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«Una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital»: cómo combatir la desigualdad, inherente al capitalismo

Carta Semanal 972 en catalán

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2023 es el año de la desigualdad. Para los países que esperan recuperarse de las devastadoras pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, la batalla se ha vuelto más difícil debido a las amenazas combinadas del cambio climático; la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, por nombrar solo algunas, que dificultan la plena recuperación de todas las economías.

Es una afirmación del Banco Mundial, la institución gemela del Fondo Monetario Internacional, fieles representantes ambas de los intereses del capital financiero dominante, es decir, el estadounidense. Seguramente desearían promover la ilusión de que el capitalismo ofrece un halagüeño panorama, lleno de virtudes; pero la realidad, terca, lo impide. Abordamos en esta carta, primera de 2024, un problema que encuadra todo: la desigualdad como grave patología social, por la precariedad vital a la que condena a una parte cada vez mayor de la población. Para combatir la enfermedad aplicamos el criterio médico que considera sucesivamente tres cuestiones: la identificación del síntoma, la formulación del diagnóstico y la propuesta de tratamiento. Sigue leyendo

Las contradicciones del nuevo gobierno

Carta Semanal 967 en catalán

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Casi cuatro meses después de las elecciones del 23 de julio, se ha llegado a la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, basado en acuerdos con otras formaciones. Ahora toca ver qué política va a desarrollar, pero a nadie se le oculta que ese gobierno se va a enfrentar a poderosos obstáculos, algunos de ellos debidos a su dependencia de la Unión Europea y del imperialismo americano a través de la OTAN, otros a la oposición y el boicot por parte del aparato de Estado heredado del franquismo y sus representaciones políticas (PP, Vox y la morralla que se ha movilizado con ellos), un aparato que el Gobierno no duda en preservar. Otros obstáculos surgen, directamente, de las decisiones del propio gobierno. Sin poder ser exhaustivos, vamos a analizar algunos aspectos que pueden ilustrar la situación general.

La cuestión de las pensiones

El Gobierno se ha comprometido a mantener la subida de las pensiones según el IPC medio del año anterior, una conquista arrancada por los y las pensionistas con su movilización. Pero al mismo tiempo ha de cumplir sus compromisos con Bruselas y aplicar la reforma Escrivá.

La Comisión Europea tiene la potestad de hacer la auditoría sobre el desarrollo de la reforma de pensiones. Y según publica El Economista, la primera revisión prevista “avanza medidas necesarias por valor del 0,8% del PIB, según la AIReF, el equivalente a un desajuste de 10.700 millones que deberá pactar la nueva ministra”. La misma publicación señala que el Banco de España (institución subsidiaria del Banco Central Europeo) “viene alertando de la necesidad de incluir nuevas medidas por la vía del gasto, de los ingresos o una combinación de ambas para cubrir las necesidades del sistema de las pensiones”. Es decir, aumentar las cotizaciones o las aportaciones del Estado (en un marco de reducción pactada con la UE del déficit y la deuda, y de subida del gasto militar) o recortar las pensiones. Todo eso en un contexto en que el gobierno saliente se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato legal de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que dispararía toda duda sobre la sostenibilidad del sistema, y el nuevo gobierno no ha incluido, tampoco, esa auditoría entre sus objetivos. .

Al mismo tiempo, señala la misma publicación, ha de aplicar lo dispuesto en la reforma Escrivá sobre “el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas”. Y “los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado”.

Además, el Gobierno ha decidido transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, un paso hacia la ruptura de la Caja única. Y, a partir de ahí, se podría abrir una  lógica  de que las 17 comunidades lo pidan.

Todas esas cuestiones van a enfrentar a la nueva ministra con el movimiento de pensionistas, movimiento independiente que se basa en el principio de que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

El boicot del poder judicial y del aparato de Estado en general

Los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial, de los fiscales, de las juntas de jueces de numerosas provincias, contra la amnistía y contra la inclusión del lawfare en el acuerdo del PSOE con Junts auguran una fuerte actuación del aparato judicial para interferir, paralizar o boicotear la aplicación de las medidas que apruebe el nuevo gobierno. Empezando por la amnistía que, según el texto del proyecto de ley presentado debería aplicar cada juez o tribunal en cada caso concreto pero extendiéndolo a cualquier otra medida de progreso o de desarrollo de derechos.  Aparato judicial que forma parte de un aparato de Estado que actúa en colusión con las distintas representaciones políticas del franquismo.

Se prevé una tortuosa tramitación de la ley de amnistía en el Senado y una más que probable remisión del texto al Tribunal Constitucional, que puede paralizar cautelarmente su aplicación, y, más tarde, anularla total o parcialmente. Ya ha empezado el juego de los franquistas para deformar el TC y evitar que apruebe la amnistía. El apartarse un miembro del TC de un paso preliminar mientras todos los nombrados por el PP, enemigos declarados de la amnistía, siguen en sus puestos, va en la línea del sabotaje que transformó el TC para que se cargase el Estatuto catalán.

Entretanto, el poder judicial sigue actuando para poner obstáculos o incluso dinamitar las alianzas que han permitido la formación del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha pedido a las autoridades de Suiza que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. Todo ello basado en la acusación de terrorismo hecha recientemente contra la dirigente republicana, acusación que el mismo juez parece haberse inventado.

Gobernar conviviendo con el aparato judicial (y con el ejército, la Guardia Civil, la policía y los altos cuerpos de funcionarios, cuerpos franquistas heredados de la dictadura sin depuración alguna según lo pactado por los dirigentes del PSOE, el PCE y nacionalistas en la llamada “transición”, y que ya se han manifestado en contra de la formación del gobierno) es un camino muy difícil. Por eso siempre hemos señalado que un verdadero progreso social y democrático exige la ruptura con esas instituciones y con la Monarquía, exige la República.

La sumisión a las normas de la Unión Europea

Ya en el mes de abril, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordó con la Comisión Europea –en el Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Programa Nacional de Reformas 2023– adelantar a 2024 la reducción del déficit público al 3%, un año antes de lo previsto. Lo que significa reducirlo casi 2 puntos en 2 años, ya que el déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB. También se comprometió a continuar la reducción de la deuda, tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.

Compatibilizar las promesas de incremento del gasto en sanidad (que necesita una inyección urgente de fondos para recuperarla de los gravísimos efectos de los enormes recortes sufridos entre 2020 y 2017 y las consecuencias de la pandemia), en enseñanza y en los servicios e infraestructuras públicas con estos compromisos de recorte de déficit y deuda va a ser una verdadera cuadratura del círculo. Más aún teniendo en cuenta los compromisos de incrementar el gasto militar.

La movilización de la población en defensa de su sanidad y su educación pública tendrá que exigir al Gobierno que financie la sanidad, la enseñanza o el transporte, y oponerse a cualquier decisión gubernamental que las sacrifique.

Y la subordinación a los Estados Unidos

La subordinación del gobierno español –y de todos los gobiernos europeos– al principal imperialismo, el de los EE.UU. condiciona toda la acción exterior del gobierno. Un gobierno que se ha sometido en lo referente al apoyo a la guerra en Ucrania y en el apoyo al supuesto “derecho a la defensa” de Israel, que justifica el genocidio contra el pueblo palestino. Los llamamientos con la boca chica– a un “alto el fuego” o a “pausas humanitarias” no son más que hipocresía. Como ilustra el caso del alto representante de la Unión Europea para política exterior, Josep Borrell, demostrada recientemente en una entrevista con Al Jazeera: 

“¿Consideran que lo que lleva a cabo Israel son crímenes de guerra?”, le pregunta el entrevistador, sobre la postura de la UE. “Yo no soy abogado, pero hay una Corte Penal Internacional que se hará cargo de una investigación”. Inmediatamente después de esa afirmación, el presentador le pregunta: “¿La postura de la UE es que lo que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre son crímenes de guerra?”. Y Borrell responde tajantemente: “sí, lo consideramos un crimen de guerra, porque los civiles fueron asesinados claramente sin ningún otro motivo, aparte de que se encontraban allí”.

El entrevistador responde: “¿Cómo puede ser tan claro a la hora de acusar a Hamás de crímenes de guerra, pero cuando le he preguntado por Israel me ha respondido que no es abogado?”.

Pedro Sánchez ha visitado Israel, donde ha declarado a Netanhayu su total apoyo ante el terrorismo de Hamas, precisamente en un momento en que el clamor mundial por el alto el fuego obligaba a Israel a firmar una tregua. Mientras el Gobierno manifiesta su apoyo al Estado sionista, sigue comerciando con Israel, le suministra armas y consiente las constantes intromisiones de la embajadora del Estado sionista en la política española, decenas de miles se manifiestan en las calles en solidaridad con Palestina, piden al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel, exigen el boicot al comercio con Israel. 

Por la independencia del movimiento obrero

La situación que hemos expuesto de manera general aboca a una conclusión: el movimiento obrero y popular, si quiere defender sus conquistas sociales y democráticas, y conseguir la satisfacción de sus reivindicaciones, las organizaciones obreras, y, en particular, los sindicatos, si quieren ser fieles a los objetivos para los que fueron fundados y para los que los trabajadores y trabajadoras se unen a ellos, no pueden subordinarse a las decisiones y necesidades del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Representan a la mayoría y han de actuar y organizarse de manera independiente, guiándose exclusivamente por las necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado. Ha de guiarse por el principio de que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden y al Gobierno se le exige que las cumpla.

Les contradiccions del nou govern

Carta Setmanal 967 per descarregar en PDF

Gairebé quatre mesos després de les eleccions del 23 de juliol, s’ha arribat a la formació del govern de coalició entre el PSOE i Sumar, basat en acords amb altres formacions. Ara toca veure quina política ha de desenvolupar, però a ningú se li amaga que aquest govern s’enfronta a poderosos obstacles, alguns d’ells deguts a la seva dependència de la Unió Europea i de l’imperialisme americà a través de l’OTAN, d’altres a l’oposició i el boicot per part de l’aparell d’Estat heretat del franquisme i les seves representacions polítiques (PP,  Vox i la morralla que s’ha mobilitzat amb ells), un aparell que el Govern no dubta a preservar. Altres obstacles sorgeixen, directament, de les decisions del mateix govern. Sense poder ser exhaustius, vam analitzar alguns aspectes que poden il·lustrar la situació general.

La qüestió de les pensions

El Govern s’ha compromès a mantenir la pujada de les pensions segons l’IPC mitjà de l’any anterior, una conquesta arrencada pels i les pensionistes amb la seva mobilització. Però alhora ha de complir els seus compromisos amb Brussel·les i aplicar la reforma Escrivá.

La Comissió Europea té la potestat de fer l’ auditoria sobre el desenvolupament de la reforma de pensions. I segons publica El Economista, la primera revisió prevista “avança mesures necessàries per valor del 0,8% del PIB, segons l’AIReF, l’equivalent a un desajust de 10.700 milions que haurà de pactar la nova ministra”. La mateixa publicació assenyala que el Banc d’Espanya (institució subsidiària del Banc Central Europeu) “ve alertant de la necessitat d’incloure noves mesures per la via de la despesa, dels ingressos o una combinació de totes dues per cobrir les necessitats del sistema de les pensions”. És a dir, augmentar les cotitzacions o les aportacions de l’Estat (en un marc de reducció pactada amb la UE del dèficit i el deute, i de pujada de la despesa militar) o retallar les pensions. Tot això en un context en què el govern sortint s’ha negat reiteradament a complir el mandat legal d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social que dispararia tot dubte sobre la sostenibilitat del sistema, i el nou govern no ha inclòs, tampoc, aquesta auditoria entre els seus objectius. .

Alhora, assenyala la mateixa publicació, ha d’aplicar el que disposa la reforma Escrivá sobre “el desenvolupament del fons públic de pensions que gestionaran cinc empreses privades”. I “els plans del Ministeri passen per ressuscitar l’estalvi del pla de pensions d’ocupació de l’Administració General de l’Estat”.

A més, el Govern ha decidit transferir la gestió de la Seguretat Social a Euskadi, un pas cap a la ruptura de la Caixa única. I, a partir d’aquí, es podria obrir una lògica que les 17 comunitats ho demanin.

Totes aquestes qüestions han d’enfrontar la nova ministra amb el moviment de pensionistes, moviment independent que es basa en el principi que “governi qui governi, les pensions es defensen”.   

El boicot del poder judicial i de l’aparell d’Estat en general

Els pronunciaments del Consell del Poder Judicial, dels fiscals, de les juntes de jutges de nombroses províncies, contra l’amnistia i contra la inclusió del lawfare en l’acord del PSOE amb Junts auguren una forta actuació de l’aparell judicial per interferir, paralitzar o boicotejar l’aplicació de les mesures que aprovi el nou govern. Començant per l’amnistia que, segons el text del projecte de llei presentat hauria d’aplicar cada jutge o tribunal en cada cas concret però estenent-lo a qualsevol altra mesura de progrés o de desenvolupament de drets.  Aparell judicial que forma part d’un aparell d’Estat que actua en col·lusió amb les diferents representacions polítiques del franquisme.

Es preveu una tortuosa tramitació de la llei d’amnistia al Senat i una més que probable remissió del text al Tribunal Constitucional, que pot paralitzar cautelarment la seva aplicació, i, més tard, anul·lar-la totalment o parcialment. Ja ha començat el joc dels franquistes per deformar el TC i evitar que aprovi l’amnistia. L’apartar-se un membre del TC d’un pas preliminar mentre tots els nomenats pel PP, enemics declarats de l’amnistia, segueixen en els seus llocs, va en la línia del sabotatge que va transformar el TC perquè es carregués l’Estatut català.

Mentrestant, el poder judicial continua actuant per posar obstacles o fins i tot dinamitar les aliances que han permès la formació del Govern. El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, instructor del cas Tsunami, ha demanat a les autoritats de Suïssa que la policia helvètica localitzi la secretària general d’ERC, Marta Rovira, fugida a aquest país des del març del 2018, com a pas previ per sol·licitar la seva detenció i entrega a Espanya. Tot això basat en l’acusació de terrorisme feta recentment contra la dirigent republicana, acusació que el mateix jutge sembla haver-se inventat.

Governar convivint amb l’aparell judicial (i amb l’exèrcit, la Guàrdia Civil, la policia i els alts cossos de funcionaris, cossos franquistes heretats de la dictadura sense cap depuració segons el pactat pels dirigents del PSOE, el PCE i nacionalistes en l’anomenada “transició”, i que ja s’han manifestat en contra de la formació del govern) és un camí molt difícil. Per això sempre hem assenyalat que un veritable progrés social i democràtic exigeix la ruptura amb aquestes institucions i amb la Monarquia, exigeix la República.

La submissió a les normes de la Unió Europea

Ja el mes d’abril, el govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz va acordar amb la Comissió Europea –en el Programa d’Estabilitat 2023-2026 i el Programa Nacional de Reformes 2023– avançar al 2024 la reducció del dèficit públic al 3%, un any abans del previst. El que significa reduir-lo gairebé 2 punts en 2 anys, ja que el dèficit públic va tancar el 2022 en el 4,8% del PIB. També es va comprometre a continuar la reducció del deute, després de la disminució de cinc punts el passat any, fins a situar-se per sota del 110% el 2024, un any abans del previst.

Compatibilitzar les promeses d’increment de la despesa en sanitat (que necessita una injecció urgent de fons per recuperar-la dels gravíssims efectes de les enormes retallades sofertes entre el 2020 i el 2017 i les conseqüències de la pandèmia), en ensenyament i en els serveis i infraestructures públiques amb aquests compromisos de retallada de dèficit i deute és una veritable quadratura del cercle. Més encara tenint en compte els compromisos d’incrementar la despesa militar.

La mobilització de la població en defensa de la seva sanitat i la seva educació pública haurà d’ exigir al Govern que financi la sanitat, l’ ensenyament o el transport, i oposar-se a qualsevol decisió governamental que les sacrifiqui.

I la subordinació als Estats Units

La subordinació del govern espanyol –i de tots els governs europeus– al principal imperialisme, el dels EUA condiciona tota l’acció exterior del govern. Un govern que s’ha sotmès pel que fa al suport a la guerra a Ucraïna i en el suport al suposat “dret a la defensa” d’Israel, que justifica el genocidi contra el poble palestí. Les crides amb la boca noia– a un “alto el foc” o a “pauses humanitàries” no són més que hipocresia. Com il·lustra el cas de l’alt representant de la Unió Europea per a política exterior, Josep Borrell, demostrada recentment en una entrevista amb Al Jazeera: 

“Consideren que el que duu a terme Israel són crims de guerra?”, li pregunta l’entrevistador, sobre la postura de la UE. “Jo no sóc advocat, però hi ha una Cort Penal Internacional que es farà càrrec d’una investigació”. Immediatament després d’aquesta afirmació, el presentador li pregunta: “La postura de la UE és que el que va dur a terme Hamàs el 7 d’octubre són crims de guerra?”. I Borrell respon taxativament: “sí, ho considerem un crim de guerra, perquè els civils van ser assassinats clarament sense cap altre motiu, a banda que es trobaven allà”.

L’entrevistador respon: “Com pot ser tan clar a l’hora d’acusar Hamàs de crims de guerra, però quan li he preguntat per Israel m’ha respost que no és advocat?”.

Pedro Sánchez ha visitat Israel, on ha declarat a Netanhayu el seu total suport davant el terrorisme de Hamas, precisament en un moment en què el clamor mundial per l’alto el foc obligava Israel a signar una treva. Mentre el Govern manifesta el seu suport a l’Estat sionista, continua comerciant amb Israel, li subministra armes i consent les constants intromissions de l’ambaixadora de l’Estat sionista en la política espanyola, desenes de milers es manifesten als carrers en solidaritat amb Palestina, demanen al Govern la ruptura de relacions amb Israel, exigeixen el boicot al comerç amb Israel. 

Per la independència del moviment obrer

La situació que hem exposat de manera general aboca a una conclusió: el moviment obrer i popular, si vol defensar les seves conquestes socials i democràtiques, i aconseguir la satisfacció de les seves reivindicacions, les organitzacions obreres, i, en particular, els sindicats, si volen ser fidels als objectius per als quals van ser fundats i per als quals els treballadors i treballadores s’ hi uneixen,  no poden subordinar-se a les decisions i necessitats del govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Representen la majoria i han d’actuar i organitzar-se de manera independent, guiant-se exclusivament per les necessitats i reivindicacions de la classe treballadora i dels pobles de l’ Estat. S’ha de guiar pel principi que, governi qui governi, les reivindicacions es defensen i al Govern se li exigeix que les compleixi.

Davant les eleccions anticipades, és imprescindible obrir un debat

Carta Setmanal 941 per descarregar en PDF

Encara sense haver pogut digerir els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques, que han suposat una dura derrota per al govern, els partits que el formen i els que el recolzen (amb l’excepció de Bildu, que guanya la seva particular batalla amb el PNV), ens trobem amb l’anunci per part de Pedro Sánchez de la immediata convocatòria d’eleccions generals. 

Una decisió que omple de perplexitat molts treballadors i treballadores, molts militants que es plantegen què fer ara.

Sens dubte, la decisió de Pedro Sánchez d’avançar les eleccions legislatives al 23 de juliol, és un resultat de la debacle política que ha patit el govern de coalició, de totes les seves components -en particular Diaz i el seu projecte Sumar, i Podem-inclòs el mateix Partit Socialista (que tanmateix continua mantenint el seu aparell i la seva estructura). Però, alhora, és la renúncia a tot canvi de política que pogués permetre un gir en l’equilibri electoral.

Sánchez, és obligatori assenyalar-ho, ha pres la seva decisió fins i tot sense consultar el Comitè Federal del PSOE (que estava esperant la reunió), evitant així retre comptes al PSOE.

Es tracta d’ una decisió que té un contingut en diferents aspectes:

-D’una banda, acalla qualsevol critica interna a la política desenvolupada en els últims anys, obliga el PSOE a disciplinar-se, a tancar files davant les eleccions anticipades

-Dificulta la possibilitat de construir l’alternativa de Sumar, i enfonsa encara més Podem, expulsada electoralment de molts ajuntaments i Comunitats

-Posa a la defensiva els aliats “nacionalistes” que tampoc han sortit ben lliurats d’aquestes eleccions del 28 de maig (no oblidem que a Catalunya el PSC ha tingut el 26 per cent dels vots, Junts 18 i ERC 17).

Repassem algunes dades

El PP ha tret 23.412 regidors, 3.000 més que el 2021. Ha obtingut 7.046.634 vots, guanyant 2.900.000. Sembla haver absorbit els gairebé dos milions de vots que ha perdut Cs, i guanyat vots de l’abstenció. Però, per exemple, ha perdut un 3% de vots a les autonòmiques de Madrid.

El PSOE té ara 20.784 regidors, 1.600 menys que el 2021. Ha tingut 6.228.907 vots, en perd 400.000.

Vox té ara 1.695 regidors, 1.100 més que el 2021.  I ha tret 1.608.187 vots, gairebé 800.000 més que el 2021. Però aquest augment sembla deure’s, en bona mesura, al què s’ha presentat en molts municipis més. Per exemple, a Madrid capital ha baixat.

Ciutadans té ara 566 regidors, 1.100 menys que el 2021. I ha tingut 318.118 vots, 1.800.000 menys que el 2021. Es tracta, a totes llums, d’ una organització en procés de liquidació.

ERC ha tret 2.903 regidors, 200 menys que el 2019. Ha tingut 524.244 vots, perdent gairebé 300.000 vots.

És difícil calcular els vots totals de Podem i Unides Podem, atesa la diversitat de candidatures, però l’ensorrament electoral és manifest (incrementat, a més, pel límit antidemocràtic del 5% mínim per tenir representació. Que ha deixat sense representació 160.000 ciutadans de Madrid que han votat IU-Podem. Com ho és el fracàs electoral d’Endavant Andalusia, l’organització aixecada per Teresa Rodríguez, que ha tret tan sols 2 regidors, un a Puerto Real (Cadis) i un altre a Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Més el que hagin tret a Cadis, on anaven en coalició amb IU i Podem (aquí sembla que n’han tret 2, però han perdut l’alcaldia -que serà per al PP- i gairebé la meitat dels regidors que tenien).

Alhora, hi ha hagut 643.000 vots en blanc i nuls, gairebé 200.000 més que en les lliçons municipals del 2019.

Una anàlisi de les dades dels districtes de Sevilla (extrapolable a altres ciutats) mostra que l’abstenció es dobla als barris obrers, on encara guanya el PSOE, però on creixen de manera és molt important els vots al PP i a Vox.

El Fons polític

És evident que la convocatòria anticipada li serveix a Sánchez per no retre comptes de la derrota electoral. És a dir, de la política del seu govern, primer en solitari, des del juny del 2018 i després, des del gener del 2020, en coalició amb Podem /IU. Tot i que, d’alguna manera, els resultats de les eleccions municipals mostren el balanç que bona part de la classe treballadora i el jovent han fet d’aquest govern. 

Un govern que, sens dubte, ha adoptat algunes mesures positives, com les pujades de l’SMI, però que, en línies generals, ha donat l’esquena a les demandes i esperances de la majoria social que el va portar al govern. I que ara li ha pagat donant-li l’esquena a les urnes.

Recordem ràpidament les promeses electorals no complertes: derogació de la reforma de pensions i de les reformes laborals, derogació de la llei Mordassa, de la LOU, buscar una solució democràtica a les exigències dels pobles com el català, reconstrucció de la sanitat pública i del conjunt dels serveis públics

Per contra, el govern de coalició ha multiplicat les despeses militars, i ha pres una posició bel·licista en la guerra d’Ucraïna darrere de Biden, fins i tot ampliant les bases militars dels USA.

A això cal afegir la passivitat davant la pujada desorbitada de les hipoteques i els preus de béns de primera necessitat, que arruïna la població treballadora.

Més enllà d’algunes mesures socials, la línia general de la seva política ha estat una adaptació al capital financer, a la monarquia i a l’OTAN.

Aquesta política ha envalentit la reacció i desmoralitzat una bona part dels treballadors empenyent l’abstenció. La participació ha estat del 63.9 per cent la més baixa de totes les eleccions municipals. I en algunes ciutats obreres com l’Hospitalet (la segona ciutat de Catalunya) la participació no ha superat el 47 per cent. En barris obrers com Cerro-Amate, a Sevilla, l’abstenció ha estat del 51,26%.

Una proposta a les organitzacions del moviment obrer i popular

Partim del respecte a totes les opcions dels treballadors, incloent-hi l’abstenció, tot i que no som abstencionistes, doncs, en la nostra opinió, la batalla electoral forma part de la batalla política. El problema és que molts treballadors i joves i joves no troben a qui votar.

Molts, a més, tenen en compte el balanç de 40 anys d’intentar governar dins de les institucions de la monarquia, un marc antidemocràtic que obstaculitza qualsevol avenç cap a la satisfacció de les reivindicacions, i es pregunten, amb raó, què pot canviar el seu vot.

Som conscients que són molts els treballadors, joves, militants, que consideren que cap de les forces polítiques que diuen representar els treballadors i el jovent expressa fidelment les seves reivindicacions. Són molts els que continuen pensant aquell ¡NO ENS REPRESENTEN! que milers van plorar als carrers. Per la nostra banda, tenim la convicció que el moviment obrer, la joventut, els pobles necessiten organitzacions que siguin instruments útils per aconseguir les reivindicacions essencials en pro de l’emancipació social i nacional i que permetin recuperar la il·lusió.

Ens sembla inacceptable el xantatge dels qui diuen “hem de votar-nos perquè som l’únic dic de contenció davant la dreta i l’extrema dreta”, independentment de la política que fan. Tampoc podem acceptar que la victòria dels franquistes sigui inevitable “perquè hi ha una onada reaccionària”, com ha dit algun ministre del govern. Ambdues línies són maneres d’eludir les responsabilitats polítiques dels que han governat durant aquests 5 anys i no han complert les seves promeses ni donat resposta a exigències elementals.

Per tant, considerem necessari indicar i recordar les exigències elementals de la majoria social:

Derogació de les contrareformes laborals i de pensions

Restabliment ple de les llibertats, derogació de la llei mordassa.

Fraternitat entre els pobles. N’hi ha prou de persecució judicial contra els nacionalistes catalans

Augment general de salaris i pensions segons l’ IPC real

Bloqueig dels preus.

Renacionalització de les grans empreses estratègiques

N’hi ha prou de despeses militars. Despeses militars per a escoles i hospitals. Ni un euro per a la guerra. Fora l’OTAN.

Recordem una cosa que ens ha ensenyat la història: no es pot combatre la dreta amb la política de dretes

Només el compromís davant exigències clares i precises pot assegurar la victòria electoral i, en particular, ajudar a la mobilització unida dels treballadors i les seves organitzacions per defensar les seves conquestes socials i democràtiques, i fer front a la reacció, al capital financer, a la monarquia i a l’OTAN.

NOTA URGENT

Comitè Executiu del POSI

Ante las elecciones anticipadas, es imprescindible abrir un debate

Carta Semanal 941 en catalán

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Aún sin haber podido digerir los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, que han supuesto una dura derrota para el gobierno, los partidos que lo forman y los que lo apoyan (con la excepción de Bildu, que gana su particular batalla con el PNV), nos encontramos con el anuncio por parte de Pedro Sánchez de la inmediata convocatoria de elecciones generales. 

Una decisión que llena de perplejidad a muchos trabajadores y trabajadoras, a muchos militantes que se plantean qué hacer ahora. Sigue leyendo

El debate sobre el estado de la Nación

Carta Semanal 896 en catalán

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Durante los días 12, 13 y 14 de julio ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados lo que se llama el “Debate sobre el Estado de la Nación”. Recordemos que esta fórmula parlamentaria, introducida en 1983, bajo el primer gobierno de Felipe González, busca en realidad dar al Congreso de los Diputados una apariencia de vida parlamentaria que no tiene. Porque la realidad es otra, las Cortes otorgadas tienen unos poderes muy limitados, aunque tienen una gran utilidad política, es la instancia en la cual se escenifica el “consenso” entre los representantes del aparato de Estado heredado del franquismo, particularmente el PP y a otro nivel Vox y los representantes de los partidos que tienen su origen (bastante lejano) en las masas trabajadoras y los pueblos tradicionalmente oprimidos por el franquismo, en particular Cataluña y el País vasco. El carácter “otorgado” del Congreso de los Diputados se ha confirmado una vez más en las 41 resoluciones votadas el 14 de julio: No son vinculantes, o sea que el Gobierno puede o no ponerlas en la práctica. Pero cuando las Cortes legislan también lo hacen dentro de unos límites. El estado de la Nación no incluye los dictados de Bruselas, ni el estado de los presupuestos militares. Las Cortes aceptaron a Felipe VI como rey una vez que los tres ejércitos lo reconocieron como capitán general. Sigue leyendo

El debat sobre l’estat de la nació

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Durant els dies 12, 13 i 14 de juliol ha tingut lloc al Congrés dels Diputats el que s’anomena el “Debat sobre l’Estat de la Nació”. Recordem que aquesta fórmula parlamentària, introduïda el 1983, sota el primer govern de Felipe González, busca en realitat donar al Congrés dels Diputats una aparença de vida parlamentària que no en té. Perquè la realitat és una altra, les Corts atorgades tenen uns poders molt limitats, encara que tenen una gran utilitat política, és la instància en què s’escenifica el “consens” entre els representants de l’aparell d’Estat heretat del franquisme, particularment el PP i a un altre nivell Vox i els representants dels partits que tenen el seu origen (bastant llunyà) a les masses treballadores i els pobles tradicionalment oprimits pel franquisme, en particular Catalunya i el País basc. El caràcter “atorgat” del Congrés dels Diputats s’ha confirmat una vegada més a les 41 resolucions votades el 14 de juliol: No són vinculants, o sigui que el Govern pot o no posar-les en pràctica. Però quan les Corts legislen també ho fan dins uns límits. L’estat de la Nació no inclou els dictats de Brussel·les ni l’estat dels pressupostos militars. Les Corts van acceptar a Felip VI com a rei una vegada que els tres exèrcits ho van reconèixer com a capità general

El Govern Sánchez/Díaz tenia una necessitat política d’organitzar aquest debat (que no obeeix a cap obligació constitucional) després de les darreres setmanes que s’han sumat actuacions brutals per part del govern. D’entrada l’acord amb el Marroc contra el sentir expressat pel Congrés, i la conseqüència de la matança de Melilla (el 24 de juny), saludada per Sánchez. Paral·lelament l’organització de la cimera de l’OTAN el 29 i 30 de juny i la decisió –sense passar per cap debat ni decisió parlamentària– d’augmentar immediatament en mil milions la despesa en armament i ampliar la base de Rota, com van anunciar allà Sánchez i Biden.

Aquestes actuacions han significat un veritable cop a les relacions entre la majoria social i el Govern, en aparèixer aquest cada cop més, en els fets i en les paraules, alienat amb la política de guerra de l’administració nord-americana i els interessos del capital financer. Qüestió que integra l’enaltiment de la Monarquia i el rei com a capità general en cap de les Forces Armades. Una altra qüestió que escapa completament al control parlamentari, és a dir, als suposats representants de la sobirania nacional.

Les mesures proposades pel Govern

Segons la presentació de Pedro Sánchez, podem definir-les en 6 grans eixos.

– suport a Ucraïna i a la seva candidatura a la Unió Europea. Que inclou l’enviament d’armes (sobre les quals no hi ha cap control d’on van ni qui les utilitza) obviant el fet que l’Estat ucraïnès està considerat com un dels més corruptes d’Europa que abans de la guerra amb el seu política de privatització i obertura al capital internacional havia prohibit 11 organitzacions, negava les llibertats sindicals i polítiques, tenia una pobresa massiva i havia provocat la fugida de 800.000 emigrants. Ara, amb la invasió de l’exèrcit de Putin que ha agreujat aquest procés destructiu, la fugida de refugiats i l’obertura brutal al capital internacional han empès a l’exili més de 6 milions de ciutadans, un quaranta per cent de la classe obrera. I ja són 17 les organitzacions polítiques prohibides,

– Mesures anomenades “socials”, com a rebaixes del 5 per cent de l’IVA de l’electricitat, els cèntims de la benzina i dièsel, els bons de transports, i ajudes.

– Nou impost a la banca, caracteritzat per la Unió Europea com a “inconcret i difús” i a les empreses energètiques.

La suma total seria aconseguir 7.000 milions fins a finals del 2024. Si comparem aquestes quantitats a aconseguir amb els beneficis reals i nous d’aquestes empreses aquesta quantitat es queda a la “xocolata del lloro”. Segons les agències especialitzades, això significaria entre el 4 i el 14% dels beneficis de les empreses. Afegim que pràcticament tots els governs europeus, de dreta, de coalició, d’esquerra apliquen les mateixes mesures que no posen en cap moment en qüestió l’acció i els beneficis de les multinacionals, que són les principals responsables de la inflació. Un estudi recent mostra que el 83% de la inflació real és producte dels beneficis empresarials.

– Cerca d’un Pacte de Rendes, que inclogui els dividends. Pacte que es presenta ja com a contradictori amb les reivindicacions elementals, presentades pels sindicats, d’augment de salaris i pensions d’acord amb la inflació (estem en una inflació de 10,2 al juny, amb una previsió de 8,2 per al conjunt del 2022 i la mitjana d’augment de salaris segons conveni no supera el 2,4%, i les dues terceres parts no tenen clàusula de revisió salarial). Clàusula anul·lada per les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, que segueixen sense ser derogades. Aquesta política no és original del govern Sánchez-Díaz, la intenten aplicar tots els governs. Per exemple, el govern Macron a França: per primera vegada el conjunt dels sindicats francesos ha adoptat una declaració comuna plantejant que no volen ‘bons’, ni primes, si no veritables augments de salari.

– Diverses mesures genèriques de l’anomenada “transició energètica” que després es resumeixen en un pla d’estalvi d’energia a concretar al setembre, a banda de la consolidació de 67.000 sanitaris –que és obligada, per una sentència europea davant de les demandes per la precarietat massiva a les administracions públiques. O sigui, res de nou.

– De passada, es parla d’augment de la despesa en defensa en nom de la creació d’ocupació, i s’anuncien una sèrie de lleis anomenades positives i de nous drets. Memòria democràtica, Llei de l’amiant, LGTBI.

Les 41 resolucions votades

El primer a ressaltar són dues resolucions essencials, la d’augment de la despesa militar votada per PSOE/PP, i la preparació de la presidència de la UE per Espanya (el segon semestre del 2023).

A això s’hi afegeix que pràcticament totes les mesures de “seguretat i defensa” proposades pel PP són admeses pel Govern. Entre elles el reforçament de la base de Rota.

El vot general de 186 a favor, 57 en contra (VOX) i 108 abstencions tenen una clara lectura política.

Aquest govern és l’únic possible per al capital financer i la Monarquia. Forçar avui noves eleccions i una derrota del PSOE, portaria la dreta franquista a assumir el govern en condicions molt difícils, sense tenir les relacions que té l’actual govern amb les direccions sindicals i amb els partits catalans i bascos (no és casual que aquest 15 de juliol es reprengui el diàleg amb el Govern de Catalunya)

El títol de l’editorial de l’ABC d’aquest 15 de juliol és clarificador: “L’abstenció del PP ajuda Sánchez contra la crisi”.

Altres lleis

Menció a part mereix la llei de Memòria Democràtica. A més de la responsabilitat de l’Estat en les exhumacions, “ha estat objecte d’una veritable picabaralla” l’abast de l’anul·lació de sentències franquistes. La llei reitera set vegades la il·legalitat dels judicis franquistes fins al 1977, mandata per a l’anul·lació de les seves sentències i la justa reparació a les seves víctimes: les mesures que pren, n’hi haurà prou per doblegar en els fets l’aparell judicial franquista?En una propera Carta Setmanal tindrem ocasió de pronunciar-nos sobre això.

Una primera conclusió

Que s’afegeix a l’anterior sobre la necessitat que aquest Govern continuï. Però nosaltres ens situem al punt de vista dels interessos dels treballadors i els pobles.

Durant aquest període les reivindicacions han estat clares:

– Derogació de les reformes laborals

– Augment de salaris i pensions segons IPC real

– Auditoria a la S. Social, retirada/derogació de les lleis Escrivà.

– Derogació de la llei Mordassa i tota la legislació repressiva

– Sortir de l’OTAN, fossin les bases nord-americanes.

– Fi de la persecució judicial als nacionalistes catalans i altres.

– Restabliment dels serveis públics en particular Sanitat i educació. Acabar amb les retallades.

– Legalització dels immigrants sense papers, fi de la sobreexplotació. Fora les tanques i fos l’exèrcit de la frontera de Ceuta i Melilla.

És fácil constatar que les resolucions votades en general no responen a veritables reivindicacions, són les almoines que tots els governs de la UE apliquen, i que intenta amagar la política bel·licista que destrueix drets, conquestes… En aquests moments en què ha esclatat l’escàndol d’UBER, plantejar les reivindicacions veritables és l’obligació de tota organització o militant que digui defensar els interessos de la majoria.

Valgui un exemple clar per expressar la nostra posició: donem suport a la convocatòria del moviment de pensionistes per realitzar una marxa estatal el proper 15 d’octubre a Madrid, en què cal vincular la lluita per la recuperació del poder adquisitiu de les pensions i la dels salaris davant de la galopant inflació. A més de continuar amb l’exigència d’auditoria dels comptes de la Seguretat Social incomplert pel govern Sánchez malgrat haver estat aprovada per llei, així com rebutjar els Fons de Pensions Privats d’Ocupació que s’inscriuen a la perspectiva d’un procés de privatització de la Seguretat Social.

En 2021, conquerir les reivindicacions

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Per la classe treballadora, 2020 ha estat un any molt difícil. Encara queden centenars de milers de treballadors en ERTO (segons el govern 746.900a 30 de novembre), molts més a l’atur (d’acord a l’última EPA, 3.770.000 en el tercer trimestre d’aquest any) i en gran part sense perspectives de trobar feina. Encara al novembre 661.000 persones, el 79% de l’total, esperen el promès -i repartit amb cicatería- ingrés mínim vital. I ara s’acumulen els ERO, els tancaments d’indústries, els acomiadaments a la banca …

La pandèmia ha mort gairebé 80.000 persones si atenem a l’augment de morts respecte als anys previs, i ha col·locat a la vora del col·lapse a una sanitat ja molt afeblida per les retallades, però serveix també d’excusa per a moltes coses, per aplicar retallades que ja estaven plantejades, com els tancaments de consultes i serveis a la Sanitat, o el tancament d’indústries. I serveix també perquè ens demanin ajornar les reivindicacions pendents des de fa anys, i per ajornar també el compliment de les promeses. O, directament, per actuar en sentit contrari, com en el Pacte de Toledo, les conclusions del qual s’oposen a les reivindicacions. Sigue leyendo

En 2021, conquistar las reivindicaciones

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Para la clase trabajadora, 2020 ha sido un año muy difícil. Aún quedan cientos de miles de trabajadores en ERTE (según el gobierno 746.900 a 30 de noviembre), muchos más en paro (de acuerdo a la última EPA, 3,77 millones en el tercer trimestre de este año) y en gran parte sin perspectivas de encontrar trabajo. Todavía en noviembre 661.000 personas, el 79% del total, esperan el prometido –y repartido con cicatería- ingreso mínimo vital. Y ahora se acumulan los ERE, los cierres de industrias, los despidos  en la banca…

La pandemia ha matado a casi 80.000 personas si atendemos al aumento de muertes respecto a los años previos, y ha colocado al borde del colapso a una sanidad ya muy debilitada por los recortes, pero sirve también de excusa para muchas cosas, para aplicar recortes que ya estaban planteados, como los cierres de consultas y servicios en la Sanidad, o el cierre de industrias. Y sirve también para que nos pidan aplazar las reivindicaciones pendientes desde hace años, y para aplazar también el cumplimiento de las promesas. O, directamente, para actuar en sentido contrario, como en el Pacto de Toledo, cuyas conclusiones se oponen a las reivindicaciones. Sigue leyendo

La cuestión de las reformas laborales

(Publicado en la Carta Semanal 766ver en catalán)

Desde su promulgación, los sindicatos han rechazado y combatido las reformas laborales de 2010 y 2012. Contra ambas, convocaron huelgas generales. Y en ningún momento las han aceptado, aunque desde 2012 han abandonado la vía de combatirlas en la movilización y han pedido, en vano, diálogo social.

Recordemos que, desde que se promulgó en Estatuto de los Trabajadores en 1980 hasta ahora hemos sufrido 12 reformas laborales, todas ellas para recortar algo de un estatuto que ya nació con la clase obrera en contra.

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