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DIADA 2022: DECENAS DE MILES DE MANIFESTANTES BUSCAN UNA SALIDA POLÍTICA

Carta Semanal 905 en catalán

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De la manifestación de la Diada de este año hay dos aspectos importantes a señalar. El primero de ellos, que a pesar de las disputas internas que enfrentan, un día sí y otro también, a los partidos que componen el gobierno de la Generalitat, y a pesar también de la ausencia de ERC (disconforme con los objetivos de los convocantes, la ANC, Ómnium y la Asamblea de Municipios por la Independencia, que por otro lado, tampoco estaban de acuerdo entre ellos), la manifestación ha reunido a miles de personas. Obviamente, muchísimas menos que otros años, pero muchas más de las que algunos esperaban o deseaban. Especialmente, los que especulan con las subidas y bajadas del “soufflé” catalán. Dicho de otra manera: las condiciones para que la manifestación fuera un auténtico fracaso estaban dadas, y sin embargo, esto no ha ocurrido. Es un hecho. 

Y el segundo aspecto a destacar es también un hecho incuestionable: el desarrollo de la manifestación ha puesto en evidencia el divorcio existente entre las masas que seguían antes fielmente las indicaciones de los partidos y organizaciones partidarias de la independencia, y las que han dejado de hacerlo, o incluso critican ferozmente y se enfrentan al rumbo seguido  por la mayoría de aquellas. El divorcio ciertamente no es de ahora –viene como mínimo desde 2019-, pero es ahora cuando se ha visualizado de manera clarísima, alcanzando cotas como nunca antes se habían visto, en los días anteriores a la Diada y en la propia manifestación. Divorcio que ha llevado a que miles de manifestantes se hayan girado en contra del gobierno de ERC y Junts, en contra del independentismo “oficial” incluida la CUP, con insultos y abucheos a sus dirigentes (desde el propio presidente de la Generalitat, hasta el mismo Oriol Junqueras, que se ha pasado más de 3 años y medio en prisión), y con ultimátums para que el gobierno de la Generalitat recupere la vía unilateral o convoque elecciones. Todo ello en medio de la indiferencia de la inmensa mayoría de los trabajadores catalanes que no se identifican con los objetivos de la convocatoria, porque entre otras cosas, como es tradicional, se ha realizado al margen de las reivindicaciones.

Desde el punto de vista de quienes combatimos por los derechos de los trabajadores y los pueblos, no nos interesa tanto las querellas que rodean las relaciones de los diversos componentes del independentismo gubernamental, como el hecho de constatar que, a pesar de todo, y en contra de los que creen que el llamado “problema catalán” ya está resuelto  por agotamiento, son muchos los catalanes que no quieren seguir viviendo bajo el régimen de la Monarquía. Y no nos referimos solo a los que asistieron a la manifestación. También a los que han dejado de ir porque han constatado que lo que se ha dado en llamar el “procés” está en una vía muerta. Y que lo que proponen los dirigentes de los partidos que se reclaman de la independencia, en un caso difiere bastante de lo que estuvieron prometiendo no hace mucho, y en otro, supone poco más o menos que repetir experiencias que han fracasado, por más que hayan despertado la ilusión de muchísima gente. Es normal, por lo tanto, que no despierte ninguna emoción las convocatorias, y menos si éstas se realizan en medio de las querellas.

Sin embargo, la aspiración del pueblo catalán a poder decidir libremente su futuro continúa en buena medida intacta. Y por lo que se ha visto en esta Diada esa aspiración no tiene una representación política. No la tiene ni para los independentistas, ni tampoco para quienes sin serlo consideran que hay que poder votar en un referéndum. Conducir a esta mayoría social por la senda del autonomismo -bien o mal gestionado- o por el de la proclama vacía de la unilateralidad, es conducirlo a la frustración. 

Los lectores de la Carta Semanal conocen el posicionamiento que los militantes de la Cuarta Internacional hemos defendido desde el inicio de las Diadas multitudinarias: partidarios incondicionales del derecho de autodeterminación, afirmamos que éste no es posible ejercerlo bajo el actual régimen. Que las aspiraciones del pueblo catalán, y la de todos los pueblos de España, no caben dentro de este régimen, que por otro lado es irreformable. Por tanto, la lucha por la abolición de la Monarquía, por la República del Pueblo y para los Pueblos, basada en la fraternidad y en la libertad que garantice el ejercicio de este derecho, es una prioridad que debe unir a todos. 

Como debe unir a todos la defensa incondicional de los militantes represaliados y la exigencia de que cese la persecución judicial que padece el independentismo, al igual que padecen todos aquellos que se oponen al régimen. Más que nunca hay una exigencia que une a todos: la derogación total de la ley Mordaza, sin más excusas. 

Urge recuperar las mejores tradiciones fraguadas en la lucha contra Franco. La lucha contra la Monarquía y por la República, la lucha por los derechos democráticos y sociales, que son inseparables, requiere el combate unido de todos los trabajadores y pueblos del Estado español, y en ese combate estamos comprometidos. Ignorar que existe una aspiración común en todos los pueblos de España a la libertad y a la democracia, que existen reivindicaciones comunes que defender, es volver a llevar las aspiraciones del pueblo catalán a un callejón sin salida. Para la causa del pueblo catalán y de todos los pueblos, no hay más aliados que los trabajadores y los pueblos. 


Presentación IO 372

Este número se centra en tres aspectos de nuestra actividad:

-La preparación del Encuentro en Defensa de la Industria (ver página 3).

-El impulso y la participación en la marcha a Madrid del 15-O en defensa de los salarios y de las pensiones, por su revalorización según el IPC real (anual) y la exigencia al Gobierno de que cumpla la Ley y realice la auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social (ver portada y página 9).

-Informar del desarrollo de la Coordinadora Ampliada del CATP del 10 de septiembre (ver páginas centrales: 6 y 7, también la 5).

 

El conjunto del periódico se encuadra políticamente en la crisis económica y la inflación (también producto de la guerra imperialista, pero sobre todo de la utilización que se hace de este pretexto para disparar aún más los precios) y su reflejo en las instituciones del Estado; las consecuencias de esto para los trabajadores y los obstáculos que levantan las direcciones sindicales y políticas a la movilización. Sin embargo, esa misma crisis hace difícil los consensos entre el PP y el PSOE (cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional, renovación del poder judicial, acuerdo sobre las medidas a tomar ante la escalada imparable del coste de la energía) y entre los dirigentes sindicales y el Gobierno (Pacto de Rentas, nueva «reforma» de las pensiones), consensos necesarios para abordar la crisis desde los intereses de la burguesía y del capital.

Destacamos en este sentido el editorial (en la portada) que da el eje político a Información Obrera. También las páginas 2 y 4 contienen artículos sobre la falta de acuerdo PP-PSOE para renovar las instancias y las medidas del Gobierno, supuestamente para controlar la inflación, pero que hacen descargar la crisis sobre los trabajadores y sus derechos y condiciones de vida.

 

Las páginas de internacional (3 en esta ocasión) informan:

– De la resistencia obrera en Europa (ver página 11) a una situación muy semejante a la de España, en realidad prácticamente igual pues todos los Gobiernos y la UE se alinean con el imperialismo norteamericano. UP

– De la situación en América Latina (ver artículo sobre Chile en la página 10).

– De la represión en Palestina (página 12).

 

Recomendamos también la lectura de la primera parte de la entrevista de Información Obrera a Joan Tardà sobre la ley de memoria democrática; la segunda parte de esta entrevista se publicará en el próximo número de Información Obrera y en siguientes números seguiremos el debate sobre esta ley y su utilización para la continuidad o no de la impunidad de los crímenes franquistas.

 

Por último, resaltar el artículo «Las movilizaciones del profesorado en Cataluña fuerzan la contratación de 3.500 profesores», que muestra los efectos diferidos de las huelgas del profesorado en Cataluña.

 

DIADA 2022: DESENES DE MILERS DE MANIFESTANTS BUSQUEN UNA SORTIDA POLÍTICA

Carta Setmanal 905 per descarregar en PDF

De la manifestació de la Diada d’aquest any, hi ha dos aspectes importants a assenyalar. El primer, que malgrat les disputes internes que enfronten, un dia sí i un altre també, els partits que componen el govern de la Generalitat, i malgrat també l’absència d’ERC (disconforme amb els objectius dels convocants, l’ANC, Òmnium i l’Assemblea de Municipis per la Independència, que d’altra banda, tampoc no estaven d’acord entre ells), la manifestació ha reunit milers de persones. Òbviament, moltíssimes menys que altres anys, però moltes més de les que alguns esperaven o desitjaven. Especialment, els que especulen amb les pujades i baixades del soufflé català. Dit d’una altra manera: les condicions perquè la manifestació fos un autèntic fracàs estaven donades, i no obstant això no ha passat. És un fet.

I el segon aspecte a destacar també és un fet inqüestionable: el desenvolupament de la manifestació ha posat en evidència el divorci existent entre les masses que seguien abans fidelment les indicacions dels partits i organitzacions partidàries de la independència, i les que han deixat de fer-ho , o fins i tot critiquen feroçment i s’enfronten al rumb seguit per la majoria d’aquelles. El divorci certament no és d’ara –ve com a mínim des del 2019–, però és ara quan s’ha visualitzat de manera claríssima, aconseguint cotes com mai no s’havien vist mai, els dies anteriors a la Diada ia la mateixa manifestació. Divorci que ha fet que milers de manifestants s’hagin girat en contra del govern d’ERC i Junts, en contra de l’independentisme “oficial” inclosa la CUP, amb insults i esbroncades als seus dirigents (des del mateix president de la Generalitat, fins al mateix Oriol Junqueras, que s’ha passat més de 3 anys i mig a la presó), i amb ultimàtums perquè el govern de la Generalitat recuperi la via unilateral o convoqueu eleccions. Tot plegat enmig de la indiferència de la immensa majoria dels treballadors catalans que no s’identifiquen amb els objectius de la convocatòria, perquè entre altres coses, com és tradicional, s’han fet al marge de les reivindicacions.

Des del punt de vista dels qui combatem pels drets dels treballadors i els pobles, no ens interessa tant les querelles que envolten les relacions dels diversos components de l’independentisme governamental, com el fet de constatar que, malgrat tot, i en contra els qui creuen que l’anomenat “problema català” ja està resolt per esgotament, són molts els catalans que no volen continuar vivint sota el règim de la Monarquia. I no ens referim només als que van assistir a la manifestació. També els que han deixat d’anar perquè han constatat que el que s’ha anomenat el “procés” està en una via morta. I que el que proposen els dirigents dels partits que es reclamen de la independència, en un cas difereix força del que van estar prometent no fa gaire, i en un altre, suposa si fa no fa, repetir experiències que han fracassat, per més que hagin despertat la il·lusió de moltíssima gent. És normal, per tant, que no desperti cap emoció les convocatòries, i menys si aquestes es fan enmig de les querelles.

Tot i això, l’aspiració del poble català a poder decidir lliurement el seu futur continua en bona mesura intacta. I pel que s’ha vist aquesta Diada aquesta aspiració no té una representació política. No en té ni per als independentistes, ni tampoc per als que sense ser-ho consideren que cal poder votar en un referèndum. Conduir aquesta majoria social pel camí de l’autonomisme -bé o ​​mal gestionat- o pel de la proclama buida de la unilateralitat, és conduir-lo a la frustració.

Els lectors de la Carta Setmanal coneixen el posicionament que els militants de la Quarta Internacional hem defensat des de l’inici de les Diades multitudinàries: partidaris incondicionals del dret d’autodeterminació, afirmem que aquest no és possible exercir-lo sota el règim actual. Que les aspiracions del poble català, i la de tots els pobles d’Espanya, no hi caben dins aquest règim, que per altra banda és irreformable. Per tant, la lluita per l’abolició de la Monarquia, la República del Poble i els Pobles, basada en la fraternitat i en la llibertat que garanteixi l’exercici d’aquest dret, és una prioritat que ha d’unir a tothom.

Com ha d’unir a tots la defensa incondicional dels militants represaliats i l’exigència que cessi la persecució judicial que pateix l’independentisme, igual que pateixen tots aquells que s’oposen al règim. Més que mai hi ha una exigència que uneix tothom: la derogació total de la llei Mordassa, sense més excuses.

És urgent recuperar les millors tradicions forjades en la lluita contra Franco. La lluita contra la Monarquia i la República, la lluita pels drets democràtics i socials, que són inseparables, requereix el combat unit de tots els treballadors i pobles de l’Estat espanyol, i en aquest combat estem compromesos. Ignorar que hi ha una aspiració comuna a tots els pobles d’Espanya a la llibertat ia la democràcia, que hi ha reivindicacions comunes per defensar, és tornar a portar les aspiracions del poble català a un atzucac. Per a la causa del poble català i de tots els pobles, no hi ha més aliats que els treballadors i els pobles.


Presentació Información Obrera nº 372

Aquest número se centra en tres aspectes de la nostra activitat:

-La preparació de la Trobada en Defensa de la Indústria (veure pàgina 3).

-L’impuls i la participació a la marxa a Madrid del 15-O en defensa dels salaris i de les pensions, per la seva revaloració segons l’IPC real (anual) i l’exigència al Govern que compleixi la Llei i faci l’auditoria pública als comptes de la Seguretat Social (veure portada i pàgina 9).

-Informar del desenvolupament de la Coordinadora Ampliada del CATP del 10 de setembre (vegeu pàgines centrals: 6 i 7, també la 5).

El conjunt del diari s’enquadra políticament en la crisi econòmica i la inflació (també producte de la guerra imperialista, però sobretot de la utilització que es fa d’aquest pretext per disparar encara més els preus) i el seu reflex a les institucions de l’Estat; les conseqüències per als treballadors i els obstacles que aixequen les direccions sindicals i polítiques a la mobilització. Tot i això, aquesta mateixa crisi fa difícil els consensos entre el PP i el PSOE (canvi de majoria al Tribunal Constitucional, renovació del poder judicial, acord sobre les mesures a prendre davant l’escalada imparable del cost de l’energia) i entre els dirigents sindicals i el Govern (Pacte de Rendes, nova «reforma» de les pensions), consensos necessaris per abordar la crisi des dels interessos de la burgesia i del capital.

Destaquem en aquest sentit l’editorial (a la portada) que dóna l’eix polític a Información Obrera. També les pàgines 2 i 4 contenen articles sobre la manca d’acord PP-PSOE per renovar les instàncies i mesures del Govern, suposadament per controlar la inflació, però que fan descarregar la crisi sobre els treballadors i els seus drets i condicions de vida.

Les pàgines internacionals (3 en aquesta ocasió) informen:

– De la resistència obrera a Europa (vegeu pàgina 11) a una situació molt semblant a la d’Espanya, en realitat pràcticament igual, ja que tots els governs i la UE s’alineen amb l’imperialisme nord-americà. UP

– De la situació a Amèrica Llatina (veure article sobre Xile a la pàgina 10).

– De la repressió a Palestina (pàgina 12).

També recomanem la lectura de la primera part de l’entrevista d’Informació Obrera a Joan Tardà sobre la llei de memòria democràtica; la segona part d’aquesta entrevista es publicarà al proper número d’Informació Obrera i en números següents seguirem el debat sobre aquesta llei i la seva utilització per a la continuïtat o no de la impunitat dels crims franquistes.

Finalment, cal ressaltar l’article «Les mobilitzacions del professorat a Catalunya forcen la contractació de 3.500 professors», que mostra els efectes diferits de les vagues del professorat a Catalunya.

 

 

A propósito de la mesa de diálogo gobierno central – govern de la Generalitat

Carta Semanal 853 en catalán

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El miércoles 15 de septiembre tuvo lugar en el palacio de la Generalitat de Barcelona la  primera reunión de la llamada mesa de diálogo. Esta mesa fue pactada anteriormente entre Quim Torra y Pedro Sánchez, antes de que el primero fuera inhabilitado por delito de libertad de expresión por los tribunales franquistas.

En representación del gobierno central participaron Pedro Sánchez más cinco ministros (entre ellos Yolanda Díaz de Unidas Podemos) y por parte del govern de la Generalitat la delegación solo estaba compuesta por Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya, pues los tres que debían representar a Junts per Catalunya (los partidarios de Puigdemont, continuadores de la antigua convergencia de Pujol) no participaron en la reunión. Sigue leyendo

Davant  l’onze de setembre, Diada nacional de Catalunya

Carta Setmanal 851 per descarregar en PDF

Als treballadors, al moviment obrer de tot l’Estat, als joves i partidàries / us de la democràcia

En vigílies de l’onze de setembre, sense esperar als discursos oficials, sabem que el moment està prenyat de reptes i preocupacions.

Els indults o els senyals de millora econòmica són insuficients perquè els dirigents es despengin amb promeses optimistes. Els fons europeus ja comencen a ser aquí. Quina és la situació? La primera prova en la indústria catalana va ser Nissan, què queda d’ella? La sort de Seat depèn de polsos entre multinacionals. L’ampliació de l’aeroport de Barcelona, ​​més que ensopegar amb problemes ecològics, depèn que es passi de les promeses a la seva execució. El sistema sanitari, mai s’ha comptat entre les prioritats pressupostàries, i va patir a Catalunya, només entre 2010 i 2016, retalls de 9.000 milions (gairebé la tercera part del total retallat a tot l’Estat). Les pensions pateixen ara una retallada que amenaça el sistema. Mentrestant, la joventut no té classes, ni plantilles de professors i abans que la resta pateix el pes de l’atur i la precarietat. Tota la població pateix l’atracament a salaris i pensions que suposen la pujada de la llum, dels carburants, dels preus en general. Sigue leyendo

Ante el 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña…

Carta Semanal 851 en catalán

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A los trabajadores, al movimiento obrero de todo el Estado, a los jóvenes y partidarias/os de la democracia

En vísperas del 11 de septiembre, sin esperar a los discursos oficiales, sabemos que el momento está preñado de retos y preocupaciones.

Los indultos o las señales de mejora económica son insuficientes para que los dirigentes se descuelguen con promesas optimistas. Los fondos europeos ya empiezan a estar aquí. ¿Cuál es la situación? La primera prueba en la industria catalana fue Nissan, ¿qué queda de ella? La suerte de Seat depende de pulsos entre multinacionales. La ampliación del aeropuerto de Barcelona, más que tropezar con problemas ecológicos, depende de que se pase de las promesas a su ejecución. El sistema sanitario, nunca se ha contado entre las prioridades presupuestarias, y sufrió en Cataluña, solo entre 2010 y 2016, recortes de 9.000 millones (casi la tercera parte del total recortado en todo el Estado). Las pensiones sufren ahora un recorte que amenaza el sistema. Entretanto, la juventud carece de clases, de plantillas de profesores y ante todo sufre el peso del paro y la precariedad. Toda la población sufre el atraco a salarios y pensiones que suponen la subida de la luz, de los carburantes, de los precios en general. Sigue leyendo

Donar una sortida democràtica a la ‘qüestió catalana’

Carta Setmanal 839 per descarregar en PDF

Immediatament després de conèixer-se la intenció de Govern d’iniciar els tràmits per a la concessió de l’indult als 12 republicans catalans condemnats pel Tribunal Suprem a més de 100 anys de presó, la dreta franquista d’aquest país recolzada en l’aparell judicial d’inequívoca aroma franquista , ha obert la caixa dels trons i ha llançat una campanya en contra. Aquesta campanya ha estat recolzada obertament en un primer moment pel clan de Felipe González al PSOE. La reacció d’uns i altres posa en evidència el que tantes vegades hem explicat: la incompatibilitat entre el règim monàrquic i qualsevol mesura que tingui a veure amb la democràcia.

L’aparell judicial franquista, contrari a qualsevol solució política

El passat 26 de maig, el Tribunal Suprem (que havia condemnat als presos i havia d’informar sobre possible indult) va enviar al Ministeri de Justícia un informe contrari a la concessió de l’indult, possibilitat que ha considerat “inacceptable”, arribant fins i tot a acusar veladament al Govern de voler canviar una resolució judicial. L’argument utilitzat era que els condemnats no havien mostrat penediment. Un argument fal·laç ja que el 1993 el mateix Tribunal Suprem va emetre un informe favorable a la concessió de l’indult a l’extinent coronel Tejero, tot i que no havia donat mostres de penediment. En aquell moment, aquest mateix tribunal va justificar la seva posició a fi de contribuir “a l’oblit d’uns fets que han de quedar ja en el passat” i en nom també de la “conveniència pública”, un dels criteris que utilitzen els governs per a concedir o no indults.

Que la justícia té dues vares de mesurar segons els casos, és quelcom  àmpliament acreditat, tot i que el desvergonyiment amb què s’aplica mai deixa de sorprendre. Convé assenyalar igualment el cinisme que destil·la l’informe emès pels sis membres de Tribunal Suprem per oposar-se a una eventual amnistia perquè en la seva opinió “i en no pocs casos, les lleis d’amnistia han estat el mitjà fet valer per règims dictatorials per esborrar gravíssims delictes “. És clar, no es refereixen al Regne d’Espanya, i a la Llei d’Amnistia de 1977.

El posicionament del TS és la constatació que una part substancial de l’aparell d’Estat, seguint l’estela del Rei [cal recordar el discurs del rei el 3 d’octubre de 2017, després del referèndum català, trucant a llançar tota les forces d’Estat contra els que havien gosat organitzar un referèndum] són partidaris de continuar la guerra judicial contra els presos republicans i els gairebé 3.000 encausats pel “Procés”.

Aquest enfrontament de l’aparell franquista amb el Govern puja de punt amb l’acusació expressa primer de Casado i després, més acerba, per part d’Ayuso, exigint que el rei no firmi els indults com li correspon fer. L’informe del Suprem el presenta Lesmes, company del Borbó en l’atac al Govern de fa pocs mesos, i ara … amaguen un cop d’Estat.

Resumint, el substancial de l’aparell d’Estat heretat del franquisme és enemic acèrrim de les llibertats i drets.

Oportunitat versus oportunisme

Davant la campanya desfermada per la dreta franquista i tots els mitjans afins, d’altra banda previsible, el govern de Pedro Sánchez ha reaccionat reafirmant l’indult, dins de la llei, però negant la possibilitat d’una amnistia i de l’exercici del dret d’autodeterminació. Siguem clars, per resoldre la qüestió catalana només exercint aquests drets pot obrir-se una via democràtica.

No obstant això, sigui com sigui, i en el cas que els presos siguin indultats i s’acabi revisant el delicte de sedició, això podria ser un punt de suport per a aquesta sortida democràtica. Fins ara el govern de PSOE-UP ha aparegut davant els ulls de molts treballadors que van veure amb esperança la seva constitució a principis de 2020, com un govern sotmès al capital financer i el règim monàrquic. Com un govern que no ha derogat les reformes laborals -ni tan sols els aspectes més lesius com deien alguns-, ni la llei mordassa (un compromís electoral), i pel que fa a les pensions, tot el que es coneix, indica que es plegarà a les pressions de Brussel·les, encara que el ministre Escrivà no s’atreveixi de moment a fer-ho.

Mentrestant, els mateixos sectors que van iniciar la campanya el 2006 contra l’Estatut aprovat pel parlament català i ratificat per les Corts, recullen firmes contra l’indult. La dreta franquista de tota la vida (l’antiga i la moderna) s’organitza i atia l’enfrontament, encara que alguns sectors del PP vegin la tàctica de Casado suïcida i no han volgut acudir a la manifestació d’aquest 13 de juny.

El govern de PSOE-UP mostra que aquesta mesura està solament destinada a mantenir una majoria parlamentària precària.

Per la seva banda, les confederacions sindicals de CCOO i UGT han donat a conèixer un comunicat en el qual manifestaven el seu suport al fet que el Govern indulti als presos, mesura que consideren “imprescindibles” per a “recuperar el diàleg i la negociació”.

Evidentment, som partidaris de la llibertat incondicional dels presos, i d’una amnistia, perquè exercir el dret democràtic d’organitzar un referèndum no només no és delicte en democràcia, sinó que és un acte de voluntat democràtica.

Som partidaris de la unió fraternal entre treballadors i pobles de l’Estat espanyol. Per això, no donem suport a la independència, sinó el dret a que els pobles decideixin.

Aconseguir que els presos surtin de la presó no és un assumpte “català”. Per contra és d’interès per a tots els treballadors i pobles que no poden tolerar que els mateixos jutges que avalen mesures antisocials -per exemple les reformes laborals i de pensions- pretenguin mantenir a la presó els republicans catalans i dinamitin tota sortida democràtica.

Una sortida republicana

Encara que indultar els presos, indubtablement sigui un pas endavant, és evident que no soluciona el problema de fons. Hi ha una majoria social a Catalunya que vol una solució democràtica, amb l’exercici del dret a decidir. I hi ha una majoria social a tota Espanya que manifesta -cada dia més- la seva oposició a la continuïtat del règim monàrquic. La confluència d’aquestes dues aspiracions, i la de tots aquells que lluiten per la defensa de les pensions, per la derogació de les reformes laborals, contra les onades d’acomiadaments … és una necessitat ineludible.

Enfront de la Monarquia, les institucions heretades de la dictadura, i el capital financer darrere d’elles, no hi caben “draps calents”, és imprescindible ajudar a forjar l’aliança dels treballadors i pobles per obrir camí a la República, a la unió lliure de repúbliques, per avançar cap a la fi de tota opressió i explotació.

Por una salida democrática a la ‘cuestión catalana’

Carta Semanal 839 en catalán

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Inmediatamente después de conocerse la intención del Gobierno de iniciar los trámites para la concesión del indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por el Tribunal Supremo a más de 100 años de prisión, la derecha franquista de este país apoyada en el aparato judicial de inequívoco aroma franquista, ha abierto la caja de los truenos y ha lanzado una campaña en contra. Esta campaña ha sido apoyada abiertamente en un primer momento por el clan de Felipe González en el PSOE. La reacción de unos y otros pone en evidencia lo que tantas veces hemos explicado: la incompatibilidad entre el régimen monárquico y cualquier medida que tenga que ver con la democracia.

El aparato judicial franquista, contrario a cualquier solución política

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Supremo  (que había condenado a los presos y tenía que informar sobre posible indulto) envió al Ministerio de Justicia un informe contrario a la concesión del indulto, posibilidad que consideró “inaceptable”, llegando incluso a acusar veladamente al Gobierno de querer cambiar una resolución judicial. El argumento utilizado era que los condenados no habían mostrado arrepentimiento. Un argumento falaz por cuanto en 1993 el mismo Tribunal Supremo emitió un informe favorable a la concesión del indulto al exteniente coronel Tejero, a pesar de que no había dado muestras de arrepentimiento. En aquel momento,  ese mismo tribunal justificó su posición en aras de contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado” y en aras también de la “conveniencia pública”, uno de los criterios que utilizan los gobiernos para conceder o no indultos.

Que la justicia tiene dos varas de medir según los casos, es algo ampliamente acreditado, aunque la desfachatez con la que se aplica nunca deja de sorprender. Conviene señalar igualmente el cinismo que destila el informe emitido por los seis miembros del Tribunal Supremo para oponerse a una eventual amnistía porque en su opinión “y en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Claro está, no se refieren al Reino de España, y a la Ley de Amnistía de 1977.

El posicionamiento del TS es la constatación de que una parte substancial del aparato de Estado,  siguiendo la estela del Rey [baste recordar el discurso del rey el  3 de octubre de 2017, después del referéndum catalán, llamando a lanzar toda las fuerzas de Estado contra los que había osado organizar un referéndum] son partidarios de continuar la guerra judicial contra los presos republicanos y los casi 3.000 encausados por el “procés”.

Este enfrentamiento del aparato franquista con el Gobierno sube de punto con la acusación expresa primero de Casado y luego, más acerba, por parte de Ayuso, exigiendo que el rey no firme los indultos como le corresponde hacer. El informe del Supremo lo presenta Lesmes, compinche del Borbón en el ataque al Gobierno de hace pocos meses, y ahora… amagan un golpe de Estado.

Resumiendo, lo substanciai del aparato de Estado heredado del franquismo es enemigo acérrimo de las libertades y derechos.

Oportunidad versus oportunismo

Ante la campaña desatada por la derecha franquista y todos los medios afines, por otro lado previsible, el gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado reafirmando el indulto, dentro de la ley, pero negando la posibilidad de una amnistía y del ejercicio del derecho de autodeterminación. Seamos claros, para resolver la cuestión catalana solo ejerciendo estos derechos puede abrirse una vía democrática.

Sin embargo, sea como fuere, y en el caso de que los presos sean indultados y se acabe revisando el delito de sedición, eso podría ser un punto de apoyo para esta salida democrática. Hasta ahora el gobierno del PSOE-UP ha aparecido ante los ojos de muchos trabajadores que vieron con esperanza su constitución a principios de 2020, como un gobierno sometido al capital financiero y el régimen monárquico. Como un gobierno que no ha derogado las reformas laborales –ni tan siquiera los aspectos más lesivos como decían algunos–, ni la ley mordaza (un compromiso electoral), y con respecto a las pensiones, todo lo que se conoce, indica que va a plegarse a las presiones de Bruselas, aunque el ministro Escrivá no se atreva por el momento a hacerlo.

Mientras, los mismos sectores que iniciaron la campaña en 2006 contra el Estatuto aprobado por el parlamento catalán y ratificado por las Cortes, recogen firmas contra el indulto. La derecha franquista de toda la vida (la antigua y la moderna) se organiza y atiza el enfrentamiento, aunque algunos sectores del PP vean la táctica de Casado suicida y no han querido acudir a la manifestación de este 13 de junio.

El gobierno del PSOE-UP muestra que esta medida está solo destinada a mantener una mayoría parlamentaria precaria.

Por su parte, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han dado a conocer un comunicado en el que manifestaban su apoyo a que el Gobierno indulte a los presos, medida que consideran “imprescindi­ble” para “recuperar el diálogo y la negociación”.

Evidentemente, somos partidarios de la libertad incondicional de los presos, y de una amnistía, porque ejercer el derecho democrático de organizar un referéndum no solo no es delito en democracia, sino que es un acto de voluntad democrática.

Somos partidarios de la unión fraternal entre trabajadores y pueblos del Estado español. Por ello, no apoyamos la independencia, sino el derecho a que los pueblos decidan.

Conseguir que los presos salgan de la cárcel no es un asunto “catalán”. Por el contrario es de interés para todos los trabajadores y pueblos que no pueden tolerar que los mismos jueces que avalan medidas antisociales –por ejemplo las reformas laborales y de pensiones– pretendan mantener en prisión a los republicanos catalanes y dinamiten toda salida democrática.

Una salida republicana

Aunque indudablemente sea un paso adelante indultar a los presos, es evidente que no soluciona el problema de fondo. Hay una mayoría social en Cataluña que quiere una solución democrática, con el ejercicio del derecho a decidir. Y hay una mayoría social en toda España que manifiesta –cada día más– su oposición a la continuidad del régimen monárquico. La confluencia de estas dos aspiraciones, y la de todos aquellos que luchan por la defensa de las pensiones, por la derogación de las reformas laborales, contra las oleadas de despidos… es una necesidad ineludible.

Frente a la Monarquía, las instituciones heredadas de la dictadura, y el capital financiero detrás de ellas, no caben “paños calientes”, es imprescindible ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y pueblos para abrir camino a la República, a la unión libre de repúblicas, para avanzar hacia el fin de toda opresión y explotación.

Eleccions catalanes: poden resoldre alguna cosa?

Carta Setmanal 821 per descarregar en PDF

Sense pena ni glòria. Així està transcorrent la campanya electoral a Catalunya, i no precisament per la pandèmia, o no només per això. I no obstant això, tothom coincideix que hi ha molt en joc. Al menys així ho manifesten algunes de les candidatures en els lemes de campanya. El PSC afirmant que “cal passar pàgina d’una dècada perduda”, ERC plantejant “o el 155 o nosaltres”, i JxCAT que es proclama única hereva del “mandat de l’1-O.” Què passa, doncs, perquè aquestes eleccions hagin despertat tan poc entusiasme i hagi crescut la sensació entre amplis sectors de treballadors que independentment del resultat electoral, res o poc canviarà?

El proper 14 de febrer se celebraran finalment eleccions a Parlament català. Es realitzaran, precís és assenyalar-ho, després de la suspensió per part de l’TSJC de el decret de el govern de la Generalitat que les ajornava fins al 30 de maig, i més d’un any després que Quim Torra donés per esgotada la legislatura, com a conseqüència de les greus desavinences entre els socis de govern. Un any de “interinitat” acte-atorgada que ha servit per posar encara més en evidència la incapacitat i les limitacions de govern ERC-JxCAT -com la d’altres governs- per fer front a la crisi política, econòmica ia l’emergència sanitària, que no es pot justificar només per la “repressió de l’Estat” i la ingerència constant de la justícia franquista.

Alternatives sense sortida

La situació de pandèmia ha servit certament per camuflar que l’interès i el seguiment de la campanya electoral per part de la ciutadania és ínfim. I que més enllà de les expectatives electorals d’uns i altres, i dels resultats que finalment es produeixin, molt pocs confien que vagin a canviar alguna cosa. La raó d’això és directament política i té a veure amb la impossibilitat de solucionar problemes i reivindicacions en el marc del règim monàrquic, i amb el fet que les alternatives existents, tot i que des de diversos angles, es moguin en un terreny que porta a mantenir el carreró sense sortida. Les que provenen dels partits constitucionalistes -i per tant monárquics¬- que es reclamen d’esquerres, PSC, Comuns … que aposten per mantenir el règim, encara que es proposin reformes més o menys “audaces”, o de recorregut més que improbable, que a més s’enfronten a les aspiracions d’una part important de la població catalana que ha manifestat en repetides ocasions que no vol rei. I les que provenen de l’independentisme governamental -ERC, JxCAT- que planteja comptat i debatut i com a condició per lluitar contra el règim monàrquic, que cal estar per la independència de Catalunya. Una qüestió que, de sobres és conegut, divideix com a mínim a la meitat de la població i que en tot cas no tindria cap contingut progressiu per si mateix.

Encara que no resulta estrany, no deixa de ser significatiu que tres de les candidatures amb més possibilitats de guanyar les eleccions -ERC, PSC, JxCAT- no esmentin en els seus respectius programes electorals ni una sola vegada la necessitat de derogar les reformes laborals i de pensions . I això que la candidata Laura Borràs es proclama “més d’esquerres que el PSC”. Naturalment no es tracta d’un oblit, sinó de l’acceptació d’un marc -per més que en alguns casos s’intenti dissimular amb declaracions més o menys altisonantes- i de les bases econòmiques i socials de la mateixa, que no es volen canviar, i en les que només cal la baralla autonòmica pel repartiment dels 140.000 milions del fons europeu, sobre el qual a més, hi ha més que dubtes sobre el seu finançament, destinació, i sobretot, condicions per a la seva eventual recepció. Aquesta és la realitat encara que la gesticulació contra les empreses de l’IBEX-35 intenti amagar la realitat del que es fa: el govern de la Generalitat ha presentat 27 projectes per optar a aquests fons en els quals s’inclouen empreses de l’IBEX-35.

Les reivindicacions xoquen amb l’existència d’aquest règim

Fins al 2017, la negativa dels diferents governs del PP a atendre una reivindicació democràtica àmpliament assumida -la celebració d’un referèndum- es repetia una i altra vegada, amb l’argument -d’altra banda cert- que la legalitat constitucional monàrquica ho impedia. El discurs del Rei del 3 d’octubre de 2017 va acabar per certificar davant els ulls de les masses que la seva tasca no és la d’un àrbitre, i que lluny de ser simbòlica, és la peça clau de l’entramat polític-econòmic i institucional heretat del franquisme. I no hi ha més que seguir l’actuació del poder judicial en relació amb la qüestió catalana, torpedinant per exemple qualsevol intent de govern, per tímid que fos, de solucionar el problema dels presos, destituint a diputats al Congrés i, fins i tot, a l’ president de la Generalitat. Com s’ha demostrat en infinitat d’ocasions, sota el règim monàrquic la suposada separació de poders i la independència del poder judicial i d’altres poders de l’Estat, és una enganyifa. No és altra cosa que un subterfugi que permet actuar contra la democràcia i les aspiracions dels pobles.

És evident que la solució als problemes que pateixen els treballadors i el poble català és inseparable de la lluita dels treballadors i el conjunt dels pobles de l’Estat sotmesos al mateix règim monàrquic opressor, defensor dels interessos del capital financer.

Per això, i perquè les llibertats no són divisibles, que és de l’interès dels treballadors de tot l’Estat, que el dret d’autodeterminació s’apliqui i, d’altra banda que els presos polítics siguin alliberats immediatament, anul·lant-se la pantomima de judicis.

Ajudar a teixir l’Aliança dels treballadors i dels pobles és l’únic mitjà per fer retrocedir al règim i als quals se sotmeten a ell. En aquesta contradicció en què es troba el govern, incapaç de fer front al règim i al capital, i és la de totes les organitzacions que reclamant-se dels drets dels pobles no avancen en aquest sentit. És la contradicció dels que des de Catalunya abanderen l’enfrontament amb l’Estat no per acabar amb el mateix, sinó en última instància per negociar la separació amb la (suposada) ajuda de la comunitat internacional, mantenint la submissió de la política econòmica a les exigències del capital financer, a través de la UE i l’FMI, recolzats per l’OTAN. El que té la seva traducció en l’acció política quan es reivindica el mandat de l’1 d’octubre -que no és assumit per bona part de la població¬- i no obstant això s’oblida o ni tan sols es reclama de les mobilitzacions realitzades la segona quinzena d’octubre de 2019, quan amb la joventut al capdavant, milers i milers van sortir al carrer, independentistes o no, contra les sentències.

Per la República dels pobles, per la Unió de Repúbliques

El proper 14F hi haurà treballadors que vagin a votar i altres que no ho facin. El rebuig al règim, la indignació per la situació dels presos, així com l’opinió contrària que provoca tant la desastrosa gestió de govern de la Generalitat davant la pandèmia, com el rebuig al discurs que dóna l’esquena a la resta de treballadors i pobles de Espanya, tindrà segurament la seva traducció electoral. Com també ho tindrà la indignació general contra tots els governs que es mostren incapaços de garantir el treball, la protecció social i la salut, i donen l’esquena a una solució democràtica a la qüestió catalana. Però independentment del vot que s’expressi i més enllà de les conteses electorals, no hi ha tasca més urgent que la defensa de les reivindicacions. L’exigència de derogació de les reformes laborals i de pensions, la reversió de les retallades efectuades en la sanitat i en l’ensenyament, així com en el conjunt de serveis públics; la lluita contra la pandèmia, que passa per garantir una vacunació massiva i immediata i no la vergonyosa situació imposada a la ciutadania per les multinacionals farmacèutiques i la submissió dels governs a les mateixes. No hi ha tasca més urgent que unir forces per avançar en el camí de la República, del Poble i per als Pobles, basada en el dret a l’autodeterminació, única sortida que pot garantir un futur d’esperança i una sortida democràtica a les aspiracions del Poble català.

Elecciones catalanas: ¿pueden resolver algo?

Carta Semanal 821 en catalán

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Sin pena ni gloria. Así está transcurriendo la campaña electoral en Cataluña, y no precisamente por la pandemia, o no solo por ello. Y sin embargo, todo el mundo coincide que hay mucho en juego. Al menos así lo manifiestan algunas de las candidaturas en los lemas de campaña. El PSC afirmando que “hay que pasar página de una década perdida”, ERC planteando “o el 155 o nosotros”, y JxCAT que se proclama única heredera del “mandato del 1-O.” ¿Qué sucede, pues, para que estas elecciones hayan despertado tan poco entusiasmo y haya crecido la sensación entre amplios sectores de trabajadores de que independientemente del resultado electoral, nada o poco va a cambiar?

El próximo 14 de febrero se celebrarán finalmente elecciones al Parlamento catalán. Se realizarán, preciso es señalarlo, tras la suspensión por parte del TSJC del decreto del gobierno de la Generalitat que las aplazaba hasta el 30 de mayo, y más de un año después que Quim Torra diera por agotada la legislatura, como consecuencia de las graves desavenencias entre los socios de gobierno. Un año de “interinidad” auto-otorgada que ha servido para poner aún más en evidencia la incapacidad y las limitaciones del gobierno ERC-JxCAT –como la de otros gobiernos- para hacer frente a la crisis política, económica y a la emergencia sanitaria, que no se puede justificar solo por la “represión del Estado” y la injerencia constante de la justicia franquista. Sigue leyendo

¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.