(Publicado en la Carta Semanal 793 – ver en catalán)

1.-La decisión de los jueces –a instancias de la Fiscalía– de anular la aplicación de los  beneficios penitenciarios a los republicanos catalanes no es un acto inocuo. En política, rara vez las cosas se dan por casualidad. Y que se dé en las circunstancias actuales tiene una lectura precisa: hay partes importantes del aparato de Estado que no quieren ni oír hablar de mesas de diálogo–aunque éstas sean puramente formales– y están dispuestas a dinamitar cualquier posibilidad de salida política a la cuestión catalana.

Pero al margen del carácter dudosamente legal de la medida, expresa la arbitrariedad del régimen monárquico, del poder incontrolable de las instituciones heredadas de la dictadura, como el aparato judicial, y demuestra una vez más la incompatibilidad entre democracia y Monarquía.

Al mismo tiempo muestra el sometimiento del Gobierno, que es incapaz de enfrentarse a estos poderes fácticos y que se muestra impotente ante las tropelías que cometen, aceptando las  presiones de un aparato profundamente reaccionario, en nombre de una supuesta “separación
de poderes” en la que nadie cree.

Sin embargo, la situación sin salida que impone el aparato franquista, enemigo de toda negociación y de cualquier solución política, no puede resolverse sin enfrentarse a él. No puede resolverse con gestos o medias tintas. Al contrario, eso solo alienta la impunidad y lo espolea.

Solo la ruptura con este aparato llamando a la movilización unida de los trabajadores y de  todos los pueblos puede vencer la impunidad de estas instituciones, puede acabar con las cloacas del Estado, o de este Estado cloaca.

2. Por el contrario, la fuerza de esas instituciones heredadas del franquismo reside en la negativa a enfrentarse a él de los partidos que dicen defender los derechos de los trabajadores y los pueblos. Justamente es esta política la base de la crisis de todos los partidos que en primera o última instancia defienden al régimen.

A diferencia de otras épocas, la inexistencia de un partido obrero de masas que a escala de todo el Estado luche por la República, como por ejemplo hizo en los años 30 el PSOE –también otras organizaciones como la UGT, el PCE …– facilita ciertamente la arbitrariedad y la existencia
de esas instituciones, y constituye desde luego un serio impedimento. Peor aún es que algunos miembros del Gobierno, sin ningún tipo de rubor, afirmen y presenten la actual Monarquía prácticamente como la continuidad del régimen republicano aplastado por Franco.

Pero si para los trabajadores y pueblos que desearían poder contar con esa opción, la inexistencia de un partido obrero republicano de ámbito estatal representa un problema de primer orden, no lo es menos el hecho de que esa circunstancia facilite que los partidos que en Cataluña dicen defender la soberanía, den la espalda a los trabajadores y a los demás pueblos, en aras de una supuesta ayuda europea, inexistente e imposible. Ningún gobierno europeo apoyará el enfrentamiento con la Monarquía, pilar del orden imperialista, y menos en estos momentos de crisis profunda. Pero al dar esa perspectiva a la lucha del pueblo catalán, los llamamientos al “enfrentamiento con el Estado”, por muy altisonantes que aparezcan, se convierten en proclamas vacías que esconden en realidad que de lo que se trata no es de acabar con el régimen monárquico, sino de acabar negociando con él la separación de Cataluña. Esto pudo apreciarse claramente en las movilizaciones de octubre de 2019, abandonadas a su suerte por sus convocantes en cuanto escaparon del control que quisieron imponer, utilizando para ello el anonimato y las redes sociales y negando la posibilidad de que los movilizados decidieran democráticamente.

3. La “coartada” de la inexistencia de un partido obrero republicano de ámbito estatal, desde  luego no exime a los partidos republicanos catalanes de responsabilidad. Especialmente en ste momento, en el que todo llama a unir las fuerzas de los trabajadores y los pueblos para decir basta. En un momento en que los trabajadores y pueblos no pueden tolerar que la Sanidad siga sin medios, no quieren cruzarse de brazos cuando se cierran miles de empresas, no pueden tolerar que ayuntamientos y administraciones carezcan de los recursos para ayudar a los  trabajadores a levantar cabeza con su esfuerzo (la última propuesta de Hacienda es una burla).

Ciertamente han tomado una elección: en lugar de convertirse en la punta de lanza de un movimiento que busque la complicidad y la unión con los trabajadores y pueblo del Estado español para acabar con el régimen que oprime a todos, han reeditado el viejo discurso del «nosaltres sols”; en lugar de tender puentes y buscar complicidades, han levantado un estúpido discurso “antiespañol” que aleja indudablemente a millones de trabajadores de cualquier objetivo común. También a los trabajadores catalanes que oyen indignados las excusas de algunos consejeros, mientras el gobierno de la Generalitat gestiona la pandemia igual o peor que el gobierno de Pedro Sánchez, o no hace nada para salvar los puesto de trabajo de Nissan y otras empresas. Y todo ello, después que la población trabajadora de Cataluña haya padecido durante años la política de recortes en sanidad y enseñanza aplicada por el gobierno de la  Generalitat, que hace desconfiar completamente en su modelo de supuesta República.

4. Esta orientación, como se ha podido comprobar, lleva a un callejón sin salida. Sin embargo, hay salida. Y para encontrarla, resulta útil aprender de las lecciones del pasado. En febrero de 1936, inmediatamente después de conocerse el triunfo de las candidaturas del Frente Popular,
diversas manifestaciones se sucedieron por todo el país reclamando la libertad de los encarcelados tras los hechos de octubre de 1934. Como se recordará, todo el gobierno de la Generalitat –menos Dencàs, que huyó– fue detenido, procesado y condenado por un tribunal a 30 años de cárcel, por “declarar el Estado catalán dentro de la República Federal Española”.  A pesar de que la prensa de derechas lo presentó como una acción separatista, Companys proclamó el Estado catalán, no como un acto dirigido a «separarse» de España, sino para  defender la República y las conquistas democráticas que se asociaban a ella, que en su opinión se encontraban gravemente amenazadas tras la entrada de la CEDA en el gobierno. Su abogado, Ossorio y Gallardo, planteó su defensa exactamente en la misma dirección: no como un conflicto entre Cataluña y España, sino como un enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y republicanas de Cataluña y España contra la reacción. Por ello, Companys, que se encontraba en el penal del Puerto de Santa María junto con otros dos consejeros de la Generalitat, cuando fue puesto en libertad, hizo un recorrido hasta llegar a Barcelona que se convirtió en un paseo triunfal, en el que fue aclamado en cada una de las ciudades en las que se detuvo. Las masas lo aclamaron porque se había significado como un luchador no solo por la libertad de Cataluña sino de todos los pueblos de España.

En los años treinta, el republicanismo catalanista de izquierda planteó el combate por las libertades como parte integrante de una lucha común. La experiencia reciente nos dice que la línea “unilateral” divide, sirviendo como cobertura de las barreras monárquicas a las exigencias de los pueblos, rompe con esa tradición y ayuda a sostener al régimen. Y que seguir la estela de quienes –especialmente JxCat y sus antecesores inmediatos– se han distinguido por llevar a cabo una política de destrucción de los servicios públicos y han cultivado la idea de una Cataluña “independiente” al amparo de la comunidad internacional, es decir, sometida a los intereses del capital financiero a través de la UE, y por lo tanto sin ninguna soberanía, no lleva a
ningún escenario positivo. Poner como condición que para luchar por las libertades y contra el régimen monárquico, es necesario romper la clase obrera, es una estrategia que solo favorece a quienes quieren imponer una salida que nada tiene que ver con el respeto a la soberanía popular.

5. Abrir la vía a la República, del pueblo y para los pueblos, basada en el derecho de autodeterminación exige avanzar en la construcción de una potente Alianza de Trabajadores y Pueblos partiendo de unir todas las fuerzas para defender la sanidad y el automóvil y el conjunto del empleo. Y este combate exige plantear también el problema de la representación política, es decir, el problema del instrumento organizado que combate en todo el Estado por esta vía.

La conquista de los derechos sociales y democráticos no vendrá de otras manos que las de la clase obrera y los pueblos mismos. En esto también hay que aprender del pasado por más que éste se intente borrar o esconder. En este mes de julio de hace ahora 84 años, los obreros y campesinos respondieron al intento de golpe de Estado de los militares sublevados contra la República desencadenando –como mejor manera de combatirlo– una revolución social. Esta revolución social llevó a los trabajadores de Cataluña a hacerse prácticamente con todo el poder y a una situación de práctica “independencia”, sin que nadie hubiera planteado la separación. El Comité Central de Milicias Antifascistas, y los diferentes comités revolucionarios esparcidos por todo el territorio, apoyados en las organizaciones obreras, se convirtieron en el
verdadero poder real. Y al mismo tiempo que combatían al fascismo, pusieron en marcha toda una serie de iniciativas revolucionarias, dentro de la más amplia autonomía, como jamás se había conocido.

No habrá solución para Cataluña sin una solución para España. Y no habrá solución para España sin una solución para Cataluña. Abrir una alternativa en esa dirección pasa ineludiblemente por defender las reivindicaciones.

En octubre pasado el pueblo catalán enero salió a las calles contra la Sentencia de los Nueve. Hoy es mas necesaria que nunca la movilización para reconstruir la sanidad pública, salvar la industria, la libertad de los presos republicanos catalanes y demás represaliados, defender las pensiones, etc. y avanzar en la construcción de una nueva representación política que exprese fielmente los intereses de los trabajadores y los pueblos. exige que se dé satisfacción a sus exigencias y reivindicaciones.

Si el Gobierno emprende la vía de sumisión total al capital financiero y la Monarquía, esto lo llevará obligatoriamente a un enfrentamiento con las masas trabajadoras. Los hechos demuestran que no se puede avanzar en el sentido de responder a las reivindicaciones sin enfrentarse al régimen y al capital.