Combate Socialista 20 para descargar en PDF
Los máximos órganos judiciales de la Monarquía han establecido una y otra vez que los juicios políticos del franquismo (incluyendo la farsa de los juicios sumarísmos) no son revisables. En opinión de los jueces de esos tribunales, los juicios eran legales porque el régimen surgido del golpe militar del 18 de julio era legal. El proceso contra Garzón, la amenaza de expulsarle de la carrera judicial, son la corroboración de esa doctrina.
La Ley de Memoria Histórica, que deja sin resolver todas las cuestiones fundamentales, que ni toca las responsabilidades políticas de la represión ni garantiza la apertura de fosas y localización de los cadáveres, tampoco permite la anulación de los juicios del franquismo. De hecho, como ha señalado en alguna ocasión Amnistía Internacional, se ha convertido en otra ley de punto final, como la Ley de Amnistía.
Más de 30 años después de la tan alabada “transición”, los hechos, que son tozudos, desmienten las operaciones propagandísticas de los defensores del régimen. Sólo la ruptura con la Monarquía presidida por el heredero de Franco, la disolución del aparato judicial heredado del franquismo, así como la de los cuerpos represivos continuadores de los de la dictadura, puede garantizar la resolución de esta cuestión democrática básica. Como todas las reivindicaciones democráticas pendientes, no tiene otra solución que la ruptura democrática, la República.