Carta Semanal 847 en catalán
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Años antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.
Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.
Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.
Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?
Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.
La resistencia
Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.
La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.
¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.
Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?
Razones no faltan
Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.
En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»
La hoja de ruta del Gobierno
A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»
En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.
La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.
Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones
No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)
La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)
La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.