Carta Semanal 819 en catalán
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Lo que han intentado ocultar queda claro a estas alturas: los 140.000 de “ayudas” del Fondo de Recuperación de la Unión Europea (en realidad, 77.324 millones de euros serán ayudas directas, mientras que 63.122 millones serán préstamos) están condicionados a toda una serie de “reformas” y parte de los fondos serán librados sólo cuando estas reformas sean efectivas. Incluso el dinero que se haya adelantado habría que devolverlo si a las instituciones de Bruselas no les convencen las reformas aplicadas por el gobierno.
Para ello, los gobiernos deberán presentar unos “Planes de Recuperación” de forma oficial antes de finales de marzo y sólo después -tal vez en junio o julio- España podría recibir el primer anticipo, el 13% de sus fondos (unos 9.000 millones).
Entre las exigencias de las instituciones europeas hay dos que ocupan un lugar destacado: las reformas laborales y las pensiones.
Las maniobras del gobierno
Con respecto a las pensiones, la Unión Europea exige un nuevo recorte. Lo que ha colocado al gobierno Sánchez en una posición delicada. Ante las exigencias de Bruselas, el ministro de Seguridad Social adelantó una propuesta, aumentar el periodo de cómputo de las pensiones a 35 años (en 2022 llegaría, en aplicación de la reforma de 2011 pactada en el “Acuerdo Social y Económico”, ASE, con UGT y CCOO, a 25 años). Según sus propios cálculos, este nuevo periodo de cómputo supondría una rebaja media de la pensión inicial de más de un 6%.
Esta medida, que no había sido incluida en las recomendaciones, recién aprobadas, del Pacto de Toledo, recibió el rechazo tanto de las distintas organizaciones de pensionistas como de las direcciones de UGT y CCOO. Ante lo cual, José Luis Escrivá intentó ocultar su propuesta con tácticas de trilero. Llegó a negar que hubiera existido tal propuesta “No sé de qué me habla“, “no sé de dónde sale”, es “un tema que no existe, que no ha existido”, decía el miércoles pasado en una entrevista en Onda Cero, para encontrarse con que, de inmediato, varios medios de prensa publicaban los textos del propio ministerio, enviados a la Comisión de Asuntos Económicos del gobierno. Entonces intentó arreglarlo, diciendo que se trataba de unos “esos cálculos intermedios” que “alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación” que según él “no es real”.
Finalmente, ha enviado a Bruselas un texto que no concreta la ampliación paulatina del periodo de cómputo de 25 a 35 años, pero que, como dice El País, “sí deja clara la intención del Gobierno de caminar en esa dirección”, hablando de “profundizar en la reforma de 2011″, en la que se incrementó el cómputo, progresivamente, de 15 a 25 años. Al parecer, en el resumen que el Gobierno ha entregado a patronal y sindicatos con las principales reformas enviadas a Bruselas también se difumina esta cuestión, como se difumina todo lo relativo a las reformas laborales (se habla de manera genérica de modificar la negociación colectiva, la subcontratación, la temporalidad…).
El aumento del periodo de cómputo no es la única medida que propone el gobierno. También intenta rescatar el “factor de sostenibilidad” de la reforma de Rajoy bajo otra forma, hablando de “la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional”, que define diciendo que “es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios”.
También se busca aumentar la edad de jubilación mediante la “alineación de la edad efectiva con la edad legal de jubilación”. Y para ello propone endurecer las condiciones de las jubilaciones anticipadas.
A la busca de consensos para los recortes
El Gobierno Sánchez no tiene la fuerza suficiente para imponer por sí solo estas medidas de recorte de pensiones. Ahí queda la experiencia de la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el gobierno Rajoy y que éste tuvo que aparcar ante la movilización de los pensionistas. Esa debilidad genera tensiones dentro del propio ejecutivo.
Para aplicar estos recortes, necesita un “consenso” con otras fuerzas políticas y con los sindicatos. Como señala El País (adornándolo con un “salvador” brindis al sol final) “El Gobierno quiere hacer todas las reformas en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo en el diálogo social entre sindicatos y patronal, con los que ha debatido el martes sus planes, aunque si no hay acuerdo, el Ejecutivo tendrá que seguir adelante con las reformas comprometidas con Bruselas, ya que de ellas depende el gran fondo de recuperación que salvará la economía española”.
A pesar de esta estrategia de “o lo pactáis o lo impongo”, los dirigentes de los grandes sindicatos ya han respondido a esta intención del gobierno. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que “Tal como están planteados estos resúmenes sí parece que deja las cosas suficientemente abiertas como para que el diálogo social y el Parlamento tengan margen”, en tanto que la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, explicaba que: “Las reformas que propone son adecuadas. Es un principio y hay margen. Y nos han dicho en Europa que todo esto tiene que ser abordado en el diálogo social”.
Cabe preguntarse si es prudente que las organizaciones sindicales se metan en esa trampa. Entrar en unas negociaciones bajo la amenaza de “o lo pactamos o lo impongo” (y con la patronal, tercera pata del “diálogo”, a favor de recortar las pensiones y mantener la reforma laboral tal cual), ¿no incita a ceder, a aceptar “lo malo” para evitar “lo peor”? Y habría que señalar que para los sindicatos, un nuevo acuerdo que recortara las pensiones, como el de 2011, sería una catástrofe, llevaría a la desafección de cientos de miles de trabajadores y pensionistas.
Es decir, la política de colaboración seguida por las direcciones sindicales, postergando indefinidamente la defensa efectiva de las reivindicaciones y el cumplimiento de las promesas gubernamentales de derogar las contrarreformas de gobiernos anteriores, debilita a los sindicatos y crea una dinámica de sucesiva dejación de funciones que es necesario invertir.
Pensionistas y sindicatos vuelven a la movilización
Las distintas organizaciones de pensionistas han alcanzado un acuerdo, pasando por encima de las divisiones de los últimos tiempos, para volver a la movilización el 25 de enero. Unas movilizaciones más que necesarias, a las que hay que sumar, en todos los lugares donde sea posible, a trabajadores en activo y sindicalistas. Más aún ahora que el gobierno ha añadido a las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya bastante negativas para el futuro del sistema público de pensiones, propuestas para alargar el periodo de cómputo de las pensiones, para retrasar la edad de jubilación, e incluso para recuperar el factor de sostenibilidad de la reforma de Rajoy.
Los sindicatos han anunciado movilizaciones para el 11 de febrero, por la derogación de la reforma laboral y de la reforma de pensiones de 2013, contra la congelación del salario mínimo, contra “los indigeribles cambios en la política de pensiones”. Son movilizaciones limitadas, en la mayoría de los casos concentraciones de delegados ante las delegaciones del gobierno. Pero muchos trabajadores y sindicalistas se plantean que no basta con acciones simbólicas, que es preciso avanzar hacia movilizaciones masivas y generalizadas.
La sumisión del gobierno al chantaje de Bruselas no puede ser aceptada por la clase trabajadora ni por sus organizaciones. Es una cuestión central. Para muchos trabajadores es cuestión de vida o muerte que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden. Pero la dejación de funciones de las organizaciones sindicales y políticas, crea un abismo entre grandes masas de trabajadores, de la juventud, de los pueblos, y unas organizaciones en las que muchos ya no se reconocen. Aceptar las concentraciones de delegados o exigir la movilización de las masas trabajadoras da la clave de nuestro futuro inmediato.