(Publicado en la Carta Semanal 596)
En estos días, lo que algún comentarista de la propia prensa burguesa ha calificado de “crisis irreversible” del régimen se intensifica bajo diversas formas, afectando a todas las instituciones, agarrotadas como hemos analizado en anteriores Cartas. Y también a las principales formaciones políticas que desde los Pactos de la Moncloa del 25 de octubre de 1977 acordaron con el aparato de Estado el orden constitucional, que es lo que queremos tratar hoy.
En aquel tiempo, los dirigentes del PSOE, del PCE, del PNV y del nacionalismo catalán y por otro lado los representantes del aparato franquista llegaron a un acuerdo que suponía la continuidad del aparato judicial, militar y represivo del franquismo así como el reconocimiento de las organizaciones y de las libertades democráticas que el movimiento obrero ya había arrancado con su lucha. Una contradicción a la larga insostenible.
Hoy es evidente la crisis del PP, representante directo del aparato de Estado franquista, su dislocación refleja la de las instituciones, y la podredumbre del régimen se manifiesta en la proliferación de escándalos de corrupción que le afectan de arriba abajo (algún comentario jocoso ha venido a señalar que la foto del juicio de la Gurtel parece una recreación de la foto de boda de la hija de Aznar, con los mismos invitados, voluntarios entonces y ahora forzosos).
¿Y qué ha sido de los que ocupaban el otro lado de la mesa de los pactos de la Moncloa?
El PCE de Carrillo, que por su mayor fuerza organizada en aquellos momentos, hubo de poner más carne en el asador para defender al régimen, fue el primero en pagar su actuación con una crisis profunda, de la que no ha conseguido recuperarse desde entonces.
Entre los regionalistas, en el último año hemos visto cómo el naufragio del Estado de las Autonomías provocaba la voladura de Unión Democrática de Cataluña y el intento de reconvertir Convergencia en partido independentista.
Pero el acontecimiento fundamental es la gravísima crisis que atraviesa el Partido Socialista. Algunos de los comentaristas políticos más lúcidos señalan que lo que estamos viviendo no es una simple crisis del PSOE, sino una manifestación de la crisis del régimen. Éste está estallando por uno de sus eslabones débiles: la vinculación a la Monarquía decidida por la dirección del PSOE en su crisis del 79, momento en que el grupo liderado por Felipe González tomó el control del aparato. A partir de ahí, durante 37 años ese aparato, en las instituciones, ha vivido en simbiosis con el aparato de Estado franquista, al servicio del capital. Sin embargo, en todos los pueblos del Estado español trabajadores, jóvenes, demócratas han seguido acudiendo al viejo partido obrero para combatir al capital y a los franquistas.
Esta contradicción ha estallado a partir del giro de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 contra los trabajadores y de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán en junio, que han significado la ruptura de buena parte de sus bases con el Partido Socialista.
Pero al ser derrotado Rajoy en diciembre del año pasado el movimiento obrero y popular exige al PSOE que encabece la ruptura con la política seguida, y en cambio el salvamento del régimen exige al PSOE una alianza estrecha con el PP. El aparato se divide, Pedro Sánchez afirma el compromiso con los trabajadores y aspira a negociar con los pueblos, se niega a que el PSOE sea subalterno del PP, mientras Felipe González y quienes le siguen exigen la alianza con el PP para profundizar los recortes y enfrentar a los pueblos.
Todos los equilibrios del régimen están temblando
Poco después del Comité Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, se hizo público un supuesto informe del Centro Nacional de Inteligencia que daba cuenta de un supuesto acuerdo de Sánchez con los nacionalistas para formar un gobierno que derogaría todas las reformas y que aceptaría la convocatoria de un referéndum en Cataluña. Una filtración interesada que no es otra cosa que una provocación del CNI -es decir, de uno de los núcleos fundamentales del aparato de Estado- que buscaba precisamente forzar la defenestración de Pedro Sánchez para cerrar la vía siquiera a esta posibilidad.
Sin embargo, como titula esta semana Información Obrera, “Los trabajadores y los pueblos no renuncian a sus reivindicaciones”. Y contra lo que han dicho algunos agoreros que se han apresurado a dar la cuestión por cerrada, esa lucha de la clase trabajadora contra las contrarreformas y recortes impuestos por el gobierno de Rajoy según los dictados del capital financiero –manifestación de la lucha de clases– sigue expresándose dentro del Partido Socialista. Lo que hace difícil la tarea de la recién nombrada Gestora, que no es otra que imponer al conjunto del PSOE la aceptación de un nuevo gobierno del PP, como primer paso para colaborar –“críticamente”– para que ese gobierno pueda cumplir con las misiones que el capital le ha encargado. Y así Rajoy ha decidido no seguir apretando para exigir un “Pacto de Gobernabilidad” –como habían dejado caer algunos de sus lugartenientes– porque teme que eso pueda dar alas a la rebelión socialista. Pero a la vez se reconoce que Rajoy y Javier Fernández están negociando –a espaldas de los afiliados, instancias y votantes del PSOE–. Un comentarista con el que no tenemos afinidad indica que “tal vez lo más importante del guión que Mariano Rajoy y los acólitos de Susana Díaz acaben aprobando sean los espacios de discrepancia. ¿Cómo proporcionar estabilidad sin abandonar la oposición? […] Los (nuevos dirigentes) socialistas tienen un gravísimo problema y necesitan espacios de autonomía u de iniciativa para paliarlo.”
Efectivamente, la rebelión socialista se ha extendido tras el Comité Federal como mancha de aceite. Una rebelión que no es sino la continuidad de lo aprobado en numerosos congresos e instancias sindicales, tanto de UGT como de CCOO: ¡No dejéis gobernar a Rajoy! En esta rebelión destacan, por el momento, dos iniciativas socialistas paralelas y en cierta medida complementarias: una iniciada por el alcalde de Jun (Granada), que busca recoger 90.000 firmas de militantes (la mitad del total de inscritos), pidiendo la celebración inmediata de unas primarias y la convocatoria de un Congreso extraordinario, y que según los promotores, este lunes tenían recogidas 64.892 firmas. Al mismo tiempo, la corriente Izquierda Socialista ha lanzado una iniciativa que reclama la celebración de una consulta vinculante a los militantes sobre la votación ante una nueva investidura de Rajoy. Todo esto cuando el Comité Federal, órgano que debería decidir qué hacer, en el momento que escribimos estas líneas, aún no ha sido convocado.
Por tanto, a pesar de lo que han dicho Pablo Iglesias y Alberto Garzón, a pesar de la ayuda que algunas de sus declaraciones prestan a Rajoy y a Susana Díaz, a pesar de que ellos parecen retirarse a sus problemas internos, las espadas siguen en alto también en las filas socialistas.
No es problema interno del PSOE, el No es No pertenece a todo el movimiento obrero
Como no es un asunto simplemente socialista, lo debemos poner en relación con el conjunto de la situación política.
Por un lado la aceleración del enfrentamiento en Cataluña, en un momento en que la mayoría del Parlamento Catalán ve que las posibilidades de diálogo con un gobierno en Madrid disminuyen, y cuando el aparato judicial, sincronizado y a una con el Gobierno, pide el procesamiento, a la vez, de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y del diputado en Cortes Francesc Homs.
A la vez, empiezan las sesiones del juicio del caso Gurtel, que no goza de las primeras páginas por voluntad de los medios de comunicación que se esfuerzan por proteger a Rajoy, pero que muestra la descomposición y podredumbre del PP, y cuyo desarrollo puede dar lugar a nuevas revelaciones que comprometan aún más al conjunto del Partido Popular. El PP se revuelve tratando incluso de que se dé carpetazo a la causa.
Por otro la división que atraviesa Podemos, que al menos en parte se debe a la posición adoptada por el grupo de Pablo Iglesias ante la crisis del PSOE. Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano y dirigente de Compromís, una de las formaciones aliadas de Podemos, ha expresado su rechazo a la idea de entregar al PP los gobiernos autonómicos y los Ayuntamientos en caso de que el PSOE con su abstención entregue el gobierno del Estado al PP. Lo mismo que ha dicho Rita Maestre desde el ayuntamiento de Madrid.
No olvidemos que todo esto sucede en el marco de una situación internacional de desbandada, con amenazas de un nuevo rebrote de la dislocación del sistema bancario (en particular, en Alemania, Italia y Portugal), mientras que la Unión Europea, en crisis, es un coro desafinado. No es casual que el próximo miércoles una misión del FMI visite España: la situación exige que el FMI actúe directamente.
La preocupación del capital financiero es clara: cómo mantener todas y cada una de las contrarreformas y continuar con otras nuevas. Y para ello pide que se parchee el régimen al mismo tiempo que sus exigencias lo desangran.
En esta situación, entendemos que es deber de todo militante ayudar desde su posición a que se exprese la lucha de clases, es decir, la lucha por las reivindicaciones. Lo que incluye mantener, extender, continuar el No es No.