y la prohibición de cubrir todas las vacantes que se produzcan en las Administraciones Públicas. Es decir, la destrucción de los servicios públicos y el empobrecimiento de sus empleados siguen adelante. También imponen los PGE una subida del 0,25% para las pensiones. El gobierno se niega a subir el salario Mínimo. Y la Reforma Laboral sigue en pie provocando bajadas de salarios de entre el 5 y el 20%, según la Unión Europea.

Dos millones y medio de empleados públicos, siete millones de pensionistas, casi dos millones de personas que cobran el salario mínimo, suman más de once millones de personas trabajadoras a las que esta filosofía de defender a los más desfavorecidos –¡como si los sindicatos fueran Cáritas, y no organizaciones del conjunto de la clase trabajadora!– deja abandonada. Y eso sin contar a los 13 millones de trabajadores que se han rebajado los sueldos o que, como acaban de denunciar los inspectores de trabajo, tienen que aceptar hacer horas extras gratis.

¿Hay que recordar que quienes cobran el SMI, que muchos pensionistas, que los millones de trabajadores a tiempo parcial, ya son “pobres”? Y el resto de trabajadores, si este gobierno y este régimen siguen en pie, pronto lo serán.

Trece mesas, trece

Desde que el 18 de marzo se anunciara, también con una foto, la reanudación del mal llamado “diálogo social”, anuncio continuado con una declaración –nueva foto– el 29 de julio, se han constituido trece mesas de “diálogo”. Y ¿cuál es el resultado de esos 9 meses de gestación? Han parido un ratón, el acuerdo de los 426 euros para unos pocos durante 6 meses.

¿Es que esperan los dirigentes más resultados de esas mesas? No lo parece. Han hablado de que esperan conseguir un “mapa de la protección social” y a partir de éste abrir una “negociación de conjunto” sobre la protección. Si quieren un mapa de la protección social no necesitan sentarse con el gobierno en 13 mesas. Basta con preguntar a las trabajadoras de la dependencia, que han sufrido miles de despidos, o a los profesores agobiados por la falta de los miles de compañeros despedidos y el aumento de alumnos por aula, o a los trabajadores de la sanidad.

La foto que necesitamos

La clase trabajadora necesita otra foto de sus dirigentes: una en la que anuncien un llamamiento a la movilización del conjunto de la clase trabajadora en defensa de sus intereses comunes, por la creación de empleo y la generalización de verdaderas prestaciones de desempleo, por la recuperación de la sanidad, de la enseñanza pública, de la Dependencia, de los servicios públicos, por la derogación de la reforma laboral, por la recuperación de salarios, derechos y convenios colectivos, por la derogación de la Ley Wert, de la reforma local y de la ley mordaza, por la anulación de todos los procesos a sindicalistas por organizar huelgas y piquetes (la nueva vista oral a los 8 de AIRBUS el 11 de febrero debe ser la ocasión para desarrollar la mas amplia campaña por la retirada de todas las amenazas procesales y la derogación del artículo 315.3 del código penal), por el derecho de todos los pueblos a decidir para poder defender sus conquistas.

La foto que necesita nuestra clase es una en la que se unan Toxo y Méndez y todos los máximos responsables de los partidos y organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría trabajadora para, aparcando sus legítimas diferencias, convocar una gran marcha a Madrid para poner fin a este gobierno y a sus políticas de destrucción. Una foto que es incompatible con esas otras de acuerdos de salvación del gobierno infame y corrupto.