Combate Socialista 11 para descargar en PDF
Introducción
A 28 años de la muerte del dictador Franco, cuando una inmensa movilización contra la guerra de Iraq sacude al Estado español, los comentaristas políticos de la burguesía se escandalizan de la proliferación de banderas republicanas en las calles. Temen que todo el entramado constitucional creado tras la muerte de Franco con la colaboración de los dirigentes del PSOE y el PCE y de los partidos nacionalistas comience a venirse abajo. Al mismo tiempo, se produce la ilegalización de un partido por primera vez desde 1977 y la prohibición de 216 candidaturas de agrupaciones de electores, avaladas por la firma ante notario de más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas, prohibición decretada en un tiempo récord por una Sala Especial del Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Los tribunales arremeten contra el Parlamento Vasco porque éste respeta lo que han votado los ciudadanos. Finalmente (por ahora) el gobierno anuncia que utilizará “todos los medios” para impedir que el Parlamento Vasco discuta una propuesta de reforma del Estatuto y amenaza con suspender la autonomía vasca. Todo ello constituye una crisis mayúscula de las instituciones establecidas en la Transición, crisis en la que las instituciones heredadas del franquismo que la Constitución preservó pretenden hacer tabla rasa de las conquistas democráticas más elementales, que los trabajadores y los pueblos impusimos en los años de la transición. Hay que constatar, por otra parte, que ese ataque franquista a las libertades encaja con el contenido del proyecto de Constitución Europea. Es el momento de hacer un balance, desde el punto de vista del marxismo, de la llamada Transición Democrática. Para la historia oficial de la Transición –la que nos cuentan los medios de comunicación, los comentaristas políticos, las escuelas, que conforman la opinión pública burguesa; avalada a menudo por dirigentes del PCE y el PSOE– “Franco murió en su cama”, sin apenas oposición popular, y a la muerte del dictador se estableció, por voluntad del rey, y de común acuerdo entre los sectores “reformistas” del régimen franquista y la llamada “oposición democrática”, un régimen de libertades democráticas consagrado en la Constitución monárquica de 1978. Sin embargo, como demostraremos en este texto, las cosas no ocurrieron así. A la muerte de Franco, el aparato de la dictadura franquista, apoyado por la burguesía, la jerarquía de la Iglesia y el ejército optaba por la continuidad. Sobre todo, antes ya de la muerte de Franco, los Estados Unidos y la URSS, el Vaticano y los gobiernos europeos, tomando nota del revolución portuguesa, habían pactado en Helsinki que había que evitar una ruptura con la dictadura. Sin embargo, una inmensa movilización obrera en el Estado español, que adquirió características prerrevolucionarias y que amenazó las bases mismas del sistema capitalista en nuestro país, impuso al franquismo en descomposición la legalidad de las organizaciones obreras y el reconocimiento de los derechos de asociación, expresión, manifestación, huelga y demás derechos democráticos. Ahora bien, cumpliendo el pacto de Helsinki, la burocracia del Kremlin y su agencia en España, el PCE, dirigido entonces por Carrillo, junto con los dirigentes de la Internacional Socialista y del PSOE frenaron esta movilización e impusieron a las masas la aceptación de buena parte de las instituciones del franquismo, limitaciones a la libertad sindical y la negación del derecho de autodeterminación. Fruto de ese compromiso es la Constitución Monárquica.