(Publicado en la Carta Semanal 799 – ver en catalán)
La crisis económica y la emergencia social han puesto en evidencia el régimen capitalista, la podredumbre de un sistema que muestra a las claras la incompatibilidad entre el régimen de la propiedad privada y la protección de la salud pública y los derechos más elementales. Y frente a esta evidencia otra igualmente clara que cualquier trabajador puede constatar: todos los gobiernos se muestran incapaces e impotentes para garantizar mínimamente la salud de los trabajadores, los puestos de trabajo, etc., porque están condicionados por las políticas impuestas por las instituciones del capital financiero con las que no quieren romper. Así se dan paradojas como la de regalar centenares de miles de millones a las empresas y no hay para salvar las fábricas, o se limita el aforo y las reuniones sociales mientras que la población tiene que ir hacinada en el transporte público. O que los ayuntamientos con superávit no puedan dedicar los remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades de la población a la cual representan, a consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria -todavía vigentes porque el gobierno PSOE-UP no las han derogado- aprobadas con los votos de algunos de quienes ahora hablan cínicamente de expolio en los municipios, o de quienes hablan de soberanía pero con sus votos contribuyeron a que se pudiera hacer.
