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Los Acuerdos de Oslo, la Autoridad Palestina y sus relaciones con el Estado colonial israelí, una historia de trucos, manipulaciones y mentiras

Carta Semanal 968 en catalán

Carta Semanal 968 para descargar en PDF

En estos momentos, ante la masacre de Gaza y la movilización internacional contra ella, los dirigentes de los EE.UU., de la Unión Europea y el presidente pedro Sánchez sacan del baúl de los recuerdos, donde ha dormido un sueño de añas, el polvoriento plan de “dos Estados” en Palestina. Reproducimos, con algunas notas y aclaraciones, un artículo aparecido en el periódico francés Informations Ouvrières sobre los acuerdos de Oslo, expresión de la “solución de los dos Estados”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de declarar que una vez que Hamas sea erradicado, “Gaza y Cisjordania deberían reunificarse bajo una sola estructura de gobierno, eventualmente bajo una Autoridad Palestina revitalizada”.

La Autoridad Palestina fue fundada en 1993 tras los Acuerdos de Oslo firmados entre el primer ministro israelí Ythzak Rabin y el presidente de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), Yasser Arafat, bajo la tutela del presidente estadounidense Bill Clinton, que fue el verdadero autor intelectual. Sigue leyendo

Las contradicciones del nuevo gobierno

Carta Semanal 967 en catalán

Carta Semanal 967 para descargar en PDF

Casi cuatro meses después de las elecciones del 23 de julio, se ha llegado a la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, basado en acuerdos con otras formaciones. Ahora toca ver qué política va a desarrollar, pero a nadie se le oculta que ese gobierno se va a enfrentar a poderosos obstáculos, algunos de ellos debidos a su dependencia de la Unión Europea y del imperialismo americano a través de la OTAN, otros a la oposición y el boicot por parte del aparato de Estado heredado del franquismo y sus representaciones políticas (PP, Vox y la morralla que se ha movilizado con ellos), un aparato que el Gobierno no duda en preservar. Otros obstáculos surgen, directamente, de las decisiones del propio gobierno. Sin poder ser exhaustivos, vamos a analizar algunos aspectos que pueden ilustrar la situación general.

La cuestión de las pensiones

El Gobierno se ha comprometido a mantener la subida de las pensiones según el IPC medio del año anterior, una conquista arrancada por los y las pensionistas con su movilización. Pero al mismo tiempo ha de cumplir sus compromisos con Bruselas y aplicar la reforma Escrivá.

La Comisión Europea tiene la potestad de hacer la auditoría sobre el desarrollo de la reforma de pensiones. Y según publica El Economista, la primera revisión prevista “avanza medidas necesarias por valor del 0,8% del PIB, según la AIReF, el equivalente a un desajuste de 10.700 millones que deberá pactar la nueva ministra”. La misma publicación señala que el Banco de España (institución subsidiaria del Banco Central Europeo) “viene alertando de la necesidad de incluir nuevas medidas por la vía del gasto, de los ingresos o una combinación de ambas para cubrir las necesidades del sistema de las pensiones”. Es decir, aumentar las cotizaciones o las aportaciones del Estado (en un marco de reducción pactada con la UE del déficit y la deuda, y de subida del gasto militar) o recortar las pensiones. Todo eso en un contexto en que el gobierno saliente se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato legal de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que dispararía toda duda sobre la sostenibilidad del sistema, y el nuevo gobierno no ha incluido, tampoco, esa auditoría entre sus objetivos. .

Al mismo tiempo, señala la misma publicación, ha de aplicar lo dispuesto en la reforma Escrivá sobre “el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas”. Y “los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado”.

Además, el Gobierno ha decidido transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, un paso hacia la ruptura de la Caja única. Y, a partir de ahí, se podría abrir una  lógica  de que las 17 comunidades lo pidan.

Todas esas cuestiones van a enfrentar a la nueva ministra con el movimiento de pensionistas, movimiento independiente que se basa en el principio de que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

El boicot del poder judicial y del aparato de Estado en general

Los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial, de los fiscales, de las juntas de jueces de numerosas provincias, contra la amnistía y contra la inclusión del lawfare en el acuerdo del PSOE con Junts auguran una fuerte actuación del aparato judicial para interferir, paralizar o boicotear la aplicación de las medidas que apruebe el nuevo gobierno. Empezando por la amnistía que, según el texto del proyecto de ley presentado debería aplicar cada juez o tribunal en cada caso concreto pero extendiéndolo a cualquier otra medida de progreso o de desarrollo de derechos.  Aparato judicial que forma parte de un aparato de Estado que actúa en colusión con las distintas representaciones políticas del franquismo.

Se prevé una tortuosa tramitación de la ley de amnistía en el Senado y una más que probable remisión del texto al Tribunal Constitucional, que puede paralizar cautelarmente su aplicación, y, más tarde, anularla total o parcialmente. Ya ha empezado el juego de los franquistas para deformar el TC y evitar que apruebe la amnistía. El apartarse un miembro del TC de un paso preliminar mientras todos los nombrados por el PP, enemigos declarados de la amnistía, siguen en sus puestos, va en la línea del sabotaje que transformó el TC para que se cargase el Estatuto catalán.

Entretanto, el poder judicial sigue actuando para poner obstáculos o incluso dinamitar las alianzas que han permitido la formación del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha pedido a las autoridades de Suiza que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. Todo ello basado en la acusación de terrorismo hecha recientemente contra la dirigente republicana, acusación que el mismo juez parece haberse inventado.

Gobernar conviviendo con el aparato judicial (y con el ejército, la Guardia Civil, la policía y los altos cuerpos de funcionarios, cuerpos franquistas heredados de la dictadura sin depuración alguna según lo pactado por los dirigentes del PSOE, el PCE y nacionalistas en la llamada “transición”, y que ya se han manifestado en contra de la formación del gobierno) es un camino muy difícil. Por eso siempre hemos señalado que un verdadero progreso social y democrático exige la ruptura con esas instituciones y con la Monarquía, exige la República.

La sumisión a las normas de la Unión Europea

Ya en el mes de abril, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordó con la Comisión Europea –en el Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Programa Nacional de Reformas 2023– adelantar a 2024 la reducción del déficit público al 3%, un año antes de lo previsto. Lo que significa reducirlo casi 2 puntos en 2 años, ya que el déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB. También se comprometió a continuar la reducción de la deuda, tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.

Compatibilizar las promesas de incremento del gasto en sanidad (que necesita una inyección urgente de fondos para recuperarla de los gravísimos efectos de los enormes recortes sufridos entre 2020 y 2017 y las consecuencias de la pandemia), en enseñanza y en los servicios e infraestructuras públicas con estos compromisos de recorte de déficit y deuda va a ser una verdadera cuadratura del círculo. Más aún teniendo en cuenta los compromisos de incrementar el gasto militar.

La movilización de la población en defensa de su sanidad y su educación pública tendrá que exigir al Gobierno que financie la sanidad, la enseñanza o el transporte, y oponerse a cualquier decisión gubernamental que las sacrifique.

Y la subordinación a los Estados Unidos

La subordinación del gobierno español –y de todos los gobiernos europeos– al principal imperialismo, el de los EE.UU. condiciona toda la acción exterior del gobierno. Un gobierno que se ha sometido en lo referente al apoyo a la guerra en Ucrania y en el apoyo al supuesto “derecho a la defensa” de Israel, que justifica el genocidio contra el pueblo palestino. Los llamamientos con la boca chica– a un “alto el fuego” o a “pausas humanitarias” no son más que hipocresía. Como ilustra el caso del alto representante de la Unión Europea para política exterior, Josep Borrell, demostrada recientemente en una entrevista con Al Jazeera: 

“¿Consideran que lo que lleva a cabo Israel son crímenes de guerra?”, le pregunta el entrevistador, sobre la postura de la UE. “Yo no soy abogado, pero hay una Corte Penal Internacional que se hará cargo de una investigación”. Inmediatamente después de esa afirmación, el presentador le pregunta: “¿La postura de la UE es que lo que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre son crímenes de guerra?”. Y Borrell responde tajantemente: “sí, lo consideramos un crimen de guerra, porque los civiles fueron asesinados claramente sin ningún otro motivo, aparte de que se encontraban allí”.

El entrevistador responde: “¿Cómo puede ser tan claro a la hora de acusar a Hamás de crímenes de guerra, pero cuando le he preguntado por Israel me ha respondido que no es abogado?”.

Pedro Sánchez ha visitado Israel, donde ha declarado a Netanhayu su total apoyo ante el terrorismo de Hamas, precisamente en un momento en que el clamor mundial por el alto el fuego obligaba a Israel a firmar una tregua. Mientras el Gobierno manifiesta su apoyo al Estado sionista, sigue comerciando con Israel, le suministra armas y consiente las constantes intromisiones de la embajadora del Estado sionista en la política española, decenas de miles se manifiestan en las calles en solidaridad con Palestina, piden al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel, exigen el boicot al comercio con Israel. 

Por la independencia del movimiento obrero

La situación que hemos expuesto de manera general aboca a una conclusión: el movimiento obrero y popular, si quiere defender sus conquistas sociales y democráticas, y conseguir la satisfacción de sus reivindicaciones, las organizaciones obreras, y, en particular, los sindicatos, si quieren ser fieles a los objetivos para los que fueron fundados y para los que los trabajadores y trabajadoras se unen a ellos, no pueden subordinarse a las decisiones y necesidades del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Representan a la mayoría y han de actuar y organizarse de manera independiente, guiándose exclusivamente por las necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado. Ha de guiarse por el principio de que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden y al Gobierno se le exige que las cumpla.

Les contradiccions del nou govern

Carta Setmanal 967 per descarregar en PDF

Gairebé quatre mesos després de les eleccions del 23 de juliol, s’ha arribat a la formació del govern de coalició entre el PSOE i Sumar, basat en acords amb altres formacions. Ara toca veure quina política ha de desenvolupar, però a ningú se li amaga que aquest govern s’enfronta a poderosos obstacles, alguns d’ells deguts a la seva dependència de la Unió Europea i de l’imperialisme americà a través de l’OTAN, d’altres a l’oposició i el boicot per part de l’aparell d’Estat heretat del franquisme i les seves representacions polítiques (PP,  Vox i la morralla que s’ha mobilitzat amb ells), un aparell que el Govern no dubta a preservar. Altres obstacles sorgeixen, directament, de les decisions del mateix govern. Sense poder ser exhaustius, vam analitzar alguns aspectes que poden il·lustrar la situació general.

La qüestió de les pensions

El Govern s’ha compromès a mantenir la pujada de les pensions segons l’IPC mitjà de l’any anterior, una conquesta arrencada pels i les pensionistes amb la seva mobilització. Però alhora ha de complir els seus compromisos amb Brussel·les i aplicar la reforma Escrivá.

La Comissió Europea té la potestat de fer l’ auditoria sobre el desenvolupament de la reforma de pensions. I segons publica El Economista, la primera revisió prevista “avança mesures necessàries per valor del 0,8% del PIB, segons l’AIReF, l’equivalent a un desajust de 10.700 milions que haurà de pactar la nova ministra”. La mateixa publicació assenyala que el Banc d’Espanya (institució subsidiària del Banc Central Europeu) “ve alertant de la necessitat d’incloure noves mesures per la via de la despesa, dels ingressos o una combinació de totes dues per cobrir les necessitats del sistema de les pensions”. És a dir, augmentar les cotitzacions o les aportacions de l’Estat (en un marc de reducció pactada amb la UE del dèficit i el deute, i de pujada de la despesa militar) o retallar les pensions. Tot això en un context en què el govern sortint s’ha negat reiteradament a complir el mandat legal d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social que dispararia tot dubte sobre la sostenibilitat del sistema, i el nou govern no ha inclòs, tampoc, aquesta auditoria entre els seus objectius. .

Alhora, assenyala la mateixa publicació, ha d’aplicar el que disposa la reforma Escrivá sobre “el desenvolupament del fons públic de pensions que gestionaran cinc empreses privades”. I “els plans del Ministeri passen per ressuscitar l’estalvi del pla de pensions d’ocupació de l’Administració General de l’Estat”.

A més, el Govern ha decidit transferir la gestió de la Seguretat Social a Euskadi, un pas cap a la ruptura de la Caixa única. I, a partir d’aquí, es podria obrir una lògica que les 17 comunitats ho demanin.

Totes aquestes qüestions han d’enfrontar la nova ministra amb el moviment de pensionistes, moviment independent que es basa en el principi que “governi qui governi, les pensions es defensen”.   

El boicot del poder judicial i de l’aparell d’Estat en general

Els pronunciaments del Consell del Poder Judicial, dels fiscals, de les juntes de jutges de nombroses províncies, contra l’amnistia i contra la inclusió del lawfare en l’acord del PSOE amb Junts auguren una forta actuació de l’aparell judicial per interferir, paralitzar o boicotejar l’aplicació de les mesures que aprovi el nou govern. Començant per l’amnistia que, segons el text del projecte de llei presentat hauria d’aplicar cada jutge o tribunal en cada cas concret però estenent-lo a qualsevol altra mesura de progrés o de desenvolupament de drets.  Aparell judicial que forma part d’un aparell d’Estat que actua en col·lusió amb les diferents representacions polítiques del franquisme.

Es preveu una tortuosa tramitació de la llei d’amnistia al Senat i una més que probable remissió del text al Tribunal Constitucional, que pot paralitzar cautelarment la seva aplicació, i, més tard, anul·lar-la totalment o parcialment. Ja ha començat el joc dels franquistes per deformar el TC i evitar que aprovi l’amnistia. L’apartar-se un membre del TC d’un pas preliminar mentre tots els nomenats pel PP, enemics declarats de l’amnistia, segueixen en els seus llocs, va en la línia del sabotatge que va transformar el TC perquè es carregués l’Estatut català.

Mentrestant, el poder judicial continua actuant per posar obstacles o fins i tot dinamitar les aliances que han permès la formació del Govern. El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, instructor del cas Tsunami, ha demanat a les autoritats de Suïssa que la policia helvètica localitzi la secretària general d’ERC, Marta Rovira, fugida a aquest país des del març del 2018, com a pas previ per sol·licitar la seva detenció i entrega a Espanya. Tot això basat en l’acusació de terrorisme feta recentment contra la dirigent republicana, acusació que el mateix jutge sembla haver-se inventat.

Governar convivint amb l’aparell judicial (i amb l’exèrcit, la Guàrdia Civil, la policia i els alts cossos de funcionaris, cossos franquistes heretats de la dictadura sense cap depuració segons el pactat pels dirigents del PSOE, el PCE i nacionalistes en l’anomenada “transició”, i que ja s’han manifestat en contra de la formació del govern) és un camí molt difícil. Per això sempre hem assenyalat que un veritable progrés social i democràtic exigeix la ruptura amb aquestes institucions i amb la Monarquia, exigeix la República.

La submissió a les normes de la Unió Europea

Ja el mes d’abril, el govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz va acordar amb la Comissió Europea –en el Programa d’Estabilitat 2023-2026 i el Programa Nacional de Reformes 2023– avançar al 2024 la reducció del dèficit públic al 3%, un any abans del previst. El que significa reduir-lo gairebé 2 punts en 2 anys, ja que el dèficit públic va tancar el 2022 en el 4,8% del PIB. També es va comprometre a continuar la reducció del deute, després de la disminució de cinc punts el passat any, fins a situar-se per sota del 110% el 2024, un any abans del previst.

Compatibilitzar les promeses d’increment de la despesa en sanitat (que necessita una injecció urgent de fons per recuperar-la dels gravíssims efectes de les enormes retallades sofertes entre el 2020 i el 2017 i les conseqüències de la pandèmia), en ensenyament i en els serveis i infraestructures públiques amb aquests compromisos de retallada de dèficit i deute és una veritable quadratura del cercle. Més encara tenint en compte els compromisos d’incrementar la despesa militar.

La mobilització de la població en defensa de la seva sanitat i la seva educació pública haurà d’ exigir al Govern que financi la sanitat, l’ ensenyament o el transport, i oposar-se a qualsevol decisió governamental que les sacrifiqui.

I la subordinació als Estats Units

La subordinació del govern espanyol –i de tots els governs europeus– al principal imperialisme, el dels EUA condiciona tota l’acció exterior del govern. Un govern que s’ha sotmès pel que fa al suport a la guerra a Ucraïna i en el suport al suposat “dret a la defensa” d’Israel, que justifica el genocidi contra el poble palestí. Les crides amb la boca noia– a un “alto el foc” o a “pauses humanitàries” no són més que hipocresia. Com il·lustra el cas de l’alt representant de la Unió Europea per a política exterior, Josep Borrell, demostrada recentment en una entrevista amb Al Jazeera: 

“Consideren que el que duu a terme Israel són crims de guerra?”, li pregunta l’entrevistador, sobre la postura de la UE. “Jo no sóc advocat, però hi ha una Cort Penal Internacional que es farà càrrec d’una investigació”. Immediatament després d’aquesta afirmació, el presentador li pregunta: “La postura de la UE és que el que va dur a terme Hamàs el 7 d’octubre són crims de guerra?”. I Borrell respon taxativament: “sí, ho considerem un crim de guerra, perquè els civils van ser assassinats clarament sense cap altre motiu, a banda que es trobaven allà”.

L’entrevistador respon: “Com pot ser tan clar a l’hora d’acusar Hamàs de crims de guerra, però quan li he preguntat per Israel m’ha respost que no és advocat?”.

Pedro Sánchez ha visitat Israel, on ha declarat a Netanhayu el seu total suport davant el terrorisme de Hamas, precisament en un moment en què el clamor mundial per l’alto el foc obligava Israel a signar una treva. Mentre el Govern manifesta el seu suport a l’Estat sionista, continua comerciant amb Israel, li subministra armes i consent les constants intromissions de l’ambaixadora de l’Estat sionista en la política espanyola, desenes de milers es manifesten als carrers en solidaritat amb Palestina, demanen al Govern la ruptura de relacions amb Israel, exigeixen el boicot al comerç amb Israel. 

Per la independència del moviment obrer

La situació que hem exposat de manera general aboca a una conclusió: el moviment obrer i popular, si vol defensar les seves conquestes socials i democràtiques, i aconseguir la satisfacció de les seves reivindicacions, les organitzacions obreres, i, en particular, els sindicats, si volen ser fidels als objectius per als quals van ser fundats i per als quals els treballadors i treballadores s’ hi uneixen,  no poden subordinar-se a les decisions i necessitats del govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Representen la majoria i han d’actuar i organitzar-se de manera independent, guiant-se exclusivament per les necessitats i reivindicacions de la classe treballadora i dels pobles de l’ Estat. S’ha de guiar pel principi que, governi qui governi, les reivindicacions es defensen i al Govern se li exigeix que les compleixi.

Cal aixecar, units, un mur davant el franquisme

Carta Setmanal 966 per descarregar en PDF

Fins aquest dijous en què Pedro Sánchez ha sigut de nou investit com a president per 179 vots contra 171, el Congrés dels Diputats ha viscut moments de tensió desconeguts des de l’elecció, el 1977, de les primeres Corts després de la mort de Franco.

Els insults grollers (tan propis del franquisme), les acusacions, les calúmnies, han estat permanents aquests dies. Tot això mentre, des de fa ja 15 dies diversos milers de franquistes extrems assetgen la seu central del PSOE, al carrer de Ferraz (alhora que altres intents menors s’han realitzat en altres ciutats). A Ferraz s’ha pogut veure com dirigents de Vox –i algun del PP- s’agafaven amb els que cantaven el Cara al Sol, i assistien com si res passés a les arengues a un Alçament nacional. I tot això amenitzat amb llamps del rosari “per la salvació d’Espanya”, onejar de banderes de Falange i d’altres amb l’àguila de la dictadura, d’esvàstiques, de banderes carlistes. Tampoc han faltat els “rojipardos” del Front Obrer.

Diguin el que diguin, no es tracta de l’onada “derechista” que suposadament recorre el món. El que tenim aquí és el franquisme de sempre, alimentat per les institucions de la dictadura que els pactes de la Moncloa van salvar i que l’amnistia del 1977 va perdonar, fent de llei de punt final dels crims del franquisme. D’aquells fangs, aquests llots. Aquest és el balanç real de la política que van imposar llavors al moviment obrer i popular les direccions del PSOE i del PCE, amb el suport de diversos dels partits sobiranistes: el manteniment del nucli nodal de les institucions franquistes, l’acceptació de la Monarquia, el manteniment de l’aparell judicial, incloent-hi el TOP (transformat de la nit al dia a l’Audiència Nacional),  del poder de l’Església (incloent-hi la seva subvenció a càrrec dels pressupostos de l’Estat), de l’alt comandament de l’exèrcit (d’on surten ara crides colpistes, com fa poc més d’un any manifestos en favor de la “memòria de Franco”) … i de l’entramat financer i les grans empreses que van aconseguir beneficis enormes a l’escalf de la dictadura –amb la seva mà d’obra esclava i la seva corrupció generalitzada- i que sota formes diferents segueixen “enganxades” als ministeris.

La no realització d’una autèntica ruptura amb el règim franquista porta avui a aquestes conseqüències.

L’amnistia com a detonant

Tot això esclata, i no és per casualitat, quan el govern en funcions gossa parlar d’Amnistia per als perseguits pel Procès, perquè, al marge de la consideració política que ens puguin suggerir Puigdemont o d’altres (a ressaltar que, dels milers de perseguits i possibles encausats, la majoria són ciutadans normals i corrents, especialment joves,  que van participar en les diferents mobilitzacions, talls de carreteres i bloquejos, o simples funcionaris públics, conserges o professors que van obrir un col·legi perquè es pogués votar,…). Del que es tracta per a les institucions franquistes i els seus portaveus polítics, PP i Vox, és que la unitat de l’aparell d’Estat és innegociable, i la persecució organitzada per jutges i policies a les ordres del rei, després del seu discurs infame del 3 d’octubre de 2017, no pot ser posada en qüestió.

La qual cosa dóna al combat per la República un doble caràcter emancipador: acabar amb la xacra franquista protectora de les grans empreses i acabar amb l’enfrontament entre els pobles que la Monarquia promou, és a dir, l’establiment dels principis de fraternitat entre els pobles, la necessitat del seu dret a decidir lliurement les relacions entre ells. Per a nosaltres, una Unió Lliure de Repúbliques sobiranes, alliberades de tota opressió i explotació…

La cara cenyuda del monarca en rebre aquest divendres 17 Sánchez com a nou president mostra bé que el Borbó sap bé de què es tracta, i el que està en joc

Quin programa de govern?

Les abstraccions i generalitats, tot i que no podien ocultar que el consens amb el PP és cada vegada més difícil, també posa de manifest que el que això es traduís en una plataforma política que correspongui als interessos dels treballadors i els pobles queda encara molt llunyà

Al costat de la llei d’amnistia, els límits de la qual són evidents, i la promulgació final de la qual està per veure, davant els obstacles amb què es troba, i la lluita encarnitzada que el franquisme polític i el franquisme judicial anuncien contra la seva aprovació i la seva posterior aplicació (la qual cosa mostra que la lluita per una veritable amnistia està lluny de ser guanyada i que aquesta és una exigència que ha d’estar entre les banderes de totes la organitzacions obreres i democràtiques, cosa que avui no succeeix de manera plena, i, per tant, exigeix una acció determinada)

L’agenda social que ha presentat el govern està lluny de respondre a les necessitats de la classe treballadora. Retocar alguns aspectes de les reformes laborals de Zapatero i Rajoy no és derogar-les en la seva totalitat. I fer-ho per mitjà del diàleg social- és a dir, amb el consentiment de la Patronal (que ja s’hi ha sumat, tot i que amb algunes excepcions, com la patronal catalana, el cor de protestes contra l’amnistia i els acords de govern)- és una via com a mínim incerta

La disminució de jornada, amb augment de la productivitat, i, de nou, a través d’acords del diàleg social, està lluny també del necessari.

La promesa d’augment de l’SMI i les pensions segons l’IPC sens dubte són positives tot i que no responen a la totalitat de les reivindicacions. En particular, la negativa, una vegada més, a complir la llei i dur a terme l’auditoria de la caixa de la Seguretat Social, suposa alimentar el mite de la insostenibilitat de les pensions públiques i permet que es mantingui l’espasa de Damocles que penja sobre elles. Recordem que la reforma Escrivá deixa la clau de futures retallades en mans de l’AIReF.

Especialment preocupant per al futur del sistema públic de pensions és la promesa de “gestió basca de la SS” en un termini de dos anys, que suposa un pas cap a la ruptura de la Caixa única, pas que no pot, en aquest moment, anar més enllà pel dèficit que tindria un sistema separat de pensions a Euskadi (el 2022,  al País Basc es van gastar 11.000 milions en pensions, i se’n van ingressar només 6.900), però que suposa, no obstant, un pas a la privatització

La transferència de Rodalies (servei ferroviari de rodalies) a Catalunya és un pla de trossejament del servei. Tots els sindicats ferroviaris hi han anunciat mobilitzacions en contra, perquè no hi ha garanties que s’hagin de respectar les condicions socials dels treballadors.

Davant d’un govern de fet fràgil, que ha necessitat en cada pas endavant trencar la resistència del franquisme polític, religiós, empresarial i institucional, resistència que no es va poder superar sense el suport massiu dels milions que el 23 de juliol van tancar el pas amb el seu vot a la victòria electoral que PP i Vox ja assaborien per endavant,  la sortida lògica seria preparar, sobre la base de les reivindicacions, la mobilització de la població treballadora i dels pobles, una tasca que correspondria de manera natural als sindicats. I no deixar-ho tot a la “institucionalitat”.

De la mateixa manera, l’assetjament de les seus del PSOE, i els atacs a les d’Esquerra Unida i podem, exigeix posar el moviment en estat d’alerta.

Cert és que no estem en el 36, per més que hi hagi proclames i analogies, que hagi despertat la brossa feixista i neonazi, i que, fins i tot, un grup d’exmilitars cridin al cop (a aquest respecte, caldria citar la declaració del col·lectiu de militars demòcrates Anemoi “del silenci còmplice del rei, de la inacció del Psoe i de l’actitud presumptament prevaricadora de la ministra de Defensa,  que protegeix els ‘forts’ i fa callar els ‘febles'”). Per més que s’emparin en atemptats com el patit per Vidal Cuadras (de fosques circumstàncies i encara més fosca autoria, però que alguns es van precipitar a comparar amb l’assassinat de Calvo Sotelo el 1936), però davant situacions en què el franquisme aixeca cap (corejat també per la jerarquia de l’Església Catòlica), i mobilitza els seus gossos de presa,  només és possible fer front amb la crida a l’estat d’alerta i mobilització. Confiar en la policia- que cada dia dona exemples de la seva manifesta “tova” i complaença amb els manifestants i ultradreta, que contrasta amb la seva contundència davant la mobilització obrera i dels pobles on és ara la tanqueta que van treure a passejar en la vaga del metall de Cadis?- o a les institucions, és simplement suïcida.

Què fer?

No podem oblidar un capítol central de l’acció i el programa del govern, tant en la seva etapa “en funcions” com en la futura coalició: l’augment brutal de les despeses militars i l’alineament i complicitat del govern davant la política de l’Administració Biden a Ucraïna, i també a Palestina (en aquest últim cas,  en contradicció oberta amb el sentir de la majoria i en particular de les seves bases i electorat).

Estem en un nou període de crisi del règim monàrquic, i això es reflecteix també en la pèrdua del nord que sacseja tots els partits, els seus militants i els seus quadres, començant pel mateix PSOE.

Hi ha una bretxa creixent entre aquest sector polític, entre els quals exerceixen les tasques de representació i la majoria de treballadors i joves… que, encara que en molts casos hagin votat per fer front al franquisme, no se senten gaire més identificats i representats que els milions que van optar per l’abstenció.

Qui representa –per exemple- les desenes de milers de joves que es manifesten en suport a Palestina i que rebutgen la complicitat del govern amb el govern genocida de Netanyahu? Sens dubte, aquest buit de representació política no és un fenomen únic del nostre país, però cada vegada són més els que pensen que totes les combinacions parlamentàries no suposaran la satisfacció de les seves necessitats, aspiracions i reivindicacions, i que la confiança en què el parlament hagi de ser el “mur de contenció al franquisme” només pot portar al fracàs. I que no troben on i com donar expressió organitzada a aquest sentiment.

Aquest govern està ja enfrontat al dilema següent:

O es plou a l’aparell d’estat i al capital financer i segueix amb una politica basada en el seus interessos o privilegis

O respon encara que sigui de forma limitada als desitjos i reivindicacions de la majoria social…

Ningú no pot ser neutre

Des del nostre punt de vista, participar en les mobilitzacions en curs, promoure en el moviment obrer en les organitzacions la necessitat d’aixecar les reivindicacions, és inseparable del combat per agrupar forces al voltant dels eixos polítics d’emancipació social i democràtica, del socialisme, l’internacionalisme, contra la guerra, contra el genocidi de Gaza.

Mobilització dels franquistes contra l’amnistia

Carta Setmanal 965 per descarregar en PDF

Diferents organitzacions del franquisme polític han convocat mobilitzacions davant les seus del PSOE en contra dels acords amb ERC i Junts i, en particular, de la inclusió de l’amnistia en aquests acords. La premsa ressalta la participació del que anomenen “grupuscles d’ultradreta” de què es sorprenen? Els “Hazte Oír”, “Desokupa”, les Falanges i tota la morralla que s’ha ajuntat en aquestes concentracions són una faceta més del franquisme polític, gossos de presa que conviuen perfectament amb els Abascal, les Esperanza Aguirre, etc.

Franquisme que es nodreix de les institucions de l’Estat, preservades en la Transició sense cap depuració, sota la presidència de l’hereu designat pel dictador (que va acceptar el seu nomenament com a hereu parlant de “la legitimitat política sorgida el 18 de juliol de 1936”). Exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional, judicatura, són la base del franquisme polític en totes les seves versions, des del PP a la Falange. Com ho és la institució de l’Església Catòlica, que calla sobre els 450.000 nens víctimes d’abusos, però s’ha pronunciat, per boca de quatre bisbes, contra l’amnistia.

És evident la complaença de la policia amb els manifestants davant la seu del PSOE a Ferraz, que va culminar amb la policia obrint pas a una manifestació il·legal pel centre de Madrid. Sabent com es multa treballadors per haver-se baixat de la vorera en una concentració degudament comunicada a la delegació del govern, o per envair un carril de més en una manifestació, contrasta el de la policia obrint pas als manifestants neonazis.

Les concentracions davant les seus del PSOE no són les úniques accions de carrer dels franquistes. Se sumen als actes convocats pel principal partit dels franquistes, el PP, en diferents llocs.

Tot davant la passivitat de la direcció del PSOE, que s’ha limitat a tancar les seves seus a les tardes, sense llançar cap iniciativa de defensa del partit, dels seus locals i dels seus militants.

Malgrat que el focus es posa sobretot en les accions als carrers, la mobilització contra l’acord de govern, presentada com si només fos contra l’amnistia, implica més sectors, en particular de l’aparell d’Estat i específicament del “poder judicial”.

La resolució del Consell del Poder Judicial

El CGPJ, a iniciativa de vuit dels seus vocals, ha llançat un dur pronunciament contra l’amnistia. Consell la renovació del qual, que s’havia d’haver fet fa més de cinc anys, no s’ha produït pel boicot del PP. I que no està legalment legitimat per emetre opinions sobre actes parlamentaris.

La majoria ultra reaccionària que okupa el CGPJ, diu, en la seva declaració, que ha d ‘alçar la seva veu quan la democràcia, les llibertats fonamentals i l’Estat de dret puguin estar en perill”. El Consell “expressa amb aquesta declaració la seva intensa preocupació i desolació pel que la projectada llei d’amnistia suposa de degradació, quan no d’abolició, de l’Estat de dret a Espanya”.

Segons la resolució, el Parlament no té capacitat legal per declarar una amnistia: “El Parlament no pot, per una mínima lògica constitucional, arrogar-se, a l’empara de majories conjunturals –que són dipositàries, però no titulars de la sobirania nacional—, incidir en concretes sentències dels Tribunals declarant la seva nul·litat”.

S’erigeixen els vocals del CGPJ en defensors de la suposada independència del poder judicial i de la “separació de poders” (en un altre moment parlarem del fals principi de separació de poders en el règim burgès, concepte que encobreix la submissió de tots els poders als interessos del capital financer), i diuen que “es violenta la independència dels tribunals en el seu aspecte més bàsic”,  i que “Una llei d’amnistia com l’anunciada (…) tan sols pot tenir per objecte deixar sense efecte les decisions – generalment en sentències- adoptades pels Tribunals amb relació als esmentats fets del pretès conflicte català. (…) les Corts vindrien a incidir en el Poder Judicial declarant la nul·litat de les sentències dictades pels tribunals que s’hi integren“.

En última instància, el que l’aparell judicial franquista rebutja és que el Parlament pugui anul·lar totes les accions que van prendre quan, seguint les indicacions de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, la judicatura es va llançar a perseguir per tots els mitjans els qui defensaven el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.

L’Audiència Nacional entra en joc

Just quan s’ultimaven les negociacions entre PSOE i Junts per a la investidura, el jutge García Castellón, titular del Jutjat d’Instrucció 6 de l’Audiència Nacional, anunciava el processament de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretària general d’ERC, i altres deu persones relacionades amb el procés,  per terrorisme, en la causa sobre les accions de Tsunami Democràtic contra la imposició del 155 a Catalunya i el judici als dirigents republicans catalans. Una acusació que, segons experts judicials, podria continuar oberta fins i tot després de promulgar-se la llei d’amnistia.

L’ Audiència Nacional és, recordem, una instància judicial hereva de l’infame Tribunal d’ Ordre Públic franquista, encarregat, entre 1963 i 1977, de perseguir els opositors al règim, i successor, al seu torn, del Tribunal Especial per a la Repressió de la Masoneria i el Comunisme creat el 1940. Quan el TOP va ser reemplaçat per l’AN, en aquesta es van integrar 10 dels 16 jutges del TOP.

Mentre l’AN ha estat incapaç de determinar qui és un tal “M. Rajoy” citat en els papers de Bárcenas, s’ha distingit en els últims temps, sobretot de la mà de García Castellón, per obrir processos contra la direcció de Podem pels més variats motius. Juntament amb el Tribunal Suprem, l’AN va llançar 20 causes judicials contra Podem, començant quan les enquestes donaven a la formació morada com a guanyadora de les eleccions, una possibilitat que l’aparell judicial ràpidament va torpedinar. Les 20 causes judicials han estat tancades per no trobar-se cap delicte, però només després d’haver omplert titulars i alimentat campanyes de premsa sobre corrupció, finançament a càrrec de Veneçuela, blanqueig de capitals… Són exemples del famós lawfare (utilització del sistema judicial per influir en la política), la menció de la qual en l’acord entre el PSOE i Junts ha despertat les ires de l’aparell judicial.

No hi ha dubte que el lawfare existeix. Va ser utilitzat contra l’esquerra a l’ajuntament de Sevilla, contra Podem i, més recentment, per apartar Mónica Oltra del govern valencià i ajudar a la formació d’un govern autonòmic del PP i Vox.

Cossos d’alts funcionaris, contra l’amnistia i l’acord de PSOE i Junts

Després de l’acord entre el PSOE i Junts, que inclou una llei d’amnistia i la investigació de casos de lawfare, s’han succeït els pronunciaments de cossos d’alts funcionaris.

Els Inspectors d’Hisenda han declarat “el seu rebuig frontal i absolut als acords que es deriven de la negociació per a una futura investidura de l’actual president del Govern d’Espanya. Entre aquests acords, es visibilitza de manera clara i evident la ruptura del règim constitucional actual, en diverses matèries, entre les quals es troba la matèria financera”

L’autodenominada “Unió Progressista de Fiscals” declarava que “mostrem el nostre més absolut rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política”

Les 4 associacions judicials, tant les “conservadores” com les que es declaren “progressistes” publicaven en un comunicat que “mostrem el nostre rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política (…) aquestes expressions, quan trasllueixen alguna desconfiança en el funcionament del poder Judicial, no són acceptables”.

L’associació de guàrdies civils APROGC ha llançat un comunicat en què es declaren disposats a “vessar fins a l’última gota de la nostra sang en defensa de la sobirania i independència d’Espanya i el seu ordenament constitucional”. Altres cinc associacions, incloent-hi la majoritària Jucil, s’han pronunciat contra l’amnistia i els acords PSOE-Junts.

Garamendi, president de la CEOE, ha convocat un Comitè Executiu extraordinari en el qual “s’abordarà la situació d’Espanya”, “davant la greu preocupació existent en el món empresarial” després de l’acord del PSOE i Junts. La patronal ja s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’amnistia.

Aquestes declaracions de l’aparell d’Estat anuncien la seva voluntat d’obstaculitzar l’acció del futur govern i boicotejar qualsevol mesura de progrés o de resolució de l’enfrontament entre pobles que el govern pogués adoptar. El que posa de manifest com la conservació d’aquest aparell d’Estat en l’anomenada “transició” fa que sigui un formidable obstacle per a l’avanç de les reivindicacions i drets de la població treballadora i dels pobles. D’aquí la necessitat d’imposar la República per acabar amb tota la brossa franquista. 

L’amnistia, una necessitat democràtica

Compartim plenament el que va declarar al respecte el CATP: “Van ser gairebé 3.000 persones les encausades, moltes d’elles ja condemnades, no només per organitzar el referèndum de l’1-O, també com a conseqüència de la repressió imposada en general al moviment independentista durant el període posterior (…) la immensa majoria són ciutadans i ciutadanes de peu, en especial, joves (…) . Aquest nombre desorbitat de perseguits i processats és el resultat de la campanya empresa per l’aparell policial i judicial contra el poble català després de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, i la consigna de “A por ellos!” Quin futur de progrés es pot establir en aquest país sobre la base de la persecució i condemna de milers de ciutadans? Com es pot establir una relació de fraternitat entre els pobles de l’Estat sobre aquesta base?”

“Des del CATP, convençuts que tot avenç social en aquest país necessita de l’aliança de la classe treballadora i dels pobles de tot l’Estat, donem suport a tot pas que condueixi a l’amnistia d’aquests processats i detinguts, sense condicions. Defensar l’amnistia dels represaliats polítics catalans, sense renunciar al dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur i a la realització d’un referèndum amb garanties forma part, en conseqüència, de la mateixa lluita de la classe treballadora de tot l’Estat. Suposa un avenç important perquè, sigui quin sigui el govern que es formi, puguem continuar defensant les nostres reivindicacions més urgents i uns drets i garanties democràtiques que l’actual règim monàrquic s’ha mostrat incapaç de satisfer”.

Encara que el PSOE hagi fet de la necessitat virtut, l’amnistia és una necessitat democràtica i el que s’està manifestant és la incompatibilitat entre democràcia i herència franquista. Defensar l’amnistia exigeix superar aquesta herència, de la mateixa manera que només un programa que doni satisfacció a les reivindicacions socials, que es recolzi en la mobilització dels treballadors, podrà parar a la dreta.

Una situació preocupant

La mobilització dels franquistes, i, en particular, dels grups obertament feixistes i neonazis, que s’està organitzant, suposa un greu perill per a les mobilitzacions populars, per al moviment obrer i per a les seves organitzacions, els qui avui es mobilitzen a Ferraz poden fer-ho demà contra una manifestació obrera o una vaga. Ingenu seria deixar la defensa en mans d’aquesta policia tan complaent amb els feixistes. Les organitzacions obreres han de començar a preparar la defensa dels seus locals i de les seves activitats.

Hay que levantar, unidos, un muro frente al franquismo

Carta Semanal 966 en catalán

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Hasta este jueves en que Pedro Sánchez ha sido de nuevo investido como presidente por 179 votos contra 171, el Congreso de los Diputados ha vivido momentos de tensión desconocidos desde la elección, en 1977, de las primeras Cortes después de la muerte de Franco.

Los insultos soeces (tan propios del franquismo), las acusaciones, las calumnias, han sido lo permanente de estos días. Todo ello mientras, desde hace ya 15 días varios miles de franquistas extremos asedian la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz (a la vez que otros intentos menores se han realizado en otras ciudades). En Ferraz se ha podido ver cómo dirigentes de Vox –y alguno del PP-  se codeaban con los que cantaban el Cara al Sol, y asistían como si nada pasara a las arengas a un Alzamiento nacional. Y todo ello amenizado con rezos del rosario “por la salvación de España”, ondear de banderas de Falange y otras con el águila de la dictadura, de esvásticas, de banderas carlistas. Tampoco han faltado los “rojipardos” del Frente Obrero. Sigue leyendo

Movilización de los franquistas contra la amnistía

Carta Semanal 965 en catalán

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Distintas organizaciones del franquismo político han convocado movilizaciones ante las sedes del PSOE en contra de los acuerdos con ERC y Junts y, en particular, de la inclusión de la amnistía en esos acuerdos. La prensa resalta la participación de lo que llaman “grupúsculos de ultraderecha” ¿de qué se asombran? Los “Hazte Oír”, “Desokupa”, las Falanges y toda la basura que se ha juntado en esas concentraciones son una faceta más del franquismo político, perros de presa que conviven perfectamente con los Abascal, las Esperanza Aguirre, etc. Sigue leyendo

La IV Internacional i la qüestió de Palestina

Carta Setmanal 964 per descarregar en PDF

La IV Internacional va prendre posició contra la partició de Palestina el 1947. L’editorial de la revista IV Internacional deia llavors:

“La posició de la Quarta Internacional enfront de la qüestió palestina continua sent tan clara com en el passat. Estarà a l’avantguarda del combat contra la partició, a favor d’una Palestina unida i independent, en la qual les masses determinaran sobiranament el seu destí mitjançant l’elecció d’una Assemblea Constituent (…) Més que mai cal cridar alhora a les masses treballadores dels Estats Units, gran Bretanya, Canadà i Austràlia, al poble treballador de cada país a lluitar per l’obertura de les fronteres dels seus països respectius als refugiats, a les persones desplaçades, a tots els jueus desitjosos d’emigrar, sense discriminació. Només si portem endavant seriosament, efectivament i amb èxit aquest combat podrem explicar als jueus per què no cal caure en el parany palestí. L’experiència terrible que espera als jueus a l’Estat en miniatura crea alhora les premisses de la ruptura d’àmplies masses amb el sionisme criminal. Si tal ruptura no es produeix a temps, l’Estat jueu s’ofegarà en sang.

La línia de la IV Internacional des d’aquesta data no ha canviat: un sol Estat en tots els territoris de la Palestina històrica, en el qual jueus i àrabs viuran com a ciutadans iguals. Aquesta posició, de la qual mai ens hem desviat, ha estat considerada i criticada com a utòpica i poc realista. Però si ens fixem en els esdeveniments dels últims 70 anys, no hi ha més que una sèrie de guerres, massacres i massacres.  Cada vegada són més les veus que s’alcen per dir que la solució passa necessàriament per la construcció d’un Estat únic en què tots els components tinguin els mateixos drets. El dret al retorn de milions de refugiats palestins a les seves terres i aldees és un dret inalienable. Però aquest dret al retorn és incompatible amb un o dos Estats de Gaza i Cisjordània. És incompatible amb l’existència d’un “Estat” teocràtic que manté 1,5 milions dels seus “ciutadans” com a ciutadans de segona classe per ser àrabs. És incompatible amb el sionisme basat en el terror i la reivindicació del dret exclusiu dels jueus a viure a Palestina. El líder trotskista Pierre Lambert (1920-2008), que estava familiaritzat amb la qüestió palestina, va ser un opositor conseqüent de les tesis del panarabisme. Sabia, i un dels textos que hi presentem hi torna, que, sota la disfressa del panarabisme, la revolució palestina s’estava tancant en un marc, amb les burgesies i els règims compradors dels països àrabs, que conduïa al contrari del que volien les masses palestines, el dret al retorn i un Estat únic sobretot el territori històric de Palestina. Lluitador indomable contra el feixisme i el nazisme, Pierre Lambert es va negar a establir qualsevol jerarquia entre les víctimes de la barbàrie: “El nen palestí víctima de l’exèrcit israelià als camps de Gaza o Cisjordània és, als meus ulls, no menys important que el nen jueu del gueto de Varsòvia alçant els seus braços davant la soldadesca nazi” (…) El 1993, davant els Acords d’Oslo, en què els líders de Fatah van reconèixer l’existència de l’Estat d’Israel, mentre els líders sionistes van acceptar la idea d’un suposat i hipotètic Estat palestí al seu costat, Pierre Lambert i la IV Internacional es van pronunciar contra aquests acords, explicant que només conduirien a noves guerres i violències.

Sionisme i panarabisme

Extracte del Cercle d’Estudis Marxistes per Pierre Lambert el 30 octubre 1970 en el tema “Revolució i Contrarevolució a Orient Mitjà”.

“És important saber que la Constitució d’una llar nacional jueva a Palestina va ser decidida per Lord Balfour, cap de Govern de l’Imperialisme britànic, el 2 de novembre de 1917. Poc abans, el 1915, Gran Bretanya, que estava en guerra amb Turquia, va expressar la seva disposició a donar suport a la independència dels àrabs. L’agent de l’imperialisme Lawrence va donar suport a la dinastia dels haixix, campions de la nació àrab i de l’arabisme.

Cal assenyalar que, en el moment del Tractat de Pau de Versalles, després de la Primera Guerra Mundial imperialista, un dels Hachemitas, que més tard es va convertir en Rei d’Irak, va exigir la independència per als pobles asiàtics de parla àrab; i que el 2 de juny de 1922, Mr. Churchill va dir: “La Declaració Balfour reconeix la creació d’una Llar Jueva a Palestina (…) , el major desenvolupament de la comunitat jueva existent amb l’assistència dels jueus d’altres parts del món, de manera que pugui convertir-se en un centre en el qual el poble jueu sencer pugui prendre interès i orgull sobre les bases de la seva religió i raça. “. El Sr. Churchill, alhora que exposava el que és l’essència mateixa del sionisme, concedia la independència a Transjordània, col·locant en el poder un altre hachemita, l’avantpassat del rei carnisser Hussein. És l’imperialisme qui, per tal de dividir els pobles del Pròxim i Mitjà Orient i enfrontar-los entre ells, per preservar i desenvolupar les posicions d’Imperialisme britànic, posicions de l’imperialisme mundial en aquesta regió del món, ha creat conjuntament els fonaments del sionisme i els conceptes bàsics de la “nació àrab”.

Aquí hi ha un problema que cal plantejar, que és d’una importància extrema: no n’hi ha prou amb demostrar per mitjà dels fets com el sionisme, el nacionalisme àrab i el panarabisme són barreres creades arreu per l’Imperialisme contra la revolució als països de l’Orient Pròxim i Mitjà. Aquestes són, avui, quan la barbàrie imperialisme envairà el planeta si la revolució proletària no l’enderroca, qüestions vitals.

En el període històric en què el capitalisme seguia sent un factor de progrés i civilització, la qüestió jueva, heretada de l’ Edat Mitjana, tendia a resoldre’ s per mitjà de l’ assimilació cada vegada més gran dels jueus en les nacions occidentals. El sionisme, proclamat al congrés de Basilea el 1897, no tenia cap influència en aquell moment sobre els treballadors i el poble jueu. Les xifres ho demostren: entre 1890 i 1917, 3.057.000 jueus van emigrar d’Europa de l’Est. D’aquests, només 60.000 a Palestina, Això és una mitjana de 1.800 per any. (…)

És obvi que la situació ha canviat… Milions i milions de jueus van perdre als camps de concentració nazis. I La qüestió jueva té avui una altra dimensió, una altra densitat, està carregada d’una gran quantitat de poder emocional, És un problema particularment difícil de resoldre.

Però no més difícil que el que ho són molts dels problemes als quals s’enfronta avui la Humanitat, en la fase de decadència de l’imperialisme, en què, de manera directa, la Humanitat corre el risc d’enfonsar-se en la barbàrie. Els camps de concentració nazis no eren més que la prefiguració de la barbàrie invasiva. (…)

Però és obvi que primer cal precisar la naturalesa de l’Estat d’Israel: l’Estat d’Israel no és sinó un estat comprador que no sobreviu més que pels subsidis de l’imperialisme Americà (…)

Hi ha ajudes dels Estats Units en tots els àmbits; assistència militar, assistència tècnica, assistència econòmica; té com a objectiu forjar i consolidar les relacions d’ intercanvi i de producció capitalistes, tant en el camp com en la indústria, i enfortir un estat teocràtic-militar. Estat en què, el 1966, hi havia 100.000 aturats abans de la Guerra dels Sis Dies, un Estat en el qual, el 1968, la Histadruth1, va acceptar la congelació salarial durant dos anys, cosa que va fer que Moshe Dayan (Ministre de Relacions Exteriors, NdE) digués: “Aquest és un dels beneficis de la guerra”. Això és el que és l’Estat d’Israel, un Estat burgès, comprador, artificial, un Estat creat per Stalin i Truman per impedir la revolució als països àrabs, un Estat que divideix els treballadors jueus i treballadors àrabs, que separa els obrers jueus del proletariat internacional”. 

Reflexions per a un enfocament marxista de la qüestió palestina

Extractes d’ una contribució de Pierre Lambert, publicada a la revista Dialogo del 20 de setembre de 2004.

“L’Estat d’Israel rebutja la igualtat real als 1.300.000 àrabs que viuen dins de les seves fronteres. Això porta a la denegació del reconeixement al dret a la nació per als palestins expulsats d’Israel.

L’estat teocràtic d’Israel no reconeix com a “ciutadans” més que els jueus. Per tant, només pot negar la qualitat de ciutadans als àrabs.

En conseqüència, el dret al retorn [dels milions de palestins expulsats de les seves terres i els seus pobles, NdE] no pot convertir-se en una realitat concreta sinó en un sol Estat en què tots els ciutadans, àrabs i jueus, veiessin reconeguda la seva ciutadania.

Per tant, la pretensió dels dos Estats sobre el territori de Palestina és, en el millor dels casos, un engany…

L’Estat teocràtic és un Estat basat en la religió, mentre que aquesta, des del punt de vista de la visió democràtica (laica), és una qüestió privada.

La qüestió palestina es redueix finalment a la qüestió de la democràcia, de la qual el poble palestí (en els seus components jueu i àrab) definirà la forma i contingut, amb el reconeixement d’iguals drets dins d’un sol Estat que abasti la totalitat de la Palestina històrica (Estat d’Israel, Cisjordània…). (…)

Podem donar voltes a la qüestió una i altra vegada. No hi ha cap altra solució a la qüestió palestina que el dret dels palestins (àrabs) a la nació, és a dir, a la conquesta de la seva emancipació política. La qual cosa, si ha de convertir-se en una realitat, implica el rebuig de l’Estat teocràtic d’ Israel, que fa de la religió un atribut de l’ Estat.

La demanda d’ emancipació política implica, doncs, necessàriament, la constitució d’ un Estat que consideri la religió, sigui la que sigui, com un assumpte privat. L’Estat teocràtic (sigui quina sigui la religió en què es basa) només pot basar-se en l’arbitrarietat. L’Estat teocràtic consagra la distinció entre l’àrab i el jueu com una qüestió política, imposant a l’àrab palestí la negació dels seus drets com a ciutadà. La resposta democràtica no pot ser altra que un sol Estat que garanteixi drets iguals.

El que ens porta a una consideració: en l’època de l’imperialisme, la decadència de la societat organitzada sobre la propietat privada dels mitjans de producció inclou la destrucció de la democràcia, i per tant, de l’emancipació política. La religió esdevé el suport de la putrefacta societat de la propietat privada (L’Estat d’Israel com a trampolí, al Medi Orient, de l’imperialisme per destruir totes les nacions). (…)

L’Estat sionista només pot posar en tela de judici els fonaments de la democràcia, d’una banda rebutjant l'”Estat democràtic” als àrabs, i, d’altra banda, conduint a l’aniquilació programada de la “democràcia” per als jueus. Tractar de reconciliar l’estat teocràtic hebreu amb l’emancipació política és una obra dedicada al fracàs.

Dues conseqüències, almenys:

– Primera: l’estat teocràtic només ha pogut néixer, i subsistir, per mitjà de l’opressió del poble palestí, expulsat de les seves terres. Opressió dels palestins condemnats a l’exili i dels que viuen dins dels límits de l’Estat hebreu en una situació de “sense drets”. Dels que van ser expulsats de les seves terres i confinats durant dècades als camps.

– La segona conseqüència és la guerra inhumana deslliurada per l’Estat sionista. Guerra en què aquest només subsisteix com a instrument directe i subordinat de la política estatunidenca. El qual, alhora, l’utilitza i condueix al carreró sense sortida als jueus i els àrabs (…)

La IV Internacional y la cuestión palestina

Carta Semanal 964 en catalán

Carta Semanal 964 para descargar en PDF

La IV Internacional tomó posición contra la partición de Palestina en 1947.

El editorial de la revista IV Internacional decía entonces:

“La posición de la Cuarta Internacional frente a la cuestión palestina continúa siendo tan clara como en el pasado. Estará en la vanguardia del combate contra la partición, a favor de una Palestina unida e independiente, en la que las masas determinaran soberanamente su destino mediante la elección de una Asamblea Constituyente (…) Más que nunca es necesario llamar al mismo tiempo a las masas trabajadoras de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, al pueblo trabajador de cada país a luchar por la apertura de las fronteras de sus países respectivos a los refugiados, a las personas desplazadas, a todos los judíos deseosos de emigrar, sin discriminación. Sólo si llevamos adelante seriamente, efectivamente y con éxito este combate podremos explicar a los judíos por qué no hay que caer en la trampa palestina. La experiencia terrible que espera a los judíos en el Estado en miniatura crea al mismo tiempo las premisas de la ruptura de amplias masas con el sionismo criminal. Si tal ruptura no se produce a tiempo, el “Estado judío” se ahogará en sangre”. Sigue leyendo

El “desordre” mundial i la resistència dels treballadors i els pobles

Carta Setmanal 963 per descarregar en PDF

El president dels EUA, Joe Biden, s’ha afariat a viatjar a Israel per manifestar expressament el seu suport a les accions de guerra de l’Estat sionista contra Gaza (i, alhora, també contra els palestins dels territoris ocupats i contra el sud del Líban), mentre una onada de represàlies s’abat sobre els treballadors àrabs d’Israel,  acusats massivament de “donar suport al terrorisme de Hamas”. Per camuflar el seu suport els crims de guerra de l’exèrcit d’Israel, Biden ha fet aprovar al govern hebreu un suposat permís perquè arribi ajuda humanitària des d’Egipte a Gaza. El fet és que Israel ha accedit a permetre el pas de 20 camions al dia!, per a més de dos milions de palestins de Gaza. 

Mentrestant, la premsa parla obertament de les discrepàncies dins de la UE sobre com actuar davant la “crisi de Gaza”. Tots estan d’acord a donar suport a Israel, però, com assenyala un mitjà digital, els líders europeus han donat una important estirada d’orelles  a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea”, que s’ha negat reiteradament a incloure en les seves declaracions la col·lisió que, en les seves accions de guerra, Israel ho ha de fer “respectant el dret internacional”.

“Poden els EUA afrontar dues guerres alhora?”

Un periodista va preguntar a Biden abans del seu actual viatge a la Palestina ocupada “Poden els Estats Units afrontar dues guerres (Ucraïna i Israel) alhora?”. Al que el president dels EUA va respondre: “Som el país més potent, no només del món sinó de la història… Tenim la capacitat de fer-ho, si no ho fem nosaltres, qui ho farà?”.

No obstant això, Zelenski, malgrat la recent entrega de míssils més potents, ja ha expressat el seu temor que els successos de Gaza i el suport de l’EUA a Israel puguin minvar el suport a Ucraïna.

Quan fa uns dies la Cambra de representants dels USA va suspendre temporalment l’ajuda militar a Ucraïna, Josep Borrell, el Comissari d’Exteriors de la Unió Europea, va haver de reconèixer un fet: “La Unió Europea no pot substituir els Estats Units” i, en efecte, no els pot substituir ni econòmicament, ni militarment ni a cap nivell i evidentment tampoc la Xina (que lluita per mantenir la seva quota al mercat mundial), ni l’oligarquia de Moscou que veu amenaçat el seu lloc en l’exportació de matèries primeres.

La potència nord-americana (després de l’enfonsament de l’URSS) s’ha trobat sola per preservar l’ordre mundial. Però, per poderosa que sigui la seva maquinària militar, no ha pogut ni pot evitar la crisi permanent del sistema capitalista, la reducció del mercat mundial, l’amenaça permanent de dislocació d’aquest, o de bancarrota del sistema financer. I les experiències de l’Iraq i l’Afganistan demostren, també, que el seu aparell militar no és omnipotent.

Guerra i explosions de masses

La crisi del sistema capitalista, l’estretor del mercat mundial i la conseqüent exacerbació de la competència pel control dels mercats, porten a una aguda guerra comercial. I la guerra militar (com va dir Von Clausewitz, “la continuació de la política per altres mitjans”) és la seva conseqüència. El recurs a la guerra és inevitable, l’exigència a tots els governs d’emprendre una marxa brutal a l’armament, l’economia de guerra és una necessitat. I per això el mateix Biden ha de córrer com a apagafocs per impedir un descontrol més gran de la situació, com passa ara amb el seu viatge a Israel alineant-se amb els crims i les mentides més brutals dels seus aliats, en aquest cas l’odiat govern de Netanyahu. Busca alguna concessió -com la pantomima d’ajuda humanitària- per impedir una explosió generalitzada a tota la regió perquè, com veiem aquests dies, les masses són al carrer a Europa i Amèrica i a tots els continents, i no només contra la massacre que provoca l’exèrcit sionista sinó també -sobretot als països musulmans- contra la cobdícia o traïció dels règims àrabs.

En les mobilitzacions contra la massacre de Gaza hem pogut veure, al nostre país, una presència important de joves d’origen àrab, fills d’immigrants, organitzats o no. Un sector abandonat per totes les organitzacions oficials (com ho estan, de fet, el milió de treballadors immigrants d’origen marroquí que viuen en aquest país)

Treballem per una sortida política

Ningú pot predir fins on aniran els esdeveniments actuals, però estem en una fase nova de la crisi de dominació imperialista, crisi en la qual no només està qüestionat el control de l’imperialisme USA, sinó també tots els governs que s’alineen, per acció o omissió, darrere d’ell.

Per a la Quarta Internacional i les seves seccions, és un deure enllestir i participar en les mobilitzacions contra la massacre de Gaza, però la nostra actuació no pot limitar-se a agitar una verborrea “radical”. Ens inserim en els moviments de resistència lluitant per mostrar una sortida política.

Entre 1930 i 1945, la Quarta Internacional va lluitar contra el tancament de les fronteres d’Europa i Nord-amèrica a l’emigració de jueus europeus, perseguits per la barbàrie nazi. Des de 1947 i bé abans el nostre corrent va lluitar contra la “partició” de Palestina, veritable depuració ètnica a favor de la invasió sionista. Ja abans de la decisió de l’ONU, sota la dominació britànica, la nostra línia ha estat clara i la reiterem fa 30 anys en el moment dels Acords d’Oslo, en què l’Autoritat Palestina va abandonar la Carta de l’OLP del 64 -que exigia un Sol Estat democràtic- i va acceptar una nova partició.

La nostra defensa d’un sol Estat democràtic amb cabuda per a totes les ètnies i religions va ser criticada, tant el 1948 com el 1993, com a “utòpica”: però els fets han demostrat que les solucions basades en la partició de Palestina no només porten violència i destrucció, sinó que, simplement, són inaplicables i només serveixen com a excusa per a noves accions de neteja ètnica. La lluita per un sol Estat, avui, és l’única sortida a la barbàrie actual. I, tanmateix, la majoria de les forces polítiques que diuen defensar els palestins segueixen aferrats a la fórmula dels dos estats, fruit de la col·laboració entre Stalin i Truman (recordem que, el novembre de 1947, va ser el representant de l’URSS a l’ONU, Gromiko, qui la va presentar amb l’acord de Truman i els britànics,  i que Stalin, a través de Txecoslovàquia, va ser el principal subministrador d’armes a Israel en la guerra de 1948 que va provocar la Nakba).

Reprenem en aquest sentit la crida de la Campanya per un Sol Estat, qüestió que permet delimitar i agrupar al voltant d’una línia d’independència. És un tema de debat del Congrés Mundial de la IV Internacional, lligat directament a la qüestió de la direcció revolucionària.

Alhora, segueix la guerra d’Ucraïna

Encara que hagi deixat d’ocupar les primeres planes, la guerra d’Ucraïna continua, més mortífera que mai. Zelenski, per por a perdre el suport de l’imperialisme ianqui i de la seva subsidiària, la UE, ha estat entre els primers a defensar l’exèrcit sionista. Donar suport a la invasió, l’ocupació militar i els bombardejos indiscriminats, li deu semblar a aquest titella de l’OTAN, una bona manera de defensar “la sobirania d’Ucraïna”.

Avui a la campanya per Alt la Guerra situem al centre la política del nostre govern, en particular els pressupostos militars. El Centre d’Estudis Delàs acaba de demostrar que aquest govern ha estat el que ha efectuat i efectua més despeses militars, tot i estar en funcions. D’aquí la importància de la proposta dels companys alemanys de manifestació el 25 de novembre a Berlín contra el pressupost de guerra. Qüestió que s’ha de traduir al nostre país, malgrat els terminis de la investidura (vegeu butlletí 15 de la campanya contra la guerra).

Investidura o noves eleccions?

La qüestió encara no està rasa. La qüestió central és que la direcció del PSOE (un dels principals garants de la supervivència del règim monàrquic) exigeix un Pacte d’Estat (nou Pacte de la Moncloa) que inclou fins a reajustar la Constitució. Qüestió difícilment acceptable per l’aparell d’Estat i el seu representant polític: el PP (a Vox fins i tot les enquestes ja el donen per amortitzat).

Aquests dies sembla que estem ja en campanya electoral: matisos en relació amb Israel (les enquestes donen una majoria de la població a favor de la causa de Palestina), promeses d’augment de les pensions segons l’IPC -la manifestació del 28 ja estaria triomfant abans de realitzar-se-, controvèrsia al voltant de l’abast de l’Amnistia-que ja tothom dona com un fet-.

En realitat, vivim un moment propici per a la intensificació de la lluita de classes, per plantejar les reivindicacions, qüestió que xoca amb la decisió de les direccions de les confederacions sindicals de no fer grans mobilitzacions, i esperar que es formi govern, mentre bases àmplies d’aquestes confederacions participen en les mobilitzacions en curs, com l’esmentada de la defensa del sistema públic de pensions i la fita que al respecte ha de suposar el 28-O.

El conjunt de factors que hem esmentat ens fa apreciar que estem en una nova etapa del règim monàrquic. Els comentaristes avisats han indicat que en realitat és la institució monàrquica la que està en qüestió. D’aquí el paper irremeiable de la direcció del PSOE. En la mateixa línia que el PSOE s’alineen igualment les direccions dels partits, “vells” i “nous”, en la seva escala respectiva, l’actuació de la qual s’inscriu en el respecte irrestricte al règim monàrquic

Des del punt de vista dels interessos dels treballadors i els pobles, buscar una sortida política implica establir la relació entre les reivindicacions elementals, defensa del salari, les seves pensions, els serveis públics, amb la lluita per les llibertats, contra la jurisdicció repressiva i, en positiu, per l’ amnistia, en relació directa amb la lluita contra la política de guerra. En aquesta situació de crisi profunda de representació política és en el combat per les anteriors qüestions, claus per a la vida de la majoria, que es construiran els instruments polítics que la majoria social necessita.