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Sobre las elecciones de Bolivia

Carta Semanal 807 para descargar en PDF
Carta Semanal 807 en catalán

Publicamos este documento elaborado por camaradas latinoamericanos en que se establece un análisis claro de cómo se enmarca la situación de Bolivia en el contexto continental en vísperas de las elecciones en los EEUU.


La resistencia de las masas al golpe vuelve a llevar el MAS al poder

Hace un año, después de acciones violentas de la derecha y motines de policías contra un pretendido “fraude” en las elecciones que daban la victoria a Evo Morales para un cuarto mandato en Bolivia, el alto mando de las FFAA “sugirió” la renuncia del presidente y de su vicepresidente, Álvaro Garcia Linera, para evitar un “baño de sangre”.

Vale recordar que también la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana) pidió al “compañero Evo” que renunciara para evitar la “guerra civil”. La OEA, una agencia del imperialismo de EEUU, llamada a supervisar las elecciones por Evo, tuvo un papel decisivo al publicar un relato indicando “irregularidades” en las mismas. Evo Morales y García Linera renunciaron y salieron de Bolivia rumbo a México, mientras en El Alto y otras regiones del país, las movilizaciones de indígenas y trabajadores se enfrentaban con una brutal represión con decenas de muertes, coreando “Evo, no estás solo”.

Desde el exilio mexicano y después desde Buenos Aires, Evo y Linera siguieron dirigiendo el MAS, denunciando el rol de la OEA en el golpe. La senadora derechista Jeanine Añez asumió la presidencia interina, violando la Constitución (emanada del primer mandato presidencial de Evo) y con la omisión de diputados y senadores del MAS, que tenía mayoría en las dos cámaras del parlamento.

Evo y Linera siempre orientaron el MAS y su base popular a “tener paciencia” y esperar nuevas elecciones, aceptando la prohibición de los golpistas de que ellos fuesen candidatos. Cambiando inclusive el  primer candidato anunciado por el MAS –un joven cocalero de Chapare (bastión de Evo)– por Luis Arce, su “moderado” ministro de Economía, teniendo como vicepresidente a David Choquehuanca (excanciller de Evo, que fue el único presidente “progresista” que acudió a la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil).

El hecho indiscutible es que las masas populares y la clase obrera –a pesar de su posición inicial, la COB  participa en la resistencia al golpe– derrotaron en las urnas, en primera vuelta (55% de los votos para Arce) a Carlos Mesa  (29%, centroderecha), Luis Fernando Camacho (el “Bolsonaro boliviano”, 14% votos), con la retirada de otros dos candidatos que apoyaron el golpe, Dorian Medina y Tuto Quiroga, contra Evo y el MAS.

La victoria electoral de Luis Arce es debida no a la “táctica genial” de Evo –como dicen los miembros del Foro de São Paulo, al cual pertenece el MAS– ni tampoco a las teorías de “capitalismo andino” y “plurinacionalidad” de Linera. Fue la resistencia de las masas populares y trabajadoras de Bolivia, resistencia abandonada por sus líderes principales en el momento del golpe, pero que se mantuvo,  incluso durante la pandemia. Se debe a los indígenas, mineros, fabriles, maestros que no aceptaron el golpe promovido por  una oligarquía racista –menos del 20% de la población boliviana es “blanca”, privilegiada con la propiedad de las minas y el agronegocio, apoyada por los milicos y el imperialismo de EEUU.

La victoria en la primera vuelta de Arce se explica también por la división de las candidaturas de derechas –cada una representaba intereses oligárquicos regionales, solo unidas en la sumisión al imperialismo– y por la crisis del sistema y del gobierno Trump en EEUU, acelerada por la explosión social en medio de la pandemia (“Black lives matter”) y en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre.

Un detalle, que puede tener consecuencias, si recordamos la inminencia de secesión que hubo en el primer gobierno Evo (2006-09): Carlos Mesa ganó en dos departamentos de los 9 de Bolivia, Tarija y Beni, mientras que Camacho ganó en Santa Cruz, importante por el agronegocio e históricamente separatista (cambas X collas[1]) respecto del altiplano occidental. Santa Cruz tiene hoy un estatuto de autonomía –negociado con el MAS en la Asamblea Constituyente (2009)– muy amplio.

 ¿Y ahora?

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Ante el nuevo Estado de Alarma

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI (descargar en PDF)

29 de octubre de 2020

Incapaces de frenar la expansión incontrolable de la pandemia de COVID-19, los gobiernos autonómicos y el gobierno central se han puesto de acuerdo para declarar un nuevo Estado de Alarma, con nuevas restricciones de movilidad y recortes de derechos y libertades. Y nada menos que para seis meses. Una imposición que muchos desconfían de que sea eficaz contra el virus a falta de otras medidas, pero que va a profundizar gratuitamente la ruina económica y a sumir aún más en la miseria a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han agotado su ERTE o que se han quedado en paro.

No era algo inevitable y había que evitar hacerlo así

Nos presentan cómo inevitables los nuevos confinamientos. Puede que ahora lo sean (si fuesen acompañados de otras medidas), pero, desde luego, podrían haberse evitado si durante los 99 días de confinamiento y los primeros meses de la llamada “nueva normalidad”, los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, como reforzar la Atención Primaria, contratar y formar rastreadores para identificar y aislar los contagios del virus, reforzar el transporte público para que la clase trabajadora no tenga que acudir al trabajo hacinada, adaptar los centros de trabajo para que no se conviertan en lugares de contagio, contratar profesores y construir o adaptar aulas para permitir centros de estudio presenciales y seguros, reforzar y adaptar los centros geriátricos, y demás medidas que hoy hasta un niño puede recitar, pero que no se han puesto en marcha.

Nada de eso se ha hecho. Y ahora, otra vez, los gobiernos dicen que hay que tomar medidas de urgencia, “inevitables”, sin acompañar a medidas sanitarias urgentes. Hace 15 días un decreto-ley imponía medidas de urgencia en la sanidad, que permiten aplicar la movilidad forzosa de médicos y enfermeros, dentro del hospital, o desde Atención Primaria a hospitales de campaña, así como obligar a médicos a trabajar en una especialidad que no sea la suya o contratar a médicos sin especialidad para que hagan de especialistas. Madrid anuncia un nuevo hospital de 1.000 camas cuyas plazas de médicos y enfermeros se pretenden cubrir quitando personal de otros centros sanitarios, en los que ya escasean. Pero, a pesar de que las plantas de hospitales se llenan y las UCI vuelven a ir por el camino del colapso, no se incluye ninguna medida para garantizar que todos los recursos sanitarios existentes se ponen al servicio de la comunidad, incorporando la sanidad privada a la red pública.

Los contagios masivos vuelven a las residencias de mayores, cuyas instalaciones no han sido adaptadas y que siguen teniendo las ratios de personal absolutamente insuficientes que tenían antes de la pandemia.Y que continúan en manos del negocio privado, con una presencia cada vez mayor de multinacionales y fondos buitre. Tanto en la sanidad como en las residencias, ni una medida que pueda poner en cuestión el sacrosanto negocio de sus propietarios.

Todas las medidas adoptadas buscan preservar los intereses de los patronos y las multinacionales. Se restringen los contactos y se limitan los aforos, salvo en las empresas y en el transporte público, donde la población trabajadora seguirá yendo hacinada.

¿De nuevo, medidas restrictivas y represivas?

Incapaces de poner coto a los contagios aplicando medidas sanitarias, de nuevo vuelven a los confinamientos forzados y las medidas represivas. Ya en el primer Estado de Alarma se impusieron más de un millón de multas aplicando la Ley Mordaza, y desde entonces no se ha cesado de intentar criminalizar a la juventud. Ahora de nuevo, serán policías y guardias civiles, cuando no militares.

Lo que sí sabemos es que se imponen nuevas restricciones al derecho de reunión, y que el decreto que declara el Estado de Alarma prevé la posibilidad de prohibir manifestaciones por “motivos sanitarios”.

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¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

El col·lapse de la Sanitat

(Publicat a la Carta Setmanal 805 – ver en castellano)

.El col·lapse de la Sanitat

Durant anys, molts han dit que teníem “la millor sanitat del món”. Encara que el mateix es deia a França, al Canadà, el Regne Unit … És cert que tenim un sistema sanitari universal i pràcticament gratuït. Però sempre hi ha hagut dades que assenyalaven que aquest sistema sanitari estava al límit.

La situació límit del sistema sanitari es posava en evidència, al menys, per tres qüestions: les llistes d’espera cada vegada majors per a consultes d’especialistes i per a intervencions quirúrgiques, que treien a la llum la manca de personal i de quiròfans als hospitals, la massificació dels centres de salut, que posava de manifest la manca de metges de família, pediatres, infermers i altres professionals, i la saturació de les urgències, que traduïa la falta de mitjans en els centres de salut i la manca de llits hospitalaris . Hi havia coses que funcionaven, més o menys, en situacions “normals”, però la fragilitat de sistema s’evidenciava cada any amb l’epidèmia de grip, que posava al límit les urgències i els centres de salut alhora.

 

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El colapso de la sanidad

(Publicado en la Carta Semanal 805 – veure en català)

El colapso de la Sanidad

Durante años, muchos han dicho que teníamos “la mejor sanidad del mundo”. Aunque lo mismo se decía en Francia, en Canadá, el Reino Unido… Es cierto que tenemos un sistema sanitario universal y prácticamente gratuito. Pero siempre ha habido datos que señalaban que ese sistema sanitario estaba al límite.

La situación límite del sistema sanitario se ponía en evidencia, al menos, por tres cuestiones: las listas de espera cada vez mayores para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, que sacaban a la luz la falta de personal y de quirófanos en los hospitales, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, que traducía la falta de medios en los centros de salud y la falta de camas hospitalarias. Había cosas que funcionaban, más o menos, en situaciones “normales”, pero la fragilidad del sistema se evidenciaba cada año con la epidemia de gripe, que ponía al límite las urgencias y los centros de salud a la vez.

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Eleccions a Veneçuela sota l’amenaça imperialista

(Publicat a la Carta Setmanal 804 – ver en castellano)

Eleccions a Veneçuela sota l’amenaça imperialista

La decisió de govern de president Nicolas Maduro de convocar eleccions legislatives, o sigui, a l’Assemblea Nacional, va partir per la meitat a la, ja de per si, desprestigiada oposició. En efecte, l’autoanomenat president Juan Guaidó, quina base real es redueix al suport que li donen alguns governs, en particular el de Donald Trump, es va trovar, de sobte, aïllat quan Héctor Capriles, que havia disputat la presidència a Maduro a l’abril 2013, va decidir cridar a la participació.

És en aquesta situació que es publica un informe, datat del 16 de setembre d’una “Missió internacional independent” depenent del Consell de drets humans de l’ONU en el qual es qualifica a Nicolás Maduro com “genocida”. L’Informe va ser profusament difós per la premsa internacional, particularment del nostre país en que la dreta franquista està fins i tot emparentada amb “l’oposició” veneçolana (a la qual hem d’afegir a l’inefable expresident Felipe Gonzalez conegut pel seu suport al president Carlos Andrés Pérez quan va ordenar la massacre del Caracazo al gener del 89). L’objectiu polític d’aquest “informe” no era més que obligar TOTA l’oposició a boicotejar les eleccions i així forçar i acréixer l’aïllament de país i del seu govern.

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Elecciones en Venezuela bajo la amenaza imperialista

(Publicado en la Carta Semanal 804 – veure en català)

Elecciones en Venezuela bajo la amenaza imperialista

La decisión del gobierno del presidente Nicolas Maduro de convocar elecciones legislativas o sea a la Asamblea nacional partió por la mitad a la ya de por sí desprestigiada oposición. En efecto el autonombrado presidente Juan Guadio cuya base real se reduce al apoyo que le dan algunos gobiernos, en particular el de Donald Trump se encontró de pronto aislado cuando Héctor Capriles, que había disputado la presidencia a Maduro en abril 2013, decidió llamar a participar.

Es en esta situación que se publica un informe ,datado del 16 de septiembre de una “Misión internacional independiente ” dependiente del Consejo de derechos humanos de la ONU en el cual se califica a Nicolás Maduro como “genocida”. Informe fue profusamente difundido por la prensa internacional, particularmente de nuestro país en que la derecha franquista está incluso aparentada con la “oposición” venezolana (a la cual debemos añadir al inefable expresidente Felipe Gonzalez conocido por su apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez cuando ordenó la masacre del Caracazo en enero del 89). El objetivo político de este “informe” no era más que obligar a TODA la oposición a boicotear las elecciones y así forzar y acrecentar el aislamiento del país y su gobierno.

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La crisi pandèmica posa al descobert la fallida social, econòmica i política

Publicat a carta setmanal 803  –  Leer en castellano

Les xifres de la pandèmia de COVID-19 són cada vegada més alarmants. I no només a Madrid, sinó a totes les autonomies. Madrid va un pas per davant, però de les 10 regions europees amb major índex de contagis, 9 són espanyoles, i l’única no espanyola és el departament francès d’ultramar de Guadalupe, un enclavament colonial al Carib.

La malaltia s’acarnissa amb la classe treballadora, que difícilment pot evitar els “contactes estrets” quan una família sencera viu en un pis de 40 o 60 metres quadrats, quan han d’anar a treballar amuntegats en el transport públic i quan tenen els parcs tancats .

A tot arreu, la població treballadora veu com els seus serveis públics estan col·lapsats. Dins de les retallades sanitàries a tots els nivells, l’Atenció Primària ha estat portada del desastre. Aconseguir una cita telefònica en un Centre de Salut és moltes vegades una proesa, i aconseguir una cita presencial un veritable miracle. En l’educació, aules massificades, recurs generalitzat a  “l’ensenyament telemàtic”, que destrueix la qualitat de l’ensenyament, biblioteques tancades i, malgrat aquesta mesura, cada vegada hi ha més aules tancades. L’epidèmia torna a entrar a les Residències de gent gran, amenaçant amb una altra onada de defuncions massives. Pel que fa a les altres administracions, el servei públic es veu greument deteriorat pel recurs generalitzat al teletreball i la població no pot accedir a les oficines pel rigid sistema de cites (fins i tot per fer una paper al registre s’està exigint cita en molts llocs).

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La crisis pandémica pone al descubierto la bancarrota social, económica y  política

(Publicado en la Carta Semanal 803 – veure en català)

Las cifras de la pandemia de COVID-19 son cada vez más alarmantes. Y no sólo en Madrid, sino en todas las autonomías. Madrid va un paso por delante, pero de las 10 regiones europeas con mayor índice de contagios, 9 son españolas, y la única no española es el departamento francés de ultramar de Guadalupe, un enclave colonial en el Caribe.

La enfermedad se ceba con la clase trabajadora, que difícilmente puede evitar los “contactos estrechos” cuando una familia entera vive en un piso de 40 ó 60 metros cuadrados, cuando tienen que ir a trabajar hacinados en el transporte público y cuando tienen los parques cerrados.

En todas partes, la población trabajadora ve cómo sus servicios públicos están colapsados. Dentro de los recortes sanitarios a todos los niveles, la Atención Primaria ha sido llevada al desastre.  Conseguir una cita telefónica en un Centro de Salud es muchas veces una proeza, y conseguir una cita presencial un verdadero milagro. En la educación, aulas masificadas, recurso generalizado a la “enseñanza telemática”, que destruye la calidad de la enseñanza, bibliotecas cerradas y, a pesar de esa medida, cada vez hay más aulas cerradas. La epidemia vuelve a entrar en las Residencias de Mayores, amenazando con otra ola de fallecimientos masivos. En cuanto a las demás administraciones, el servicio público se ve gravemente deteriorado por el recurso generalizado al teletrabajo y la población no puede acceder a las oficinas por el rígido sistema de citas (hasta para echar un papel en el registro se está exigiendo cita en muchos lugares).

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Acerca de la “negociación” de los Presupuestos

(Publicado en la Carta Semanal 802 – veure en català)

Como siempre lo que más determina la verdadera orientación de la política de un gobierno son los presupuestos. A este respecto, hemos de recordar que el actual gobierno “vive” con los presupuestos de Montoro, aprobados por el anterior gobierno del PP. Que son unos presupuestos de austeridad y recortes.

El pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos prometía unos presupuestos “sociales”. Aunque esos presupuestos se elaborarían aceptando, de hecho, los límites del techo de gasto impuesto por el capital financiero y sus instituciones:  Unión Europea, Banco Central Europeo, FMI, y el pago de la deuda y sus intereses, consagrado en el artículo 135.3 de la Constitución, que el programa del gobierno “progresista” no tenía previsto modificar.

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