Carta Semanal 1105 para descargar en PDF
En la cumbre de la OTAN del 7 de julio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presumía de que España es el tercer país de la OTAN que más ha aumentado su gasto militar (de hecho, lo ha duplicado en tres años). Tres días después, un incendio en Almería quemaba más de 4.000 hectáreas, se cobraba 12 vidas y obligaba a evacuar a más de 1.400 personas.Otros incendios se extienden por el país. Y volvemos a oír a los expertos explicar las causas, a las autoridades prometer medidas. Si no fuera porque nos vuelven a prometer lo mismo que dijeron el año pasado, y que no cumplieron.El hecho es que España, con 28 millones de hectáreas de superficie forestal, que equivale al 55% del territorio nacional, cuenta con sólo 14 aviones Canadair antiincendios, mientras que su Ejército del Aire tiene una flota activa de unos 140 cazas de combate.
Cada año, el territorio es asolado por enormes incendios. En 2025, sólo desde el 1 de julio de 2025 hasta el 19 de agosto, se quemaron alrededor de 400.000 hectáreas.
Las causas son conocidas
Las causas de los grandes incendios se conocen, son de dominio público: el aumento de temperaturas medias debido al cambio climático, el abandono del medio rural, que ha hecho que miles de hectáreas de cultivos se abandonen y se cubran de matorral y bosque joven muy inflamable, la desaparición de la ganadería extensiva que mantenía bajo control la maleza, la falta de limpieza de los bosques… Este años era previsible una mayor peligrosidad de los incendios, por las abundantes lluvias de invierno y primavera.
Como hemos señalado antes, la superficie forestal total alcanza el 55% del país. Los bosques suponen aproximadamente el 38% del territorio, y un 17% son matorrales y pastizales, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor cantidad de bosques. Esta superficie ha tenido un aumento considerable en los últimos 20 años -se calcula un 20%- como producto directo de la aplicación de la PAC de la Unión Europea. Prácticamente toda la agricultura y ganadería de montaña han desaparecido, porque no son rentables según los criterios del mercado «libre y no falseado» de la UE. Incluso unos dos millones de hectáreas de tierras cerealistas están en barbecho (según el ministro de Agricultura Planas) a causa de las cuotas de la PAC.
Según los estudios oficiales, publicados por la prensa económica, un tercio de la masa forestal no está cuidada, es pura dinamita. Otro tercio está cuidado a duras penas por los ayuntamientos con sus débiles medios (teniendo en cuenta que en la Monarquía de las autonomías los ayuntamientos están sometidos a un brutal estrangulamiento financiero, aunque hay unos pocos que son muy ricos, la media de recursos, por ejemplo, es la mitad que en Francia). Otro tercio está cuidado por el Estado o por las regiones, por ser reservas naturales, por los árboles, el cultivo… En todo caso, ese cuidado es siempre muy precario.
Además, cerca del 72% de toda la superficie forestal (más de 20 millones de hectáreas) es de titularidad privada. La mayor parte, en manos de grandes propietarios. Por ejemplo, en Cataluña hay 237.000 propietarios forestales, pero el 10%, es decir, unos 23.000, tienen el 90% de la superficie forestal.
El problema principal de estos bosques privados es el abandono y la falta de mantenimiento continuo. Menos del 7% de estos bosques privados cuenta con un certificado de gestión sostenible. Y dejar la prevención en manos de la propiedad privada tropieza con un hecho: como señala el diario Ara, “una gran finca forestal tiene menos valor que un piso en el Eixample de Barcelona. Una hectárea de bosque cuesta 1.200 euros, mientras que arreglarla o realizar algún tipo de gestión supone un gasto de 1.500 a 2.500 euros”. Antes, de los bosques se sacaba madera, leña y carbón. Ahora, nada de eso. Y Tampoco se han puesto medios para explotar la biomasa producida en los bosques, que es equivalente como media a diez millones de toneladas de petróleo. Diversas empresas explotan una parte mínima de esta biomasa (que supone un 1% de la producción de energía). Para las multinacionales de la energía, es más rentable importar petróleo en el mercado mundial y especular que invertir en la biomasa. España importa unos 65 millones de toneladas de petróleo.
Seguir dejando los bosques en manos privadas supone permitir que sigan siendo un polvorín presto para estallar. Basta un rayo, un descuido, una chispa eléctrica o de una maquinaria, para que estallen los incendios
Pero las medidas preventivas están ausentes
No puede negarse que las olas de calor que hemos sufrido en estos días aumentan el riesgo de incendios, pero en la península ibérica siempre hay que esperar veranos muy calurosos y secos. Este invierno ha llovido más de lo normal, y hay más vegetación en los montes. Razón de más para haber intensificado las labores de limpieza. Pero nada de eso se ha hecho.
Tras los graves incendios del año pasado, tanto el gobierno central como las autonomías prometieron inversiones en medidas preventivas de los incendios. Se multiplicaron los mensajes y compromisos de que se invertiría en prevención de incendios, que los bomberos forestales serían contratados todo el año y empleados en limpiar los montes, que se compraría más material antiincendios…Ninguna de esas promesas se ha cumplido. Es más, globalmente, se ha reducido a la mitad el presupuesto de prevención e intervención contra los incendios desde 2010, a causa de los recortes impuestos a partir de la crisis financiera, y la prioridad otorgada al gasto militar.
Tampoco se invierte en recuperación del suelo quemado. La alcaldesa de Bejís (Castellón), donde en 2022 se quemaron más de 20.000 hectáreas, explica en el periódico Levante que hoy, cuatro años después, muchas zonas siguen llenas de árboles quemados porque su pequeño ayuntamiento no puede asumir el coste de retirar esa madera, y nadie ha aportado los fondos para ello.
La penosa situación de los bomberos forestales
La lucha contra los incendios, como otros muchos servicios públicos, depende en España de las Comunidades Autónomas (aunque el gobierno central aporta aviones y militares especializados en combatir incendios y otras catástrofes). En todas ellas, se repite la misma situación: falta de medios, bomberos contratados en condiciones precarias, abandono de los bosques.
Los diferentes cuerpos de bomberos están mal, sin formación. Muy mal pagados. Llueven las quejas y huelgas desde hace años, pero nada se ha hecho. Es más, las Leyes de agentes forestales, aprobadas desde hace años, no se cumplen, según manifestaba el verano pasado el propio ministro Puente (que acusa a las regiones de ello).
Los sindicatos llevan años denunciando la precariedad laboral de brigadas forestales y bomberos, reclamando plantillas estables, formación y medios adecuados. Han organizado huelgas y protestas que han sido ignoradas por los gobiernos, pese a que advertían que la falta de inversión convertía los montes en un desastre anunciado.
Gloria Sánchez, conductora de autobomba en Castilla-La Mancha, exponía hace unos días la situación en aquella comunidad como ejemplo de lo que ocurre en buena parte del territorio español: “Los incendios, año atrás año, son más grandes y peligrosos, complicados y llegan antes a los territorios. A uno de junio, menos del 44% de los dispositivos se encuentran activos, con campañas más reducidas y veranos más largos. Esto provoca que las campañas se vean reducidas en algunos territorios, no ya a cuatro meses, sino a 90 días. Además, unidades que debían tener siete u ocho componentes están reducidas a la mitad o menos”.
En otras comunidades autónomas, la situación es muy parecida. Bomberos forestales de Castilla y León alertan de la situación del operativo contra incendios y denuncian que «faltan la mitad de los helicópteros, las cuadrillas están incompletas y faltan medios». Y avisan de que la campaña de este verano “va a ser muy preocupante por estar en peores condiciones que el año pasado”.
El conductor de autobomba y delegado de CCOO, Diego Fernández, denunció que León inicia la campaña de incendios “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto y desestructurado, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos, celadores no tienen un calendario firmado de guardias y a los que les han quitado funciones y cuadrillas helitransportadas que no han empezado aún”.
Es necesario un verdadero plan antiincendios
La lucha para defender el territorio –y los bienes de miles de personas- contra los incendios, se enfrenta a la política de guerra, a la anarquía del Estado de las Autonomías, que nada tiene que ver con la soberanía de los pueblos y que se traduce en enfrentamientos entre gobiernos. Se enfrenta a la propiedad privada de los terrenos forestales, que lleva a que no haya inversiones en ellos por falta de rentabilidad y por la prioridad de sus propietarios de especular con la posible urbanización de los terrenos.
Lo que hace falta es un verdadero plan antiincendios, que comience por la contratación de agentes forestales y bomberos durante todo el año, con condiciones laborales decentes y en número suficiente. Un personal que durante el otoño, el invierno y la primavera, puedan realizar tareas de limpieza de bosques y prevención de incendios. Un plan que asuma la expropiación de toda parcela forestal que no esté debidamente mantenida, para garantizar su limpieza. Que combine medidas ecológicas, como la presencia de ganado y de zonas de pastos bien cuidadas con la puesta en marcha de centrales de biomasa. Un plan que no puede separarse de otras medidas necesarias para mejorar la situación de la mayoría trabajadora de la mayoría, que defiendan el medio ambiente, la producción y las conquistas sociales de la población.
La población trabajadora no puede conformarse con nuevas promesas que se van a incumplir de nuevo. El dinero para prevenir los incendios, contratar más personal y mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales existe, pero se gasta en armas.