Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 21 de octubre de 2019

En una movilización sin precedentes, centenares de miles de personas, jóvenes, trabajadores de la ciudad y del campo, etc., han expresado durante toda una semana su indignación contra la sentencia franquista. En particular, el viernes 18 de octubre, centenares de miles ocuparon Barcelona en una manifestación impresionante.

Durante toda la semana, miles de jóvenes han hecho frente a la policía enviada por los gobiernos de Madrid y Barcelona, mientras la prensa y los medios de comunicación afines no han perdido el tiempo en presentar a los manifestantes casi como terroristas, a fuerza de la exhibición ininterrumpida de determinadas imágenes.

Nada nuevo bajo el sol. Es la misma manera ya conocida con la que la prensa del régimen ha tratado en anteriores ocasiones a los piquetes de huelga, presentándolos como violentos o delincuentes.

Esto es normal para los defensores de la Monarquía, del capital financiero, de la justicia franquista, y de todos los que no quieren que haya una solución política, democrática, para Catalunya y para el conjunto de pueblos del Estado español.

Lo que no es normal es que los principales responsables de nuestras confederaciones sindicales miren para otro lado o condenen a los manifestantes sin, además, hacer mención alguna o criticar la sentencia que condena a largas penas de prisión a responsables políticos y activistas sociales.

Lo que no es normal es que los dirigentes del gobierno de la Generalitat, que se reclaman de la soberanía, guarden silencio –solo roto para cargar las tintas sobre la policía “española”- sobre una movilización que los ha desbordado y a la que se invoca solo retóricamente.

Los defensores de la Monarquía quieren evitar a toda costa que la indignación que ha llevado a miles y miles a movilizarse en las calles de varias poblaciones de Catalunya, prenda en todo el Estado de manera masiva y amplia. De hecho ya ha habido los primeros ecos en Madrid, Valencia, Bilbao, … ciudades donde ha habido manifestaciones para exigir la libertad de los presos por ejercer el derecho a manifestar y expresar sus ideas. De igual manera, lo que quieren evitar algunos supuestos soberanistas es que la movilización de la juventud que no controlan acabe desbordándolos.

Republica del Pueblo, República de los Pueblos

Tienen razón los que quieren acabar con la Monarquía, defensora de la explotación, de los intereses del capital financiero, de la gran banca y de los privilegios heredados de las instituciones franquistas. Tienen razón los que quieren acabar con este régimen que niega los derechos democráticos y sociales y convierte en sediciosos a quienes los defienden.

Pero esta es una aspiración que no es exclusiva del pueblo catalán. Aunque haya quien quiera presentarlo así, en realidad esto es lo que une a los trabajadores y pueblos de todo el Estado español.

Como une a todos los trabajadores la defensa común de las pensiones, de la sanidad y la enseñanza públicas, o la derogación de las reformas laborales. Precisamente, miles de pensionistas se concentraron el miércoles 16 en Madrid para defender el actual sistema de pensiones que el capital financiero quiere destruir, bajo el lema “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

Es el deber del movimiento obrero defender las libertades

Es una cuestión vital. Arrancadas al régimen después de la muerte de Franco, las libertades están hoy amenazadas. Desde la ley mordaza, el procesamiento de sindicalistas –después de la aplicación del artículo 315.3- el PP y todos los partidos franquistas exigen ir más lejos. Hablan de aplicar el 155 de manera indefinida, incluso el estado de excepción, y presionan al gobierno en funciones. Y ante ello, es el propio Pedro Sánchez el que se hace eco de estas presiones y asume como propio un discurso que contempla esas exigencias intolerables.

Frente a ello, frente a quienes les gustaría acabar con las libertades conquistadas en dura lucha bajo el franquismo (el derecho de expresión, de manifestación, la libertad de partidos, etc.) es un deber del movimiento obrero defenderlas. No es necesario estar de acuerdo políticamente con los dirigentes políticos y sociales condenados, para exigir su libertad. El movimiento obrero nunca ha defendido las libertades solo para los que piensan de una determinada manera, de la misma manera que no se defendió en su momento el sufragio universal solo para que se votara a unas determinadas opciones. Para el movimiento obrero, la libertad es indivisible y es una cuestión de principios. Quienes condicionan este principio a la “legalidad” en realidad están en contra de este principio.

¿Qué salida?

Muchos de los ciudadanos que participaron de la manifestación en Barcelona el día 18, se hacen esta misma pregunta. Muchos decían que, desde hace meses incluso años, habían hecho “todo lo que se les había pedido –los dirigentes- y todo lo que estaba en sus manos”. ¿Qué más hacer, pues?

Repitámoslo. Tienen razón quienes ven en la continuidad del régimen monárquico el obstáculo principal para resolver los problemas del país. Que la soberanía del pueblo de Catalunya, al igual que la del resto de pueblos, no se va a hacer efectiva mientras estemos sometidos a un orden constitucional que lo niega, y cuyos garantes son las instituciones heredadas del franquismo. Pero un régimen no se supera solo porque mucha gente lo considere un obstáculo, sino porque se avance hacia la organización de un movimiento que aúne derechos democráticos y sociales. Derogación de la ley Mordaza y de las reformas laborales. Derecho a decidir y defensa de las pensiones. Es decir, que aúne a todos partidarios de una salida democrática, que no puede ser otra que la República, del Pueblo y de los Pueblos. Único marco que puede garantizar la fraternidad entre los mismos, sobre la base del respeto al derecho de autodeterminación, y que debe asegurar los derechos sociales para todos.

Agrupar a todos los partidarios de esta orientación en una Alianza de Trabajadores y Pueblos se ha convertido ya en una necesidad imperiosa. Los militantes de la IV Internacional en España están comprometidos en el esfuerzo por avanzar lo antes posible en esa dirección.

Madrid, 21 de octubre de 2019