Carta Semanal 1025 en catalán
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Excepcionalmente publicamos en esta Carta Semanal la declaración que Información Obrera difundió el 30 de diciembre realizando un balance y una crónica de la nuevamente masiva manifestación del 29 de diciembre.
Nadie se engaña. La total inoperancia de todas las instituciones del Estado ante la catástrofe ha tocado de lleno (como señalaba el editorial del ABC el 36 de diciembre) a la monarquía y al rey.
Solo la campaña mediática de prácticamente de todos los medios estatales intenta ocultar este hecho. Pero el rey o los consejeros no se engañan, las llamadas desesperadas al consenso, a volver al 78 muestran las grietas del régimen.
Grietas acrecentadas porque los trabajadores y el pueblo de Valencia exigen responsabilidades y gozan de la simpatía de la mayoría en todos los pueblos de España.
Sin duda alguna, este año 2025 colocará en el centro la búsqueda de los medios para acabar con este régimen arbitrario, régimen de guerra aliado al imperialismo corresponsable del genocidio de Gaza y la el impulso de la guerra en Ucrania. Y esta situación crea también las condiciones para resolver otra cuestión central: no se puede gobernar para la mayoría -como dice pretender el gobierno de coalición- sometido a la monarquía que supone también su sumisión a la herencia franquista y a los intereses de la gran banca y las multifuncionales.
La manifestación de ayer 29 de diciembre en Valencia exigiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón ha vuelto a ser multitudinaria (80.000 personas según la Delegación del Gobierno), era la 3.ª de estas dimensiones en los dos meses transcurridos desde que la dana devastara tierras, bienes y vidas de más de 800.000 personas en Valencia, en su gran mayoría trabajadoras, y causara más de 223 muertos, asesinados por la criminal e irresponsable actuación de las instituciones. A pesar de las fechas, de los obstáculos y de las maniobras que trataban de hacerla fracasar o de reducirla a un mínimo, la manifestación ha sido un éxito; la juventud, los trabajadores y el pueblo no tienen ninguna intención de ceder. Y con ellos el resto de los trabajadores y los pueblos de España, que se han volcado desde el primer día en apoyarlos y que, aunque no hayan sido víctimas de la riada, comprenden que son víctimas de una misma situación y de una misma política. Sin duda, los desórdenes climáticos, producto de la barbarie capitalista, están presentes, pero es la inepcia de las instituciones, su negativa a emprender las obras hidráulicas necesarias, su desidia en todos los planos, lo que las convierte en las verdaderas responsables. En ningún caso se trata de una cuestión de Valencia, que no debe quedar aislada en esta catástrofe.
Si el pueblo valenciano ha tenido la posibilidad de expresarse en unidad con tal masividad y contundencia ha sido gracias a la constitución de la plataforma de asociaciones «Mazón, dimisión», en la que el CATP e Información Obrera han participado desde el principio, plataforma que ha tenido la audacia política de convocar las manifestaciones, sobre todo la del 29 de diciembre. Los grandes partidos, todos los que dicen representar al pueblo trabajador brillaron por su ausencia o limitaron su acción al terreno institucional. En Valencia, como en todo el Estado, se echa en falta una representación política verdaderamente fiel a los trabajadores y a los pueblos.
Frente a la destrucción, el pueblo exige reconstrucción y castigo a los culpables
La población exige responsabilidades, reparación, reconstrucción y la dimisión y encarcelamiento de Carlos Mazón como primer responsable de esta tragedia. Desde el primer momento, el pueblo de Valencia ha sabido medir con su propio rasero el carácter parasitario y ajeno a sus intereses de las instituciones, su incapacidad para satisfacer las necesidades de trabajadores y pueblos. Esas instituciones se deben a otros intereses. Una y otra vez, en cada ocasión en la que ha podido expresarse, la inmensa mayoría les ha llamado asesinos: en la visita real a Paiporta el 3 de noviembre, tras la misa en la catedral el 9 de diciembre, en cada una de las masivas manifestaciones los días 9 y 30 de noviembre y el 29 de diciembre. También reciben las críticas de algunos cargos públicos, como la alcaldesa de Catarroja por la visita sorpresa de la familia real a la localidad con la pretensión de dar una falsa imagen de normalidad: «es una falta de respeto hacia una población que ha sufrido la pérdida de 25 vecinos y que aún continúa inmersa en los trabajos de reconstrucción».
Los trabajadores y el pueblo tienen razón. Solo los medios de comunicación subvencionados por los gobiernos y las grandes empresas tratan de ocultar el rechazo creciente que genera la Casa Real y el resto de las instituciones. Como hacen también los dirigentes políticos y sindicales que las defienden y sostienen.
El balance que pueden hacer los damnificados es contundente. Los periódicos informan de la incapacidad de los poderes públicos para atender con rapidez las necesidades de los afectados y de la insuficiencia de las ayudas. Como ejemplo, el editorial del 30 de diciembre del Levante, lo resume así:
«Dos meses después, el Gobierno sigue registrando una media de 700 solicitudes diarias de ayuda directa […]. Dos meses después, las administraciones han movilizado una cantidad muy importante de recursos (16.600 millones el Gobierno de España y 1.324 la Generalitat), pero las ayudas llegan con demasiada lentitud.
De la cantidad citada, el Ejecutivo ha pagado 950 millones hoy (un 5,7 % de los fondos dispuestos) y más de 600 millones de esa cifra han sido a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Para las más de 35.700 peticiones de ayuda directa recibidas para paliar daños se han abonado poco más de 38 millones de euros.
Es muy poco. Y ayudas por fallecimiento se han entregado 41, cuando es conocida la cifra de 223 muertes […].
Dos meses después, los testimonios de las familias de las tres víctimas que permanecen desaparecidas revelan una falta de sensibilidad de las autoridades preocupante por cuando además no es la primera muestra. Cuesta mucho entender que, trascurrido este tiempo, los familiares se lamenten de que “nadie” desde las instituciones públicas mantenga el contacto con ellos».
A esto hay que añadir los cientos de ancianos y enfermos que no pueden salir de casa porque los ascensores dañados no se sustituyen o reparan, los cientos de garajes que permanecen llenos de barro, los miles de vehículos abandonados en descampados, con los riesgos que esto comporta, y todo esto sin contar con el sufrimiento de quienes lo han perdido todo y saben que ninguna institución pública les va a ayudar en el futuro y menos devolver a su situación anterior al 29 de octubre.
Un régimen antidemocrático
Y no se trata de una institución u otra, todas son responsables: nadie que no esté en los puestos de mando de las instituciones sabe qué pasó realmente desde las 7:30 de la mañana, cuando saltaron todas las alarmas, hasta las 20:11 del 29 de octubre, cuando se emitió la alarma.
Las instituciones, todas, actúan veladamente, antidemocráticamente (sin transparencia, se dice): nadie sabe qué se discutió en la primera reunión de la Cecopi, de la que no hay actas ni grabaciones, institución vetada a los alcaldes, pero que integra a todas las instituciones. Mientras decenas y decenas de miles de ciudadanos recorrían las calles del centro de Valencia, exigiendo la dimisión de Mazón, en la manifestación más multitudinaria en muchos años, la Zarzuela (el rey), la Moncloa (Pedro Sánchez) y Génova (Feijóo) se ponían de acuerdo en salvar la situación imponiéndole a Mazón al teniente general Francisco José Gan Pampols, quien aceptó a cambio de un aumento de sus emolumentos. Las instituciones maniobran, igual que hacen para disparar el gasto militar al servicio de las guerras y el genocidio palestino, de la OTAN y del imperialismo norteamericano, aunque esto suponga destruir las condiciones de vida de trabajadores y pueblos.
El colofón, lo que termina de indignar a todos, a los trabajadores en primer lugar, es que, en esta situación, las Cortes y los Parlamentos se han convertido en algo parecido a foros donde se enfrentan sofistas. Ningún intento de abordar seriamente los problemas reales de la mayoría, salvo honrosas excepciones.
La respuesta de los trabajadores y del pueblo valenciano ha puesto en cuestión a la misma institución monárquica, cuestionada ya por el pueblo catalán exigiendo amnistía y derecho a decidir.
La crisis lleva al rey, en busca de la supervivencia de la institución (y de los intereses del capital financiero), a intervenir en un terreno que constitucionalmente le estaría supuestamente prohibido. En su discurso navideño, Felipe VI afirmaba:
«No podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía. […] Nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu. El acuerdo en lo esencial fue el principio fundamental que la inspiró […]. Cultivar ese espíritu de consenso es necesario para fortalecer nuestras instituciones y para mantener en ellas la confianza de toda la sociedad».
La Monarquía es perfectamente consciente de su situación… y exige un consenso que hoy no es posible, salvo que el partido socialista renuncie a cualquier veleidad de expresión propia, de independencia de las exigencias del franquismo político e institucional. Pero la Monarquía de las autonomías no tiene nada que ver con la democracia. Ninguna reconstrucción favorable a sus intereses puede esperar el pueblo valenciano de estas instituciones.
Buscar una salida democrática, a favor de la mayoría
No es una cuestión del País Valenciano. El CATP, que forma parte de la plataforma por la dimisión de Mazón, propone al conjunto de asociaciones y organizaciones que la forman organizar un Encuentro con representantes de organizaciones, comités, sindicatos de todo el Estado español para luchar conjuntamente por un auténtico plan de reconstrucción, de inmediata puesta en marcha, que garantice la plena restitución de todas las propiedades personales de la población trabajadora afectada y el restablecimiento de todas las infraestructuras públicas; así como por la delimitación estricta de todas las responsabilidades políticas y el consecuente castigo a los culpables.
Hacen falta medios y los hay, bastaría con desviar los crecientes gastos en armamento a la reconstrucción, con acabar con los gastos parasitarios del Estado y cobrar impuestos a las multinacionales y a los bancos.
30 de diciembre de 2024
Comité de Redacción de Información Obrera