(Publicado en la Carta Semanal 766 – ver en catalán)

Desde su promulgación, los sindicatos han rechazado y combatido las reformas laborales de 2010 y 2012. Contra ambas, convocaron huelgas generales. Y en ningún momento las han aceptado, aunque desde 2012 han abandonado la vía de combatirlas en la movilización y han pedido, en vano, diálogo social.

Recordemos que, desde que se promulgó en Estatuto de los Trabajadores en 1980 hasta ahora hemos sufrido 12 reformas laborales, todas ellas para recortar algo de un estatuto que ya nació con la clase obrera en contra.

Ahora, tras la formación del gobierno de coalición del PSOE y Podemos, la derogación de las reformas laborales se ha vuelto una cuestión de plena actividad. Y no está claro cuáles son los límites de esa derogación prometida. En principio, han hablado de derogar de inmediato el despido por enfermedad, y derogar, en dos fases, la reforma laboral de 2012. Se entendería, por tanto, que la reforma de 2010 se mantendría.

En todo caso, el programa de gobierno explica que, sean cuales sean las modificaciones que se vayan a adoptar, se harán “en el marco del diálogo social”, es decir, contando con la patronal y los sindicatos.

La reforma laboral de Zapatero

Esa Reforma laboral la promulgó el gobierno Zapatero en junio y septiembre de 2010. Fue aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE. Votaron en contra ERC, Izquierda Unida, el BNG y  Nafarroa Bai). Todas las derechas (PP, CiU, PNV, CC, UPN y UpyD) se abstuvieron, para permitir que fuera aprobada.

En aquel momento, a la CEOE le pareció que la reforma se quedaba corta. Los sindicatos rechazaron la reforma y convocaron una Huelga General para el 29 S de 2010

¿Cuáles eran sus contenidos? En primer lugar, facilitar el despido. Se extendió a muchos colectivos el despido con  indemnización de 33 días por año trabajado, en lugar de 45 días. Se creó la figura del despido objetivo con 20 días de indemnización por año trabajado, para empresas con pérdidas. Y se creó la figura del despido por enfermedad: Cuando la media de absentismo laboral en la empresa superase el 2,5%, se podría despedir a los trabajadores que faltaran a su puesto de trabajo  más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses consecutivos, o el 25% en  cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

También se abrió la posibilidad de que empresa y trabajadores pactasen en las empresas el descuelgue salarial del convenio colectivo sectorial.

La reforma laboral de Rajoy

La reforma laboral de 2012 fue aprobada por el gobierno del PP en febrero-marzo de ese año.

¿Cuáles eran sus contenidos? En primer lugar, facilitar aún más el despido. Se creó un contrato de “apoyo a los emprendedores”, para empresas con menos de 50 trabajadores, con despido libre durante el primer año. Se amplió la posibilidad de “despido objetivo”, con indemnización de 20 días, para el que ya no era necesario tener pérdidas. Bastaría con preverlas o haber bajado beneficios. Se ampliaba la posibilidad del despido por enfermedad (ya no hacía falta un % de absentismo en la empresa). Se generalizó el despido con 33 días de indemnización y un tope de 24 mensualidades y se eliminaron los salarios de tramitación en caso de despido improcedente.

En segundo lugar, se hizo un ataque frontal al derecho a la negociación colectiva. Se eliminó la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, se limitó la utraactividad de los convenios a un año, tras el cual el convenio moriría, y se estableció la posibilidad de que la empresa pudiera modificar unilateralmente las condiciones de trabajo establecidas en el convenio, previa consulta con los trabajadores (que, si no hubiera representación sindical, podría hacerse con una comisión elegida “ad hoc”).

También desreguló los contratos a tiempo parcial, haciendo, en la práctica, muy difícil su control y favoreciendo el fraude.

Votaron a favor la mayoría de las derechas (PP, CiU, UPN y FAC), votaron en contra PNV, UPyD, CC y las izquierdas (PSOE, La Izquierda Plural, Amaiur, y ERC)

La CEOE apoyó totalmente la reforma y los sindicatos la rechazaron y convocaron una Huelga General el 29 de marzo de 2012.

El acuerdo de Gobierno PSOE-UP

¿Qué dice el acuerdo de gobierno? “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Por tanto, ¿se mantendrían todas las facilidades al despido incluidas en la reforma de 2010? Parece que, al menos, la intención de los que aprobaron el pacto sería derogar algunos aspectos de esa reforma.

Según el acuerdo del gobierno, se derogaría “con carácter urgente (…) la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. (que, sin embargo, fue introducido en la reforma de 2010).

También proponen el programa de gobiernos recuperar la ultraactividad de los convenios “tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.” También se proponen derogar “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Con respecto a la posibilidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa, los firmantes del acuerdo dicen que “limitaremos la capacidad”. Entonces ¿se mantendrá la capacidad de una de las partes de modificar un acuerdo firmado por ambas, aunque sea de manera “limitada”?

Tampoco se elimina la posibilidad de inaplicación de los convenios colectivos. A este respecto, sólo se proponen revisar “el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

También se proponen modificar “los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando las causas y el procedimiento, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado”.  Y “reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado” (lo que contribuiría a reducir el alto grado de fraude de esos contratos).

Por tanto, hemos de entender que el programa de gobierno se propone mantener todas las facilidades al despido incluidas en ambas reformas laborales: el despido “objetivo” con indemnización de 20 días, incluyendo su aplicación en caso de “prever pérdidas” o cuando haya beneficios pero éstos hayan disminuido.  Y el despido libre durante el primer año para el “contrato de emprendedores”, la generalización del despido con indemnización de 33 días en lugar de 45, la eliminación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente.

¿Diálogo Social?

Hasta ahora, los sindicatos han exigido la derogación de las dos reformas laborales o, al menos, la reversión de sus aspectos más significativos. Así, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que “no cuenten con nosotros para negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores si no llegamos previamente a un acuerdo sobre la derogación de las reformas laborales, o si no acordamos la derogación de los aspectos más lesivos” de esas reformas”.

Hay una mayoría de izquierdas en Cortes que permitiría esa derogación (PSOE, UP, ERC, BNG, Bildu, Más País, Compromis, BNG). Es lo que espera la mayoría trabajadora.

Ahora bien, tanto el gobierno como los sindicatos se proponen proceder a esa derogación- ya sea total o parcial- mediante el diálogo social, es decir, sentándose a la mesa con la patronal. Una Patronal a la que la reforma de 2010 le pareció “poco ambiciosa”, que apoyó con entusiasmo la reforma de 2012 y que ha hecho pública su oposición a tocar cualquier aspecto de ambas. La experiencia del “diálogo social” sobre la subida del salario mínimo, en el que gobierno y sindicatos proponían 1000 euros, es que la patronal ha conseguido rebajar la subida a 950.

Alguien dirá que negarse al diálogo social es negar la negociación, base de la propia naturaleza de los sindicatos. Pero hay una diferencia esencial entre una cosa y otra. Lo ilustramos con el ejemplo de Francia, donde el gobierno Macron propone una mesa de “diálogo” sobre la reforma de las pensiones. La base de esa mesa es que hay que “negociar” cómo reducir el gasto en pensiones, si aumentando la edad de jubilación, eliminado los regímenes especiales de jubilación, introduciendo la jubilación por puntos o un poco de todo. Ahora bien, la cuestión es que reducir el gasto en pensiones, premisa central de esa Mesa, es una exigencia del capital financiero, no  una reivindicación de la clase trabajadora que, al contrario, pide mejorar el salario diferido de sus jubilados, Lo mismo pasó en España con el ASE, firmado en 2012, donde los sindicatos entraron a negociar cómo reducir el gasto en pensiones “para salvar la Seguridad Social”, y el resultado fue retrasar la edad de jubilación, aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y aumentar el número de años necesarios para tener una pensión completa. Eso es diálogo social, meter a las organizaciones obreras a debatir cómo aplicar los planes del capital financiero contra los trabajadores. Lo contrario de negociar sobre la base de las reivindicaciones obreras.

Hay que recordar que ambas reformas se impusieron sin negociación ni diálogo alguno. Por tanto, deben derogarse en su totalidad y sin dar pie a la Patronal a que se mantenga lo que ellos quieran. Es la exigencia del movimiento obrero que nuestras organizaciones no deben abandonar.

Evidentemente ningún trabajador afectado o empleado público va a rechazar los aumentos anunciados, aunque están lejos de las necesidades reales. Pero estas medidas del gobierno plantean una cuestión de fondo: si la voluntad es contentar a los empresarios, a la CEOE, y, por ende, al régimen monárquico, ninguna medida de fondo como la derogación de las dos reformas laborales se realizará. Por tanto, es vital mantener la total independencia de las organizaciones con respecto al gobierno que busca atar al movimiento obrero por medio del «diálogo social» a los límites de lo que los empresarios y el capital financiero pueden aceptar.