Carta Semanal 1012 en catalán
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El 1 de octubre tomó posesión de la presidencia de México, la candidata del partido MORENA Claudia Sheinbaum, ganadora por mayoría absoluta en las elecciones del 2 de junio.
En su discurso de investidura, la nueva presidenta anunció que iba a presentar una propuesta de decreto para que el Estado mexicano pida perdón a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968, fecha en que el ejército masacró a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco (se calcula que hubo entre 300 y 4000 muertos). Un hecho que la presidenta caracterizó como “un crimen de lesa humanidad”.
En este mismo discurso se dirigió a Felipe VI de España, exigiendo disculpas por el comportamiento de la corona “española”. En efecto en marzo de 2019 el anterior presidente López Obrador escribió una carta personal a Felipe VI planteando la necesidad de llegar a un acuerdo para que la Monarquía española reconozca las atrocidades cometidas en el pasado por la hueste de Hernán Cortés durante la conquista de México (https://www.gob.mx/amlo/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana). En vez de responder a la misiva, la corona hizo pública la carta personal e impuso una campaña de prensa contra el gobierno mexicano, campaña que no solo buscaba justificar la masacre y explotación que sufrieron los nativos mexicanos del actual territorio mexicano, sino que, de hecho, tenía también el objetivo de apuntalar las actuales relaciones de saqueo que las multinacionales de matriz española ejercen en México.
En el mes de julio de este año, el gobierno de López Obrador empezó a hablar con el gobierno español sobre las invitaciones a la sesión de investidura de la presidenta, prevista para el 1 de octubre.
El comportamiento desdeñoso de la monarquía española, de su rey y corte, está claro que no puede ser aceptado por el gobierno mexicano, ya que reproduciría las relaciones del pasado. Recordemos la actitud de Felipe VI en Colombia, en agosto de 2022, durante la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, ante la espada del Libertador Simón Bolívar. Cuando el arma llegó a la plaza principal, los ciudadanos y asistentes de todos los países del mundo (“incluso de Estados Unidos”) se levantaron de sus sillas para darle la bienvenida. Todos, menos el rey Felipe VI.
El borbón actúa hoy, no en defensa de unos supuestos intereses españoles sino siguiendo a pies juntillas las indicaciones de la administración norteamericana, y esto contrariamente a lo que creen los nostálgicos del imperio. Nostálgicos que tienen hoy un interés particular, pues apoyan y promueven la explotación salvaje de la mano de obra de los países latinoamericanos, que en buena parte trabajan en condiciones de economía sumergida, para hurtarles los derechos a estos trabajadores y los fondos necesarios para la seguridad social.
México y su reforma judicial
El 12 de septiembre el senado mexicano votó por 86 contra 41 la reforma del sistema judicial. Fue una de las promesas electorales de MORENA con la cual arrasó en las elecciones del 2 de junio.
El 15 de septiembre fue publicada la ley en el Boletín oficial
El contenido de la reforma es simple: los jueces y los ministros (componentes) de la Corte Suprema van a ser elegidos por la población, vía sufragio universal. Lo que supone que, en última instancia, ninguna institución del Estado debe escapar a la voluntad popular.
Esta ley ha provocado una reacción mundial por parte del imperialismo. De entrada el embajador USA en México convocó un conferencia de prensa para declarar que esta reforma era contraria a los Tratados de libre comercio (ALENA). Estos tratados –recordemos- han permitido el llamado “libre comercio” en el norte de América. “Libre” porque, como explicaba Marx en su “Discurso sobre el libre cambio” de enero de 1848, “No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador”. Tratados que, entre otras cosas, han facilitado la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado federal mexicano. Esta ley, que para aplicarse exigirá la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo mexicano, levanta la preocupación y oposición de toda la reacción mundial.
En efecto, después del embajador USA, la administración Biden y el gobierno del Canadá se han pronunciado en contra, así como la Relatoría Especial de la ONU y la Fundación Soros. Y, ¿en nombre de qué? Pues de la tan aclamada como falaz independencia judicial. Para los que poseen todo, es “independiente”… del pueblo un reaccionario al que el presidente Trump nombró juez del Supremo para toda la vida.
Desde España es fácil comprender lo que está en juego. Por ello, es fácil también establecer la relación de nuestra posición en defensa de la soberanía de la nación mexicana y la lucha en nuestro país por la democracia, por la amnistía, por acabar con el poder judicial franquista, pilar central de la Monarquía borbónica que sigue lamentando la pérdida de su imperio, cuando las naciones de América Latina conquistaron la independencia. Pretendiendo asegurar, al menos, la barra libre para el saqueo de las empresas españolas, tan queridas de la monarquía.
Frente al sometimiento del Gobierno a la Corona, solidaridad internacionalista entre los pueblos
El gobierno mexicano invitó al gobierno Sánchez, pero no al rey, a causa de su absoluta falta de respeto a la nación mexicana en la persona de su presidente. Sometiéndose a lo más podrido y neocolonial de los borbones, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se negó a enviar una delegación oficial (aunque Podemos y Sumar enviaron a algunos de sus dirigentes). Este proceder desacredita a este gobierno y a cualquiera que pretenda representarnos.
La nueva presidenta tuvo a bien decir que las relaciones con el pueblo español son excelentes y recordó que México, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, abrió sus puertas a los republicanos españoles, en 1939, como había hecho con Trotski, contrariamente a la “acogida” que recibieron en países hermanos como Francia (gobernada por el Frente Popular de la época), que encerró a miles de combatientes republicanos en 14 campos de concentración.
La lógica del capital financiero es una lógica neocolonial, en la que el reino de España actúa al modo del capataz, al servicio del verdadero dueño: los grandes capitales internacionalizados, particularmente estadounidenses. No pudiendo mantener el control directo de las antiguas colonias, pretende mandar en ellas a través de gobiernos títere. No aceptan la soberanía nacional como no aceptan la democracia. En este sentido se imponen esos llamados acuerdos de libre comercio, cuya aceptación por parte de cualquier gobierno le hipoteca para poder aplicar las políticas a las que aspira la mayoría de la población. Scheinbaum tiene razón: el pueblo mexicano y los pueblos integrados en el Estado español no son enemigos. Comparten la más legítima aspiración: una vida digna, para la que los recursos deben estar al servicio del conjunto de la población, no parasitados por la pequeña minoría que conforma el capital. Los compromisos de la nueva presidencia apuntan en la buena dirección en materias como la judicial mencionada. Su aplicación efectiva es tarea ahora de la clase trabajadora organizada, para la que desde aquí manifestamos nuestra solidaridad: la lucha del pueblo mexicano por su soberanía es también nuestra lucha por una verdadera democracia, incompatible con la monarquía opresora de los pueblos y garante de la explotación de los trabajadores.