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¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

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Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.

Per què és necessari un judici popular al Borbó lladre i a la Monarquia?

Carta Setmanal 854 per descarregar en PDF

Cada dia que passa hi ha una nova notícia sobre la corrupció del Rei “emèrit”, Joan Carles de Borbó, la fortuna, pastada durant els seus 39 anys de regnat, es calcula en més de 2.000 milions d’euros.

Una fortuna basada -com cada dia compten més obertament els mitjans de comunicació- en activitats d’intermediació, com el cobrament d’una comissió per cada barril de petroli comprat a l’Aràbia Saudita, o les comissions per l’adjudicació de l’AVE a la Meca, i directament pel tràfic d’armes.

Al mateix temps, es multipliquen les notícies sobre comptes ocults en paradisos fiscals.

Joan Carles de Borbó s’ha vist obligat, en 2020 i 2021, a regularitzar ingressos amb Hisenda per valor de més de 5 milions d’euros. Ara s’ha sabut que l’ha fet després que la Fiscalia del Tribunal Suprem la notifiqués, com a mínim en tres ocasions, (al juny, novembre i desembre de 2020), que li estaven investigant. Una dada que, segons va fer públic al març l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, suposaria que “les regularitzacions efectuades no impedirien la persecució dels delictes fiscals comesos”, ja que perquè no hi hagi responsabilitat penal, s’ha de procedir “al complet reconeixement i pagament del deute tributari (incloent-hi els interessos de demora i recàrrecs que corresponguin), abans que per l’Administració Tributària se li hagi notificat l’inici d’actuacions, denúncies o diligències per part de l’AEAT, del ministeri fiscal o del jutge d’Instrucció ” .

La suposada inviolabilitat

En tot cas, les possibles accions de la Fiscalia es van a limitar, com a molt, a les actuacions de Joan Carles I després de la seva abdicació, perquè abans d’ella, i durant els seus 39 anys de regnat, totes les seves accions estarien cobertes per la inviolabilitat del Rei que estableix l’article 56.3 de la Constitució: “la persona de Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta en l’article 64, no tenint validesa sense aquest referendament, llevat del que disposa l’article 65.2 “.

Com a mínim, aquesta és la interpretació que fan tant els successius governs com el poder judicial que actuen, evidentment, per protegir la institució de la Monarquia. Quant als governs per ventura pot algú defensar que cap d’ells estava informat dels tripijocs del rei, que ja havien estat publicats en alguns mitjans de premsa? Consta que les comissions per la compra de petroli a Aràbia (iniciades quan era Príncep d’Espanya) eren un fet conegut en els primers governs de la Monarquia. I pel que fa a l’aparell judicial, és evident que entre les seves funcions està protegir el règim i  la Corona. Només cal recordar tan sols com, en defensa de la família reial, va eximir a la infanta Cristina de tota responsabilitat en els tripijocs del seu marit, Iñaki Urdangarín, en contradicció amb tota la jurisprudència i amb el que segueixen fent ara els jutges en casos similars .

Com assenyala Jorge de Esteban, catedràtic de Dret Constitucional, “el principi de la inviolabilitat dels reis procedeix de la creença que tot poder ve de Déu i que els seus representants a la terra eren els reis, per la qual cosa no se’ls podia atacar “. I afegeix que la suposada inviolabilitat suposaria que “el Rei pot cometre qualsevol fet sense ser jutjat perquè està per sobre de la llei i aquesta posició la mantindrà respecte de tots els actes que dugui a terme durant el seu mandat, fins i tot després que cessi en la Prefectura de l’Estat. Doncs bé, al menys al meu entendre, les dues afirmacions són insostenibles. Perquè ni són necessàries ni s’acomoden als principis constitucionals d’un Estat democràtic “. De Esteban conclou que els únics actes coberts per la inimputabilitat establerta en l’art 56.3 CE són “els que deriven de la seva funció com a cap de l’Estat (…) És obvi que tots aquells actes realitzats pel Rei que no guarden relació amb la seva funció com a cap de l’Estat i que, per tant, és impensable que puguin estar ratificats per les persones a què fa referència l’article 56.3, no estan sotmesos a la inviolabilitat“.

En la mateixa línia, són molts els juristes que opinen que són sola i exclusivament els actes esmentats a l’article 64 CE, els confirmats pel govern i que no tenen validesa sense aquest referendament, els que estan coberts per la inviolabilitat de l’article 56.3 de la Constitució. Per exemple, Joan Carles Carbonell Mateu, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València, que escriu que “no és casual que es continguin en el mateix paràgraf i separats per un punt i seguit la declaració d’inviolabilitat i la minuciosa regulació dels actes de Rei, l’exigència de ratificació i la translació de responsabilitat a qui els ratifiquen “. Que sapiguem, cap govern ha refrendat- per més que els hagin tapat i consentit- els tripijocs de l’avui “emèrit”.

Tot i això, tot l’aparell judicial fa pinya per defensar la impunitat del Borbó. Per aquest motiu, com a molt, la Fiscalia Anticorrupció va investigar només els indicis que apunten a possibles delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal, però no el suposat cobrament de comissions, que es va produir en l’època quan Joan Carles I encara era el cap d’Estat. D’aquesta manera, el gruix dels milers de milions pastats no podria tocar-se.

D’aquesta manera, el poder judicial assumeix, en defensa de la Corona, que segons la Constitució -i violant fins i tot tots els principis del que els defensors de l’ordre burgès diuen “Estat de dret” – el Rei podria assassinar a algú, violar un nen o robar centenars de milions sense que pugui ser penalment imputat.

Són els mateixos tribunals que avalen les retallades als empleats públics, les reformes laborals, les estafes bancàries, la llei mordassa i tots i cadascun dels atacs a la població treballadora.

Però no és només el poder judicial qui surt en defesa del Règim i de la seva màxima autoritat, la Corona. La Mesa del Congrés, amb els vots de PP, PSOE i Vox, ha rebutjat fins en deu ocasions diferents peticions de comissions d’investigació sobre la fortuna pastada pel Rei “emèrit”. Escudant-se en tots els casos a la suposada inviolabilitat (que, en tot cas, podria impedir una imputació penal, però no una investigació parlamentària).

És evident que una investigació en seu parlamentària que establís les activitats corruptes de Rei tindria una repercussió política que faria trontollar les pròpies bases del Règim. Per tant, els defensors d’aquest han de tancar el pas a aquesta possibilitat.

Ara bé, com es pot combatre la corrupció si es consent la que porta a terme la més alta institució de l’Règim?

Perquè no ens resignem a la impunitat del Borbó, judici popular!

Cal deixar clara una qüestió: no és el problema d’un individu, és la trama i estructura de la Casa Reial, imbricada amb els poders financers i l’alta administració de l’Estat.

Cap demòcrata pot acceptar que la corrupció de la Corona pugui seguir impune. Si l’aparell judicial i els partits franquistes bloquegen la via a una investigació judicial o parlamentària, només hi ha una possibilitat que Joan Carles de Borbó sigui jutjat pels seus delictes i la fortuna que ha amassat torni a mans del poble: un judici popular.

És l’exigència que totes les organitzacions democràtiques i populars han d’aixecar. I posar immediatament les condicions per fer-ho possible. Les organitzacions que es declaren republicanes haurien d’estar al capdavant d’aquesta tasca.

 

A propósito de la mesa de diálogo gobierno central – govern de la Generalitat

Carta Semanal 853 en catalán

Carta Semanal 853 para descargar en PDF

El miércoles 15 de septiembre tuvo lugar en el palacio de la Generalitat de Barcelona la  primera reunión de la llamada mesa de diálogo. Esta mesa fue pactada anteriormente entre Quim Torra y Pedro Sánchez, antes de que el primero fuera inhabilitado por delito de libertad de expresión por los tribunales franquistas.

En representación del gobierno central participaron Pedro Sánchez más cinco ministros (entre ellos Yolanda Díaz de Unidas Podemos) y por parte del govern de la Generalitat la delegación solo estaba compuesta por Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya, pues los tres que debían representar a Junts per Catalunya (los partidarios de Puigdemont, continuadores de la antigua convergencia de Pujol) no participaron en la reunión. Sigue leyendo

A propòsit de la taula de diàleg govern central – govern de la Generalitat

Carta Setmanal 852 per descarregar en PDF

El dimecres 15 de setembre va tenir lloc al palau de la Generalitat de Barcelona la primera reunió de l’anomenada taula de diàleg. Aquesta taula va ser pactada anteriorment entre Quim Torra i Pedro Sánchez, abans que el primer fos inhabilitat per delicte de llibertat d’expressió pels tribunals franquistes.

En representació del govern central van participar Pedro Sánchez més cinc ministres (entre ells Yolanda Díaz de Unides Podem) i per part del govern de la Generalitat la delegació només estava composta per Pere Aragonés i dos consellers d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja que els tres que havien de representar Junts per Catalunya (els partidaris de Puigdemont, continuadors de l’antiga convergència de Pujol) no van participar en la reunió.

Referent a això, cal assenyalar que s’ha aprofundit l’enfrontament entre ERC i els partidaris de Puigdemont. Aquests havien nomenat a tres representants per a la taula, dos d’ells no eren consellers del govern sinó dirigents del partit, inhabilitats per la Justícia franquista. L’argument d’Aragonés perquè no participessin en la reunió va ser que aquesta era només de representants dels governs.

Més enllà dels aspectes formals i institucionals, aquest nou episodi aprofundeix l’enfrontament entre les dues principals forces que es reclamen de l’independentisme: ERC, el partit tradicional de les capes mitjanes catalanes amb influència en certs sectors assalariats i JXC, els continuadors de la Convergència de Jordi Pujol, que, llastats per la corrupció d’aquesta, van adoptar una via obertament rupturista amb l’Estat. Recordem que va ser Artur Mas, president llavors de la Generalitat, qui va convocar el 4 de novembre de 2014 la primera consulta sobre la sobirania de Catalunya. Consulta tolerada pel govern Rajoy, doncs oficialment no tenia cap eficàcia política concreta, contràriament al referèndum d’1 de octubre de 2017, prohibit per Rajoy i que va donar lloc a la brutal resposta de la Monarquia, primer amb l’actuació repressiva de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el mateix dia 1 i després amb el discurs del rei del 3 d’octubre, que va ordenar a totes les institucions de l’Estat, en particular a les judicials, actuar contra els responsables republicans catalans. Poques setmanes després, 12 d’ells van ser detinguts i condemnats. Els nou primers a més de 100 anys de presó, segons sentència del 14 d’octubre de 2019.

Què es va decidir a la taula de diàleg?

Simplement, iniciar el diàleg, sense calendari precís, com van dir Pedro Sánchez i Pere Aragonès, “dialogar sense sotmetre a terminis”, donar-se temps i armar-se de perseverança.

Pedro Sánchez va oferir el que ja havia proposat a Quim Torra al febrer del 20, els anomenats 44 punts de la “agenda per al retrobament”, entre ells:

– l’activació periòdica de la taula de diàleg.

– la reforma del sistema de finançament, qüestió en suspens i que afecta el conjunt de les 17 autonomies en què es basa el règim monàrquic.

– reforma del sector elèctric, integrant les últimes mesures del govern Sánchez, que busca reduir la factura de la llum

-Aixecar els peatges de les autopistes, recentment realitzat

– pla de rodalies 2020-30 de 6.300 milions i rellançar el corredor mediterrani

– noves mesures per regular els lloguers

– evitar recursos judicials …

Al marge de l’imprecisió de la majoria d’aquestes qüestions, en cap d’aquests punts es tracta d’acabar amb l’amenaça de persecució judicial a 3.000 ciutadans de Catalunya, la qual cosa permet l’actuació arbitrària dels jutges, com últimament el judici contra 13 membres d’un Comitè en Defensa de la República acusats sense cap prova de terrorisme.

Tampoc es parla del que, al principi, l’actual govern Sánchez havia promès, eliminar el delicte de sedició.

Tampoc s’inclou en el paquet el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat, de moment suspès. En efecte, es tracta d’una inversió de 1.700 milions per part d’Aena (empresa amb participació majoritària de l’Estat). Aquest projecte divideix de dalt a baix el govern català.

En efecte, els partidaris de Puigdemont són fervents partidaris d’aquest projecte, defensat també per la patronal catalana del Foment del Treball. I d’altra banda ERC s’oposa en nom d’un altre tipus d’inversions aeroportuàries, és a dir, ampliar i connectar els aeroports de Reus i Girona. En realitat, plantejant a l’Estat el control autonòmic de la gestió de l’aeroport. En aquest enfrontament de diferents projectes empresarials es juga, com és la moda i l’actualitat, amb arguments “ambientalistes” de protecció de la natura.

Per part de la delegació del govern de Catalunya, les exigències fonamentals són polítiques: amnistia i referèndum d’autodeterminació. Qüestions que per al govern central són incompatibles amb la Constitució.

Per al govern català les qüestions econòmiques i d’infraestructures han de ser tractades en la comissió bilateral de seguiment.

D’altra banda, Pere Aragonès insisteix que JXC se sumi plenament al procés de diàleg.

Cal dir que els dirigents de Junts s’han mostrat sempre escèptics davant la taula de diàleg i no han abandonat la seva estratègia de “unilateralitat”. O sigui, rupturista amb el règim però d’esquena als treballadors i a la resta dels pobles de l’Estat, dirigint-se a la Unió Europea perquè reconegui una Catalunya independent.

No obstant això, alguna cosa important ha canviat des de 2017. “No existeix en la societat catalana el suport suficient per a una independència unilateral … I cal convèncer Europa que s’ha intentat el diàleg“. Aquest punt de vista de Lola García (La Vanguardia del 16 de setembre) reflecteix en bona mesura la posició actual d’una bona part dels dirigents republicans catalans.

Què ha canviat?

 Sens dubte, la concessió d’un indult parcial per part de govern Sánchez, enfrontant-se de fet a l’aparell judicial i indirectament al Rei, ha obert la possibilitat -segons ERC- de l’obertura de negociacions amb l’Estat, al mateix temps que corren el risc de ser acusats de simples “gestors de l’autonomia” per part de sectors més radicals com els de la CUP.

La manifestació de 11 de Setembre de enguany ha estat un bon termòmetre per mesurar la relació de forces existent. Les desenes de milers de manifestants (108.000 segons la policia municipal d’Ada Colau, 400.000 segons els convocants de l’ANC) demostra el suport massiu que segueix tenint la causa independentista. Una anàlisi més detallada ens permet dir que aquest suport es concentra a les capes mitjanes, sobretot de les ciutats mitjanes i rurals, amb una disminució clara de participació de la joventut, absència total de la classe obrera i les seves organitzacions, i també, evidentment , de la gran burgesia. Al mateix temps hi ha un rebuig als partits, escridassats i caracteritzats com titelles.

Tot això no només està lluny del 11-S de 1977, la manifestació més massiva, hegemonitzada pels partits obrers i els sindicats, sinó també de l’any 2014, amb més d’un milió de manifestants corejant obertament la independència,

Posició des del punt de vista de la classe obrera

En efecte, la classe obrera estava absent del 11 de setembre, però ningú pot oblidar que en la setmana del 14 al 20 d’octubre de 2019, després de la sentència contra els nou, una veritable explosió semiespontània va sacsejar tot Catalunya, amb ressons a tot l’Estat. No es tractava només ni prioritàriament d’independència, sinó de l’enfrontament contra el règim a partir de la lluita contra la repressió.

La marxa sobre Barcelona del 18 d’octubre del 19 recordava per la seva massivitat la Diada del 77 però era molt més espontània i sense enquadrament. Els dirigents sobiranistes catalans van intentar desviar políticament la manifestació “cap a Europa”, donant l’esquena als treballadors i els pobles d’Espanya.

Això explica la massiva abstenció de la joventut en les eleccions autonòmiques del 12 de febrer de 2021, que va donar la victòria relativa a PSC, confirmant la majoria parlamentària independentista, però sobre la base de la massiva abstenció (de fet, només el 26% del cos electoral va votar independència.

Tenint en compte aquestes qüestions, des del punt de vista de la classe obrera, que és única a tot l’Estat, es planteja com una necessitat i un deure la defensa del dret dels pobles, l’exercici de l’autodeterminació, l’amnistia.

Més que mai, no hi ha sortida sense plantejar la lluita unida contra el règim i els governs al seu servei, enemics de tots els pobles.

La unitat es basa en les conquestes comuns, per exemple el sistema públic de pensions. Però la unitat dels pobles només és possible sobre la base d’exercir lliurement el dret dels pobles a decidir si volen federar-se, cooperar, unir-se o separar-se. El nostre punt de partida és la unió lliure de pobles sobirans i el principal obstacle és la Monarquia, la cort corrupta que l’envolta, l’aparell judicial presidit pel rei, institucions heretades del franquisme que protegeixen els interessos del capital financer i actuen servilment davant l’imperialisme a través de l’OTAN i les bases.

El combat per la República, inseparablement de l’exercici del dret a decidir, pot permetre unir les forces de la classe obrera enfront de la Monarquia i les seves institucions.

El govern Sánchez es va constituir amb el propòsit declarat de mantenir aquest règim i els interessos del capital amb una plataforma social relativament limitada que ni tan sols s’ha complert.

Per dur a terme aquesta política, el govern Sánchez, reprenent el mètode del Pacte de la Moncloa, insisteix dia i nit a buscar el consens amb tots i amb totes. Això no impedeix que la dreta franquista segueixi considerant al Govern com il·legítim, en última instància assenyala la incompatibilitat entre la Monarquia, hereva del règim anterior, i els drets i conquestes socials, la llibertat d’organització, la llibertat de decidir dels pobles.

La disjuntiva plantejada després de la mort de Franco, reforma o ruptura, segueix sent actual. Aquesta no és una qüestió abstracta, plantejar el combat per les reivindicacions, pels drets, sense condicionar el Govern i a la seva política de consens és la concreció avui d’una política de ruptura amb el règim que exigeix a les organitzacions trencar amb la seva orientació de diàleg social o pacte d’Estat.

El “gobierno de los jueces”

Carta Semanal 852 en catalán

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El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes. Sigue leyendo

El “govern dels jutges”

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El 6 de setembre, com es realitza anualment, es va celebrar la inauguració de l’Any Judicial presidit pel Rei. Recordem que, en aquest país, en nom del Rei s’emeten les sentències i s’administra la justícia (per anomenar d’alguna manera al que fan els jutges en aquest país). El rei, és sovint, en els fets,  l’única autoritat a la qual obeeixen les institucions judicials.

El president de Tribunal Suprem i del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa el seu lloc -o més aviat l’usurpa, segons les lleis vigents, des de fa ja gairebé 3 anys- va aprofitar l’ocasió per llançar un míssil contra la decisió del govern d’atorgar un indult parcial als 9 republicans catalans. Una intervenció que forma part de l’ofensiva de l’aparell d’Estat per barrar el pas a tota possible sortida al conflicte català. D’ací, la decisió del Tribunal de Comptes d’exigir fiances multimilionàries als polítics republicans catalans.

Aquest discurs d’enfrontament i guerra civil estava calcat al discurs del Rei del 3 d’octubre de 2017 contra el poble de Catalunya, l’endemà passat del referèndum del 1 d’octubre, il·legalitzat per Rajoy, i brutalment reprimit, i que Malgrat això hi van participar 2.262.424 ciutadans de Catalunya.

 La renovació de Consell

Lesmes també va criticar el PSOE i al PP, per no renovar el Consell (una renovació que s’hauria d’haver produït fa 1.000 dies), cobrint així la responsabilitat del PP en el moment actual. Però no va fer cap al·lusió a una possibilitat que forçaria la renovació de la mateixa: la seva dimissió i la de la majoria dels membres de l’òrgan.

Evidentment el PP no té cap interès a aplicar l’actual llei que fa que 12 dels 20 jutges del Consell es decideixin a un acord entre els partits representats a les Corts. Gràcies al seu bloqueig de la renovació s’assegura que es manté la majoria triada en 2013 amb onze vocals elegits a proposta del PP, set del PSOE, un d’IU i un altre del PNB. Al front està Lesmes, que va ser alt càrrec en els governs de José María Aznar. Renovar ara suposaria per al PP perdre la majoria i, davant els judicis vigents com el de la Kitchen, tem les conseqüències.

Casado va declarar el 2 de setembre “que Sánchez abandoni tota esperança de renovar el CGPJ”; el dia 4, que “el problema és de Sánchez, no nostre” i, la premsa titulava que “Casado cita a Sánchez a renovar el poder judicial si accepta un canvi de model “. I ha canviat una i altra vegada les seves exigències per col·laborar en la renovació de CGPJ, que necessita una majoria parlamentària de 3/5.

La renovació s’hauria d’haver fet en 2018. Però, llavors, Pedro Sánchez, que ja era al govern, no tenia pressa. No semblava prudent fer canvis que poguessin repercutir en un Tribunal Suprem preparant el seu gran judici contra els republicans catalans. Com gosar desestabilitzar uns jutges que estan defensant la “unitat de la pàtria” (per molt que sigui una excusa per salvaguardar a les institucions), per mandat del rei i del seu discurs del 3 d’octubre de 2017? Llavors hauria estat possible renovar sense acord del PP ni de Vox, que no reunien els més de 2/5 del Congrés necessaris per bloquejar l’elecció.

Al rei actual tampoc li interessa molt la renovació, encara que sembli molt improbable que una nova majoria al Consell obrís pas a la possibilitat d’un judici al seu pare per els seus múltiples tripijocs econòmics, que sens dubte afectaria el conjunt de la institució monàrquica, hauria d’evitar fins i tot aquesta remota possibilitat.

En aquest marc, el dimarts 7 de setembre, a l’endemà del discurs de Lesmes, Casado va proposar renovar el Consell. Això sí, a condició de canviar immediatament la llei i permetre que tots els seus membres siguin elegits directament pels jutges, i no pel Parlament. Casado va defensar aquesta proposta en nom de la “independència del Poder Judicial”. Independència, cal precisar, respecte de la sobirania popular.

Pot, en democràcia, una institució de l’Estat ser independent de la sobirania popular? És evident que, sota la Monarquia, institució clau de l’Estat que no se sotmet ni és triada per la sobirania popular, sinó per dret d’herència, és més que possible.

Recordem que el govern PSOE-UP va intentar modificar la Llei per impedir que el PP poguès seguir exercint la seva minoria de bloqueig en la renovació del CGPJ. Però li va parar els peus la Unió Europea. A L’endemà d’una reunió amb la vicepresidenta europea de Valors i Transparència, Vera Jourova, que li va demanar la retirada d’aquesta reforma legal, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, anunciava la retirada del projecte. A més, la UE pressiona perque és canvii la norma i és faci una elecció basada en els “Estàndards europeus”, perque al menys la meitat dels seus membres siguin  elegits pels propis jutges. Totes les Institucions de l’actual UE van recolzar la transició espanyola, amb la continuïtat de les institucions del franquisme. I s’han oposat sempre a processar als responsables dels crims franquistes.

Cal recordar que la Constitució va declarar com a poder judicial democràtic al mateix aparell judicial seleccionat durant quaranta anys per la dictadura franquista, que dictà sentències sense Interferència. Però li van posar una administració triada amb participació de les Corts, el Consell General de Poder Judicial.

A ningú se li oculta que la “independència del Poder Judicial”, que enarbora Casado – amb el suport de bona part de les associacions judicials i, com hem vist, de la UE- per defensar l’elecció de dotze Membres del CGPJ pels jutges no seria altra cosa que l’absoluta independència d’un aparell judicial heretat del franquisme sense depuració alguna, i ple de reaccionaris. Un Aparell defensor a ultrança dels interessos del capital financer i dels privilegis d’Institucions reaccionàries com l’Església Catòlica, i enemic dels Treballadors i de les dones. Un Aparell judicial que s’ha constituït com a garantia de la Impunitat dels crims de franquisme (arribant a l’expulsió del Jutge Garzón quan va gosar traspassar aquesta barrera), que ha avalat totes les retallades, les reformes laborals, la Llei mordassa… i que s’ha col·locat en primera línia de la persecució contra el poble català i els seus representants.

 “En nom del rei”

Tot sembla indicar que Lesmes no actuava en nom propi, ni tan sols d’un sector de jutges, sinó com a Portaveu del Rei, amb la qual cosa s’alinea contra el Govern per segona vegada en un any. Segons la Vanguardia del 8 de setembre, el Rei, dirigint-se en conversa informal als dirigents polítics, immediatament després de dir el discurs de Lesmes, els hi va dir: “Lesmes us ha donat una estirada d’orelles a tots”.

El monstruòs aparell judicial, que a més és lent i ineficaç, en els fets només obeeix al rei, com altres poders de l’Estat. Recordem al capità general Quintana Lacaci que, en ocasió del cop d’Estat del 23-F, va dir que havia obeït al Rei perquè “el Caudillo em va donar ordre d’obeir al seu successor”. I Lesmes obeeix al seu señor, perquè si de veritat volguès resoldre el problema actual ho tindria tan fàcil com dimitir i forçar la dimissió de la majoria del CGPJ. Encara que, és clar, això suposaria renunciar al sou de 142.520 euros (pressupost de 2022), al vehicle oficial amb xofer, despatx i secretaris/es. Una Decisió sens dubte molt dolorosa.

La democràcia exigeix ​​alliberar-nos d’aquest aparell judicial franquista. En democràcia només hi ha una sortida: l’Elecció democràtica dels jutges pel poble. L’Elecció dels jutges pel poble no és una ocurrència. En canvi, als Països on les formes democràtiques han estat més avançades l’elecció dels jutges és Llei. És als règims heretats de dictadures o als règims parlamentaris en crisi als que han segregat un cos judicial exterior a la població. És una de les qüestions que s’ha d’integrar a la lluita per un veritable canvi social i polític, per la República.

Davant  l’onze de setembre, Diada nacional de Catalunya

Carta Setmanal 851 per descarregar en PDF

Als treballadors, al moviment obrer de tot l’Estat, als joves i partidàries / us de la democràcia

En vigílies de l’onze de setembre, sense esperar als discursos oficials, sabem que el moment està prenyat de reptes i preocupacions.

Els indults o els senyals de millora econòmica són insuficients perquè els dirigents es despengin amb promeses optimistes. Els fons europeus ja comencen a ser aquí. Quina és la situació? La primera prova en la indústria catalana va ser Nissan, què queda d’ella? La sort de Seat depèn de polsos entre multinacionals. L’ampliació de l’aeroport de Barcelona, ​​més que ensopegar amb problemes ecològics, depèn que es passi de les promeses a la seva execució. El sistema sanitari, mai s’ha comptat entre les prioritats pressupostàries, i va patir a Catalunya, només entre 2010 i 2016, retalls de 9.000 milions (gairebé la tercera part del total retallat a tot l’Estat). Les pensions pateixen ara una retallada que amenaça el sistema. Mentrestant, la joventut no té classes, ni plantilles de professors i abans que la resta pateix el pes de l’atur i la precarietat. Tota la població pateix l’atracament a salaris i pensions que suposen la pujada de la llum, dels carburants, dels preus en general. Sigue leyendo

Ante el 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña…

Carta Semanal 851 en catalán

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A los trabajadores, al movimiento obrero de todo el Estado, a los jóvenes y partidarias/os de la democracia

En vísperas del 11 de septiembre, sin esperar a los discursos oficiales, sabemos que el momento está preñado de retos y preocupaciones.

Los indultos o las señales de mejora económica son insuficientes para que los dirigentes se descuelguen con promesas optimistas. Los fondos europeos ya empiezan a estar aquí. ¿Cuál es la situación? La primera prueba en la industria catalana fue Nissan, ¿qué queda de ella? La suerte de Seat depende de pulsos entre multinacionales. La ampliación del aeropuerto de Barcelona, más que tropezar con problemas ecológicos, depende de que se pase de las promesas a su ejecución. El sistema sanitario, nunca se ha contado entre las prioridades presupuestarias, y sufrió en Cataluña, solo entre 2010 y 2016, recortes de 9.000 millones (casi la tercera parte del total recortado en todo el Estado). Las pensiones sufren ahora un recorte que amenaza el sistema. Entretanto, la juventud carece de clases, de plantillas de profesores y ante todo sufre el peso del paro y la precariedad. Toda la población sufre el atraco a salarios y pensiones que suponen la subida de la luz, de los carburantes, de los precios en general. Sigue leyendo

Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una “mirada amplia” sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios “sin clichés” y mirando al pasado “solo lo justo y necesario”, para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar “el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones”.

 

 

És urgent i inajornable derogar les reformes laborals

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L’acord de govern del PSOE i UP incloïa el compromís de derogar la reforma laboral de 2012. Concretament deia el següent: “Derogarem la reforma laboral. Recuperarem els drets laborals arrabassats per la reforma laboral de 2012 “. I afegia que “En concret i amb caràcter urgent, derogarem la possibilitat d’acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia, derogarem les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-ho arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de seva vigència i fins a la negociació d’un de nou. Derogarem la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials“.

Doncs bé, el “govern progressista” es va constituir al gener de 2020, fa, per tant, 19 mesos. O, si es prefereix, gairebé 600 dies. I només la primera d’aquestes tres mesures “urgents” (l’anul·lació de l’acomiadament per malaltia, introduït en la reforma de Zapatero i agreujat en la de Rajoy) s’ha dut a terme. Nadia Calviño i Yolanda Díaz anuncien ara la “modificació” (ja no es parla de derogació) de la reforma laboral de 2012 cap a finals d’any. Si aquesta promesa es compleix, el govern trigaria 700 dies en adoptar una mesura “urgent“.

 Què impedeix la derogació de la reforma? Per descomptat, no l’aritmètica parlamentària, perquè hi hauria vots suficients per garantir el suport a la derogació. És més aviat una qüestió política: des del propi govern, Nadia Calviño s’ha oposat expressament a la derogació de la reforma, expressant així les objeccions de la Unió Europea, que defensa obertament la idoneïtat de les retallades de drets inclosos en ella. I l’oposició de la CEOE.

I, no obstant això, per a la classe treballadora la recuperació dels drets arrabassats a la reforma de 2012 (i, també, en la de 2010, imposada per Zapatero i a la qual els sindicats van respondre amb una vaga general, i que el govern es proposa mantenir) no només és una necessitat. És una necessitat urgent.

Tothom sap que, en els mesos vinents, milers d’empreses preparen acomiadaments massius. Moltes altres els estan aplicant ja. En aquesta situació les facilitats per a l’acomiadament barat que donen a les empreses les modificacions de l’Estatut dels Treballadors incloses en les reformes laborals de Zapatero i Rajoy, així com les facilitats que donen aquestes contrareformes laborals per al despenjament del conveni, per negociar convenis d’empresa a la baixa, per externalitzar i subcontractar activitats (amb conveni d’empresa a la baixa), són letals per a la classe treballadora.

Per tant, és urgent la derogació íntegra de les dues reformes laborals, una exigència que fins ara han mantingut els sindicats, encara que hagin acceptat una i altra vegada els impostos pel govern, que per a molts, encobreixen la seva negativa a tocar les reformes.

Una derogació per etapes

Pel que s’ha fet públic, els “interlocutors socials” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO i el Govern) han parlat de negociar les modificacions de l’Estatut dels Treballadors (ET) en dues etapes. I sembla que tenen discrepàncies sobre què incloure en cadascuna.

Els dirigents d’UGT i CCOO accepten en línies generals el que recull l’acord de govern i proposen tractar, en una primera fase, algunes qüestions que ja havien negociat abans de la pandèmia: eliminar els límits a la ultraactivitat dels convenis col·lectius, tornar la prioritat aplicativa als convenis sectorials, i restringir les modificacions unilaterals per part empresarial de les condicions laborals. I també, regular amb noves limitacions les cadenes de subcontractació (article 42 de l’ET), una mesura també inclosa en l’acord PSOE-UP, però no amb caràcter urgent, i sobre la qual hi va haver fins i tot un projecte de llei que va estar a punt de aprovar-se al parlament en la legislatura anterior.

Les patronals es neguen a aquesta possibilitat. Com assenyala l’informe aprovat al març de 2021 en el Consell Confederal de CCOO, la CEOE “es nega a abordar les matèries relacionades amb la subcontractació i externalització productiva i planteja que la prioritat sigui prendre mesures en contractació -mitjançant bonificacions … -, ERTES – renovació dels que caduquen el 31 de maig- i polítiques actives “.

I afegeix l’informe que “aquesta posició de CEOE ha estat replicada gairebé en els mateixos termes per la vicepresident Nadia Calviño, que sense major dissimulació ha pres posició immediata. Són perfectament conscients que abordar matèries de la complexitat de les que requereix reduir la dualitat laboral a Espanya, comporta una negociació llarga i complexa, en la qual els aspectes de reversió de la reforma laboral s’ajornarien sine die “. Aquest joc de “policia bo i policia dolent” dins del govern esgota la paciència del més pintat. La classe treballadora jutjarà el govern “progressista” pel que faci, i no pel que digui un o altre ministre o ministra. I la posició de govern, de tot el govern, ha estat dilatar les negociacions sobre derogació de la reforma laboral, amb l’excusa de la pandèmia, i de la necessitat de convèncer la CEOE, negar-se a tocar la reforma de Zapatero i només entrar a negociar la modificació d’algunes parts de la de Rajoy.

No n’hi ha prou amb retirar part de les reformes

Entre les qüestions que el govern i els sindicats han parlat de derogar falten aspectes molt importants de les reformes laborals. Per exemple, tot el referent a l’acomiadament.

Des que Felipe González va introduir els contractes temporals, ens vénen insistint amb la cantilena de la “dualitat del mercat de treball” (és a dir, de la diferència de drets entre els treballadors fixos i els temporals). Tot per anar disminuint els drets dels fixos i, especialment, la indemnització per acomiadament.

El 2001 es va crear una figura, el “contracte de foment de l’ocupació“, que rebaixava la indemnització per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat. La reforma laboral de Zapatero va ampliar els supòsits als quals s’aplicava aquesta indemnització reduïda i la de Rajoy va generalitzar la indemnització de 33 dies per a tots els contractes. Per tant, la indemnització per acomiadament l’han modificat les reformes laborals per passar de ser 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats a 33 dies per any treballat amb 24 mensualitats. Per a un treballador amb 28 anys d’antiguitat i que cobrés el salari mitjà (2.000 euros en 12 pagues), són 36.000 euros menys d’indemnització.

La reforma de Zapatero va crear també la figura de “l’acomiadament objectiu”, per a empreses amb pèrdues, amb 20 dies d’indemnització per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Aquí l’estalvi per acomiadament per al patró és fabulós. Acomiadar un treballador amb 28 anys d’antiguitat li costaria 60.000 euros menys. Després la reforma de Rajoy va ampliar els supòsits en què es pot aplicar aquest acomiadament molt més barat.

Davant l’onada d’acomiadaments que ja s’ha iniciat, per a les empreses és molt important comptar amb un acomiadament el més barat possible. I que s’han d’haver sentit més que tranquil·litzats per les declaracions al respecte de la ministra de treball, Yolanda Díaz, al març passat. Segons El Periódico, “el seu full de ruta envers l’estabilitat en l’ocupació passa més per incentivar alternatives a l’acomiadament per a les empreses, més que en penalitzar en major mesura o vetar les possibilitats de l’acomiadament“. Sens dubte, els treballadors amenaçats d’acomiadament no estaran gens contents amb les intencions de la ministra.

El Nou Estatut dels Treballadors

El passat 22 de març, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, declarava davant la Comissió de Treball de Congrés dels Diputats que cal desplegar una “mirada àmplia” sobre la legislació laboral i abordar els canvis necessaris “sense clixés” i mirant al passat “només el just i necessari“, per poder modernitzar així el mercat de treball. Llavors, deuen els treballadors i treballadores renunciar a la idea de recuperar els drets que van arrencar amb la seva lluita, i que els van ser arrabassats “en el passat“? Què hi ha darrere de la proposta del Nou Estatut dels Treballadors per al segle XXI?

La “modernitat” no és l’ocupació sense drets, la precarietat de per vida, la uberització de les condicions laborals. Això és tan antic com el capitalisme del segle XIX que ens van descriure Dickens en les seves novel·les i Engels a La situació de la classe obrera a Anglaterra. I que avui aplica el capitalisme a l’Àfrica, a Xina, a Bangla Desh i en bona part d’Àsia. I que volen imposar a Europa (vegeu al respecte  l’última reforma laboral a Grècia).

Veiem a aquest respecte el que ha passat amb els riders, els treballadors de les plataformes de repartiment. La norma que acaba d’entrar en vigor, i que no fa sinó aplicar les sentències de Tribunal Suprem que els ha considerat falsos autònoms i, per tant, treballadors per compte d’altri, ha deixat fora els empleats d’altres plataformes digitals, per exigència de la CEOE, recolzada pel govern. Se’ls hi reserva, potser, unes condicions laborals “del segle XXI“?, és a dir, uberitzades?

La perspectiva d’una modernització de condicions laborals, d’un “estatut del segle XXI“, a l’empara de la Comissió Europea, amb qui el govern s’ha compromès a aquests canvis, no resulta gens favorable per als treballadors, que sens dubte reivindiquen el que van exigir amb diverses vagues generals: la recuperació dels drets que els van ser arrabassats.

Ni un dia més

Els treballadors estan farts de dilacions. Les direccions sindicals no haurien d’acceptar ni un dia més de retard. Com hem assenyalat abans, és urgent i inajornable derogar completament les dues reformes laborals.

Davant les excuses i ajornaments de govern, i l’obstruccionisme de la CEOE, no seria l’hora d’iniciar, a partir de setembre, un procés de mobilitzacions per exigir al govern la derogació de les reformes laborals? Un procés que enllaçaria amb la preparació per part de les plataformes de pensionistes d’una marxa a Madrid el 16 d’octubre per l’auditoria, quan el govern en el Consell de ministres d’aquest dimarts 24 d’agost acaba d’aprovar “el primer tram de la nova reforma del sistema de pensions “.