Declaración del Comité Ejecutivo del POSI (descargar en PDF)
29 de octubre de 2020
Incapaces de frenar la expansión incontrolable de la pandemia de COVID-19, los gobiernos autonómicos y el gobierno central se han puesto de acuerdo para declarar un nuevo Estado de Alarma, con nuevas restricciones de movilidad y recortes de derechos y libertades. Y nada menos que para seis meses. Una imposición que muchos desconfían de que sea eficaz contra el virus a falta de otras medidas, pero que va a profundizar gratuitamente la ruina económica y a sumir aún más en la miseria a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han agotado su ERTE o que se han quedado en paro.
No era algo inevitable y había que evitar hacerlo así
Nos presentan cómo inevitables los nuevos confinamientos. Puede que ahora lo sean (si fuesen acompañados de otras medidas), pero, desde luego, podrían haberse evitado si durante los 99 días de confinamiento y los primeros meses de la llamada “nueva normalidad”, los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, como reforzar la Atención Primaria, contratar y formar rastreadores para identificar y aislar los contagios del virus, reforzar el transporte público para que la clase trabajadora no tenga que acudir al trabajo hacinada, adaptar los centros de trabajo para que no se conviertan en lugares de contagio, contratar profesores y construir o adaptar aulas para permitir centros de estudio presenciales y seguros, reforzar y adaptar los centros geriátricos, y demás medidas que hoy hasta un niño puede recitar, pero que no se han puesto en marcha.
Nada de eso se ha hecho. Y ahora, otra vez, los gobiernos dicen que hay que tomar medidas de urgencia, “inevitables”, sin acompañar a medidas sanitarias urgentes. Hace 15 días un decreto-ley imponía medidas de urgencia en la sanidad, que permiten aplicar la movilidad forzosa de médicos y enfermeros, dentro del hospital, o desde Atención Primaria a hospitales de campaña, así como obligar a médicos a trabajar en una especialidad que no sea la suya o contratar a médicos sin especialidad para que hagan de especialistas. Madrid anuncia un nuevo hospital de 1.000 camas cuyas plazas de médicos y enfermeros se pretenden cubrir quitando personal de otros centros sanitarios, en los que ya escasean. Pero, a pesar de que las plantas de hospitales se llenan y las UCI vuelven a ir por el camino del colapso, no se incluye ninguna medida para garantizar que todos los recursos sanitarios existentes se ponen al servicio de la comunidad, incorporando la sanidad privada a la red pública.
Los contagios masivos vuelven a las residencias de mayores, cuyas instalaciones no han sido adaptadas y que siguen teniendo las ratios de personal absolutamente insuficientes que tenían antes de la pandemia.Y que continúan en manos del negocio privado, con una presencia cada vez mayor de multinacionales y fondos buitre. Tanto en la sanidad como en las residencias, ni una medida que pueda poner en cuestión el sacrosanto negocio de sus propietarios.
Todas las medidas adoptadas buscan preservar los intereses de los patronos y las multinacionales. Se restringen los contactos y se limitan los aforos, salvo en las empresas y en el transporte público, donde la población trabajadora seguirá yendo hacinada.
¿De nuevo, medidas restrictivas y represivas?
Incapaces de poner coto a los contagios aplicando medidas sanitarias, de nuevo vuelven a los confinamientos forzados y las medidas represivas. Ya en el primer Estado de Alarma se impusieron más de un millón de multas aplicando la Ley Mordaza, y desde entonces no se ha cesado de intentar criminalizar a la juventud. Ahora de nuevo, serán policías y guardias civiles, cuando no militares.
Lo que sí sabemos es que se imponen nuevas restricciones al derecho de reunión, y que el decreto que declara el Estado de Alarma prevé la posibilidad de prohibir manifestaciones por “motivos sanitarios”.
