Carta Semanal 1069 para descargar en PDF
Un año después de su catastrófica gestión de la DANA, el presidente de la Generalitat Valenciana ha presentado su dimisión, aunque va a continuar como diputado en las Corts.
Como señala el Acord Social Valencià (ASV), “¡Mazón no dimite, entre todas lo hemos echado!”. Ha sido un año de movilización, con poderosas manifestaciones cada mes, con el rechazo a su presencia en cualquier acto público, culminada con las recriminaciones de los familiares de las víctimas en el “funeral de Estado”, lo que le ha obligado a irse. Nada de lo conseguido ha sido sino gracias a la movilización continua. Movilización que ha arrastrado, en las últimas manifestaciones, particularmente la del 26 de octubre, a los sindicatos mayoritarios. “No han podido con un pueblo que todavía no ha podido secarse las lágrimas ni vivir el luto que necesita. Un pueblo que no ha desistido en su esfuerzo de denunciar la impunidad y la negligencia criminal, ni de exigir verdad y justicia. La vida humana es irreparable (…) Esta es la victoria de las familias de las personas asesinadas y de sus asociaciones; la victoria de los pueblos anegados que, saliendo del barro a trompicones, se organizaron en sus comités locales luchando por la reconstrucción de la vida, sin dejar de exigir la dimisión de Mazón y de su Consell; la victoria de los periodistas que se atrevieron a buscar y encontrar la verdad y sacarla a la luz; la victoria de las miles de personas que se han movilizado cada mes de este año y no han desfallecido; la victoria de las miles de personas solidarias que desobedecieron y salvaron la vida de las personas de las zonas afectadas cuando las instituciones nos abandonaron.”, añade el ASV
Pero su dimisión forzada no es, no puede ser el fin del proceso. No puede irse para disfrutar de su pensión, o de la puerta giratoria que le destinen. 230 muertes penden sobre su conciencia. Deben establecerse sus responsabilidades políticas y penales. Como señala el ASV, debe irse todo su gobierno: “si se va Mazón, su Consell y otros cómplices tienen que acompañarlo, como por ejemplo todo el entramado empresarial que ha sacado beneficio económico de la muerte y el Partido Popular y VOX, que han mantenido un asesino para sus cábalas electorales”.
Ahora toca continuar la lucha. ASV dice, justamente: “Hoy toca honrar nuestra lucha, pero también pensar: ¿y ahora qué viene? Esto solo lo puede decir y decidir el pueblo valenciano. No aceptaremos ser el experimento de las políticas macabras diseñado en Madrid por el Partido Popular y VOX (…) Mazón se va, pero los problemas continúan. No permitiremos las propuestas continuistas de políticas manchadas de muerte. Es por eso por lo que, ahora más que nunca, toca continuar luchando y construyendo soberanía popular. La reconstrucción social del país la hemos de diseñar y llevar a cabo entre todas y todos. Pueblo a pueblo, comarca a comarca”. Defender una reconstrucción basada en el reconocimiento de las reivindicaciones.
La responsabilidad de todas las instituciones del Estado
La Dana fue un fenómeno natural, resultado, en buna medida, del calentamiento del mar Mediterráneo como parte del calentamiento global, pero, como no pocos señalaron en su día, sus consecuencias fatales fueron el resultado de las actuaciones de las distintas instituciones del Estado, que no tomaron las medidas necesarias para prevenir la catástrofe ni actuaron como debían una vez iniciado el desastre.
El desastre era perfectamente predecible. Desde 2004 hay planes del Estado y de la Confederación Hidrográfica del Júcar para prevenirla. El sábado 3 de julio de 2004, Las Provincias, publicaba: “La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos del Pozalet, la Saleta y el Poyo. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El Gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de una presa en Cheste.
La comarca de l’Horta Sud ha sido históricamente una de las más castigadas por las grandes inundaciones en temporadas de gota fría. Poblaciones enteras han visto año tras año como el agua del barranco del Poyo se ha desbordado llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles.
Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia son las zonas con mayor riesgo de inundación en las que se aplicará el plan contra riadas”. Han pasado más de 20 años, pero solo se hicieron unas pequeñas obras en 2009, toda la obra de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo suponía en su momento 221 millones de euros. Los recortes en la inversión en infraestructuras decididos por los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez han impedido que esas obras se realizaran.
Y siguen sin realizarse. El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que con tanta facilidad ha encontrado fondos para duplicar los gastos militares, no los facilita para esas obras que podrían impedir una nueva catástrofe.
En 1957, una riada inundó la ciudad de Valencia provocando 92 muertos. El régimen, que mostraba sus primeros síntomas de crisis, desvió el cauce del Turia, una gran obra que, según coinciden todos los expertos, evitó que la tragedia se extendiera a Valencia capital. Lo que demuestra que hay infraestructuras que pueden evitar los desastres.
Tras la rotura de la presa de Tous en 1982, que supuso una enorme inundación, se estudió la orografía de la zona, se puso en evidencia que las autovías habían constituido una barrera que impidió que el agua siguiese su cauce natural hasta la desembocadura en el mar. Se proyectó la construcción de puentes y drenajes en las carreteras y en las vías de tren que tenían un efecto barrera, el encauzamiento y drenaje de ríos y barrancos. La Universidad Politécnica de Valencia elaboró el Patricova (Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana), que fue aprobado en el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell (Gobierno valenciano); sí, las soluciones existían, pero ni el Gobierno central ni el de la Autonomía dedicaron el menor esfuerzo a realizar las actuaciones que hoy habrían evitado la catástrofe. Estamos, por tanto, ante un problema esencialmente político, tenemos los medios necesarios para prever, evitar, paliar y solucionar estos problemas naturales, sin duda acrecentados por el cambio climático.
Es más. La situación se ha visto agravada porque los ayuntamientos, sometidos a los especuladores inmobiliarios, han permitido durante decenios una edificación al servicio de los especuladores, que no respetan vados ni barrancos, ni zonas inundables. Y por la presencia de infraestructuras, como la V-31, donde precisamente se agrupan los polígonos industriales de la zona más afectada.
Todo ello demuestra que la Monarquía y las instituciones y gobiernos que a ella se someten, son una verdadera carga para la población.
Sin duda alguna, la responsabilidad directa de la gestión de la catástrofe fue de Mazón y su gobierno. Pero el gobierno central podría haber actuado ante la inhibición de la Generalitat. Según informaba El País, “Fuentes gubernamentales reconocen que el gabinete de crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa contempló la posibilidad de decretar una ‘emergencia de interés nacional’”, lo que hubiera supuesto asumir la dirección de todo el dispositivo [frente a la DANA], pero se consideró que “no era necesario”, porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un [artículo] 155” de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.” Eso a pesar de que la Constitución, prevé que “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.” Pero no lo hizo. Es la monarquía de las autonomías, con responsabilidades competenciales compartidas, y que en la práctica se traducen en una irresponsabilidad general.
Una burla de reconstrucción
Tras el desastre, y la constatación de que tuvieron que ser los voluntarios quienes intervinieran, ante la parálisis de las instituciones, todos empiezan a hablar de “reconstrucción”. Pero, un año después, hay garajes aún inutilizables, ascensores que no funcional, viviendas inhabitables. Se nombró al efecto al teniente general Francisco José Gan Pampols, pomposamente nombrado “Conseller para la Recuperación Económica y Social” de cuya actuación real nada se sabe, salvo que se le asignó un sustancioso aumento de sus emolumentos, y que ha dimitido tras llevarse casi 100.000 euros de fondos públicos. Entretanto, lo que termina de indignar a todos, a los trabajadores en primer lugar, es que, en esta situación, las Cortes y los Parlamentos se han convertido en algo parecido a foros donde se enfrentan sofistas. Ningún intento de abordar seriamente los problemas reales de la mayoría, salvo honrosas excepciones.
¿Qué salida?
Mazón se ha ido. El pueblo lo ha echado. Pero ahora tiene que irse todo su gobierno. Es de sentir casi mayoritario en la población que son necesarias elecciones anticipadas. El PP intenta impedirlo llegando a un nuevo cambalache con VOX, la dirección del PSOE no parece tampoco muy partidaria, prefieren, tal vez, que las elecciones se hagan en frío y no bajo la presión de la población. Pero la pregunta es ¿si hay elecciones, qué gobierno ha de salir de ellas? ¿Sobre qué programa debe trabajar ese gobierno? El sentir de la población movilizada para que se vayan tiene un contenido: hace falta un gobierno que ponga en el centro de su programa la reconstrucción al servicio del pueblo, organizada de acuerdo con los afectados y sus organizaciones, en primer lugar los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), y el Acord Social Valencià. Como señala el propio ASV, “La reconstrucción social del país la hemos de diseñar y llevar a cabo entre todas y todos. Pueblo a pueblo, comarca a comarca”.
Un programa de reconstrucción que no se puede limitar a las viviendas, industrias e infraestructuras destruidas por la Dana. Se ha de reconstruir la Sanidad, la enseñanza, las infraestructuras, los servicios públicos, desmantelados por el gobierno actual y los gobiernos anteriores. Un gobierno con un auténtico plan de reconstrucción, organizada de acuerdo con los afectados, de inmediata puesta en marcha, que garantice la plena restitución de todas las propiedades personales de la población trabajadora afectada y el restablecimiento de todas las infraestructuras públicas, el derecho a la vivienda, así como por la delimitación estricta de todas las responsabilidades políticas y el consecuente castigo a los culpables.
Hacen falta medios y los hay, bastaría con desviar los crecientes gastos en armamento a la reconstrucción, con acabar con los gastos parasitarios del Estado y cobrar impuestos a las multinacionales y a los bancos.