(Publicado en la Carta Semanal 776 – ver en catalán)
Las últimas decisiones del Gobierno, particularmente el cierre temporal de empresas con el “permiso retribuido recuperable”, el decreto sobre el “escudo social” y las 50 medidas sociales del Consejo de Ministros del martes 31 de marzo, han provocado un griterío en contra de los partidos franquistas, de la patronal y de la Brunete mediática. El lunes 30, Pablo Casado, amenazó incluso con retirar su apoyo al Gobierno, y no votar a favor de la convalidación en el Congreso de esos decretos (hasta ahora han aprobado la convalidación de todos). Inés Arrimadas se quejó de no haber sido consultada y Abascal pidió la dimisión de Sánchez y la formación de un gobierno de “salvación nacional”, con el PP, el PSOE y Vox. Entretanto la patronal criticó el encarecimiento de las condiciones del despido, que tachó de “derogación de elementos esenciales” de la reforma laboral. Incluso el PNV mostró su enfado porque afectaba a la industria pesada vasca.
Pero las cosas van rápidas. Además de la patronal y el gobierno vasco, el Pentágono protestó por la paralización de industrias que le suministraban materiales. De inmediato, la pretendida paralización de la actividad industrial quedó muy mellada por el Ministerio de Industria y su circular… que considera “esenciales” (como dar de comer a la población, o la atención sanitaria) las actividades de importación/exportación. En la práctica se trata de las agencias de las multinacionales y la industria vasca. La medida de Industria contó con la aprobación del PNV y la protesta de LAB/ELA.
Pero las protestas de la derecha y la patronal porque algunas medidas “arañan levemente los intereses” capitalistas no aguantan el contraste con la realidad: en efecto, 833.000 empleos perdidos en 20 días (sin contar el trabajo sumergido), la epidemia sin control con cientos y cientos de muertos diarios, la hecatombe en los geriátricos (3.000 muertos en Madrid en tres semanas) dejan poco margen a los discursos de los franquistas… es un desastre presidido por el rey, con el ejército, la policía y la guardia civil en primera línea… pero, en la situación actual, ante todo, necesitan del PSOE, de Unidas Podemos y de su gobierno por su influencia en la mayoría trabajadora y sus organizaciones.
Todo temen que fenómenos como la cacerolada con que los vecinos de Pamplona recibieron al ejército, que pretendía patrullar sus calles, se generalicen, que el rechazo que desde el primer día se organiza en no pocos centros de trabajo crezca exponencialmente.
Ahora, ¿la unidad de la nación con el rey?
A los ataques furibundos de las derechas franquistas, el gobierno responde aceptando la propuesta de los que quieren atarle a ellas: son necesarios unos nuevos Pactos de la Moncloa.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, declaraba en una entrevista en RNE que el Gobierno “vería bien” apostar por una fórmula similar a los Pactos de la Moncloa, que marcaron, según él, “un tiempo de arranque en lo democrático y lo económico” sometiendo a los partidos de izquierdas y democráticos a un acuerdo con los franquistas. “Si nos planteamos un proyecto de país, de carácter nacional, de acuerdo… viene muy bien, porque la unidad y el compromiso siempre fortalecen”. Pedro Sánchez lo repite en la televisión al anunciar una nueva prolongación del estado de alarma, con reapertura de las empresas cerradas el 30 de marzo.
De inmediato, la prensa se lanza en apoyo de esa iniciativa. Y los comentaristas políticos “más eximios”. Por ejemplo, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, escribía que los acuerdos de la Moncloa “no fueron un pacto para cambiar de Gobierno, ni para excluir a nadie. Fueron un pacto de salvación democrática”. Nada nuevo en el caso de este señor en su apoyo a este tipo de pactos. Cuando se firmaron los pactos, los apoyó con entusiasmo desde el PSUC, partido en que militaba. Hace apenas un año recordaba en un tuit que “firmaba en ‘Treball’ como EJRicart. Lo recuerdo con mucho orgullo”. En Radio 5 o la Ser, el viernes, los tertulianos nos hablaban también de las virtudes de los Pactos de la Moncloa.
Algunos dirigentes sindicales entran al trapo. Unai Sordo proponía en Onda Cero “un gran pacto de Estado para poder salir de esta crisis”.
Por el momento, Pablo Casado no se pronuncia, pero pide al gobierno que, para llegar a acuerdos, modere lo que él considera la excesiva influencia de Podemos en las últimas decisiones. Pablo Iglesias tampoco se ha manifestado, pero ERC parece rechazar de plano la idea. “Si alguien cree que esto se arregla con las soluciones de las derechas —que han dejado el Estado de bienestar, incluida la sanidad pública, en una situación absolutamente lamentable que ahora estamos sufriendo— es porque no tiene memoria”, según los republicanos. “La salida de esta crisis debe ser social para no volver a caer en el error de dejar que lo paguen los de siempre, mientras se rescata a bancos y poderosos y no a los ciudadanos y a las familias. Consideramos que esto es absolutamente incompatible con la Gran Coalición que algunos desean”, declaraban a la prensa fuentes de Esquerra.
Unos y otros reaccionan distinto (desde el punto de vista social y nacional) a una sensación común. Todos temen que esto no aguante, que el sentimiento común de que hay que ajustar cuentas, que no espera –lo ven en los hospitales, en miles de pequeños o grandes conflictos– se incremente en cuanto la gente pueda salir a la calle, reunirse, manifestarse. Sin ir más lejos, el martes los estibadores de Algeciras se declararon espontáneamente en huelga, en protesta por la falta de plantilla y de equipos de protección individual (explica su sindicato que más de 400 empleados, aproximadamente un 30% de la plantilla, se encuentra de baja por distintos motivos, entre otros por encontrarse en cuarentena por haber estado en contacto con casos de infectados de coronavirus).
¿A qué precio?
No es malo recordar los sacrificios que representaron para los trabajadores los Pactos de la Moncloa, firmados por todos los partidos, con la salvedad de Fraga que solo firmó la parte económica y que luego se invitó a apoyar a los agentes sociales (CCOO los suscribió de inmediato, y UGT se resistió al principio, pero acabó firmándolos). Como recordaba Enric Juliana, en el artículo que citamos antes, “los pactos de la Moncloa limitaron el crecimiento de los salarios al 22% [con la inflación por las nubes]. Los trabajadores con empleo renunciaron a ocho puntos de su poder adquisitivo para salvar el país. Se instauró la libertad de despido para un máximo del 5% de las empresas”. Además, los pactos trajeron consigo la aceptación de la restauración de la Monarquía en la persona del heredero designado por el dictador Franco (menudo regalo). Con el monarca corrupto, en el mismo paquete, iban los jueces machistas y reaccionarios, los policías torturadores… Y también la aceptación de que los fusilados siguieran en las cunetas y no se pidieran responsabilidades por los asesinatos, las torturas, etc.
¿Tendremos ahora que renunciar a derogar las reformas laborales y de pensiones, la LOMCE, la ley mordaza? ¿Habrá que aceptar como “inevitables” los recortes en la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos, y también nuevos recortes? ¿Habrá que aceptar las propuestas del Pacto de Toledo rechazadas en su momento por ERC y UP, que incluían no actualizar las pensiones según el IPC, atar a los sindicatos a la comisión del Pacto de Toledo, sustituir la financiación por cotizaciones…?
Mientras se nos proponen sacrificios como los de 1977, o aún mayores, el gobierno rechaza la propuesta, más que moderada, de Pablo Iglesias de arbitrar un impuesto de entre un 2 y un 3,5% sobre los 1.000 patrimonios más altos del país.
¿Y todo esto para qué? En vísperas del 14 de abril, lo que busca el pacto no es la “reconstrucción” del país, sino salvar al Rey, a los especuladores, a la banca… Y cubrir, como en 1978, las responsabilidades de los que han desmantelado la sanidad y convertido los geriátricos en morideros.
A cambio de este enorme sacrificio por los bancos, “Europa” ofrece sólo migajas para ayudar a una posible renta mínima. 10 000 o 15 000 millones “no es un préstamo, es un regalo”, dice el holandés Rutte.
Con estas propuestas de pactos, los que hace poco nos dijeron que ahora había que estar todos unidos, y que ya llegaría el momento de ajustar cuentas, ahora nos dicen que lo que hay que hacer es arrimar el hombro entre todos. Todos. De acuerdo con los empresarios, los corruptos, los que han saqueado sanidad y enseñanza y el borbón ladrón
Esta crisis ha demostrado que el capitalismo no hace otra cosa que favorecer crisis y pandemias. Que olvida a los más pobres y que solo piensa en su beneficio. ¿Vamos a ayudar a que sigan así las cosas? Hay que nacionalizar la banca. Mas que nunca es necesario utilizar todos los recursos para ponerlos al servicio de la sociedad. Para que no falten las pensiones, ni la sanidad, ni la enseñanza ni el salario de funcionarios y todo tipo de ayudas.
¿O vamos a repetir lo de 2008, cuando se recortaron los servicios públicos, los salarios, los derechos, mientras se le proporcionaron créditos monstruosos a la banca para que ellos especularan con los diversos estados y clientes?
Hay que acabar con la monarquía. La crisis no nos puede hacer olvidar a la dinastía de ladrones que nos gobierna. Ni al padre ni al hijo cómplice, cuanto menos, de todo lo que ha hecho su padre.
O realmente cambiamos las cosas o solo haremos blanquear a los responsables de esta situación sobre la base del esfuerzo común. Ninguna consideración con los que han destruido la sanidad, con los recortadores de pensiones y salarios.
Y es que, frente a esta propuesta de “pactos de Estado”, los trabajadores, la juventud, los pueblos de todo el Estado no renuncian a sus reivindicaciones. En estos momentos de grave crisis, estas reivindicaciones, las libertades, la República, aparecen cada día relacionados a ojos de sectores más amplios de militantes.
La tarea a la que os invitamos es ahora estar junto a nuestra clase, promoviendo elementos de resistencia, tejiendo relaciones organizadas para ayudar a los combates en curso, y a los que se anuncian, abriendo una perspectiva política favorable a los trabajadores, a la mayoría, o sea, poner sobre la mesa la necesidad de acabar con el régimen nacido de los pactos de la Moncloa, imponer la República.