(Publicado en la Carta Semanal 627)

Cada día que pasa se pone más de manifiesto la grave crisis que atenaza al régimen de la Monarquía, de la que la proliferación de escándalos de corrupción es el síntoma más destacado por los medios de comunicación, pero que se manifiesta en otros muchos ámbitos, de los cuales quizá los más significativos sean la parálisis del Gobierno Rajoy, que incluso ha tardado un mes para aprobar un nuevo decreto sobre la estiba, pero sigue mostrándose incapaz incluso de llegar a un acuerdo que le permita hacerlo pasar. Necesita de los buenos oficios del PDEC -dispuesto a aprobar medidas antiobreras por encima del « enfrentamiento »- para aplicar la contrarreforma.

Como espejo, la parálisis de las Cortes en las cuales ese gobierno no tiene mayoría, pero que mantienen viva toda la legislación antiobrera del PP, y que, al permitir seguir en pie a ese gobierno, le permiten mantener el conjunto de su política, incluyendo el órdago represivo contra las instituciones de Cataluña y sus representantes.

Tantas iniciativas separadas…

En esta situación, se suceden toda serie de iniciativas parlamentarias de las distintas formaciones y se proponen distintas movilizaciones, sin que nadie parezca preocuparse de buscar la unificación de unas y de otras (lo que, a su vez, permite al Gobierno Rajoy seguir adelante).

La Gestora del Partido Socialista ha anunciado diversas iniciativas parlamentarias de reprobación del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por sus actuaciones en el caso del expresidente de Madrid, Ignacio González. En el escrito de presentación de esa moción, los portavoces del PSOE argumentan que Catalá «no es digno» de ocupar el cargo por sus reiteradas injerencias en las causas judiciales por corrupción en las que están investigados cargos públicos del Partido Popular, y añaden que el ministro influyó en los nombramientos promovidos por la Fiscalía «para favorecer los intereses de los investigados» en las causas antes mencionadas, y participó en las «maniobras que se han acreditado en el seno del Ministerio Público dirigidas a obstaculizar la actuación de los propios fiscales encargados de las mismas».

Al mismo tiempo, Podemos anuncia su moción de censura y una manifestación en Madrid el 20 de mayo, en apoyo de la misma. Según han declarado dirigentes de esta formación, la «moción ciudadana» es «urgente y necesaria» para «defender la democracia y las instituciones de la mafia». El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha indicado en un mensaje de Twitter, que los motivos de la movilización son que la «mayoría de españoles» quieren «echar a Rajo y sustituir este Gobierno indigno y corrupto». Echenique ha añadido que «entendemos que hay una mayoría social a favor», y ha insistido en que hay que decir «alto y claro que hay que echarlos».

Por su parte, las Marchas de la Dignidad preparan una movilización, también en Madrid, para una semana después, el 27 de mayo, así como movilizaciones en distintas ciudades para el 15 de mayo “contra la corrupción”. En su llamamiento al 27 de mayo, las Marchas dicen que “nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos, como perspectiva para todas y todos aquellos que están luchando”, para añadir que “la descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente. Nació contra el pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad”, y que “en la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos”.

Los dirigentes de UGT y CCOO, en las manifestaciones del 1 de mayo, han denunciado la situación insoportable de la clase trabajadora y la corrupción rampante. Por ejemplo, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, decía que hay que “echar a todos los corruptos, cambiar el modelo ultraliberal, terminar con el saqueo y dar esperanza a los madrileños”, en tanto que su homólogo de UGT Madrid, Miguel López Reillo, denunciaba que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González “han espoleado y saqueado” a los madrileños, para continuar con un llamamiento: “no a la impunidad, no a la corrupción”. Pero, por el momento, las direcciones de UGT y CCOO no han anunciado ningún plan, ninguna iniciativa concreta para poner fin a esta situación, lo cual deja margen para que siga el postureo en el Congreso. Y muchos afiliados y cuadros se preguntan cuándo se plantarán ante el gobierno Rajoy en las seudonegociaciones en lugar de renunciar gratis a convocar huelga general.

900 responsables y militantes sindicales han firmado públicamente una carta de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Qué duda cabe de que una victoria de Sánchez sería una clara desautorización a la Gestora que puso a Rajoy en el gobierno, y una expresión u apoyo para echar a Rajoy (véase al respecto lo que decíamos en la última Carta Semanal)

Lo que sí está haciendo UGT es una campaña contra el juicio a Rubén Ranz y José Manuel Nogales, sindicalistas de esa organización para los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por su actividad en un piquete en la Huelga General del 29 de marzo de 2012 y cuyo juicio comenzará el 21 de junio. Un juicio basado en un relato de hechos y unos testimonios policiales delirantes, pero que sigue adelante. Y puede hacerlo porque, a pesar de haber una mayoría en Cortes suficiente para derogarlo, el artículo 315.3 del Código Penal sigue en pie, y al amparo del mismo se mantienen acusaciones contra más de 300 sindicalistas.

Y muchos trabajadores, sindicalistas, jóvenes, activistas sociales se preguntan, con razón, a qué esperan unos y otros dirigentes para ponerse de acuerdo en una estrategia común para expulsar a Rajoy del gobierno. Y ven, con estupor, cómo se mantienen, por ejemplo, dos propuestas de marchas a Madrid, con 7 días de diferencia entre ellas, con propuestas sin duda justas en su conjunto. Les resulta difícil entender por qué no se unifican todas las iniciativas en una sola, con una exigencia clara, nítida e inmediata: ¡Rajoy, Dimisión!

El papel clave de UGT y CCOO

Todos los problemas se concentran en esta cuestión: qué es necesario para poner de acuerdo a los dirigentes de las distintas organizaciones políticas y sindicales que hablan en nombre de los trabajadores y las trabajadoras, para unir en su solo puño todas las fuerzas al servicio de esa cuestión urgente, imprescindible, inexcusable.

Sólo hay una salida posible, y está en manos de la clase trabajadora. Pero ésta no existe como agente social sin organización. Por tanto, las organizaciones de la Clase Trabajadora tienen que ponerse a la cabeza, organizando la movilización para acabar con el gobierno corrupto y recortador.

El Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos convoca una Conferencia Estatal para el 17 de Junio. El debate sobre cómo unir fuerzas en el combate por la Unidad de las organizaciones para echar a Rajoy estará, sin duda, en el centro de esa Conferencia.