Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 14 de octubre de 2019
Con la confirmación de lo que muchos se temían, ha acabado el juicio político contra los republicanos catalanes con la publicación de la sentencia. Los jueces del Tribunal Supremo han ejecutado el mandato del Rey, explicitado en el discurso del 3 de octubre de 2017. Entre 13 y 9 años de prisión para cada uno de los procesados que se encontraban en prisión, y condenas similares de inhabilitación, para un total de casi 100 años. Penas que llevan añadida la inhabilitación que les expulsa de los parlamentos para los que habían sido elegidos y les impide ser candidatos en futuras elecciones. Y ello a pesar de que el mismo Tribunal Supremo reconoce que no hubo violencia y que incluso los condenados no llevaron a efecto la ruptura institucional porque solo pretendían presionar para negociar. Una constatación que sin embargo no ha servido para disminuir las penas y que constituye un escándalo antidemocrático.