Carta Semanal 1059 en catalán
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Más de tres Semanas
En el momento que escribimos esta Carta Semanal hace ya más de tres semanas que decenas de incendios arrasan nuestras tierras. Concentrados en particular en Castilla y León, Galicia y Extremadura, pero con puntos importantes en Andalucía, Asturias, antes en Catalunya y también en Valencia. Como decíamos en una declaración de Información Obrera hace más de quince días, esta trágica oleada de incendios parecía una crónica política de un desastre anunciado. Todas las instituciones del Estado sabían que más de la tercera parte de los bosques (cuya masa total representa el 36 por ciento de la superficie del Estado) eran pura dinamita, por la inmensa biomasa acumulada –especialmente tras un año de lluvias importantes- sin ningún mantenimiento o limpieza llevado a cabo por los poderes públicos o/y por los propietarios privados (biomasa que casi no está explotada por las grandes empresas energéticas, pues es más rentable importar petróleo y gas. Se calcula que esta biomasa es equivalente a diez mil millones de toneladas de petróleo).
Unánimemente todas las instituciones del Estado atribuyen la proliferación de incendios al «cambio climático» (para los más mayores esto nos recuerda el discurso monocorde de la Dictadura cuando achacaba las dificultades a la «pertinaz sequía»). Sin duda hay cambio climático y aumento de las temperaturas, pero la humanidad tiene los medios para combatirlo, paliarlo e incluso utilizarlo en su provecho, a condición de que la sociedad y los gobiernos se guíen por la búsqueda del bien público y no por la protección de los poderosos, como las multinacionales de la alimentación, la agroindustria, la ganadería industrial, la especulación inmobiliaria, planificación urbanística al servicio del turismo, contra su industria y la producción al servicio de la población.
No son palabras, son hechos.
Las consecuencias de la entrada en el Mercado Común y la OTAN
Cuando en 1986 el Estado español se adhirió al Mercado Común (años antes a la OTAN) esto fue presentado como el desarrollo del país. Llegaron inversiones, ¿para qué? Para cerrar la industria (que pasó de un 25%del PIB al 16 actual), urbanizar el país al servicio de la promoción del turismo, la exportación agrícola. Dejando sectores de la industria al servicio de las multinacionales del automóvil (16 zonas industriales), planificando, de hecho, la despoblación del país. No es por casualidad que las regiones más afectadas por los incendios sean la más despobladas, casi un 10 por cien estos últimos 30 años Galicia, Extremadura, Castilla y León y el proceso sigue. Al mismo tiempo, la imposición de cuotas por parte del Mercado Común –hoy, UE- y su política agraria común (PAC) ha llevado al barbecho a más de dos millones de hectáreas, al sacrificio de un millón de cabezas de ganado lechero (ahora una buena parte de la leche es importada). ¡Incluso se amenazó con el arranque de árboles olivareros!
La propiedad de la tierra se modificó, hoy, junto con los antiguos señoritos (que viven en las grandes ciudades), las grandes propiedades agrícolas están controladas por los bancos, los fondos especulativos, las grandes empresas de distribución como Mercadona, Carrefour, Alcampo…
Esto ha significado la destrucción o abandono de la agricultura de montaña, de los rebaños de monte que limpiaban los bosques, y la reducción de los presupuestos de limpieza y prevención: un editorial del ABC del 21 de agosto habla de la reducción del más del 60 por cien del presupuesto por parte de todas las instituciones del Estado centrales y autonómicas.
Al mismo tiempo, desde la entrada en la OTAN en 1981, el presupuesto militar se ha triplicado y doblado desde 2008.Y el gobierno se ha comprometido en la cumbre de la OTAN del 23 y 24 de junio a llevarlo al 2,18 por cien del PIB este año. Oficialmente está en el 1,48 por cien.
Apenas se ha dado en estos años un paso positivo: ante el desastre que ya viene de años el gobierno Zapatero de 2004 creó la UME, unidad militar de emergencia, que actúa con relativa eficacia como parche a todas las deficiencias de los servicios públicos de extinción.
Los servicios de bomberos, que están regionalizados, están en todas las comunidades faltos de efectivos, sin medios y algunos sin formación: los sindicatos del sector llevan años de lucha reclamando los medios mínimos a todos los niveles. Un bombero forestal cobra como media 1.200 euros al mes ¡se juega la vida por un salario de miseria!
Para colmo, las sanciones a Rusia han impedido utilizar los helicópteros rusos Kamov, los más efectivos, por falta de repuestos. Pero no han sido los únicos medios infrautilizados. La falta de mantenimiento y el caos organizativo ha hecho que motobombas, buldóceres y equipos de bomberos estuvieran parados mientras el monte ardía.
La regionalización del país
La muerte de Franco fue precedida por movilizaciones de masas desde años atrás -en particular, desde 1970, contra los juicios de Burgos- que podían desembocar en la apertura de una situación revolucionaria como en Portugal en 1974. Estas movilizaciones realizaron en la lucha la unidad de los trabajadores, que son una misma clase en todo el país, con los pueblos, en particular vasco, catalán y gallego, aplastados por el franquismo. Para frenar ese potente movimiento, se hacía necesario un pacto que implicara a los poderes económicos, y al imperialismo internacional, con las fuerzas más importantes de la “oposición democrática”. Pacto apoyado por la burocracia contrarrevolucionaria del Kremlin y la dirección de la socialdemócrata internacional.
Para ello, se llevó a cabo el Pacto de la Moncloa, del que derivó la constitución del 78, que preservó instituciones básicas de la dictadura, coronadas por el rey heredero de Franco, a cambio de la libertad de partidos y sindicatos y las elecciones. Para desviar el movimiento de los pueblos, se dividió el país en 17 regiones, muchas de ellas artificiales. Se crearon instituciones que intentaban integrar al pueblo catalán y vasco, en particular, en el marco de la Monarquía. Y se delegaron competencias estatales a esas 17 autonomías.
Pero todas ellas, subordinadas a las instituciones y sometidas a constantes penurias presupuestarias, han aplicado las políticas de recortes y privatizaciones. Recortar la sanidad, destruir la universidad pública, recortar los medios para hacer frente a las catástrofes, no son ejercicios de soberanía, ni tienen nada que ver con la libertad de los pueblos.
Se ha constituido un aparato parasitario que se ha demostrado incapaz de proteger a la población frente a las catástrofes, y de sostener los servicios públicos. Los incendios, como la DANA lo demuestran.
Lo que está en bancarrota hoy es el régimen monárquico, que vive gracias a la división y enfrentamiento, a la política de enfrentar unos pueblos contra otros.
Los ciudadanos desconfían de las instituciones
Desde todos los pueblos víctimas de los incendios oímos los mismos lamentos: la administración nos olvida, nos deja solos, nos impone una burocracia estéril… y algunos pueblos se han salvado porque los ciudadanos se han organizado. Incluso en un pueblo de Pontevedra tuvieron que construir una carretera por la cual pudieron huir (la diputación había negado el presupuesto para ello) Y como en Valencia, junto a los bomberos, muchos de ellos voluntarios, se han enfrentado al fuego llevando la solidaridad desde todo el país, como han hecho los comités locales de emergencia y reconstrucción de Valencia.
Sin duda, las competencias de prevención de los incendios corresponden por ley a las regiones, pero el gobierno central no ha coordinado, hemos visto hasta situaciones ridículas, como cuando Mazón anunció el envío de bomberos desde Valencia y tuvo que echar marcha atrás porque se anunciaron incendios en Castellón y, además, los sindicatos anunciaron que el 70% de las unidades estaban con efectivos al mínimo (faltaban 100 bomberos).
En lo único que han estado espabilados los partidos del régimen es en echarse la culpa los unos a los otros, llegando a los insultos.
Hay una salida
Una salida que no está en la reforma de este Estado parasitario y corrupto. El mantenimiento de la monarquía y todas sus instituciones es un doble castigo para la población. Delegando más competencias en este marco no se van a resolver los problemas. Y menos aun cuando el dinero que necesitarían los bosques va al presupuesto de guerra.
La bancarrota de este Estado abre la vía a los discursos de extrema derecha sobre la necesidad de un Estado centralizado y fuerte, pero volver al franquismo sería olvidar que nunca ha existido mayor corrupción en este país que bajo Franco. La diferencia es que entonces, en el funcionamiento normal de las instituciones, ningún municipio funcionaba sin las mordidas de las constructoras, ninguna gran empresa tenía ningún contrato sin relación estrecha con el ministerio de turno, la propia fortuna del Emérito parte de la concesión por Franco en 1973 a Juan Carlos como «comisionista» de las compras de petróleo y armas.
Sin embargo, la defensa del actual régimen autonómico, que es la política del PP y de la dirección del PSOE, hace falsamente válidos los discursos autoritarios.
La propuesta de Pacto de Estado busca, precisamente, la protección del régimen ante la indignación existente contra las diferentes fuerzas que han sido los pilares de la Transición y la restauración de la Monarquía.
No se trata de nostalgias, ni de volver a la Segunda República, de la cual debe ser rescatado todo lo positivo, sino de responder a todas las reivindicaciones, a las necesidades de la mayoría de trabajadores de este país: 22 millones de asalariados, 10 millones de pensionistas, 3 millones de desocupados, dos millones de universitarios, un millón y medio de agricultores otros tantos de pequeños comerciantes y artesanos o sea el 99% por cien del país. Y responder a las ansias de autodeterminación de los pueblos. La República será de los pueblos, o no será.
Para nosotros, la solución más económica es la unión libre de repúblicas soberanas, basada en la fraternidad y la cooperación y convivencia entre los pueblos. República basada en acabar con la propiedad privada de los grandes medios de producción, en la nacionalización de la banca y de las grandes empresas energéticas.
República construida sobre la base de la defensa de las conquistas comunes, en particular de la Seguridad Social, conquista diferida de la huelga minera del 62 en Asturias.
Avanzar hacia esta salida exige agrupar fuerzas en un movimiento organizado de ruptura con la monarquía que forje la alianza de los trabajadores y los pueblos. Que establezca relaciones de cooperación con todos los movimientos que surgen en Europa, en el mundo, en la lucha contra la guerra, en defensa de Palestina y contra los presupuestos de guerra.