¡Parad la guerra!
Juan Uriondo, miembro de la Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista interviene como portavoz del equipo de coordinación de la campaña para parar la guerra. Representa a los más de novecientos firmantes del Manifiesto. A todos los que se han reunido en decenas de ciudades para extender la campaña, con participación de representantes políticos y electos, a título individual. Para el conjunto del movimiento obrero y democrático, ante todo, sin ninguna condición previa, hay que parar la guerra.
Haciéndose eco de ello, las declaraciones de los delegados abordan la lucha contra la guerra desde todos los ángulos. Partiendo de la defensa de las pensiones, de la Seguridad Social, llega a la conclusión: «aumentar el presupuesto militar es desmantelar los presupuestos sociales. Nos amenaza una ofensiva a todos los niveles. Así pues, la lucha contra la guerra es la lucha por las reivindicaciones».
La defensa de la sanidad pública
Blas Ortega dice que las movilizaciones para defenderla recorren el país. Los recortes, las reestructuraciones llevan a un desmantelamiento insoportable para los profesionales y para el pueblo. Es el resultado de una política de 25 años de todos los Gobiernos.
Nos dicen que «hemos gastado demasiado, no hay dinero para la sanidad: el capital quiere los 90 000 millones para sus negocios, desvía miles de millones para la guerra.
En Madrid, por dos veces se ha manifestado la población por cientos de miles, incluso un millón, por un presupuesto público de urgencia para la sanidad pública (no para las privadas), mejora de salarios y condiciones laborales, evitando la fuga de profesionales, apertura de centros, recuperar los hospitales privatizados. Pero el Gobierno deja esto en manos de las autonomías, sin apenas financiación y sometidas a los planes de estabilidad. Ningún Gobierno puede ignorar sus responsabilidades.
La disposición de los profesionales y trabajadores nada tiene que ver con la de los dirigentes.
Hay manifestaciones por todas partes. Las de Madrid las han organizado asociaciones de vecinos, de barrios. Los dirigentes políticos y sindicales participan en ellas pero se niegan a utilizar su fuerza para unificar la movilización, como exigimos los afiliados. Hemos realizado dos encuentros, editado dos boletines, pero esto no basta.
Os propongo ampliar este grupo vinculado al CATP, multiplicar las informaciones, las iniciativas, y las reuniones aprovechando las del CATP.
La defensa de las pensiones es la exigencia de la auditoría
Tomaron la palabra a continuación las compañeras María José García Lucas e Iris Mateos en nombre del colectivo Sindicalistas por la Auditoría. En su exposición recordaron cómo el Congreso aprobó la ley sobre la auditoría como resultado de una larga y sostenida lucha, principalmente de los colectivos de jubilados. Y cómo esa ley no se ha aplicado y no parece que se vaya a aplicar si no se continúa el combate en la calle. Es imprescindible, dicen, no solo por la necesidad obvia de recuperar lo que nos ha sido sustraído, sino para acabar con la falacia repetida mil veces de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Plantearon las compañeras la necesidad de seguir recogiendo firmas para que se aplique la ley, apelar a los parlamentarios que votaron favorablemente a que insten al Congreso a cumplir con lo que el propio Congreso votó y exigir a los sindicatos que asuman toda su responsabilidad en esta lucha.
Tras años de lucha, las plataformas de pensionistas son una componente esencial del combate obrero.
Juan Miguel Fernández, de Coespe, indica que la responsabilidad del Gobierno incluye un conjunto de medidas que desmantelan el sistema de pensiones.
Una conquista esencial, a partir de la movilizaciones, ha sido la ley que confirma que la pensión de jubilación alcanzará siempre el 89 % del salario, lo que estaba amenazado. La acción del diputado Jordi Salvador para agrupar y hacer frente a la presiones del establishment de la sanidad. Hablará más adelante.
El banco quiere ese dinero. En las instituciones, responsables del PSOE, PCE, Podemos han capitulado. Es la continuidad del pacto de la Transición para mantener las costumbres del franquismo. Frente a esta presión, los pensionistas exigimos desde hace 4 años una auditoría pública sobre el desfalco de la caja de la Seguridad Social. Se ha ganado una ley por la auditoría, pero el Gobierno no la cumple.
Seguimos reclamando cada derecho amenazado.
Por todos los derechos de los jóvenes
La clase trabajadora y los jóvenes sienten una realidad de miseria con la guerra que este Gobierno nos impone plegándose al Gobierno de los Estados Unidos y a la OTAN, en estos momentos de guerra contra los pueblos, los trabajadores, no solo en Ucrania o en Rusia sino en toda Europa. No tengo otro deseo que reunirme con nuestros militantes de lucha, sobre todo jóvenes, en la Internacional.
Me llamo Víctor Iniesta, pertenezco al Comité Nacional por la Pública, trabajamos en la universidad contra la nueva ley de universidades impuesta por este Gobierno, que se supone el más progresista de la historia y que, sin embargo, nos impone una ley que es continuidad de la de Aznar. Se sigue privatizando las universidades, hay que pagar miles de euros para acceder a ellas, siguen dejan a miles y miles de jóvenes trabajadores fuera de la enseñanza superior, siguen entregando a los bancos, a la multinacionales el dinero que pertenece a todos y todas, a los trabajadores que se matan trabajando para pagar los servicios públicos. Y nos meten en la guerra. Nosotros no solo decimos que la universidad es decadente, que están destruyéndola, sino que están destruyendo el futuro del país, de nuestro país. La clase trabajadora ante la guerra se expresa en la guerra social que se impone a todos los pueblos de Europa, y aquí en España descubrimos que, de la noche a la mañana, el presupuesto militar aumenta en miles de millones, cuando tres años después de la pandemia no han sido capaces de resolver toda la crisis y los recortes. Conozco a camaradas de un centro hospitalario que no pueden ni siquiera hacer huelga porque no hay ni siquiera personal para cubrir el 30 % de servicios mínimos.
Los jóvenes estamos en una enorme precariedad porque liquidan la industria, en la que podíamos participar, encontrar una ocupación, pero ahora solo nos queda el sector terciario, más dividido que nunca, peor pagado que nunca, porque se ha pasado de un 40 % a un 15 %. Servir a los turistas, ese es el trabajo que nos proponen. Y con la guerra, la destrucción es aún mayor. Con las reformas de las leyes laborales, se cierran fábricas para pagar menos impuestos y menos salarios. Deslocalizan para pagar menos.
De modo que, tras 4 años de legislatura, no es que las cosas no cambien, es que empeoran.
¿Tenemos que aceptar el cuento de que vienen los fascistas y será aún peor? Pero ya es malo. Con el Gobierno de izquierdas estamos mal. ¿Qué alternativa puede tener la clase obrera para defender nuestros intereses?
No tenemos que aceptar que la reforma de las leyes laborales es buena para todo el mundo. No, si es buena para el patrón, es mala para los trabajadores.
Estamos aquí para que el CATP nos ayude a combatir por un instrumento político que defienda nuestros intereses.
Ademas los jovenes vivimos el agravante de la represión. Un joven pasa ante una manifestación y le cae una condena de 6 años de prisión, puesto que la palabra de dos agentes de policía tiene más valor que todas las pruebas que puedas presentar en sentido contrario. Es el sistema de la opresión.
