En el momento en que la Constitución de 1978 cumple 36 años, es moneda común entre los dirigentes de los partidos con base obrera; como lo es de los partidos nacionalistas y de las “nuevas formaciones”, proponer su reforma, un proceso constituyente… Lo bien cierto es que atravesamos una grave crisis institucional y política que cuestiona de arriba abajo esa Constitución. Todas las instituciones del régimen monárquico están amenazadas de supervivencia por la acción de los trabajadores y los pueblos de España que buscan una salida favorable a sus intereses, y no por casualidad: los Pactos de la Moncloa de septiembre de 1977 sentaron sus bases políticas (el mantenimiento de las instituciones de la dictadura y el reconocimiento obligado de las libertades), el acuerdo en el diagnóstico y los planes de ajuste a aplicar por el Gobierno franquista en minoría parlamentaria. Sobre estos pactos se suelda el consenso constitucional (Constitución, Estatutos de Autonomía,
Estatuto de los Trabajadores); y en cada ocasión que el juego institucional de la supuesta Monarquía parlamentaria se ha visto amenazado por una crisis (desde el 23 de febrero de 1981 hasta mayo
de 2011) se ha puesto en evidencia la incompatibilidad entre la Monarquía y los intereses y aspiraciones de trabajadores y pueblos; sin embargo, la aceptación de los dirigentes políticos y sindicales del movimiento obrero de la legalidad constitucional (vale decir, el respeto a las instituciones heredadas del franquismo por encima de la soberanía de los pueblos y de la democracia) ha conducido a que las crisis se resuelvan en contra de los intereses y de las necesidades de los trabaja dores y de los pueblos de España, manteniéndose el dominio de la economía y de las condiciones de vida de las capas populares por el capital financiero internacional y nacional y los franquistas, fundidos en el crisol de la dictadura con el aparato de Estado y las instituciones franquistas (entrada en la OTAN y en la entonces CEE –como formas de proteger y reforzar las instituciones surgidas del consenso de 1978-; reconversión/desmantelamiento industrial y agrícola, reforma constitucional en septiembre de 2011 para asegurar a los bancos y especuladores el pago de la deuda, etc.). Pero si todo esto es cierto, no lo es menos que la movilización de masas de en los años 70 buscaba con denuedo terminar con la dictadura, imponer la ruptura, destruir el aparato de Estado centralista opresor e instaurar una República basada en el derecho de autodeterminación. Traicionada por sus dirigentes (Santiago Carrillo en primer lugar, pero también Felipe González, que, sometidos al imperialismo y al aparato de Estado, trataron de evitar la ruptura con todos los medios a su alcance), la movilización impuso el reconocimiento de las libertades y de las organizaciones de los trabajadores. El POSI se funda, a partir del voto No a la Constitución, sobre la base de una afirmación: la Monarquía es incompatible con las libertades y con las organizaciones. Lo acontecido en estos casi cuarenta años es el desarrollo de esta contradicción: todos los recortes de los derechos laborales y de las libertades que la crisis del aparato de Estado acelera hoy, demuestran que, a pesar de la orientación de sus dirigentes, la existencia de UGT y CC OO como organizaciones de la clase obrera en todo el Estado español, son una espina clavada en el corazón del régimen, que debe destruirlas como organizaciones de clase para ir más lejos en la política de los recortes exigidos por la UE y el FMI, en la sobreexplotación. Un elemento central, determinante y catalizador de la crisis institucional y política es lo que llaman la cuestión catalana, el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos a decidir, o dicho de otra forma: el derecho a la autodeterminación de las naciones, excluido expresamente de la Constitución del 78.
