(Publicado en la Carta Semanal 689 – ver en catalán)

Hace exactamente dos meses la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en nombre del grupo parlamentario del PSOE consiguió lo que parecía impensable: reunir a todas las fuerzas representantes o que pretenden serlo de los trabajadores (PSOE, IU/Podemos) y los pueblos –particularmente el pueblo catalán y el vasco (ERC, Sortu, Compromís y PDeCAT, PNV). Sin duda con intereses a veces contradictorios estas fuerzas se sumaron para  hacer caer al representante genuino de las instituciones heredadas del franquismo y a su “marca blanca” Ciudadanos.

La moción de censura y la formación del nuevo gobierno, más que una maniobra parlamentaria, era y es el resultado de la resistencia de los trabajadores en todo el Estado, y de los pueblos –de entrada, pero no solo el catalán– contra la política de regresión social y antidemocrática del PP.

Pero el PP actuaba en nombre de la Monarquía y del capital financiero. Bueno es recordar el discurso del rey del 3 de octubre y las decisiones de las grandes empresas de deslocalizar su sede social de Cataluña. La caída de Rajoy fue por tanto una derrota de la Monarquía y del capital financiero, y más cuando Rajoy vivía cercado por la movilización de los pensionistas.

En las últimas semanas, Sánchez ha multiplicado gestos y promesas, abriendo perspectivas. El 17 de julio, en su comparecencia en el Congreso, Sánchez anunció un “giro social” y la necesidad de encontrar una salida política a la cuestión catalana. Giro social que entre otras cosas se concretaba en el restablecimiento de la sanidad universal, emprender el procedimiento para derogar el art. 315.3 del Código Penal, otras medidas genéricas sobre empleo juvenil, y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Respondiendo a este discurso, los sindicatos, particularmente José María Álvarez –secretario de la UGT– planteó que hay que pasar de las palabras a los hechos. Aunque en la reunión del martes 24 de julio con Sánchez, la ministra del Trabajo y el secretario de la Confederación Europea de Sindicatos, estos dos últimos declararon que quizás había que aplazar la derogación de las reformas laborales y solo modificar las medidas más lesivas. Esta moderación la justificaron porque el gobierno tenía una base minoritaria. Pero más minoritaria la va a tener si no cumple las grandes reivindicaciones, como derogar la reforma laboral.

Los grandes empresarios y la banca pasan al ataque

Después de los primeros días de sorpresa los grupos de capitalistas y las patronales han pasado al ataque contra el Gobierno, no tanto por lo que ha hecho, sino por el peligro de lo que, ante la presión de los trabajadores, pueda hacer. Así, pocos días después de haber firmado el acuerdo salarial (AENC, 4 de julio) de alcance ultramínimo, Rosell declaró que este acuerdo está en peligro si el Gobierno aumenta los impuestos a las empresas (el tipo impositivo efectivo de las grandes empresas en España no supera el 9 por ciento, uno de las más bajos de la Unión Europea, cuando las empresas baten récords de beneficios).

Por su parte, una de las dos mayores empresas “españolas”, Telefónica, en su Junta de Accionistas del 8 de junio, recibió así al nuevo gobierno: las regulaciones europeas a las telecos drenan su crecimiento, las obligan a competir en condiciones desventajosas, cuando esas empresas son la clave para la economía digitalizada. No es cierto, los superbeneficios de esas grandes empresas son la clave para someter el país al saqueo, a una especulación voraz.

Estos últimos días, ante la persistencia de Sánchez, la presidenta Botín y la Junta de Accionistas del Banco Santander ha subido el tono y el volumen de las amenazas. Por un lado, el Santander encabeza la banca, que en España tiene un peso aplastante. Bankia ya le ha secundado.

En esta situación se inicia el debate sobre el presupuesto de 2019 (recordemos que el nuevo gobierno aceptó mantener el presupuesto 2018 de Rajoy (contra el que había votado) prometiendo un presupuesto social para 2019.

Con el apoyo de Bruselas

La gran banca cuenta con el apoyo –devaluado– de la Comisión Europea que tiene el cinismo de decirle a Sánchez la “obligación” de reducir el déficit público hasta el 2,7%, como había prometido Rajoy. El Gobierno ha señalado que se llegará al 2,9%, denunciando que los gobiernos de Rajoy prometían rebajar el déficit y hacían lo contrario. En esta Carta habíamos señalado que la Comisión Europea le dejaba pasar todo a Rajoy, para sostenerle ante tantas crisis de gobiernos europeos. Ahora viene Sánchez-Calviño con cifras reales, tocando a los bancos, que dan un margen de varios miles de millones de euros para algunos gestos, incluido dar un indispensable respiro a la financiación autonómica (cuya reforma esta paralizada desde hace 10 años). Y eso es intolerable.

La nueva joya del PP, Casado, exige al Gobierno que reduzca el déficit como prometió Rajoy. Es decir, que este Gobierno tiene que reducir lo que lo que no redujo Rajoy y más, actuando como el gobierno más antiobrero, antisanidad y antienseñanza.

11000 millones de euros es el presupuesto que se juega en esa operación. Y ese superrecorte lo tiene que emprender Sánchez porque a la Comisión Europea le parece intolerable que haya gobiernos que traten de limitar un poco los recortes, en lugar de recortar más. Aunque ello comporte agravar el colapso autonómico general, dificultando más resolver la cuestión catalana. Pero eso sí, el descrédito de Sánchez taparía los nuevos casos de corrupción del régimen en curso.

¿Cuál es el interés de la mayoría social?

De entrada seamos claros, esos millones no determinan toda la acción de gobierno. Pero establezcamos criterios: ante los agoreros que ayer intentaban atemorizar con la supuesta fortaleza de Rajoy y hoy llaman a la moderación para no enemistar a empresarios e instituciones, la pregunta es ¿para quién se gobierna?

Si realmente el Gobierno busca el apoyo de los trabajadores y los pueblos, o sea de la mayoría, el camino es claro: dar respuesta a las reivindicaciones, desde la derogación de las reformas laborales y de pensiones a la liberación de los presos políticos catalanes, y la derogación de la Ley Mordaza y el articulo 315.3 del Código Penal.

No están solo en juego las mayorías parlamentarias. El PP está lejos de haber superado su crisis, el resultado de su Congreso ha demostrado que está partido por la mitad y no ha resuelto ninguno de sus problemas, empezando por el propio Casado y su máster.

El voto en el Congreso de los Diputados

El 27 de julio en el plenario del Congreso de los Diputados la propuesta de techo de gasto para elaborar los presupuestos del 2019, que planteó el Gobierno, fue derrotada por el voto en contra del PP y Ciudadanos, y la abstención de Unidos Podemos y los grupos nacionalistas, excepto el PNV.

La abstención de estos grupos fue justificada diciendo que el aumento de gasto social de 6.000 millones de euros era insuficiente. Sin embargo hay que constatar, que en el marco de los pactos de estabilidad impuestos por el capital financiero por medio de la Unión Europea, los márgenes son mínimos.

Un gobierno que quiera dar respuesta, aunque sea de forma limitada, a las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos llevará a desafiar los dictados del capital financiero, sus instituciones internacionales, la UE y FMI, y nacionales como la Monarquía y las leyes que rigen el ordenamiento presupuestario del país, que por el momento permiten entre otras cosas que el Senado vete las decisiones de la cámara baja. 

El combate del movimiento obrero

El momento es por tanto propicio para detener y revertir los recortes, pasar a la acción es la responsabilidad de las organizaciones. Los trabajadores están dispuestos, como los taxistas.

Mientras el capital financiero está desatado, sería un error gravísimo romper la aspiración de los trabajadores a la movilización unida para dar un vuelco político. Es indispensable la unidad y la movilización en estos momentos. Sería grave contener a los trabajadores por un “respeto a la crisis de las instituciones” que han causado esa crisis y son el verdadero obstáculo para sacar el país del atolladero. Ello permitiría que salieran adelante Botín y los grupos capitalistas.

El movimiento obrero debe establecer la relación estrecha entre la defensa de los derechos y el combate contra el régimen monárquico. Para salir de la incertidumbre del momento, no hay que renunciar a ningún derecho. Y la lucha por la República desata las manos de las organizaciones: no, no somos responsables de sostener a las instituciones de la corrupción. Estamos por la democracia.