Carta Semanal 1008 en catalán
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Esta fecha es tradicionalmente la jornada reivindicativa del pueblo catalán por su soberanía. Recuerda una fecha histórica: la caída de Barcelona en 1714 en manos de la dinastía borbónica.
Durante la dictadura estuvo prohibida su celebración. Y no sin dificultades el pueblo de Catalunya impuso plenamente su celebración legal el 11 de septiembre de 1977 o sea dos años después de la muerte de Franco, en la calle, por la movilización: los trabajadores, la juventud la mayoría del pueblo de Catalunya se movilizó, quizás en una de las mayores demostraciones de fuerza. Aquel año los partidos que se reclamaban de la clase obrera y los sindicatos eran absolutamente mayoritarios en los diferentes cortejos: Libertad, amnistía, Estatuto de autonomía eran las consignas principales.
Mucha agua ha corrido bajo el puente y no pretendemos hacer aquí un balance de casi cincuenta años y de los diferentes episodios.
Pero la realidad de estos años demuestra que estamos lejos del “mito” de la transición pacífica que acordó la democracia con el rey a la cabeza. Por el contrario, fue la movilización de la clase trabajadora y de los pueblos la que impuso a la dictadura en descomposición libertades y derechos. (ver a este respecto Combate Socialista nº 11. La Transición)
Pero los acuerdos con los franquistas (Pactos de la Moncloa y Constitución) impusieron el mantenimiento del aparato de Estado de la dictadura, dejando una buena parte de las reivindicaciones del pueblo catalán –como las de los demás pueblos del Estado– sin ser resueltas.
Los pactos de la transición instauraron un régimen, el monárquico, enemigo acérrimo del derecho de los pueblos y de los trabajadores. Régimen agente del imperialismo que empuja nuestro país a la política de guerra por medio de todos los gobiernos que se le someten a través de la OTAN.
La sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2010 que decidió desnaturalizar el Estatuto de autonomía votado por el pueblo catalán y aprobado en las Cortes abrió la vía a la crisis y a un movimiento de rechazo que dio lugar al “procés” y a la situación actual. La mayoría del pueblo catalán se pronunció por el “derecho a decidir” y se movilizó por ello.
La represión del Estado a partir del discurso del Borbón el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegalizado por Rajoy, provocó un periodo negro con cientos de detenidos, la aplicación del artículo 155 y miles de encausados. Contra la sentencia que condenó a nueve dirigentes se produjo una movilización sin precedentes del pueblo de Catalunya, de toda la juventud, durante quince días.
Pero el movimiento obrero estatal no ocupó su lugar en esta lucha. Y a la vez, sin duda alguna, la táctica de los dirigentes de los partidos soberanistas y, en particular, de Junts (Puigdemont), al dar la espalda a los trabajadores y demás pueblos del Estado, confiando en las instituciones internacionales del capital, como la Unión Europea, llevó finalmente a su crisis, a la pérdida de la mayoría electoral y al enfrentamiento entre estos partidos que conocemos hoy. Este fracaso y este enfrentamiento se reflejan también en las calles, en manifestaciones donde la participación de los trabajadores es inexistente y la de la juventud está en claro descenso.
La cuestión de la amnistía
L a dirección del PSOE y de ERC, haciéndose eco de un clamor mayoritario acordaron una ley de amnistía, sin duda de carácter limitado, que fue al fin aprobada en las Cortes el 30 de mayo de este año.
Al carácter limitado, aunque en principio implicaba a todos los encausados por el “procés” se sumó su incierta aplicación. La amnistía desautoriza a todo el aparato represivo que, a las órdenes del Rey –tras su discurso del 3 de octubre– se lanzó contra los republicanos catalanes y quienes participaban en las movilizaciones. El Tribunal Supremo y una buena parte de los jueces han amnistiado de inmediato a todos los policías encausados por su participación en las cargas policiales, pero se niegan a aplicar la ley a los republicanos catalanes con múltiples subterfugios. Incurriendo según el Fiscal General en el delito de prevaricación, el colmo ha sido que este miércoles 4 de septiembre ha sido elegida presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ la jueza Isabel Perelló, cuyo primer discurso ha sido una defensa rabiosa de la independencia del poder judicial franquista frente a toda crítica o “injerencia” del poder legislativo. Lo que da mala espina justo cuando es pode judicial se esmera en su batalla contra la amnistía y en sus campañas de lawfare.
Lo cual implica que el combate por la amnistía está lejos de ser ganado, por poner en cuestión una de las bases de este régimen: la arbitrariedad de las instituciones judiciales heredadas del franquismo.
La financiación autonómica
El desarrollo de la regionalización del país según el título VIII de la Constitución buscaba desviar la exigencia de los pueblos, y, en particular, el catalán y el vasco, de su libre determinación. Cuestión que ponía en solfa la unidad de las instituciones franquistas y el poder de la Corona. Al mismo tiempo, buscaba dividir a la clase obrera en 17 partes con condiciones regionales distintas de trabajo y derechos. Un enfrentamiento entre pueblos que los franquistas animan con pretextos diversos: el agua, el reparto de inmigrantes…
Y uno de los aspectos clave era la financiación de las autonomías, para que presten a los ciudadanos los servicios cuya gestión les está transferida
Las autonomías han recibido la transferencia de diferentes servicios públicos: sanidad, educación, transportes… Incluso, en Catalunya, Vascongadas y Navarra, una parte del orden público…pero sin dotar a las autonomías de los recursos necesarios, lo cual hacía a las regiones subsidiarias del Estado, pidiendo limosna, endeudándose, imponiendo nuevos tributos, jugando con la competencia fiscal para atraer inversiones… En última instancia, la insuficiencia de fondos lleva a que las autonomías sean las que apliquen los recortes y la privatización. Cuando era vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de Izquierda Unida, declaraba que “los recortes se aplican por imperativo legal”. Cataluña es pionera en la privatización de la enseñanza, la sanidad y el agua, lo cual como es evidente dificulta la lucha contra la sequía.
Desde hace casi 10 años no se renegociado la LOFCA, la ley de financiación. que por tanto se rige aun con datos que ya han sido desfasados. A ello se suma que particularmente en tres comunidades –Valencia, Baleares y Catalunya–, el Estado invierte mucho menos que lo que está presupuestado como inversiones del Estado. Por ejemplo, según fuentes oficiales, en 2023 el Estado solo ha ejecutado en Catalunya el 45 por ciento de las presupuestadas.
Se le puede llamar “déficit fiscal ” o infrainversión del Estado, pero es una realidad.
El acuerdo firmado por el PSC y ERC, apoyado por los comunes y con la oposición de la derecha franquista y, por otro lado, del Junts de Puigdemont, intenta, según sus premisas, solucionar esta situación.
Se basa en tres criterios:
– La Generalitat recauda los impuestos.
– Una proporción se entrega al Estado.
– La Generalitat contribuye a la solidaridad con las regiones más pobres.
(Por otro lado, el acuerdo estipula que la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña la asumirá un comité con participación del Gobierno y de la autonomía)
Sobre el papel, podría suponer un avance: la lucha de los trabajadores y de los pueblos ha llevado a PSOE y ERC a romper sobre el papel la base de la asfixia de los pueblos. Pero para que sea una realidad, hay que superar la resistencia del capital y de todo el aparato de Estado. Y una de las características principales del Estado, bajo su forma del régimen monárquico, es el extremo parasitismo que va desde los gastos militares (sin control) a la propia Monarquía. Además, la descentralización de la gestión de determinados impuestos permite a la Comunidad de Madrid, aprovechándose de la capitalidad, hacer que las grandes fortunas se acojan a regímenes fiscales favorables para no pagar impuestos, desplazando su domicilio fiscal a Madrid desde otros puntos del Estado. En otra forma, quienes, como el presidente andaluz, han rebajado 1.000 millones al año los impuestos a los ricos claman contra la falta de financiación de Andalucía.
Si quedase en el papel, esta reforma sería un parche. Es lo que busca el PP. Pero la oposición frontal de los franquistas y de los sectores del PSOE que viven de los privilegios de la autonomía y su miniaparato de gobierno muestra que sienten que el estado autonómico se ve amenazado. Cuando sectores del Partido Socialista, en Valencia o Murcia, reclaman exigir un trato como el de Cataluña, plantean el mismo problema: la financiación.
Defender los servicios públicos
Sánchez ha declarado este 4 de septiembre que habrá más dinero para todos. ¿Cómo y para qué? La vicepresidenta Montero, empujada por el acuerdo catalán y por la indignación de todos los pueblos, a ofrecer singularidades, quiere negociar con cada comunidad por separado en lugar de ayudar a la colaboración entre los pueblos: ¿busca parches para impedir la bancarrota, para garantizar que España contribuirá más a la guerra de Ucrania?
Es evidente que toda nueva inversión en sanidad, enseñanza, en los trenes u otros debe ser saludada e incluso combatir para que exista. Pero hay que dar un vuelco, para satisfacer a las exigencias de los pueblos.
No nos engañemos: la libertad de los pueblos, la colaboración fraternal entre los diferentes pueblos, la ayuda mutua, las inversiones conjuntas, son incompatibles con la Monarquía y su política de guerra y los gobiernos que se someten.
Detrás de la crisis de financiación está la crisis del régimen apegado a la defensa de las instituciones heredadas del franquismo, de los intereses de las multinacionales y grandes empresas que sacan beneficios de la división autonómica y sometido al mandato del imperialismo USA a través de la OTAN.
La única vía de la democracia y de la colaboración entre los pueblos es la vía de la República, de la Unión Libre de Repúblicas soberanas.
La lucha por ello da su verdadero significado al 11 de septiembre