(Publicado en la Carta Semanal 719 – ver en catalán)

Las primeras sesiones del juicio a los republicanos catalanes en el Tribunal Supremo deben permitirnos hacer un primer análisis político de lo que está pasando.

Este juicio no es otra cosa que la continuación de la línea dictada por el Rey, en nombre de todo el aparato de Estado, en su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum, y que se resumía en tres palabras: “a por ellos”.

El aparato judicial y policial lo entendió a la perfección. Cualquiera puede ver en internet cómo cantaban “a por ellos” un grupo de policías nacionales desplazados a Cataluña en uno de los autobuses que les conducía. Los defensores del régimen lo pusieron en práctica al aprobar la aplicación del artículo 155, suspendiendo la autonomía de Cataluña, y ahora son los jueces y fiscales del Supremo los que actúan.

La actuación de esos jueces y fiscales es tanto más necesaria cuanto que los intentos anteriores del aparato de Estado de frenar el movimiento del pueblo catalán que exige poder decidir sobre su futuro han fracasado estrepitosamente. Ni la fuga de las grandes empresas fuera de Cataluña, amenazando con el caos económico, pudo desanimar a la gente de su intención de ir a votar, ni la policía a golpe de porra pudo impedir que la gente votara el 1 de octubre, ni la disolución del parlamento catalán al aplicar el 155 pudo impedir que los partidarios de la independencia volvieran a ganar las elecciones. Sumando los votos a candidaturas que no defienden la independencia, pero sí el derecho a decidir, los defensores de la “unidad de la patria española” quedaron en minoría.

Es por ello que ahora ponen sus esperanzas en una sentencia “ejemplar” del Supremo que sirva de escarmiento no sólo para los republicanos catalanes, sino contra todo aquel que ose levantarse contra el régimen de la monarquía. De ahí las peticiones de decenas de años de prisión, cuando en el juicio del 23-F (donde sí hubo recursos a las armas, disparos, tanques en las calles…) sólo Milans, Tejero y Armada recibieron condenas de 30 años, y el resto escapó, en su mayoría, con condenas de unos pocos años.

El 20 de febrero, Felipe VI, en un discurso, les recordaba a los jueces y fiscales del Supremo su responsabilidad, diciendo que “es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho” y que “sin leyes no puede haber democracia”. Los jueces que se han negado a aceptar la petición de algunas defensas de que el Borbón testifique en el juicio, habrán, sin duda, tomado nota.  Para empezar, han sentado en el banquillo a más de medio gobierno de Cataluña, a la presidenta del Parlamento catalán y a los dirigentes de los principales movimientos independentistas. Y si otros no están ahí sentados no es por falta de voluntad de los magistrados, sino porque sus intentos de lograr la extradición de los acusados fugados han tropezado con la negativa de los tribunales de Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza.  Pero, por el momento, no parece que las cosas les están saliendo muy bien.

Las dificultades de la Fiscalía

Los primeros días del juicio parecen indicar que va a ser bastante difícil demostrar las tesis de la Fiscalía sobre la supuesta rebelión.

Frente a las primera intervenciones de los abogados de los acusados, como Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que señaló que se buscaba la criminalización de los “derechos de disidencia política, de autodeterminación, de reunión, de manifestación, de representación política”, y que añadió que “existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar”, los fiscales se han visto obligados a intervenir, precisamente sobre lo que mensos les interesa hablar, el significado político del juicio.

El fiscal Zaragoza calificó los alegatos de las defensas de “libelo acusatorio”, “como si quisiesen sentar al Estado en el banquillo”, y añadió que es una “falacia de colosales dimensiones el que no se pueda ser independentista en España”. Entonces, ¿por qué llevan los acusados meses en prisión y se les piden enormes condenas, sino por ser independentistas?. Zaragoza no se privó de descalificar a los cientos de catedráticos y profesores de Derecho que lanzaron un manifiesto desautorizando las acusaciones de la Fiscalía diciendo que “no son los más prestigiosos del país”.

El fiscal Cadena, acorralado por las declaraciones de los acusados, llegó a decir que la Generalidad, en connivencia con Òmnium y ANC, habían propiciado que “murallas humanas se lanzasen contra las fuerzas de seguridad del Estado” el 1 de octubre. Algo que sólo un ciego que no pueda ver lo que ha salido en todas las televisiones puede llegar a creerse. ¿Por qué se ve obligado a recurrir a semejante absurdo? Porque la acusación de rebelión, que se basa en el uso de la violencia, hace aguas por todas partes. Los fiscales insisten, una y otra vez, en el carácter “violento” de la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Hacienda cuando la registraba una comitiva judicial con la guardia civil, y tropiezan, una y otra vez, con los hechos: el acusado Forn explicó cómo se había formado un pasillo para que policías y funcionarios judiciales saliesen sin problemas, mientras los manifestantes hacían comentarios con la policía, en un ambiente festivo. Luego, en el interrogatorio a los responsables de ANC y Òmnium, que habían convocado a la gente, quedó claro que se trató de convocatorias pacíficas, llamamientos pacíficos, y que los acusados llamaron a la gente a que se fuese a casa, pero no querían.

En las primeras cinco sesiones del juicio, los fiscales no han sabido dónde encontrar los tumultos violentos que justificarían la rebelión. Los acusados han negado sin fisuras la violencia. Baste con citar a Romeva: “las únicas armas fueron las de la Guardia Civil”.  Difícil le ponen al tribunal el encargo que tienen prefijado de condenar a los acusados. No se veía nada contento con los fiscales al presidente del Tribunal.

Quedan muchos testigos. La esperanza de jueces y fiscales es que sean más sólidos que los exministros Zoido (que ha dicho no saber nada de una actuación policial ante hechos supuestamente tan graves como una rebelión, porque “decidían sus subordinados”) o Montoro, que intenta desesperadamente desmentir sus propias declaraciones de que ni un euro de la Generalitat se había podido gastar para financiar el referéndum.

Tampoco parecen haber tenido, por el momento, más suerte los fiscales con las cuentas, que son vitales para sustentar el delito de malversación. Han presentado como facturas documentos que no acreditaban gastos de la Generalidad. Han confundido correos electrónicos con referencias policiales, confundieron la productora Mediapro con Mediaset… Sin suerte con las cuentas, a lo más que llegaban los fiscales era a la desobediencia.

Un juicio que puede tener muchas consecuencias

El Régimen se la juega en este juicio. Si no es capaz de sustentar con firmeza las acusaciones de rebelión, puede incluso que la eventual sentencia fuera anulada en instancias europeas, abriendo una crisis sin precedentes. Y no parece que el objetivo de escarmentar al pueblo catalán -y a todos los pueblos- vaya por buen camino.

Pero ya el principio del juicio ha revelado lo que ninguna maniobra, decreto, sentencia podrá evitar: el poder dividido y corrupto de la magistratura, desbordado, tampoco puede contener la crisis del Régimen. Este intenta ganar tiempo apoyándose en la connivencia y división que tratan de mantener los dirigentes de las organizaciones obreras y democráticas.

Al comienzo del juicio, delante del Supremo, cientos de ciudadanos expresaban su rechazo al procedimiento tras una pancarta: “decidir no es delito”. A la vez, muchos ayuntamientos se pronunciaban contra el juicio. El de Barcelona se pronunciaba por la “defensa de los derechos civiles amenazados por la arbitrariedad del Estado español”.

Más allá del posible resultado judicial, una conclusión se impone: Como señalaba Rajoy en su declaración ante el Tribunal, no hay ninguna posibilidad de ejercer el derecho a decidir dentro del marco de la Constitución.

Podrán hablarnos de “estado Federal”, de “procesos constituyentes”, de lo que sea, pero dentro de la Monarquía no cabe más que lo que hay. Y quien intente salirse del tiesto va a chocar con jueces y guardias civiles, con todo el aparato del Régimen.

El aparato de Estado juega a aislar el problema “catalán” del resto de trabajadores y pueblos. En el momento en que el régimen se la juega, con un juicio-farsa a través del cual busca el escarmiento y apuntalar un edificio que hace aguas, dar una respuesta que aúne los objetivos de libertad y fraternidad, que trabaje por levantar un juicio ilegítimo, es una absoluta necesidad.

La manifestación en Madrid del próximo día 16, por la libertad de los presos catalanes, puede significar un hito importante a condición de que se busque la unidad con todos los republicanos, con todos aquellos que se reclaman de la democracia y de los derechos.

Para la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña, que quiere ejercer su derecho a decidir, sólo hay una única salida para poder ejercerlo: la República en todo el Estado. Porque, a pesar de la pancarta exhibida ente el Supremo, bajo la Monarquía decidir sí es un delito.