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Nacionalizar las eléctricas PARA SALVAR A LA POBLACIÓN

Carta Semanal 848 en catalán

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El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas avivando el debate sobre el funcionamiento de este oligopolio. Efectivamente el precio del Mg/hora el viernes 13 de agosto fue de 117.29 euros. Hace exactamente un año era de 36 euros. No hay razones objetivas que expliquen esta subida. No solo supone una agresión a la población más necesitada, sino que además supone un obstáculo para la industria de este país.

Al mismo tiempo que el kilovatio se pone a precio de oro, muchos barrios obreros han sufrido continuos apagones este invierno por la falta de mantenimiento de las redes. Es el caso de muchas barriadas de Sevilla, de la Cañada Real en Madrid… A las multinacionales eléctricas no les interesa invertir en zonas de bajo consumo y donde mucha gente, que no puede pagar las facturas, se ve obligada a conectarse ilegalmente.

Hay que señalar que España fue uno de los países que más prisa se dio en privatizar las empresas públicas energéticas como parte de lo que se denomina la liberalización de la economía. El Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo del 2000 de Lisboa (1) utilizando el lenguaje grandilocuente que precede a las grandes fechorías, prometía una serie de bondades que iban a hacer a la economía de la UE la primera economía del mundo, ¡casi nada!, y además alcanzaríamos la sociedad del conocimiento, la del pleno empleo, etc.

¿Quién se podría oponer? Ahora, obviamente, se nos decía que habría que hacer algunos cambios para lograr estos objetivos. Lo que pomposamente llamaban liberalización de la econo- mía, sobre todo del sector energético, era lo fundamental. También hablaban de retrasar jubilaciones, y de otras medidas como el apoyo al sector financiero.

En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado, fue privatizada por los gobiernos de Felipe González y de Aznar. Mientras otros países se hacían los remolones en cuanto a la privatización (de hecho, una empresa estatal italiana, Enel, es propietaria del 70% de Endesa), nuestros gobiernos aceleraban como si se hubiesen creído que iba a haber pleno empleo y la mayor economía del mundo. Como suele pasar en estos casos el complemento de las privatizaciones fue la colocación de diversos dirigentes del PSOE y PP en puestos bien remunerados de los consejos de administración de las empresas eléctricas. Entre ellos Felipe González y Aznar y hasta 24 altos cargos del PSOE y PP y algunos nacionalistas.

El Estado mantiene un porcentaje en la red eléctrica (REE, un 20%), que le permite nombrar al presidente. Anteriormente Jordi Sevilla, exministro, y ahora Beatriz Corredor.

Con la privatización hicieron un negocio ruinoso, para la ciudadanía, claro. No solo se convirtió en un desastre en cuanto al servicio, sino que se encareció cada vez más el recibo de la luz y los beneficios multimillonarios pasaron a las multinacionales. La UE decía que quería acabar con el monopolio de los Estados y ha pasado al oligopolio de seis empresas para toda la UE. Y como todo lo que hacen está marcado por el caos, se da el caso de que empresas públicas de otros países en las que el Estado es mayoritario o propietario único participan en el pastel de la privatización de otros estados.

Generación, transporte, distribución y comercialización.

El mercado español se compone de cuatro fases distintas. Todo esto es un caos agravado por la privatización.

Están las empresas generadoras de energía. Bien de energías fósiles y nuclear, o las renovables. Entre las primeras, las de gas, carbón y nuclear. En las segundas las hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas.

Entre las empresas que producen energía eléctrica en España hay 3 que copan el 80% del mercado. Endesa, Iberdrola y Naturgy. Otras dos, EDP y Repsol, el 10% y luego hay hasta 600 que producen energía en pequeñas proporciones. Empresas locales, cooperativas etc.

El transporte lo ejerce en solitario la empresa Red Eléctrica. Es la encargada de recibir la energía de los distintos productores, la mete en el “depósito” estatal y de ahí lo envía a los distintos distribuidores regionales. La distribución nuevamente está en manos muy mayoritaria- mente de 5 empresas. Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, EDP y Viesgo

Una vez estas empresas llevan, cada una en una zona, la electricidad a cada punto (vivienda o empresa) entran las comercializadoras. Otra vez un galimatías de empresas, con las grandes llevándose la parte mayor del negocio y el resto que se busca un hueco a base de engañar a la gente. Para ello contratan a gente que vaya con- venciendo a los usuarios de que se cambien de comercializadora y le prometen rebajas que suelen convertirse en aumentos de precios.

El precio ¿cómo se fija?

Lo hacen de tal manera que es difícil entenderlo. Fundamentalmente es un proceso dividido en tres partes. Los impuestos, que son casi un 30% entre IVA, impuesto eléctrico, y municipal, la subasta de lo que realmente es el precio de la electricidad y que es un proceso totalmente especulativo donde las grandes empresas pueden hacer sus amaños. Como ejemplo la investigación abierta por el gobierno a Iberdrola por el vaciado de pantanos efectuados con el fin de influir en los altos precios. Y luego una parte importante se fija por otras partidas, los costes regulados, que no tienen nada que ver con el coste de la generación de la energía. Y que son cosas tan variables como compensaciones a las renovables, compensaciones a las empresas que garantizan el consumo, partidas para que no tengan pérdidas, y un montón de mamoneos. Otra vergüenza, buena parte de ella en nombre del cambio climático.

El precio final lo fija la última electricidad que entra en la red. Casualmente suele ser la más cara. Si es así pagamos las verduras, la pasta y él solomillo todo a precio de solomillo. Es fácil para las empresas multinacionales que tiene distintas centrales de combustibles fósiles y renovables, meter a última hora la que les interesa. Negocio completo. Hay que tener en cuenta que buena parte de la energía que se genera en España se hace a partir de las centrales que utilizan gas. Y en España no hay gas, así que hay que importarlo y ahí entra en juego otro factor que es el de la especulación con las materias primas.

El sistema, impuesto por la UE, ha llegado a tal nivel que países como Alemania han pedido a la UE reforme los mercados eléctricos porque se ha llegado a la barbaridad de que se generen escenarios perversos como que la rentabilidad de algunas plantas dependa únicamente de los momentos de escasez. Cuanto peor para todos, mejor para algunos.

Mintieron una vez más

Cuando señalaban que si se privatiza el sector energético tendríamos una energía más barata y mejor servicio nos engañaban conscientemente. Lo único que han conseguido es con la excusa de acabar con el monopolio estatal, crear un oligopolio europeo donde 6 empresas se llevan la mayoría del pastel y si siguen así las cosas aumentarán su presencia cada año.

En el caso español tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado, según el diario digital Público de 25 de julio de 2021, 25.977 millones de euros en un lustro con los ajustes contables y se disparan a 29.888 sin ellos, cifras a las que deberían añadirse las magras provisiones para afrontar las inversiones en renovables.

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Nacionalitzar les elèctriques PER SALVAR LA POBLACIÓ

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El preu de la factura elèctrica ha assolit unes xi- fres escandaloses en les últimes dates avivant el debat sobre el funcionament d’aquest oligopoli. Efectivament el preu del Mg/hora el divendres 13 d’agost va ser de 117.29 euros. Fa exactament un any era de 36 euros. No hi ha raons objectives que expliquin aquesta pujada. No només suposa una agressió a la població més necessitada, sinó que a més suposa un obstacle per a la indústria d’aquest país.

Al mateix temps que el quilowatt es posa a preu d’or, molts barris obrers han patit continues apagades aquest hivern per la manca de manteniment de les xarxes. És el cas de moltes barriades de Sevilla, de la Canyada Reial a Madrid … A les multinacionals elèctriques no les interessa invertir en zones de baix consum i on molta gent, que no pot pagar les factures, es veu obligada a connectar il·legalment.

Cal assenyalar que Espanya va ser un dels països que més pressa es va donar en privatitzar les empreses públiques energètiques com a part del que s’anomena la liberalització de l’economia. El Consell Europeu de 23 i 24 de març de l’any 2000 de Lisboa (1) utilitzant el llenguatge grandiloqüent que precedeix a les grans malifetes, prometia una sèrie de bondats que anaven a fer de l’economia de la UE la primera economia de la terra, gairebé res !, i a més aconseguiríem la societat del coneixement, la de la plena ocupació, etc.

Qui es podria oposar? Ara, òbviament, se’ns deia que caldria fer alguns canvis per aconseguir aquests objectius. El que pomposament cridaven liberalització de l’economia, sobretot del sector energètic, era el fonamental. També parlaven de retardar jubilacions, i d’al- tres mesures com el suport al sector financer.

A Espanya, l’empresa estatal Endesa va arribar a tenir més d’un 40% de mercat, va ser privatitzada pels governs de Felipe González i d’Aznar. Mentre altres països es feien els ronsos pel que fa a la privatització (de fet, una empresa estatal italiana, Enel, és propietària del 70% d’Endesa), els nostres governs acceleraven com si s’haguessin cregut que hi hauria plena ocu- pació i la major economia del món. Com sol passar en aquests casos el complement de les privatitzacions va ser la col·locació de diversos dirigents del PSOE i PP a llocs ben remunerats dels consells d’administració de les empreses elèctriques. Entre ells Felipe González i Aznar i fins a 24 alts càrrecs del PSOE i PP i alguns nacionalistes

L’Estat manté un percentatge a la xarxa elèctrica (REE, un 20%), que li permet nomenar el president. Anteriorment Jordi Sevilla, exministre, i ara Beatriz Corredor

Amb la privatització van fer un negoci ruïnós, per a la ciutadania clar. No només es va convertir en un desastre pel que fa al servei, sinó que es va encarir cada vegada més el re- but de la llum i els beneficis multimilionaris van passar a les multinacionals. La UE deia que volia acabar amb el monopoli dels Estats i ha passat a l’oligopoli de sis empreses per a tota la UE. I com tot el que fan està marcat pel caos, es dóna el cas que empreses públiques d’altres països en què l’Estat és majoritari o propietari únic participen en el pastís de la privatització d’altres estats.

Generació, transport, distribució i comercialització

El mercat espanyol es compon de quatre fases diferents. Tot això és un caos agreujat per la privatització.

Hi ha les empreses generadores d’energia. Bé d’energies fòssils i nuclear, o les renovables. Entre les primeres, les de gas, carbó i nuclear. En les segones les hidroelèctriques, eòliques o fotovoltaiques.

Entre les empreses que produeixen energia elèctrica a Espanya hi ha 3 que copen el 80% del mercat. Endesa, Iberdrola i Naturgy. Dues, EDP i Repsol, el 10% i després hi ha fins a 600 que produeixen energia en petites proporcions. Empreses locals, cooperatives etc.

El transport l’exerceix en solitari l’empresa Red Elèctrica. És l’encarregada de rebre l’energia dels diferents productors, la fica en el “dipòsit” de l’Estat i d’aquí l’envia als diferents distribuïdors regionals. La distribució novament està en mans molt majoritàriament de 5 empreses: Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, EDP i Viesgo.

Un cop aquestes empreses porten, cadascuna en una zona, l’electricitat a cada punt (habitatge o empresa) entren les comercialitzadores. Una altra vegada un galimaties d’empreses, amb les grans portant-se la part més gran del negoci i la resta que es busca un forat a força d’enganyar a la gent. Per a això contracten a gent que vagi convencent als usuaris que es canviïn de comercialitzadora i li prometen rebaixes que solen convertirse en augments de preus.

El preu com es fixa?

Ho fan de tal manera que és difícil entendre-ho. Fonamentalment és un procés dividit en tres parts. Els impostos, que són gairebé un 30% entre IVA, impost elèctric, i municipal, la subhasta del que realment és el preu de l’electricitat i que és un procés totalment especulatiu on les grans empreses poden fer els seus tripijocs. Com a exemple la investigació oberta pel govern a Iberdrola pel buidatge de pantans efectuats per tal d’influir en els alts preus. I després una part important es fixa per altres partides, els costos regulats, que no tenen res a veure amb el cost de la generació de l’energia. I que són coses tan variables com compensacions a les renovables, compensacions a les empreses que garanteixen el consum, partides perquè no tinguin perdudes, i un munt de mamonejos. Una altra vergonya, bona part d’ella en nom del canvi climàtic.

El preu final el fixa l’última electricitat que entra a la xarxa. Casualment sol ser la més cara. Si és així paguem les verdures, la pasta i el filetto ta preu defilet. És fàcil pera les empreses multinacionals que tenen diferents centrals de combustibles fòssils i renovables, ficar a última hora la que els interessa. Negoci complet. Cal tenir en compte que bona part de l’energia que es genera a Espanya es fa a partir de les centrals que utilitzen gas. I a Espanya no hi ha gas, així que cal importar-lo i aquí entra en joc un altre factor que és el de l’especulació amb les matèries primeres.

El sistema, imposat per la UE, ha arribat a tal nivell que països com Alemanya han demanat a la UE reformi els mercats elèctrics perquè s’ha arribat a la barbaritat que es generin escenaris perversos com que la rendibilitat d’algunes plantes depengui únicament dels moments d’escassetat. Com pitjor per a tothom, millor per a alguns.

Van mentir un cop més

Quan assenyalaven que si es privatitza el sector energètic tindríem una energia més barata i millor servei ens enganyaven conscientment. L’únic que han aconseguit és amb l’excusa d’acabar amb el monopoli estatal, crear un oligopoli europeu on 6 empreses s’emporten la majoria del pastís i si segueixen així les coses augmentaran la seva presència cada any.

En el cas espanyol tres grans elèctriques, Endesa, Iberdrola i Naturgy, han guanyat, segons el diari digital Público de 25 de juliol de 2021, 25.977.000 d’euros en un lustre amb els ajustaments comptables i es disparen a 29.888 sense ells, xifres a les que haurien d’afegir les magres provisions per afrontar les inversions en renovables.

L’excusa ecològica

Amb l’excusa de salvar el planeta els governs de la UE no dubten a destruir empreses i encarir la factura elèctrica. Aquests països, els més rics, han creat un principi que no és el de no contaminar. És el que diuen que qui contamina paga, fixat en la cimera ‘ecològica’ de Kyoto. I d’aquesta manera es fa funcionar un mercat d’emissions, mercat especulatiu, que permet seguir funcionant a empreses pagant un cànon que cada vegada fa més difícil la supervivència. Una política que porta a la fi al tancament d’empreses amb alt consum d’energia (sector acer, tèrmiques, Alcoa …) i a traslladar les emissions a altres països amb menys controls i més necessitat econòmica. És la deslocalització d’emissions.

I mentre tanquen empreses que contaminen, donen desenes de milions per l’anomenada transició energètica que suposa ajudar les elèctriques a canviar el negoci per parcs eòlics i solars que creen també grans problemes de tot tipus amb el medi ambient

Nacionalitzar el sector elèctric o crear una empresa pública

En aquests dies ha aparegut en el debat la necessitat de crear una empresa pública que pugui fer front a les empreses privades elèctriques. Molts menys adeptes entre les organitzacions polítiques i sindicals ha tingut la proposta de nacionalització del sector elèctric.

Els que plantegen que creant una empresa pública es pot resoldre els problemes, o no coneixen la Unió Europea o simplement falten a la veritat. Per descomptat millor que hi hagi empreses públiques que privades. Com a mínim, els beneficis no aniran a especuladors. Però això no és la solució que es necessita perquè hi hagi una energia barata, neta i perquè es garanteixi el subministrament a tota la població i la continuïtat de la indústria i els llocs de treball.

Què pot fer una empresa pública? Ha de competir en les condicions que fixa la UE i accepta el govern espanyol. No posarà millors preus i per molt que pressionin no abaratirà els preus. Caldria trencar amb la UE i els seus tractats. La major part de les despeses es van en primes a les renovables i compensacions diverses a les empreses. Ara els diners que vindran de la UE a través dels anomenats PERTE, aprofundiran en la privatització i el reforçament de l’oligopoli energètic. Per això s’han dissenyat.

El govern a bufar i xuclar

El Govern es mostra escandalitzat per la pujada del preu. UP fins i tot ha amenaçat de sortir al carrer, contra el govern? Podrien solucionar tot nacionalitzant les elèctriques. No subordinant-se a la UE.

Acabar amb aquest robatori exigeix enfrontarse amb la UE, nacionalitzar el sector elèctric i posar al servei de la majoria tots els recursos energètics. Generació, distribució i comercialització d’una cosa que és tan important per a la vida de les persones i per a la indústria.

Com venim assenyalant contínuament, la Monarquia i la Unió Europea actuen com una camisa de força per impedir el desenvolupament de les forces productives, per impedir una democràcia plena i la satisfacció de les reivindicacions. La lluita per la República deixa de ser una reivindicació ideològica per esdevenir una necessitat material per acabar amb l’explotació.

(1) https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_ es.html

En una situación de emergencia, hace falta la unidad para salvar la sanidad pública

Carta Semanal 847 en catalán

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os antes del inicio de la pandemia, el deterioro de las condiciones de la sanidad pública era ya evidente, los recortes ylas distintas formas de privatización, legalizadas por el artículo único dela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aumentaron la masificación y condujeron al sistema a la incapacidad para atender adecuadamente a la población. Recordemos que sólo entre 2010 y 2017 se redujo el gasto en sanidad en más de 30.000 millones de euros, casi el equivalente a un presupuesto anual entero.

Las diferentes leyes, como las de estabilidad presupuestaria o la ya citada 15/1997, por las que esta ofensiva viene desarrollándose, son comúnmente criticadas por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y por los sindicatos, pues esta política conduce a desmantelar la sanidad pública: es innegable la precariedad y la falta de recursos en la atención primaria de salud, pero no solo; las administraciones sanitarias deben miles de horas de libranza a los sanitarios.

Durante la pandemia, los sanitarios se han movilizado por incrementar plantillas y salarios; sin embargo, el Gobierno respondió con el RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario, y trata de impedir las movilizaciones en nombre de combatir al coronavirus, implica a las policías y el ejército en el control de la población. El gobierno de Pedro Sánchez y los autonómicos utilizaron a fondo la pandemia para seguir desmantelando la asistencia sanitaria, introducir las consultas telefónicas y precarizar las condiciones laborales. Su respeto a la propiedad privada mostró la impotencia del Gobierno para proporcionar mascarillas y batas al personal sanitario; y sobre todo, en la vacunación la dependencia de las multinacionales farmacéuticas que imponen el precio de sus vacunas (desarrolladas, en buena medida, con fondos públicos), y que ahora imponen una subida del 25% de sus precios.

Hay un plan, contenido en los acuerdos con Bruselas, que desmantela la sanidad pública, y que lo ejecutan el gobierno central y desigualmente los demás gobiernos. ¿No haría falta un plan para movilizar a los trabajadores del sector y a la mayoría social llegando hasta donde sea preciso para defender unidos la sanidad?

Hay dirigentes políticos y sindicales que se llenan la boca con la sanidad pública. ¿Qué estamos haciendo, todos juntos, para salvar la sanidad? Piensan algunos de esos dirigentes que lo importante es salvar al gobierno progresista. Pero todos sabemos que si la sanidad se sigue hundiendo, el gobierno se puede hundir con ella, Y los sindicatos y partidos que no hayan sabido defender la sanidad pública, pueden participar en este hundimiento.

La resistencia

Las movilizaciones siguen por reivindicaciones concretas que dan el contenido a la defensa de la sanidad pública. Por ejemplo, en el País Valenciano, por la reversión a la sanidad pública de los hospitales «modelo Alcira», movilizaciones en las que se ha impuesto la unidad de los sanitarios y de sus sindicatos, de asociaciones de defensa de la sanidad pública y de sociedades científicas, movilizaciones que han conseguido, contra la voluntad de Ximo Puig y su consejera de Sanidad y las presiones de la multinacional Centene, la reversión del hospital de Torrevieja. También en Andalucía, sindicatos y plataformas de defensa de la sanidad pública se movilizan por la integración en el SAS del hospital del Aljarafe, por aumentar la dotación de personal y de medios de la atención primaria de salud.

La respuesta de la población, no falla. Lo que no hay es dispositivo para defender el sector. Sería hora de que los sindicatos de la sanidad y las organizaciones de defensa de la sanidad pública llamen a los trabajadores y a la población a la movilización para detener el desmantelamiento de la sanidad pública y, apoyándose en la disposición y las reivindicaciones de los sanitarios y de la población, se la dote de los medios y del personal suficiente. Que devuelvan los mas de 30.000 millones arrebatados a los presupuestos de la sanidad pública.

¿Cómo es posible que, en Madrid, a pesar de la resistencia general de los sanitarios y de la población, con la opinión contraria de partidos y sindicatos, se haya puesto en marcha el hospital Zendal, se haya privatizado la vacunación covid y se pretenda cerrar 41 centros de salud? Las coyunturas regionales cambian, pero Díaz Ayuso está a la cabeza de la aplicación de un mismo plan que pretende liquidar la sanidad pública en todo el Estado.

Es el momento de dar un paso adelante, con determinación, audaz. ¿No es urgente que en cada hospital se reúnan los trabajadores de todas las categorías, de cualquier adscripción, para tomar medidas urgentes con las organizaciones y colectivos para impedir tales atropellos? ¿No hay que colaborar los trabajadores de cada hospital con los centros de primaria? ¿No es hora de organizar la movilización en unidad por las reivindicaciones de abajo arriba y de arriba abajo?

Razones no faltan

Es indudable que existe una contradicción flagrante entre las demandas y reivindicaciones de profesionales y población y la política sanitaria del Gobierno –y de todos los gobiernos autonómicos– , y que existe la conciencia de que las intenciones de Pedro Sánchez no van en el sentido de satisfacer las reivindicaciones. Como reiteradamente afirma, su objetivo, es el que defiende la Unión Europea en la asignación de los fondos next generation: la colaboración público-privado, es decir la privatización.

En su segundo informe de rendición de cuentas, Pedro Sánchez sacaba pecho de que «España es, después de Malta, el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de su población completamente vacunada y también ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial.» En cartas semanales anteriores (ver las cartas semanales 817 y 827) se ha expuesto la subordinación del Gobierno a las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y el caos que ha supuesto la campaña de vacunación; decir ahora que las administraciones sanitarias, después de financiar a los laboratorios buena parte de la investigación y la producción de vacunas anticovid, las están comprando a un precio 25 veces superior a su coste de producción, y siguen subiendo los precios sin ningún control. Decía además Pedro Sánchez que «el Ministerio de Sanidad ya ha iniciado el 80 % de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España para la presente legislatura.»

La hoja de ruta del Gobierno

A tenor de lo dicho, cabe concluir que en ese 80 % no se incluyen las reivindicaciones por las que se movilizan el personal sanitario y la población. Quizás estén contempladas en el 20 % restante de los compromisos gubernamentales para la sanidad. Pero no, no según la previsión hecha pública por la ministra Carolina Darias sobre la inversión sanitaria enviada a Bruselas para los próximos tres años: un total de 1.069 millones de euros, de los que 792 (el 80 % aproximadamente) se destinarán a renovar equipos de alta tecnología; el resto se dirige a la creación de un gran centro de datos sanitarios (100 millones), a la «racionalización» del consumo de medicamentos (20 millones), a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis sanitarias (143 millones) y a la formación de los profesionales sanitarios (13,1 millones). Sin partida de gasto prefijada se cita como objetivo «el fortalecimiento de la atención primaria.» Por último, la ministra afirma que el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia también «permitirá reducir la temporalidad de los profesionales y potenciar su desarrollo profesional», lo que supone la reforma del Estatuto Marco y un decreto para mejorar la formación MIR. Dice que se trata de «una inversión de futuro» y que «la actual situación constituye una magnífica ocasión para mejorar las debilidades del SNS.»

En resumen, pomposamente se nos anuncia una «inversión de futuro» de poco más de 300 millones anuales, que juega con la precariedad existente pero no amplía plantillas (que, con las OPE previstas, puede suponer el despido de miles de interinos), ni incrementa las infraestructuras asistenciales. Que ni siquiera empieza a recuperar los más de 30.000 millones recortados entre 2020 y 2017. Resultaría cómico si no se tratase de la salud de la población y del sistema sanitario que debe protegerla. Sin dejar pasar las referencias a las «oportunidades» que nos ha traído la pandemia, para implantar «mejoras» del tipo de las consultas telefónicas y otras barreras a la asistencia sanitaria, como el cierre de consultas, por ejemplo.

La pandemia y las respuestas dadas han supuesto un duro golpe para una sanidad ya tocada. La prensa denuncia la reducción intolerable del diagnóstico precoz de los cánceres, el abandono de los pacientes crónicos, el crecimiento exponencial de las listas de espera. Los centros de salud con consultas y servicios cerrados, con carencias gravísimas de personal, CCCO denunciaba recientemente la situación del centro de salud de Lebrija, en Sevilla, con sólo 7 médicos de 14, con 5 enfermeros de 14 (y 2 de ellos, a tiempo completo vacunando). En Andalucía hay demoras de cita en atención primaria de más de 14 días en la mayoría de centros. Y lamentablemente, no son ejemplos, es la tónica general. Luego se quejan de la fuga de profesionales, como si esta no fuera una de las consecuencias de la falta de medios, de los bajos salarios y de la sobreexplotación.

Acciones por la unidad para la defensa de las reivindicaciones

No podemos sino poner como contraste al discurso del Gobierno la resolución aprobada el pasado 25 de junio en la reunión de la coordinadora ampliada del CATP. (PONER ENLACE)

La población se moviliza por su sanidad en cuanto tiene ocasión. Hace falta un plan que aúne las energías de trabajadores y población en todo los barrios, en todas las circunscripciones para defender el Sistema de Salud. Veamos cómo avanzar. Se ha propuesto en el CATP organizar un encuentro en defensa de la sanidad pública tomando como base las luchas en curso y el manifiesto difundido por Información Obrera. (PONER ENLACE)

La sección de la IV Internacional va a plantear la discusión con colectivos y organizaciones para ver cómo ayudar a ese combate.

En una situació d’emergència, cal la unitat per salvar la sanitat pública

Anys abans de l’inici de la pandèmia, el deteriorament de les condicions de la sanitat pública era ja evident, les retallades i les diferents formes de pri- vatització, legalitzades per l’article únic de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió de sistema Nacional de Salut, van augmentar la massificació i van conduir a el sistema de la incapacitat per atendre adequadament a la població. Recordem que només entre 2010 i 2017 es va reduir la despesa en sanitat en més de 30.000 milions d’euros, gairebé l’equivalent a un pressupost anual sencer. Les diferents lleis, com les d’estabilitat pressupostària o la ja esmentada 15/1997, per les quals aquesta ofensiva ve desenvolupant-se, són comunament criticades per les associacions de defensa de la sanitat pública i pels sindicats, ja que aquesta política condueix a desmantellar la sanitat pública: és innega- ble la precarietat i la manca de recursos en l’atenció primària de salut, però no només; les administracions sanitàries deuen milers d’hores de festa als sanitaris.

Durant la pandèmia, els sanitaris s’han mobilitzat per incrementar plantilles i salaris; però, el Govern va respondre amb el RDL 29/2020, que imposa la mobilitat funcional i geogràfica al personal sanitari, i tracta d’impedir les mobilitzacions en nom de combatre el coronavirus, implica a les policies i l’exèrcit en el control de la població . El govern de Pedro Sánchez i els autonòmics van utilitzar a fons la pandèmia per seguir desmantellant l’assistència sanitària, introduir les consultes telefòniques i precaritzar les condicions laborals. El seu respecte a la propietat privada va mostrar la impotència del Govern per proporcionar mascaretes i bates a el personal sanitari; i sobretot, en la vacunació la dependència de les multinacionals farmacèutiques que imposen el preu de les seves vacunes (desenvolupades, en bona mesura, amb fons públics), i que ara imposen una pujada de l 25% dels seus preus.Hi ha un pla, contingut en els acords amb Brussel·les, que desmantella la sanitat pública, i que l’executen el govern central i desigualment els altres governs. No caldria un pla per mobilitzar els treballadors de el sector i a la majoria social arribant fins on calgui per defensar units la sanitat? Hi ha dirigents polítics i sindicals que s’omplen la boca amb la sanitat pública. Què estem fent, tots junts, per salvar la sanitat? Pensen alguns d’aquests dirigents que l’important és salvar el govern progressista. Però tots sabem que si la sanitat se segueix enfonsant, el govern es pot enfonsar amb ella, I els sindicats i partits que no hagin sabut defensar la sanitat pública, poden participar en aquest enfonsament.

La resistència

Les mobilitzacions continuen per reivindicacions concretes que donen el contingut a la defensa de la sanitat pública. Per exemple, al País Valencià, per la reversió a la sanitat pública dels hospitals «model Alzira», mobilitzacions en què s’ha imposat la unitat dels sanitaris i dels seus sindicats, d’associacions de defensa de la sanitat pública i de societats científiques, mobilitzacions que han aconseguit, contra la voluntat de Ximo Puig i la seva consellera de Sanitat i les pressions de la multinacional Centene, la reversió de l’hospital de Torrevieja.També a Andalusia, sindicats i plataformes de defensa de la sanitat pública es mobilitzen per la integració en el SAS de l’hospital de l’Aljarafe, per augmentar la dotació de personal i de mitjans de l’atenció primària de salut. La resposta de la població, no falla. El que no hi ha és dispositiu per defensar el sector. Seria hora que els sindicats de la sanitat i les organitzacions de defensa de la sanitat pública cridin als treballadors i a la població a la mobilització per aturar el desmantellament de la sanitat pública i, recolzant-se en la disposició i les reivindicacions dels sanitaris i de la població, es doti dels mitjans i de personal suficient. Que tornin els més de 30.000 milions arrabassats als pressupostos de la sanitat pública. Com és possible que, a Madrid, tot i la resistència general dels sanitaris i de la població, amb l’opinió contrària de partits i sindicats, s’hagi posat en marxa l’hospital Zendal, s’hagi privatitzat la vacunació covid i es pretengui tancar 41 centres de salut? Les conjuntures regionals canvien, però Díaz Ayuso està al capdavant de l’aplicació d’un mateix pla que pretén liquidar la sanitat pública a tot l’Estat. És el moment de fer un pas endavant, amb determinació, audaç. No és urgent que a cada hospital es reuneixin els treballadors de totes les categories, de qualsevol adscripció, per prendre mesures urgents amb les organitzacions i col·lectius per impedir tals atropellaments? No cal col·laborar els treballadors de cada hospital amb els centres de primària? No és hora d’organitzar la mobilització a unitat per les reivindicacions de baix a dalt i de dalt a baix? Raons no falten.

És indubtable que hi ha una contradicció flagrant entre les demandes i reivindicacions de professionals i població i la política sanitària del Govern -i de tots els governs autonòmics-, i que hi ha la consciència que les intencions de Pedro Sánchez no van en el sentit de satisfer les reivindicacions. Com reiteradament afirma, el seu objectiu, és el que defensa la Unió Europea en l’assignació dels fons next generation: la col·laboració públic-privada, és a dir la privatització. En el seu segon informe de rendició de comptes, Pedro Sánchez treia pit que «Espanya és, després de Malta, el país de la Unió Europea que té un major percentatge de la seva població completament vacunada i també ocupa un dels primers llocs a nivell mundial . »

En cartes setmanals anteriors (veure les cartes setmanals 817 i 827) s’ha exposat la subordinació de Govern a les exigències de les multinacionals farmacèutiques i el caos que ha suposat la campanya de vacunació; dir ara que les administracions sanitàries, després de finançar als laboratoris bona part de la investigació i la producció de vacunes anticovid, les estan comprant a un preu 25 vegades superior al seu cost de producció, i segueixen pujant els preus sense cap control. Deia a més Pedro Sánchez que «el Ministeri de Sanitat ja ha iniciat el 80% dels compromisos adquirits pel Govern d’Espanya per a la present legislatura.» El full de ruta del Govern

Segons el que s’ha dit, cal concloure que en aquest 80% no s’inclouen les reivindicacions per les quals es mobilitzen el personal sanitari i la població. Potser estiguin previstes en el 20% restant dels compromisos governamentals per a la sanitat. Però no, no segons la previsió feta pública per la ministra Carolina Darias sobre la inversió sanitària enviada a Brussel·les per als propers tres anys: un total de 1.069 milions d’euros, dels quals 792 (el 80% aproximadament) es destinaran a renovar equips d’alta tecnologia; la resta es dirigeix a la creació d’un gran centre de dades sanitàries (100 milions), a la «racionalització» del consum de medicaments (20 milions), a millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant de noves crisis sanitàries (143 milions) ia la formació dels professionals sanitaris (13,1 milions). Sense partida de despesa prefixada se cita com a objectiu «l’enfortiment de l’atenció primària.» Finalment, la ministra afirma que el Pla de Reconstrucció, Transformació i Resiliència també «permetrà reduir la temporalitat dels professionals i potenciar el seu desenvolupament professional», el que suposa la reforma de l’Estatut marc i un decret per millorar la formació MIR. Diu que es tracta d ‘ «una inversió de futur» i que «l’actual situació constitueix una magnífica ocasió per millorar les debilitats del SNS.» En resum, pomposament se’ns anuncia una «inversió de futur» de poc més de 300 milions anuals, que juga amb la precarietat existent però no amplia plantilles (que, amb les OPE previstes, pot suposar l’acomiadament de milers d’interins), ni incrementa les infraestructures assistencials. Que ni tan sols comença a recuperar els més de 30.000 milions retallats entre 2020 i 2017. Resultaria còmic sino estractés de la salut de la població i del sistema sanitari que ha de protegir-la. Sense deixar passar les referències a les «oportunitats» que ens ha portat la pandèmia, per implantar «millores» del tipus de les consultes telefòniques i altres barreres a l’assistència sanitària, com el tancament de consultes, per exemple. La pandèmia i les respostes donades han suposat un cop dur per a una sanitat ja tocada. La premsa denuncia la reducció intolerable de la diagnosi precoç dels càncers, l’abandó dels pacients crònics, el creixement exponencial de les llistes d’espera. Els centres de salut amb consultes i serveis tancats, amb mancances gravíssimes de personal, CCCO denunciava recentment la situació de centre de salut de Lebrija, a Sevilla, amb només 7 metges de 14, amb 5 infermers de 14 (i 2 d’ells, a temps complet vacunant). A Andalusia hi ha demores de cita en atenció primària de més de 14 dies en la majoria de centres. I lamentablement, no són exemples, és la tònica general. Després es queixen de la fugida de professionals, com si aquesta no fos una de les conseqüències de la manca de mitjans, dels baixos salaris i de la sobreexplotació.

Accions per la unitat per a la defensa de les reivindicacions

No podem sinó posar com a contrast al discurs del Govern la resolució aprovada el passat 27 de juny a la reunió de la coordinadora ampliada del CATP.

La població es mobilitza per la seva sanitat quant té ocasió. Cal un pla que uneixi les energies de treballadors i població en tot els barris, en totes les circumscripcions per defensar el Sistema de Salut. Vegem com avançar. S’ha proposat al CATP organitzar una trobada en defensa de la sanitat pública prenent com a base les lluites en curs i el manifest difós per Informació Obrera.

La secció de la IV Internacional va plantejar la discussió amb col·lectius i organitzacions per veure com ajudar a aquest combat.

Els 140.000 milions dels fons europeus, condicionats a les exigències de la UE

Carta Setmanal 823 per descarregar en PDF

Govern central i autonòmics, dirigents, patronals i sindicats, comentaristes econòmics …, tots coincideixen a dir que la salvació de la greu crisi econòmica desencadenada per la pandèmia depèn dels fons europeus, de 140.000 milions d’euros: 72.000 en transferències directes -a finançar amb deute europea que pagaran entre tots els Estats- i 68.000 en préstecs.

Per rebre aquestes ajudes, el govern ha elaborat un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb 30 apartats que inclouen 170 reformes. D’aquests 30 apartats, el govern ha concretat ja 28, que ha remès ja a la Comissió Europea per a la seva anàlisi i ratificació. Però li falten dos apartats: la reforma laboral i la de les pensions.

I tot i que tant el govern com altres fonts -entre elles, els dirigents d’UGT i CCOO- neguen reiteradament que hi hagi condicions polítiques i econòmiques per a aquestes ajudes, és un secret a veus que això no és cert. Sense anar més lluny, el passat 13 de febrer, Andrés Gil, corresponsal a Brussel·les de Eldiario.es, escrivia el següent: “Reforma laboral i pensions. Pensions i reforma laboral. És on es centren les negociacions entre el Govern i la Comissió Europea per desfer un nus de 140.000 milions d’euros, els dels fons de recuperació “. Sigue leyendo

Los 140.000 millones de los fondos europeos, condicionados a las exigencias de la UE

Carta Semanal 823 en catalán

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Gobierno central y autonómicos, dirigentes patronales y sindicales, comentaristas económicos…, todos coinciden en decir que la salvación de la grave crisis económica desencadenada por la pandemia  depende los fondos europeos, de 140.000 millones de euros: 72.000 en transferencias directas (a financiar con deuda europea que pagarán entre todos los Estados)  y 68.000 en préstamos.

Para recibir esas ayudas, el gobierno ha elaborado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con  30 apartados que incluyen 170 reformas. De esos 30 apartados, el gobierno ha concretado ya 28, que ha remitido ya a la Comisión Europea para su análisis y ratificación. Pero le faltan dos apartados: la reforma laboral y la de las pensiones.

Y aunque tanto el gobierno como otras fuentes –entre ellas, los dirigentes de UGT y CCOO- niegan reiteradamente que existan condiciones políticas y económicas para esas ayudas, es un secreto a voces que eso no es cierto. Sin ir más lejos, el pasado 13 de febrero, Andrés Gil, corresponsal en Bruselas de Eldiario.es, escribía lo siguiente: “Reforma laboral y pensiones. Pensiones y reforma laboral. Es donde se centran las negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea para deshacer un nudo de 140.000 millones de euros, los de los fondos de recuperación”. Sigue leyendo

El dret democràtic a l’educació exigeix la derogació dels concerts i la sortida de la religió de l’escola

Carta Setmanal 813 per descarregar en PDF

El dret a l’educació, que només pot assegurar-se amb l’ensenyament públic gratuït i de qualitat (així doncs, científica i per tant laica), forma part de les reivindicacions del moviment obrer des dels seus inicis. Per exemple, al programa fundacional del PSOE el 1888, “entre els mitjans immediats per realitzar la seva aspiració” emancipatòria s’inclou la “creació d’escoles professionals i de primer i segon ensenyament gratuït i laic“.

En les societats capitalistes els drets només poden aconseguir-se de forma parcial, sempre que no comprometin la rendibilitat del capital i la seva dominació, necessària per mantenir els seus privilegis. Això no vol dir rebaixar la importància de les conquestes, per limitades que siguin, i per tant, la lluita per arrencar-les. Són importants perquè alleugen les condicions de vida de la classe treballadora i perquè demostren que només mitjançant l’organització i la mobilització es poden aconseguir avenços. Però totes les conquestes obreres i democràtiques en el capitalisme són precàries, la burgesia sempre les té en el punt de mira dels seus atacs. I cada vegada més, per la destructiva fugida cap endavant, cap a més i més barbàrie, que implica la supervivència del capitalisme al seu estadi imperialista i les polítiques que l’acompanyen, a les quals obeeix la magnitud de la pandèmia i tots els seus efectes socials que caracteritzen aquest terrible any 2020. Sigue leyendo

El derecho democrático a la educación exige la derogación de los conciertos y la salida de la religión de la escuela

Carta Semanal 813 en catalán

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El derecho a la educación, que sólo puede asegurarse con la enseñanza pública gratuita y de calidad (luego científica y por tanto laica), forma parte de las reivindicaciones del movimiento obrero desde sus inicios. Por ejemplo, en el programa fundacional del PSOE en 1888, “entre los medios inmediatos para realizar su aspiración” emancipatoria se incluye la “creación de escuelas profesionales y de primera y segunda enseñanza gratuita y laica”.

En las sociedades capitalistas los derechos sólo pueden lograrse de forma parcial, siempre que no comprometan la rentabilidad del capital y su dominación, necesaria para mantener sus privilegios. Esto no significa rebajar la importancia de las conquistas, por limitadas que sean, y por tanto la lucha por arrancarlas. Son importantes porque alivian las condiciones de vida de la clase trabajadora y porque demuestran que sólo mediante la organización y la movilización se pueden conseguir avances. Pero todas las conquistas obreras y democráticas en el capitalismo son precarias, la burguesía siempre las tiene en el punto de mira de sus ataques. Y cada vez más por la destructiva huida hacia delante, hacia más y más barbarie, que implica la supervivencia del capitalismo en su estadio imperialista y las políticas que la acompañan, a las que obedece la magnitud de la pandemia y todos sus efectos sociales que caracterizan este terrible año 2020.

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Aturem el desmantellament de la sanitat pública!

Carta Setmanal 812 per descarregar en PDF

En molts municipis de l’Estat espanyol s’estan tancant punts d’atenció continuada, consultes, centres de salut, les cites a primària tenen una demora de 15 dies en general; les consultes mèdiques són telefòniques com a norma; els oncòlegs afirmen que han deixat de diagnosticar precoçment un 25% dels càncers i, al menys des del març, hi ha una sobremortalitat no justificada; els geriàtrics s’han convertit en residències de contagi i mort. Els gerents dels hospitals tracten de substituir la manca de personal amb contractes precaris que tenenels dies comptats; s’ha recorregut a l’exèrcit per suplir la manca de rastrejadors i de personal, i per dirigir l’estat d’alarma; s’imposa la mobilitat funcional i geogràfica a metges i infermeres, el personal sanitari està esgotat i tots els drets dels treballadors de la sanitat són trepitjats, incloent el dret de reunió, els drets sindicals. Tot en nom de combatre la pandèmia per SARS-CoV-2. I, davant la indignació i la ràbia dels professionals, el govern central i els autonòmics pretenen compensar-ho amb una paga que no arriba per a tothom, creant més desconcert i malestar entre els treballadors de la sanitat. Millor seria que tornessin ja el 8% de poder de compra perdut aquests anys. Sigue leyendo

¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública!

Carta Semanal 812 en catalán

Carta Semanal 812 para descargar en PDF

Descarga del Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública

En muchos municipios del Estado español se están cerrando puntos de atención continuada, consultas, centros de salud, las citas en primaria tienen una demora de 15 días por lo general; las consultas médicas son telefónicas como norma; los oncólogos afirman que han dejado de diagnosticarse precozmente un 25 % de los cánceres y, al menos desde marzo, existe una sobremortalidad no justificada; los geriátricos se han convertido en residencias de contagio y muerte. Los gerentes de los hospitales tratan de sustituir la falta de personal con contratos precarios que tienen los días contados; se ha recurrido al ejército para suplir la falta de rastreadores y de personal, y para dirigir el estado de alarma; se impone la movilidad funcional y geográfica a médicos y enfermeras, el personal sanitario está agotado y todos los derechos de los trabajadores de la sanidad son pisoteados, incluyendo el derecho de reunión, los derechos sindicales. Todo en nombre de combatir la pandemia por SARS-CoV-2. Y, ante la indignación y la rabia de los profesionales, el gobierno central y los autonómicos pretenden compensarlo con una paga que no llega para todos, creando más desconcierto y malestar entre los trabajadores de la sanidad. Mejor sería que devolvieran ya el 8 % del poder de compra perdido estos años. Sigue leyendo