Carta Semanal 987 en catalán
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Reproducimos en esta Carta un informe del Oakland Institute, una ONG norteamericana. Nos dicen que nuestros gobiernos apoyan una guerra “por la soberanía de Ucrania”, cuando el informe explica cómo la principal riqueza del país está siendo entregada a las multinacionales, y cómo el país está estrangulado por una deuda creciente que condicionará su soberanía durante decenios. También les dicen a nuestros agricultores que hay que aceptar la libre entrada de productos ucranianos “para ayudar al pueblo ucraniano”, cuando, en realidad , quienes se benefician son las multinacionales que controlan la exportación de productos agrícolas de Ucrania. Sin olvidar en ningún momento que Putin impuso en 2021, igualmente, una ley de privatización de la tierra.
Desde la invasión rusa en febrero de 2022, la guerra en Ucrania ha estado en el centro de la política exterior y de los medios de comunicación. Sin embargo, se ha prestado poca atención a una cuestión importante que está en el centro del conflicto: ¿quién controla las tierras de cultivo en el país conocido como el “granero de Europa”?
Este informe Guerra y despojo: el expolio de las tierras agrícolas ucranianas llena este vacío al identificar los intereses que controlan las tierras agrícolas de Ucrania y presentar un análisis de los acontecimientos respecto a la propiedad de la tierra en el país. Esto incluye la muy controvertida reforma agraria que tuvo lugar en 2021 como parte del programa de ajuste estructural lanzado bajo los auspicios de las instituciones financieras occidentales, tras la instalación de un gobierno pro-Unión Europea (UE) después de la “revolución de Maidán” en 2014.
Con 33 millones de hectáreas de tierra cultivable, Ucrania tiene vastas extensiones de algunas de las tierras agrícolas más fértiles del mundo. Desde principios de la década de 1990, las privatizaciones y la administración corrupta han concentrado la tierra en manos de una nueva clase oligárquica. Alrededor de 4,3 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura industrial, y la mayoría, tres millones de hectáreas, están en manos de una docena de grandes empresas del agronegocio. Además, según el Gobierno, unos cinco millones de hectáreas -del tamaño de dos Crimeas- han sido “robadas” al Estado ucraniano por intereses privados. Por lo tanto, la superficie total de tierra controlada por oligarcas, corruptos y grandes empresas del agronegocio es de más de nueve millones de hectáreas, es decir, más del 28% de la tierra cultivable del país. El resto es utilizado por más de ocho millones de agricultores ucranianos.
Paraísos fiscales y miles de despidos
Quienes controlan las tierras ucranianas hoy en día son una mezcla de oligarcas y diversos intereses extranjeros, en su mayoría europeos y norteamericanos, incluido un fondo de capital privado con sede en Estados Unidos y el fondo soberano de Arabia Saudí. Excepto una, las diez empresas que más suelo controlan están registradas en el extranjero, principalmente en paraísos fiscales como Chipre o Luxemburgo. Incluso cuando están dirigidas y controladas en gran medida por un oligarca fundador, varias de estas empresas se han abierto a los capitales, y los bancos y fondos de inversión occidentales controlan ahora una parte significativa de sus acciones.
El informe identifica a una serie de inversores líderes, entre ellos Vanguard Group, Kopernic Global Investors, BNP Asset Management Holding, NN Investment Partners Holdings (una subsidiaria de Goldman Sachs) y Norges Bank Investment Management, que administra el fondo soberano de Noruega. Varios de los principales fondos de pensiones, fundaciones y dotaciones universitarias de Estados Unidos también han invertido en tierras ucranianas a través de NCH Capital, fondo de capital privado con sede en Estados Unidos que es el quinto mayor terrateniente de Ucrania.
La mayoría de estas empresas están endeudadas con instituciones financieras occidentales, en particular el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial. Juntas, estas instituciones han sido importantes prestamistas para las empresas agrícolas en Ucrania, con casi 1.700 millones de dólares prestados a solo seis de las empresas agrícolas más grandes en los últimos años. Otros prestamistas importantes son una mezcla de instituciones financieras principalmente europeas y norteamericanas, tanto públicas como privadas.
Esta deuda no solo otorga a los acreedores intereses financieros en los resultados de las empresas del agronegocio, sino que también les da un apalancamiento significativo. La reestructuración de la deuda de UkrLandFarming, una de las mayores empresas propietarias de tierras en Ucrania, es una prueba de ello. Involucró a acreedores como las agencias estatales de importación y exportación de Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, entre otros, y condujo a cambios organizativos significativos, incluido el despido de miles de trabajadores.
Fraude y corrupción
Esta financiación internacional beneficia directamente a los oligarcas, muchos de los cuales están acusados de fraude y corrupción, así como a los fondos extranjeros y empresas asociadas como accionistas o acreedores. Mientras tanto, los agricultores ucranianos tienen que trabajar con tierras y fondos limitados, y muchos de ellos están ahora al borde de la pobreza. Los datos muestran que estos agricultores prácticamente no reciben apoyo en comparación con la agroindustria y los oligarcas. El Fondo de Garantía Parcial de Crédito, creado por el Banco Mundial para apoyar a los pequeños agricultores, asciende a sólo 5,4 millones de dólares, una cantidad insignificante en comparación con los miles de millones asignados a las grandes empresas agroindustriales.
En los últimos años, los países occidentales y sus instituciones han proporcionado una asistencia militar y económica masiva a Ucrania, que se ha convertido en el mayor receptor de ayuda exterior de Estados Unidos, la primera vez desde el Plan Marshall que un país europeo ocupa este primer puesto. En diciembre de 2022, menos de un año después del inicio de la guerra, Estados Unidos destinó más de 113.000 millones de dólares a Ucrania, incluidos 65.000 millones de dólares en ayuda militar, más que todo el presupuesto del Departamento de Estado y USAID.
Un “mercado” creado por Zelenski en 2020
El informe detalla cómo la ayuda occidental está condicionada a un drástico programa de ajuste estructural, que incluye medidas de austeridad, recortes a las redes de la Seguridad Social y privatización de sectores clave de la economía. Una de las condiciones clave fue la creación de un mercado de tierras, establecido en 2020 bajo el presidente Zelensky, a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos que temían que exacerbara la corrupción en el sector agrícola y fortaleciera su control por parte de poderosos intereses.
Los hallazgos del informe confirman esta preocupación, mostrando que es probable que la creación de un mercado de tierras aumente aún más la cantidad de tierras agrícolas en manos de oligarcas y grandes corporaciones de agronegocios. Estos últimos ya han comenzado a ampliar su base de tierras. Kernel ha anunciado planes para aumentar su reserva de tierras a 700.000 hectáreas, frente a las 506.000 hectáreas de 2021. Del mismo modo, MHP, que actualmente controla 360.000 hectáreas de tierra, está tratando de ampliar sus propiedades a 550.000 hectáreas. MHP también eludiría las restricciones a la compra de tierras al exigir a sus empleados que compren tierras y las arrienden a la empresa.
Además, al apoyar a las grandes corporaciones del agronegocio, las instituciones financieras internacionales están subsidiando la concentración de la tierra y un modelo industrial de agricultura basado en el uso intensivo de insumos sintéticos, combustibles fósiles y monocultivos a gran escala, que han demostrado ser destructivos desde hace mucho tiempo para el medio ambiente y la sociedad. Por el contrario, los pequeños agricultores ucranianos están mostrando resiliencia y un gran potencial para liderar la expansión de un modelo de producción diferente basado en la agroecología, la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos saludables. Son los pequeños y medianos agricultores de Ucrania los que garantizan la seguridad alimentaria del país, mientras que las grandes empresas del agronegocio se orientan hacia los mercados de exportación.
En diciembre de 2022, una coalición de organizaciones de agricultores, académicos y ONG pidió al gobierno ucraniano que suspendiera la Ley de Reforma Agraria de 2020 y todas las transacciones de tierras en el mercado durante la guerra y la posguerra, “con el fin de garantizar la seguridad nacional y la preservación de la integridad territorial del país en tiempos de guerra y durante el período de reconstrucción de la posguerra”. Como explica la profesora Olena Borodina, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (NASU), “hoy en día, miles de hijos e hijas del campo, agricultores, luchan y mueren en la guerra. Lo perdieron todo. Los procesos de compraventa de tierras están cada vez más liberalizados y publicitados. Esto realmente amenaza los derechos de los ucranianos a su tierra, por la que dan sus vidas”.
Bajo el control del FMI
En un momento en el que el sufrimiento y el desplazamiento son considerables, se han perdido innumerables vidas y se han gastado considerables recursos financieros en el control de Ucrania, este informe plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las tierras de cultivo y la producción de alimentos en el país, que corre un alto riesgo de ser controlado cada vez más por oligarcas e intereses extranjeros.
Estas preocupaciones se ven exacerbadas por la asombrosa y creciente deuda externa de Ucrania, contraída a expensas de las condiciones de vida de la población debido a las medidas impuestas por el programa de ajuste estructural.
Ucrania es ahora el tercer mayor deudor del mundo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y es probable que su aplastante carga de deuda ejerza una presión adicional sobre sus acreedores, tenedores de bonos e instituciones financieras internacionales sobre cómo debe llevarse a cabo la reconstrucción de posguerra, que se estima que costará 750.000 millones de dólares. Estos poderosos actores ya han indicado explícitamente que utilizarán su influencia para privatizar aún más el sector público del país y liberalizar su agricultura.
El fin de la guerra debería ser el momento y la oportunidad para hacer exactamente lo contrario, es decir, la redefinición del modelo económico que ya no estaría dominado por la oligarquía y la corrupción, sino que la tierra y los recursos serían controlados por y para los ucranianos.
Esto podría constituir la base para la transformación del sector agrícola para hacerlo más democrático y sostenible económica y socialmente. La política internacional y el apoyo financiero deben orientarse hacia esta transformación, para beneficiar a la población y a los agricultores en lugar de a los oligarcas y a los intereses financieros extranjeros.