Fondos europeos: espejismo y realidad

Carta Semanal 833 en catalán

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Un amplio consenso parece haberse impuesto en nuestro país con respecto al anuncio de los Fondos europeos. Los dirigentes políticos y sindicales nos piden que veamos en ellos la única posibilidad de salvación de la economía y de salida de la crisis. Compiten por ellos las distintas autonomías y las empresas del IBEX35 e incluso se han realizado o se anuncian movilizaciones por un “reparto justo” de los fondos. Les llaman fondos “next generation”, para darnos a entender que con ellos se salva a las generaciones futuras.

Una nueva religión parece imponerse desde la verdadera extrema derecha a la supuesta «extrema izquierda», una unión sagrada se ha formado en torno al dogma europeo. Para los defensores de este nuevo “pensamiento único”, quedan atrás las críticas –por tibias que fueran- a la Unión Europea, la calificación de “Europa de los mercaderes”. Ahora, todo parece haberse transformado, como por obra de un milagro: los potentes gobiernos europeos, las instituciones europeas e internacionales, desde el FMI al BCE, pasando por la Comisión Europea, se han llenado de un impulso benefactor y corren en ayuda de los pobres países europeos más afectados por la actual crisis. Bueno, lo de corren es un decir, no van muy rápidos, hay que reconocer, y las ayudas prometidas para el año pasado, luego para comienzos de este, dicen ahora que –tal vez- vengan a partir de agosto.

Nosotros mantenemos una posición propia que sólo se guía por los intereses de los trabajadores y los pueblos, y no creemos que estos intereses sean compatibles con los de la banca, las grandes multinacionales, el capital financiero, el régimen monárquico, que lanzan las campanas al vuelo ante el maná que al parecer nos va a caer. Pero esta posición no es un dogma que nadie tenga que aceptar a pies juntillas. Debe ser argumentada.

Gestación y desarrollo de los fondos

A finales de julio del 2020 los gobiernos de los 27 países de la UE, bajo el patrocinio del gobierno alemán y francés, decidieron poner en marcha un mecanismo para crear un Fondo mutualizado (bajo la forma de un crédito) de 750.000 millones de euros, y distribuirlo a los distintos países, de aquí a 2026, bajo dos formas: una parte como transferencias directas y otra como créditos a largo plazo (se habla de devolverlos antes del 31 de diciembre de 2058). A España le tocarían aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos.

Se inicia entonces un mecanismo de aprobación, que a la fecha de hoy se calcula que permitirá hacer efectivas las primeras entregas de fondos en agosto de este año. Claro las cosas de palacio van despacio, las instituciones europeas ya han demostrado  suficientemente durante estos meses a quién sirven, desde la negativa en la primavera pasada a prestar ayuda a Italia (los gobiernos francés y alemán se negaron a enviar a Italia mascarillas y respiradores…en un momento en que la  epidemia se desarrollaba sin control) hasta el escándalo de las vacunas y su sumisión a las farmacéuticas, o sea, a las multinacionales.

Para solicitar los Fondos los gobiernos debían presentar antes del 30 de abril los planes de inversión correspondientes… y las “reformas estructurales” que los acompañan.
Es decir, que desde el principio, y en contra de lo que nos han venido diciendo tanto el gobierno como los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales, las cesiones de capitales y los préstamos estaban condicionados, y no solo en el tipo de reformas sino también, y no menos importante, en el tipo de inversiones. Lo que quiere decir que desde el principio la soberanía de los diferentes países y en particular los más dependientes, estaba sometida a las exigencias del capital financiero, que lejos de ser un ente abstracto se personaliza en las multinacionales y las instituciones a su servicio.

El plan del gobierno español

En obediencia a las condiciones de la Unión Europea, la ministra Nadia Calviño presentó al Consejo de Ministros del martes 27 de setiembre un llamado Plan de Recuperación, con 212 medidas, 110 inversiones y 102 reformas, que permitirían crear –dicen- 800.000 puestos de trabajo en 6 años (la cifra debe ser mágica, recordemos a Felipe González en 1982).

Detengámonos en las inversiones: 39% en «transición ecológica», 29% en «transformación digital», 11% en educación, 7% en I+D+i. Lo que significa que más de dos tercios de las inversiones se destinarán a la tendencia especulativa del capital financiero. Porque la transición ecológica no es otra cosa que las subvenciones a Iberdrola y otras multinacionales de la energía para promover el combustible «teóricamente» ecológico, lo que ya ha contribuido a encarecer la electricidad hasta límites insospechados, a llenar los campos de molinos con impacto ambiental duro. Y a cerrar minas y centrales térmicas, convirtiendo a comarcas enteras en desiertos económicos, ya que las inversiones “compensatorias” y los “planes alternativos” se quedan  en el papel (valga como ejemplo citar que el cierre de la mina de carbón y la central térmica de Andorra ha supuesto eliminar un 40% del PIB de la provincia de Teruel, según el alcalde de Ariño, Joaquín Noé). Lo de la «transformación digital» ya lo conocemos: “teletrabajo», telestudio… o sea la supresión masiva de servicios públicos y la enseñanza pública, entre otros. O el aumento de las tasas que deben pagarse a la banca para tener una cuenta o cobrar una pensión. En nombre de la transformación digital acaba de anunciar el BBVA un ERE con 3.800 despidos, y el consejero delegado del Santander –que acaba de declarar un incremento de 5 veces sus beneficios en el primer trimestre del año- declaraba el 28 de abril que “no ve el fin de los ERE en la banca”, por la transformación digital que vive el sector.

Al mismo tiempo que se nos anuncia esa “nueva economía” dopada con fondos de la UE, todas las grandes empresas, empezando por el gran comercio, la banca, el automóvil llevan a cabo decenas de miles de despidos. Y el país, otrora considerado la décima potencia industrial del mundo,  sigue sin poder fabricar mascarillas, respiradores, vacunas….

Lo que pone de manifiesto que todas estas nuevas inversiones sólo van a aumentar aún más la desindustrialización del país, en un proceso sólo comparable a la mal llamada reestructuración industrial de González/Solchaga en los 80, que en realidad fue el desmantelamiento de una parte considerable de nuestra base productiva. Y todo eso cuando la pandemia acaba de poner nuevamente de manifiesto las graves consecuencias de una economía dependiente del turismo y los servicios.

Las condiciones de las ayudas

A las condiciones de las inversiones se suman las exigencias de reformas, y, en particular, la reforma laboral que llaman “Estatuto de los trabajadores del siglo XXI” y la de las pensiones, con el objetivo declarado de “disminuir el gasto”. O sea, de recortar unas pensiones que ya son bastante bajas.

Prudentemente, la ministra Calviño pide atrasar unos meses estas reformas. Sabe que el gobierno necesitaría de un “amplio consenso”, es decir, del apoyo de los dirigentes de UGT y CCOO, y teme que, en la situación actual de debilidad de los aparatos sindicales, no puedan seguir la operación.

A su vez, el ministro Escrivá multiplica los “globos sonda” a ver si alguno cuaja y le permite abrir camino a los recortes que le piden desde Bruselas. Sólo esbozamos aquí esta cuestión de la condicionalidad, que tiene un peso muy sustantivo en los intentos del capital por imponer sus políticas. En otra ocasión la abordaremos con más detalle.

La necesidad de la independencia del movimiento obrero y popular y sus organizaciones.

El Plan de ecuperación sólo es el plan del capital y por eso mismo, opuesto a todas las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos. Desde la exigencia de derogación de las reformas laborales a acabar con el desmantelamiento/privatización de la Sanidad pública.

Por eso, para aplicarlo, necesitan profundizar los recortes de libertades, la utilización del  Estado de Alarma (que, después de justificar la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo en Madrid, acaba de usarse para prohibir la asistencia a las del 1 de mayo en el País Vasco), de la ley mordaza, olvidando todas las promesas de su derogación.

Combinando diálogo social y represión, y confiando en unas direcciones sindicales que ponen el freno a la movilización, esperan conseguir que la clase obrera esté atemorizada y desmovilizada. Pero la resistencia de la clase no para. La población se moviliza en defensa de su sanidad, los pensionistas relanzan sus movilizaciones y buscan establecer lazos con los trabajadores en activo, animados por las resoluciones de congresos sindicales sobre la defensa de las pensiones.

Porque gobierne quien gobierne (y digan lo que digan desde Europa) las reivindicaciones se defienden, la clase necesita la unidad y la independencia de sus organizaciones para organizar su combate por la supervivencia.

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