(Publicado en la Carta Semanal 782 – ver en catalán)
El miércoles 6 de mayo, los jueces del Tribunal Constitucional alemán cuestionaron por medio de una sentencia la “legalidad” de uno de los programas del Banco Central Europeo (BCE). Banco presidido por Christine Lagarde y cuyo vice es Luis de Guindos. Esta sentencia se refería a la compra masiva de deuda pública que había realizado en el pasado el BCE en los mercados secundarios. Recordemos que la compra masiva de deuda publica permite a los Estados endeudados mantener su capacidad de endeudarse en el mercado a un interés relativamente bajo.
Esta sentencia provocó un verdadero seísmo institucional. Lagarde anunció de inmediato que mantendría su programa de compra de deuda. El viernes 8 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el fallo del TC alemán “amenazaba la unidad de ordenamiento jurídico de la Unión y la seguridad jurídica”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden, declaró después que el TC alemán había “invadido la soberanía europea” al extralimitarse en sus competencias.
El TC alemán en su sentencia da tres meses al Bundesbank (banco central alemán) para que se presenten pruebas de que la compra de deuda pública de los diferentes estados no es una intervención fiscal encubierta en favor de países con dificultades financieras como Italia o España. Si las explicaciones no son “claras” a juicio del TC alemán, impedirían que el Bundesbank siguiera aportando fondos al BCE si éste sigue comprando deuda.
El BCE vive de las aportaciones de los diferentes bancos nacionales (de los 19 países de la zona euro). El problema es que la contribución del Bundesbank es la mayor de todas, un 26,4 por cien. Si el banco central alemán cesara de participar esto haría estallar la base de la eurozona amenazando con ello al conjunto de la UE.
¿Qué intereses hay detrás de este conflicto en apariencia técnico?
El TC alemán representa los intereses de una parte sustancial de la burguesía alemana y del Estado reconstituido después de la II Guerra Mundial que en 1990 incorpora la antigua RDA. El ahorro y las rentas de la burguesía y sectores de las capas medias en Alemania es considerable. Es una de las bases de la estabilidad relativa de su economía capitalista –en comparación con otras más vulnerables–, pero aumenta de manera importante la especulación financiera en detrimento de la inversión masiva del Estado en servicios e infraestructuras. La burguesía alemana no es unánime al respecto, lejos de ello. Así, el gobierno Merkel no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la sentencia del TC. Wolfgang Schäuble, el actual presidente del Bundestag y que, cuando era ministro de Hacienda, había atacado brutalmente por cuenta del capital alemán a los trabajadores de Grecia y otros países, dice que el TC asume el riesgo de “amenazar el euro”. Finalmente Friedrich Merz, responsable directo de BlackRock (fondo privado de pensiones) en Alemania y candidato a la presidencia de la CDU para suceder como canciller a Merkel, expresa de manera más directa la posición del capital financiero y apoya la “sentencia histórica”. ¿Es éste el interés de la burguesía alemana? Su dilema es profundo, insoluble y expresa la insostenible crisis del lugar internacional de Alemania, al tiempo que resulta mortal para las instituciones europeas, incluso el euro. Manifiesta la crisis abisal del sistema capitalista. El dilema es el siguiente:
Si el Bundesbank bloquea las compras de deuda y hace estallar el plan del BCE, esto puede arrojar a una situación gravísima a Estados como Italia, España e incluso Francia (que son algunos de los principales importadores de la industria alemana y su alta tecnología). Por ejemplo, la agencia de calificación Moodys acaba de anunciar la posibilidad de calificar la deuda italiana como “bono basura”. Esta bancarrota arrastraría necesariamente a la industria alemana que sufre ya las consecuencias de la guerra comercial desatada por Trump y que ve cerrándose sus mercados con, por ejemplo, Irán, pero sobre todo con China a consecuencia del acuerdo comercial entre los EEUU y China (que se sitúa en contradicción con las reglas de “libre comercio” de la OMC).
O por el contrario el BCE continúa con su política de compra masiva de deuda pública en los mercados secundarios y sobre todo con la hiperexpansión cuantitativa garantizada en un 26,4% por fondos alemanes, lo que podría provocar a más o menos corto plazo la explosión de la burbuja financiera, con ella también del euro, incluso de parte importante del sistema bancario, afectando muy gravemente a algunos Estados.
Asistimos, pues, a un nuevo capítulo de la dislocación del mercado mundial que tiene como uno de sus efectos la pérdida rápida del protagonismo de los países europeos y la dislocación de la UE, con el intento de cada burguesía de preservar su propio lugar en el mercado mundial (el Bréxit es una expresión de ello)
Las “cumbres ” europeas
Recordemos que el 10 de abril tuvo lugar la reunión de los 19 ministros de Economía y Finanzas de los países del euro (el llamado Eurogrupo), la cual decidió proponer al Consejo Europeo “movilizar” 540.000 millones para préstamos diversos, entre ellos para gastos sanitarios (sin condiciones) por un importe máximo del 2 por ciento del PIB de cada país. Según el vicepresidente del BCE Guindos esto significaría para España unos 24.000 millones. Esta medida fue saludada por todos los apologistas de la UE como algo muy positivo revelando que por fin la UE actuaba. Pero, frente a estas entusiásticas declaraciones, la realidad es más prosaica. Por un lado estos fondos para gastos urgentes NO serían movilizados sino a partir de junio, y, por otro, las “condiciones” no parecen tan buenas. Así, el viernes 8 de mayo, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que “le parecía bien este mecanismo de ayudas, pero que en este momento el Gobierno está encontrando buena acogida en el mercado de la deuda”. Más sarcásticamente, el vicedirector de La Vanguardia, Manel Pérez, en su edición del 9 de mayo titulaba su articulo “¿Ayuda? No, gracias”.
El 23 de abril se reunió el Consejo Europeo, que agrupa a los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la UE. Como se dice, “la montaña parió un ratón”. En efecto, la única decisión fue dar visto bueno a la propuesta del Eurogrupo y, como no había acuerdo sobre la demanda de Italia y España (y detrás Francia ) de deuda mutualizada (o sea con respaldo común), se decidió pedir a la Comisión Europea (que al fin reaparece) que hiciera una propuesta para crear un fondo de reconstrucción que debería movilizar un billón y medio de euros.
El 6 de mayo la Comisión Europea tenía que haber presentado esta propuesta, pero la sentencia del TC alemán era un verdadero torpedo, un anuncio que se opondría a la compra masiva de deuda en mercados secundarios y, más aún, a movilizar ayudas “a fondo perdido” o con deuda a largo plazo. Por más que el Tribunal de Justicia de la UE haya declarado que sus decisiones priman sobre las de un tribunal nacional, todo el mundo sabe que es difícil, si no imposible, que estas decisiones se tomen sin el acuerdo de las instituciones alemanas.
Entretanto la fecha del 6 de mayo se trasladó al 20 de mayo, en que la presidenta de la Comisión Europea debe presentar su plan de reconstrucción.
Mientras tanto, tácitamente, y por presión en particular del gobierno alemán, el capítulo 1 de la sección 1ª del Tratado de la UE está suspendido. Este artículo regulaba –más bien prohibía– las ayudas de los Estados a las empresas en crisis porque “falsean la libre competencia”. En este momento, 26 de los 27 Estados, en especial Alemania, pero también Holanda y Francia, están poniendo en marcha “dispositivos nacionales” para ayudar a las empresas (más de 100 dispositivos nacionales están ya en marcha). Miles de millones de apoyo a empresas como Lufthansa, Air France y otras. Algunos le llaman a esto “nacionalización”, como se hizo con muchos bancos en 2016. Pero se trata, más bien, de “socializar las perdidas”, para reprivatizar después.
Esta es la alternativa que propone el Gobierno alemán, “ayudar directamente a las empresas” en vez de crear deuda mutualizada. El problema es que, desde el punto de vista de la “estabilidad capitalista” esta solución implica abrir más aún las tijeras entre unos u otros, porque los que tienen enormes deudas y déficit difícilmente pueden acudir a este recurso por falta de fondos. Y así se encuentran en primer lugar Italia y España, pero también Portugal y Grecia.
Y llegamos al fondo de la cuestión
La ministra Calviño, en el informe enviado a Bruselas, ha declarado que faltan 80.000 millones de euros para acabar el año (la diferencia entre recursos y gastos previstos). La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, al servicio del capital financiero) dice que faltan más bien 150.000 millones. Eso sería solo el principio del coste millonario de la ‘reconstrucción’ (sobre todo en pagos a los empresarios y bancos). La Autoridad Fiscal ha declarado el 6 de mayo que “los niveles de la deuda exigirán ajustes como los de la década pasada”. O sea, que se está preparando un plan de ajuste.
De momento, la vicepresidenta Calviño trata de aminorar el coste con préstamos bancarios, más baratos que los europeos. Pero si el BCE no compra deuda, la prima de riesgo va a aumentar y la posibilidad de endeudarse a bajo interés desaparecerá (hoy la deuda a 10 años es al 0,1 por ciento de interés). Algunos expertos señalan que, ante las exigencias de los banqueros, el Gobierno baraja la posibilidad de aceptar que el país se vea sometido un rescate como los que sufrió Grecia. Por tanto, está rondando la opción de otro plan de recortes con la brutalidad del rescate.
De ahí las insistentes presiones del capital financiero en favor de un “gobierno fuerte” PSOE/PP, capaz de imponer a los pueblos el paro y la miseria después de lo sufrido ya con Zapatero y sobre todo con Rajoy. El problema es la decisión de resistir que manifiestan los trabajadores en los hospitales y en las fábricas. Tratan de utilizar a los sindicatos para contener a los trabajadores: el acuerdo social del lunes 11 sobre los ERTE es una indicación del Pacto Social que puede establecerse sobre la base de las exigencias de la patronal.
Hay otro camino
En efecto, partiendo de los intereses de la mayoría trabajadora, de la población, partiendo de los derechos democráticos (incluyendo los derechos de los pueblos), hay otro camino. los 14 puntos del llamamiento impulsado por el CATP incluyen medidas de urgencia que apuntan a algo evidente: ¿quién manda y para quién?
Poner bajo el control del Estado las principales industrias, los bancos para que paguen todo lo que deben, restablecer los servicios públicos y demás sólo será posible bajo el impulso de una movilización masiva que derrote a los banqueros y franquistas, movilización por el momento bloqueada por la situación, pero también por la política de partidos y sindicatos que dicen hablar en nombre de la mayoría social, pero que se subordinan a las órdenes del Gobierno que en lugar de anteponer los derechos de la mayoría ha demostrado en estos dos meses que tiene como líneas rojas la propiedad privada y el régimen monárquico. En nombre de la defensa del gobierno “amigo” que se somete, se pretende que el movimiento obrero y los pueblos comulguen con ruedas de molino. Hay que romper esta subordinación porque los trabajadores y los pueblos tienen derecho a vivir.