Carta Semanal 1051 en catalán
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La ley fiscal presentada por Trump – que éste denomina “el Gran y Hermoso Proyecto de Ley”- ha sido aprobada por escaso margen, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
En el Senado, de mayoría republicana, el proyecto fue aprobado el 1 de julio, superando la oposición de los demócratas y de sus propias filas (tres senadores republicanos votaron en contra) tras una turbulenta sesión nocturna. Tuvo que ser el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con su voto de desempate, quien convirtió un empate en 51-50, para imponer la medida. En la Cámara de Representantes el proyecto fue aprobado a finales de mayo con un voto de diferencia (215 a 214). En la segunda votación, tras su paso por el Senado, la ley ha salido adelante con 219 votos a favor: solamente dos congresistas republicanos se han atrevido a votar en contra.
En ambas cámaras, Trump ha tenido que ejercer enormes presiones sobre sus propias filas, llegando a amenazar a los republicanos con no apoyarles en las próximas elecciones si no votaban a favor de su proyecto.
Las resistencias de algunos legisladores republicanos se deben, sobre todo, a dos cuestiones: el enorme déficit que va a generar el nuevo sistema fiscal y los recortes sociales que implica, y que pueden influir en los resultados de las próximas elecciones de medio mandato, previstas para 2026, en las que se renuevan 33 senadores y los 435 representantes. Otros se alinean con Elon Musk, quien defiende que el proyecto no incluye recortes suficientes para reducir el déficit.
El proyecto generará un enorme déficit fiscal
El Gran y Hermoso Proyecto de Ley incluye recortes de impuestos (sobre todo a los más ricos: un total de 4 billones de dólares, según algunas fuentes), disminuciones de gastos y nuevos fondos para defensa nacional y deportaciones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) considera que el proyecto de ley añadiría casi 3,3 billones de dólares a la deuda nacional entre 2025 y 2034, con un aumento de casi 1 billón de dólares con respecto a la versión aprobada por la Cámara de Representantes. Recordemos que Cuando Trump llegó al poder la deuda de los EEUU era de 30.429.116 millones de euros, el 118,73% del PIB de Estados Unidos. La deuda per cápita estaba en 90.797 euros por habitante (los estadounidenses serían los segundos más endeudados del mundo).
El déficit fiscal ( la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno federal) ya es muy elevado: 2.119.319 millones de dólares en 2024. Y son muchos los economistas que opinan que es improbable que la aplicación de la nueva ley fiscal produzca un crecimiento económico sustancial (un estudio habla de que puede aumentar un 0,2% el crecimiento económico),
Una explosión de endeudamiento que puede crear una gran crisis de deuda
El anunciado agravamiento del desequilibrio fiscal ya ha hecho que Moody’s Ratings rebajara la semana pasada la calificación crediticia de Estados Unidos. Los mercados de bonos reaccionaron de inmediato, elevando los intereses de la deuda estadounidense a largo plazo. Pocos días después, la escasa demanda en una subasta de bonos del Tesoro a 20 años dio otra sacudida a los mercados, haciendo subir de nuevo los intereses de los bonos y lastrando las acciones estadounidenses.
Donde Trump ve una “edad de oro” del crecimiento, los inversores ven un futuro con más deuda, mayores costos de financiamiento, inflación y una desaceleración económica. Los inversores que antes veían la deuda pública como una inversión relativamente libre de riesgo (El aumento este año de compra de Bonos del Tesoro es del 12%), ahora exigen que EEUU pague mucho más por su deuda pública, aunque, a pesar de todo, siga ocupando el primer puesto entre las inversiones en deuda.
El New York Times del 2 de julio auguraba que ese aumento de la deuda y del coste de su financiación puede abocar, en el futuro, a una crisis de deuda mayor que todas las que hemos conocido.
Brutales recortes sociales
El proyecto de Trump supone una reducción de los impuestos que beneficiaría en gran medida a los estadounidenses más ricos. Para recuperar parte de esa pérdida de ingresos, el proyecto recortaría los programas de asistencia de salud, en particular Medicaid (un total de 900.000 millones de recortes), y dejaría sin seguro a entre 12 y 17 millones de estadounidenses más en 10 años.
También incluye recortes en los cupones para alimentos, en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) –una ayuda alimentaria que reciben 40 millones de personas- en un 20% aproximadamente (100.000 millones). El proyecto eliminaría algunos de los programas de reembolso de préstamos estudiantiles y limitaría la capacidad del gobierno federal para proporcionar ayuda. Esto supone un gran problema: aproximadamente 43 millones de estadounidenses deben alrededor de 1.6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales. La morosidad afecta con especial intensidad a las comunidades latinas y negras.
Medidas que se suman a la liquidación de la agencia de cooperación USAID. La desaparición de sus programas podría causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, según publican investigadores en la revista médica The Lancet.
La ley incluye un importante aumento del gasto militar, añadiendo fondos para la construcción naval, armas, 25.000 millones de dólares para el sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” y otras iniciativas del Pentágono. Por primera vez, el presupuesto militar superará el billón de dólares anuales. Trump ha declarado que no va a aceptar rebajar “ni diez centavos” del mismo.
Una declaración de guerra contra todos los pueblos
Manel Pérez, vicedirector de La Vanguardia y comentarista económico, caracteriza así la ley: “Trump ha aprobado la ley fiscal que es una declaración de guerra social para sus compatriotas y económica para el resto” (La Vanguardia 25 de mayo).
Las rebajas de impuestos para el 1% más rico y los recortes sociales se combinan con una exigencia al resto de los países para que dediquen más dinero a las armas, subiendo impuestos, y también con recortes sociales. Para la Unión Europea y todos los países de la OTAN, el 5% por ciento del PIB, o sea, unos 850.000 millones, significa además comprar a los Estados Unidos más armas (Europa compra a empresas USA entre un 60% a un 80% de ellas). Trump, en su visita a las monarquías de la Península Arábiga, ha firmado contratos de ventas de armas por centenas de miles de millones…
Esta es una de las medidas de Trump para intentar rebajar su déficit comercial… e intentar también aumentar la venta de productos estadounidenses, entre ellos el gas.
Beneficiándose de la guerra de Ucrania, EEUU ha impuesto a Europa la compra de gas licuado. Por ejemplo, para España, en los últimos cuatro meses, representa ya el 44% de las compras desbancando a Argelia.
Esta política no es nueva
Tiene su punto de inflexión en Nixon cuando en agosto de 1971 rompió la paridad dólar-oro e impuso el dólar como moneda de cambio internacional, haciendo, por tanto, financiar el presupuesto norteamericano -o sea, su deuda- al resto del mundo y, en particular, a Europa, a Japón y después a China.
Es la política de todos los presidentes que se han sucedido: Nixon, Reagan, Obama, Biden… y ahora Trump a un grado superior.
La nueva ley fiscal aumentará de nuevo el déficit y la deuda pública norteamericana en beneficio de la élite del 1% de la población, aumentando su consumo en un mercado mundial que decrece.
En efecto la economía norteamericana importa el doble de bienes de consumo de los que produce. Pero hay otros factores que explican la fortaleza del dólar y la confianza de los inversores en los bonos del Tesoro. Primero la potencia militar, los Estados Unidos tienen 750 bases militares en el mundo -además en expansión-, su industria armamentística supera ya el 40% mundial (y muchas industrias de otros países fabrican bajo patente), el control de los suministros de energía, del petróleo, y ahora, gracias a la guerra de Ucrania, del gas. Wall Street sigue siendo el centro de las finanzas y el corazón de las grandes tecnológicas.
Una declaración de guerra contra la clase obrera norteamericana y de todo el mundo
La prensa norteamericana publica estos días unos datos elocuentes. En los últimos 30 años los Estados Unidos han perdido 18 millones de empleos industriales bien pagados, y creado 21 millones en los servicios, la mayoría de ellos precarios.
Como media, el conjunto de trabajadores asalariados norteamericanos han perdido estos decenios un tercio del poder adquisitivo. Las medidas de la ley fiscal se suman a la guerra arancelaria en marcha, que está produciendo un aumento de la inflación que repercute, claro está, en la mayoría trabajadora y los más explotados.
El proyecto de ley pone las bases para incrementar los ataques contra la porción más explotada de la clase obrera norteamericana: los trabajadores inmigrantes. Aportaría unos 350.000 millones de dólares para la agenda fronteriza y de seguridad nacional de Trump, incluyendo 46.000 millones de dólares para el muro fronterizo con México y 45.000 millones de dólares para 100.000 camas en centros de detención de migrantes, medidas con las que Trump busca cumplir su promesa de realizar la mayor operación de deportación masiva en la historia de del país. Como señala una declaración de DSA, difundida tras el voto del senado, “la ley convierte a la ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] en la mayor agencia de imposición de la ley de todo el mundo, permitiéndole secuestrar y aterrorizar a nuestros vecinos y seres queridos, sin ningún control. Esta ley creará nuevos campos de concentración para miles y miles de nuestros vecinos, arrancados de las calles sin juicio alguno”.
La guerra social se exporta a todos los países
Veamos. Para España el incremento del gasto militar que sirve a los EEUU para disminuir su déficit comercial significa ya el desvío de fondos que son necesarios para el gasto social. Hasta Pedro Sánchez, a pesar de haber aumentado en 14.500 millones el gasto militar, ha declarado que el aumento del gasto militar supone un detrimento para los programas sociales. No es por casualidad que de nuevo lluevan los informes sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones. O que los empleados públicos entren en el mes de julio sin subida salarial para este año, y tampoco se cumplan las medidas de reclasificación del “acuerdo para una Administración del Siglo XXI”, firmado hace ya dos años y medio. Trump exporta la guerra social.
Por si había alguna duda, esto da todo su contenido a la lucha contra el rearme, el cual es necesario para mantener la economía de los Estados Unidos, baluarte del orden capitalista.
Como señala la declaración de DSA “esperamos derrotar esta ley y todas las amenazas que incluye, pero el único modo de construir una alternativa de lucha es la acción de masas, la organización de la clase obrera y la resistencia”. Una propuesta que se aplica por igual a ambos lados del Atlántico.