Carta Semanal 1082 en catalán

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El gobierno presume de haber triplicado su gasto en defensa. España dedica, según cifras oficiales, 34.000 millones anuales al gasto militar, 22.000 millones más que cuando Sánchez llegó al gobierno. Pero según el Centro Delás de Estudios para la paz, el gasto militar real de 2025 hasta los 40.457 millones, casi el 2,5% del PIB.

El gobierno ha hecho del gasto militar su prioridad, y asegura que ese aumento del presupuesto militar se ha hecho sin tocar el gasto social. Cierto es que, por el momento, se ha limitado a dedicar la inmensa mayoría del superávit recaudatorio al rearme. Pero ese ingente desvío de fondos supone dejar desatendidas necesidades urgentes de la población. Enumeraremos algunas.

Necesidades en infraestructuras

Desde el año 2010 se acumulan recortes en la inversión en infraestructuras. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el déficit de inversión en infraestructuras supera los 60.000 millones de euros. Sólo para compensar el desgaste por uso y envejecimiento de infraestructuras. Las infraestructuras acumulan un descenso en la inversión pública del 63% desde 2010 hasta el cierre de 2024, según el histórico de ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda, haría falta una inversión mínima anual cercana a los 11.700 millones de euros. La Dana de Valencia y los accidentes ferroviarios han puesto de manifiesto las consecuencias de esta carencia.

En cifras absolutas, la inversión en infraestructuras viarias (carreteras, etc.) cayó un 56,3% en términos reales entre 2010 y 2018, cuando comenzó a repuntar ligeramente (15,8% entre 2018 y 2024). En 2024 ha crecido solo un 0,7%, hasta los 5.071 millones de euros.

Son las inversiones destinadas al ferrocarril las que han sufrido el mayor desplome de la inversión en los últimos tres lustros. Llegaron a suponer más de 11.000 millones anuales en el periodo 2009-2010. Actualmente esa cuantía, se sitúa en 3.469 millones, un nivel inferior en un 63% con respecto a la suma alcanzada en 2009-2010. Se sitúa un 17,6% por debajo de su nivel de 1995, a pesar de que Adif sea mayor beneficiario de los fondos Next Generation, según el Ministerio de la Presidencia. Aunque la inversión en mantenimiento ha aumentado un 54%, alcanzando los 1.120 millones de euros, el gasto por kilómetro sigue siendo la mitad de la media europea. 

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha lanzado, en una carta dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una voz de alerta sobre el estado de las presas. Señalan la falta de personal de mantenimiento, y denuncian el mal estado de los desagües de fondo y de las compuertas de los aliviaderos. Son necesarios para dejar salir el agua, los aliviaderos en caso de avenidas extremas, y los desagües para regulación ordinaria. En el caso de estos desagües de fondo, señalan que “tras décadas de inversión escasa en mantenimiento, en muchos casos han quedado fuera de operación, ya sea porque se han acumulado sedimentos en los desagües de fondo, o porque ha habido alguna rotura de los mecanismos o los equipos electromecánicos que sirven para su activación y hay que sustituirlos”, añade García.

La media de inversión en mantenimiento en los últimos años en el Ministerio ha sido de unos 100 millones de euros al año, cuando la inversión óptima técnicamente para hacer un buen mantenimiento estaría entre los 250 y los 500 millones de euros. “Ese déficit acumulado durante varias décadas está conduciendo a que se vayan sumando deficiencias en las presas”.

Construcción de viviendas

Para dar solución al problema de la vivienda, algunos estudios cifran en más de 800.000 la necesidad de nuevas viviendas asequibles y sociales, lo que requeriría un esfuerzo inversor de alrededor de 250.000 millones de euros en 10 años. Aun reduciendo esa cifra, contando con la expropiación de viviendas de especuladores y fondos buitre, haría falta una inversión de 10.000 millones al año.

La educación pública

En el terreno de la educación, las necesidades no cubiertas son importantes. Las universidades públicas viven una situación angustiosa de déficit. La financiación pública de las universidades sigue lejos de llegar al objetivo del 1% del PIB, que el art. 55 de la LOSU establece como referencia para alcanzar la suficiencia financiera de las universidades públicas En concreto, en el año 2020, el porcentaje del PIB dedicado a las universidades se situaba en el 0,77%. Lo que supone que faltan anualmente 3.680 millones. La Universidad Complutense de Madrid tuvo en 2024 un déficit de 33 millones, que ha obligado a poner en marcha un plan de recortes de 35 millones de euros. Es el resultado de la infrafinanciación crónica: Desde 2007, las transferencias autonómicas apenas han aumentado un 5%, mientras que la inflación acumulada supera el 44%. La ruina de las universidades supone una pérdida de calidad de la enseñanza y un aumento del coste de matrículas, sobre todo los master, que expulsa a la juventud trabajadora de la universidad.

Se calcula en 250.000 el número de alumnos que se quedan sin plaza en la FP pública. Un 28,4% de los matriculados tiene que ir a la FP privada para poder cursar sus estudios. La FP a distancia está siendo en España el vector de la privatización de estas enseñanzas, según el informe que ha presentado la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, “La FP en Venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud”. En algunos territorios, el auge de la FP privada es “verdaderamente alarmante”, según el sindicato. Es el caso de Euskadi, donde un 43% de los matriculados en Formación Profesional estudia en la privada, Madrid con un 37,5% de alumnado en la privada o Aragón con un 35,9% de alumnos en estos centros privados. El precio medio de una FP privada es de 3.500 euros por curso. Según informes de CCOO, se requieren aproximadamente 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas presenciales.

En Andalucía, los alumnos de los colegios se enfrentan a las altas temperaturas sin climatización. Sólo a 407 de los 7.000 colegios andaluces que la necesitaban se las ha aplicado una Ley de Bioclimatización aprobada en 2020, según denuncia USTEA.

La sanidad

La situación de la sanidad pública es catastrófica. En el primer semestre de 2025, había 832.728 pacientes esperando operarse. Si sumamos las listas de espera para consulta de especialista y para pruebas diagnósticas, se llega a casi dos millones y medio de personas. A ello se suma las demoras de cita para médico de Atención Primaria (hasta un mes en algunas comunidades autónomas). Los profesionales huyen de la sanidad pública y hay un déficit generalizado de médicos y un déficit creciente de enfermeros. Y el descontento del personal que se queda aumenta. En el último año ha habido importantes huelgas de médicos, TCAE y Técnicos Superiores, convocadas por los sindicatos profesionales y por plataformas.

Las causas de ese deterioro están en los recortes sufridos y no recuperados. Entre 2010 y 2025, la Sanidad pública ha dejado de recibir 35.000 millones (cifra actualizada a la inflación de lo que ha dejado de recibir como consecuencia de los recortes). El deterioro del sistema sanitario es muy acusado, y haría falta un plan de choque de al menos 10.000 millones anuales para recuperar las inversiones, reducir las listas de espera y recuperar a los profesionales perdidos.

Además, según la patronal de infraestructuras Seopan, haría falta una inversión de 7.831 millones para poner en marcha 3.355 nuevas camas hospitalarias, necesarias para atender al aumento de población y reducir las listas de espera

La atención a mayores y dependientes

Según el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. A 31 de diciembre de 2025, la lista de espera de servicios de atención a la dependencia ascendía a 258.157 personas, con un tiempo medio de tramitación de 341 días.

32.704 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en 2025, una media de 93 fallecimientos diarios de personas que estaban en lista de espera para recibir su ayuda. Harían falta 9.000 millones anuales para corregir esta situación.

 La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS) calcula un déficit de 50.000 plazas residenciales para cubrir la demanda actual de personas con gran dependencia severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III) y cerca de 100.000 para alcanzar el mínimo recomendado de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. El déficit no deja de crecer: «Si en 2014 se calculaba una carencia de 53.103 plazas para llegar a esa ratio del 5%, hoy la cifra se ha disparado hasta las 96.916». 

Cañones o mantequilla

Como hemos visto, son muchas las necesidades sociales que necesitan fondos. Y el gobierno tiene que elegir: atender a estas necesidades de la población o priorizar la respuesta a las exigencias de Trump y mantener el desaforado gasto militar. Tiene fondos suficientes para atender esas necesidades; sin ir más lejos, la Agencia Tributaria ha aumentado sus ingresos un 9,4% en 2025 (27.400 millones de euros, la mayoría de los cuales han ido al aumento del gasto militar). Y, evidentemente, hay otras fuentes de financiación Dejar sin responder esas necesidades alimenta el desapego de la población, e incluso el voto de rechazo que se dirige hacia la ultraderecha. Cualquier alternativa electoral tiene que responder, igualmente a esta cuestión.

El mitin internacional contra la política de guerra del 20 de junio en Londres es, también, un acto de defensa de las necesidades y reivindicaciones sociales. En esa perspectiva, trabajamos por conseguir decenas de firmas de sindicalistas y de activistas de movimientos sociales.