(Publicado en la Carta Semanal 786 – ver en catalán)

La semana pasada se hacía público que la Fiscalía del TS ha decidido abrir una investigación sobre los negocios  del “Rey Emérito”, y, en concreto, las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca, asumiendo las investigaciones que hasta ahora venía haciendo el Fiscal Anticorrupción. El motivo es que, tras la abdicación de Juan Carlos I al crearse ad hoc la figura del “rey emérito”, se incluyó una disposición según la cual éste sería aforado y sólo podría ser procesado por el Supremo.

La Fiscalía Anticorrupción ha constatado, al parecer, indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. No se le podría atribuir el supuesto cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en la etapa en la que don Juan Carlos todavía era el jefe de Estado, pero sí se podría investigar cómo se ha movido ese dinero desde la abdicación.

En todo caso, será una investigación limitada en el tiempo, porque se va a limitar a los hechos sucedidos a partir de junio de 2014, de la abdicación. Interpreta la fiscalía que antes de esa fecha  no se puede investigar, ya que estaría cubierto por la inviolabilidad establecida en la Constitución. Un criterio forzado para muchos juristas, que interpretan que la inviolabilidad del Rey establecida en los artículos 56, 64 y 65 de la Constitución sólo se aplica a los actos del Rey como autoridad, cuando actúa refrendando las decisiones tomadas por el gobierno (que sería el responsable de las mismas. Una interpretación lógica, porque nadie –salvo los defensores del régimen monárquico y, en primer lugar, el poder judicial franquista- podría pensar que según la Constitución el Rey puede asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado. En aplicación de ese criterio del Fiscalía, todo lo que haya robado el Rey entre su coronación como sucesor designado por Franco, en 1975, y su abdicación en 2014 quedaría, en todo caso, a salvo.

Las razones de esa investigación

En los últimos meses, se han sucedido las revelaciones sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón, su papel como intermediario embolsándose pingües comisiones en las ventas de armamento a distintos países y en la compra de petróleo a Arabia Saudí y otros países. Se han hecho públicas noticias sobre sus cuentas en Suiza y sus regalos de millones de euros a varias de sus amantes (se habla de regalos de 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein y de dos millones a Marta Gayá).

Se habla de cifras fabulosas. Los medios dicen que Juan Carlos de Borbón habría acumulado una fortuna de 2.000 millones de euros como mínimo.

En marzo de este año, Felipe VI hacía pública su renuncia a toda herencia de su padre, y anunciaba que éste iba a dejar de tener funciones públicas, por lo que le retiraba la asignación de 200.000 euros anuales que recibía del presupuesto de la Casa Real. De inmediato, numerosos juristas señalaron que esas medidas, que pretendían expresar el distanciamiento del Rey actual y de los negocios de su padre, eran una falsedad, ya que el artículo 991 del Código Civil lo impide: “nadie podrá aceptar ni repudiar (una herencia) sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”. Una herencia que Felipe VI ya conocía. El propio comunicado de la Casa Real detallaba que hacía un año que el Rey Felipe VI ya sabía de al menos una de las estructuras offshore que su padre utilizaba para esconder su fortuna en paraísos fiscales.

Es evidente que el cortafuegos que intentó en marzo Felipe VI no basta. Es necesario, para la supervivencia de la Monarquía, dar un paso más, sacrificar a un peón para salvar al Rey. Sería, por tanto, una nueva operación como la de Urdangarín.

Por ejemplo, Mariángel Alcázar escribía en La Vanguardia un artículo titulado “Mientras trabaja la justicia”, donde decía que “Todos los listos del reino se han apresurado a considerar una malísima noticia para la Corona que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación”, pero señalaba que  “En la Zarzuela, o al menos en la cabeza de quienes, por proximidad, tienen más datos y mejor conocimiento del asunto, están más en la línea de calificar si no de buena, al menos de necesaria, la noticia el anuncio de esa investigación (…) porque ese es el único camino para que se aclare de una vez por todas la profundidad del pozo en el que, en estos momentos, se están mezclando posibles delitos, cuestiones morales, asuntos amorosos, intrigas políticas”… que comprometen a la Corona.  No es la única que piensa que, ante la magnitud del escándalo y la posibilidad de nuevas revelaciones, la Zarzuela se ve obligada a dejar hacer.

Basta ver las reacciones de medios defensores de la Corona. Por ejemplo, el editorial del ABC del martes 9 de junio, que señalaba que la investigación de la fiscalía demuestra que “la ley es igual para todos”, aunque según el periódico, la causa hubiera debido ser asumida por la Audiencia Nacional, y no era necesaria la Fiscalía del TS. El editorial concluye con la “ejemplar” conducta del actual jefe del Estado (lo mismo que decían del Rey anterior durante todo su reinado). ABC advierte de que esto no debe ser utilizado para las “campañas antimonárquicas de la extrema izquierda”.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, declaraba que “la justicia es igual para todos”, en tanto que Edmundo Bal (Cs) expresaba su “confianza en la profesionalidad del fiscal”. El PP formulaba críticas muy moderadas a la decisión. Tan sólo Vox se salía de esta línea diciendo que “fuera las sucias manos del gobierno”. O sea que al “emérito ” sólo lo defiende VOX.

Una operación arriesgada

Cierto es que la investigación de la fiscalía no se abre de buena gana. Un fiscal suizo fue el que abrió la investigación sobre un caso que ya había sido archivado provisionalmente en septiembre de 2018 en España por la Audiencia Nacional, que interpretó que sólo había  “débiles” indicios, y que se escudó en la supuesta inviolabilidad penal de Juan Carlos de Borbón cuando se produjeron los hechos.

Aun así, la necesidad de recurrir a una medida como la investigación al exrey para salvar a la institución, no es un capricho. Obedece a una necesidad del Régimen, en una situación de “degradación” creciente de todas las instituciones empezando con la Monarquía. El capital financiero y el imperialismo USA necesitan salvar al régimen porque necesitan a sus instituciones, su policía, su aparato judicial, su ejército, para hacer frente a la movilización que la crisis social y política anuncia. Como se demostró ante la movilización del pueblo catalán.

Pero la investigación a Juan Carlos de Borbón no es una operación exenta de riesgos. Todo lo contrario. Sentar a Juan Carlos de Borbón en el banquillo para juzgar sólo sus negocios posteriores a 2014 supone dar impunidad a 40 años de cobro de comisiones. Cualquiera que sea el desarrollo de los hechos, los riesgos son enormes. ¿Qué pasaría si la Fiscalía cierra en falso la investigación? ¿O si el Borbón se fuga a la República Dominicana para ponerse a salvo de los tribunales, como dicen algunos medios de prensa?[1] ¿Y si es condenado? Más aún si hay una sentencia que dice que cobró comisiones cuando era Rey, pero no se le puede condenar por eso, y sólo se le condena por evadir, después de 2014,  impuestos correspondiente a esa fortuna ilícita.

Sabemos que nos van a bombardear con la idea de que Felipe VI, sordo y ciego, no sabía nada de los negocios de su padre, pero ¿lo van a lograr? Todas las salidas abren la vía del cuestionamiento del Régimen. Pero, en la situación social actual, con la gravedad de la crisis y la creciente indignación social, el cuestionamiento del régimen es un factor explosivo. Por mucho que la operación quiera sacrificar a Juan Carlos para salvar a Felipe VI y a la institución de la Monarquía, debilita al conjunto de las instituciones y sus planes contra la clase obrera y los pueblos.

Como señalaba la columnista de La Vanguardia que citamos antes, el problema es que lo que valió en el caso Urdangarín es poco probable que valga ahora: “Juan Carlos de Borbón, no es un Urdangarín cualquiera: fue jefe del Estado durante 39 años”. 39 años de fechorías que ahora pretenden dejar impunes  y con una pequeña sanción por fraude fiscal.

Por la República

No podemos dejarnos engañar por la maniobra del fiscal. Es todo el reinado de Juan Carlos I el que debe ser sentado en el banquillo. Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de acabar con el régimen de la Monarquía, corrupto desde su base hasta su máxima institución. Un régimen tras el que se atrincheran las grandes fortunas, el capital financiero, los especuladores, para hacer pagar, una vez más, la crisis a la población trabajadora.

Combatir hasta las últimas consecuencias por las reivindicaciones, por una “reconstrucción” en favor de los trabajadores, de la juventud, las mujeres, los pueblos, exige enfrentarse al régimen tras el que se cobijan los explotadores, exige luchar por una salida política, por la República.

[1] Se habla de que estaría buscando establecerse en la urbanización La Romana, un lugar privilegiado con casas de entre 5 y 40 millones de euros, donde podrá compartir su exilio dorado con grandes amigos que también tienen propiedades allí: Felipe González, Jesús Barderas, Carlos Slim, la familia Clinton…