Carta Semanal 1065 en catalán
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En el momento en que escribimos esta carta nadie puede realizar ninguna hipótesis creíble sobre el desarrollo de los acontecimientos en Francia en las próximas semanas incluso días. En efecto, ante el estupor general, el viernes 10 de octubre a las 22 horas el presidente Macron vuelve a encargar a Sebastián Lecornu la formación de un nuevo gobierno y la aprobación de un presupuesto para 2026 (recordemos que, en el sistema bonapartista de la V República, es el presidente el que nombra el primer ministro, el cual debe buscar una mayoría parlamentaria). Lecornu, que había sido ministro de defensa en el anterior gobierno, ya había sido designado primer ministro y estuvo en el cargo durante 27 días y había fracasado en la formación de una mayoría que apoyara su gobierno. El lunes 6 de octubre presentó su dimisión, y después de días intensos de «consultas» y maniobras diversas Macron insistió en que Lecornu intentara de nuevo formar gobierno.
Según la legalidad vigente, el presupuesto para 2026 debe ser presentado y aprobado por la Asamblea de la República (parlamento) antes de fin de año. Y según la normativa son necesarios 70 días para su debate y aprobación. Se abren, por tanto, unos días frenéticos para intentar llegar a acuerdos en un arco parlamentario extremadamente fragmentado, en que ninguna fuerza es mayoritaria (extrema derecha de Le Pen, Los Republicanos -partido del antiguo gaullismo, el bloque central macronista y la izquierda en la cual la Francia Insumisa (LFI) de Mélenchon es mayoritaria, y en la que los socialistas, comunistas y verdes rompieron la plataforma electoral, el Nuevo Frente Popular (NFP), con la que. bajo un programa de ruptura, fueron elegidos. De hecho, hoy solo LFI defiende este programa, que plantea, entre otras cuestiones, acabar con la V república y, de hecho, abrir un periodo constituyente. Es en este sentido que 104 diputados, a iniciativa de la FI, presentaron el jueves 9 de octubre un procedimiento de destitución del presidente Macron. De hecho, según los sondeos oficiales, solo el 14% del electorado apoya a Macron. Estamos, más allá de la crisis de gobierno, en una verdadera crisis de régimen. La V República fue el producto de un golpe de estado en 1958 por parte del general De Gaulle para intentar salir del impasse provocado por la guerra de Argelia. De Gaulle instauró un régimen bonapartista con amplios poderes para el presidente, y con la posibilidad de aprobar las leyes sin mayoría parlamentaria por medio del artículo 49 tres de la constitución, que obliga a la oposición a presentar una alternativa de gobierno. Así, el 16 de marzo de 2023 fue «aprobada» la ley de reforma de las pensiones, una de las cuestiones centrales que explican la fractura actual.
En el origen de la actual crisis
En mayo de 2017 fue elegido presidente Emmanuel Macron, prometiendo una reforma a fondo de carácter privatizador y contra todas las conquistas sociales, con el argumento bien manido de que había que «liberalizar» la economía para crecer y crear empleo. Nada original, el programa de destrucción de las conquistas obreras que el capital abandera desde hace decenios.
El 17 de noviembre de 2018, por medio de una convocatoria «espontanea», la población fue llamada a ocupar las rotondas del país y bloquearlo en contra de aumento del impuesto al gasóleo, contra la carestía de la vida y un conjunto de reivindicaciones sociales. Surgió el movimiento popular de los “chalecos amarillos”, que afectó, en particular, a los sectores más empobrecidos de la clase obrera, así como a los artesanos, pequeños comerciantes, con más fuerza entre los residentes en la lejana periferia de las grandes ciudades. Este movimiento de los «chalecos amarillos» puso en jaque al gobierno y durante dos años centró la atención política. En un primer momento, las centrales sindicales -o más bien la mayoría de su dirección (con notables excepciones, impulsadas por los sindicalistas más apegados a la lucha de clases)- dio la espalda a este movimiento. Sin embargo, este movimiento dio pleno apoyo desde diciembre de 2022 a la movilización de los sindicatos contra la reforma de las pensiones.
Se calcula que, a pesar de la brutal represión por parte del gobierno, unos tres millones de trabajadores, ciudadanos, jóvenes participaron en esta movilización que puso en jaque al gobierno y su política.
El gobierno se había fijado como objetivo prioritario la reforma del sistema público de pensiones, uno de los más avanzados de Europa.
Cuando, en mayo de 2022, Macron fue reelegido, planteó como objetivo urgente esta reforma. Así, pocos meses después, fue presentado el proyecto. En su contenido esencial era: aumentar la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años. Aumentar a 43 los años cotizados para una pensión al 100 por cien. Reducir o eliminar los regímenes especiales (16, que corresponden a diferentes oficios o ramas, y afectan a un millón de pensionistas) e iniciar un proceso hacia una jubilación por capitalización (por puntos)
Desde la base de los sindicatos, en particular desde el sindicato del metro de París, surgió un amplio movimiento que empujó a las direcciones sindicales a la movilización. En diciembre de 2022 la intersindical (todos los sindicatos) llamó a la movilización. Se realizaron unas 13 jornadas de huelga o lucha. En respuesta a ello, el gobierno, como dijimos antes, hizo aprobar por el 49.3 la reforma sin voto en el parlamento. Lo cual, como es evidente, elevó el carácter de la crisis pues ponía en cuestión de nuevo el supuesto carácter democrático de la V República.
La exigencia de anulación de la reforma fue uno de los puntos esenciales del programa del NFP, cuestión que la LFI mantiene hoy más que nunca. No es por casualidad que esta cuestión está en el centro de las propuestas para formar nuevo gobierno. Macron quiere a toda costa mantener la reforma. Algunos, como la antigua primera ministra Elisabeth Borne, plantean la posibilidad de una «suspensión» a la cual se agarra la dirección del Partido Socialista. Otros plantean simplemente retrasar un año su aplicación. En cualquier caso, la oposición –mayoritaria entre la población- a la reforma de las pensiones determina la formación de gobierno.
¿Por qué es una crisis de régimen?
A la reforma de las pensiones se añade un proyecto de presupuesto –presentado por el gobierno anterior, que fue derribado por una moción de censura- que plantea 43.800 millones de recortes sociales y un aumento exponencial del gasto militar. De hecho, doblarlo en pocos años, con el objetivo del 5% del PIB dictado por Trump en la OTAN.
Por sí solo esto significa desmantelar las conquistas sociales obtenidas después de la II Guerra Mundial (lo que los socialdemócratas de antes llamaban el “Estado del bienestar”).Esto tiene consecuencias a todos los niveles y ya de por sí es un «cambio» de régimen. A esto se añade lo que dijimos antes, el recurso indiscriminado al 49.3 para «aprobar» las leyes. Lo cual pone de manifiesto, a los ojos de la mayoría, el carácter de este régimen.
Desde el punto de vista del capital, muchos comentaristas señalan la inestabilidad de un régimen que fue levantado, precisamente, para acabar con la inestabilidad de la IV República.
¿Qué salida?
Después de la últimas elecciones legislativas, convocadas de manera anticipada por Macron, y en las que el NFP obtuvo el mejor resultado y por lógica debería haber sido llamado a formar gobierno, una campaña infame se ha desatado, o más bien multiplicado contra Melanchon y la LFI. Prácticamente todos los medios de comunicación participan en esta campaña, calumniando a Melanchon de «antisemita», «putinista», “amante de la violencia”, y de casi todos los males que afectan al país. El objetivo era claro: LFI mantiene un programa de ruptura y, en particular, de anular la reforma de pensiones y en contra del gasto militar, aparte, claro está, de impulsar la mayoría de manifestaciones en defensa de Palestina, por tanto había que demonizar esta política. Esto permite hacer crecer al RN de Le Pen presentándola como el «mal menor». Entre los medios intelectuales y políticos bienpensantes ya se dice ·»es mejor Le Pen que Melanchon». Los sondeos oficiales reflejan esta polarización: 37% Le Pen, 26%Melanchon, todas las demás opciones son barridas. Es un reflejo deformado de la polarización social. Además Le Pen propone recortes por el montante de 80.000 millones, en particular en los derechos sociales y de los emigrantes, en una campaña desaforada contra los magrebíes, y, en especial, los ciudadanos de origen argelino (que son millones en Francia, formando parte del sector más explotado de la clase trabajadora). El objetivo es buscar una cabeza de turco y dividir a la clase obrera.
Durante estos meses hemos asistido al resurgimiento de un fuerte movimiento social. Desde abajo se ha convocado el 10 de septiembre un movimiento de «Bloquear todo el país» en respuesta al proyecto de presupuesto de recortes. LFI le dio todo su apoyo. Las confederaciones respondieron con una jornada de huelga el 18 de septiembre. En ambas fechas, centenares de miles fueron a la huelga o manifestación…de hecho la lucha de clases directa se combina con el combate en el terreno electoral.
El hecho de que se hable de suspender la reforma de las pensiones para poder formar gobierno es el reflejo deformado de este movimiento que crece y que busca expresarse, a pesar de la política de «contención» de la mayoría de los dirigentes sindicales.
Un choque se prepara, y los militantes de vanguardia observan con atención cómo en Italia, desde la base, partiendo del sindicato de los estibadores de Génova y la Unión Sindical de Base, se han organizado dos huelgas generales en 10 días, 27 de septiembre y 3 de octubre (esta última, arrastrando a la CGIL, el sindicato mayoritario) huelgas que en defensa de Palestina han integrado todas las reivindicaciones contra la política de Meloni.
Es una indicación para toda Europa, como bien se reflejó en la Conferencia y mitin internacional contra la guerra que tuvo lugar en París los días 4 y 5 de octubre (invitamos a los lectores de esta Carta Semanal a consultar el dossier al respecto).