Carta Semanal 1070 para descargar en PDF
Cuando se van a cumplir 50 años de la muerte del dictador Franco, y algunos medios nos vuelven a bombardear con la versión oficial de la Transición, merece la pena recordar los hechos reales.
Para la historia oficial de la Transición –la que nos cuentan los medios de comunicación, los comentaristas políticos, las escuelas, que conforman la opinión pública burguesa y la versión delos partidos del régimen– “Franco murió en su cama”, sin apenas oposición popular, y a la muerte del dictador se estableció, por voluntad del rey, y de común acuerdo entre los sectores “reformistas” del régimen franquista y la llamada “oposición democrática”, un régimen de libertades democráticas consagrado en la Constitución monárquica de 1978.
Pero las cosas no ocurrieron así. A la muerte de Franco, el aparato de la dictadura franquista, apoyado por la burguesía, la jerarquía de la Iglesia y el ejército optaba por la continuidad del Régimen, como mucho con algunas reformas cosméticas. En palabras del propio Franco, “todo estaba atado y bien atado”.
Contaban con un hecho: Los Estados Unidos y la URSS, el Vaticano y los gobiernos europeos, temían una reedición de la revolución portuguesa, y se habían reunido en la “conferencia de Helsinki” para asegurar que no hubiera más revoluciones en Europa.
La movilización desbarata todos los planes
Sin embargo, una inmensa movilización obrera en el Estado español, que adquirió características prerrevolucionarias y que amenazó las bases mismas del sistema capitalista en nuestro país, impuso al franquismo en descomposición la legalidad de las organizaciones obreras y el reconocimiento de los derechos de asociación, expresión, manifestación, huelga y demás derechos democráticos.
Basta, para medir la profundidad de la movilización, con contabilizar el número de huelgas: En el trienio 1964/66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967/69: 345.000; en 1970/72: 846.000 y en 1973/75: 1.548.000. Tras la muerte de Franco, el movimiento huelguístico adquiere unas dimensiones insólitas: desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales. Hay que destacar el significado político de las huelgas. La huelga estaba prohibida. Por lo tanto, cada huelga era en sí, además de una lucha económica, una lucha por el propio derecho de huelga y los demás derechos de los trabajadores.
En este marco de descomposición del régimen, éste se ve incapacitado para mantener el control represivo de la sociedad. Sindicatos y partidos prohibidos imponen su legalidad: en cada asamblea se levanta un o una militante que afirma ser miembro de un partido o sindicato prohibido, sin que la policía pueda detenerlo. Por más que en las calles, las fuerzas represivas, escasamente preparadas para intervenir ante movilizaciones callejera, intentan impedir las manifestaciones obreras y populares, llegando a disparar contra los manifestantes. Durante el periodo en que Fraga fue ministro del Interior, se contabilizaba un muerto diario en una manifestación.
El lugar de vanguardia de los trabajadores del País Vasco y de Cataluña en la lucha contra la dictadura favorece la estrecha alianza del movimiento obrero y las naciones oprimidas, que se sella en grandes acciones como la lucha contra los consejos de guerra de Burgos en diciembre de 1970, contra las ejecuciones de 1974-75, en la defensa de los derechos de los pueblos en Madrid, en Sevilla…
De hecho, España vive una situación prerrevolucionaria, en la que la clase trabajadora y sus aliados buscan imponer sus reivindicaciones y acabar con el Régimen. Las fuerzas del régimen se dividen. Una minoría intenta “imponer el orden” a cualquier costa, mediante un golpe de Estado (que la situación en Europa haría poco viable).
Pero la mayoría, que piensa que esa medida de fuerza puede precipitar el movimiento revolucionario, no se inclina por esa opción. El rey Juan Carlos, sucesor designado por Franco, que aceptó su sucesión reconociendo explícitamente que recibía “del jefe del Estado, Francisco Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936” y que asumió su cargo como Rey diciendo. “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”, viaja a Estados Unidos en junio de 1976. Es recibido por el presidente Gerald Ford y, tras esa reunión, en un discurso ante las dos cámaras del Congreso de los EEUU, habla por primer vez de “democracia”: «La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas, alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados”. El cambio de posición del Rey, dictado por los EEUU, demuestra que el Régimen, obligado a retroceder, no tiene más remedio que resignarse a reconocer, en la práctica, lo que la movilización ya ha impuesto: los derechos democráticos de reunión, de manifestación, de huelga, de libre sindicación y la libertad de partidos. El Rey nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un hombre que hecho carrera en el “Movimiento Nacional”, con un encargo preciso: buscar un acuerdo con la oposición que permita salvar todo lo que pueda del aparato del régimen. Y en ese empeño encuentra el apoyo de los principales partidos obreros y nacionalistas de oposición.
La actitud de los dirigentes del PCE, del PSOE y de CCOO
En lugar de animar el movimiento reivindicativo, los dirigentes de las principales organizaciones obreras, habían tratado hasta entonces de imponer “prudencia”, de no desafiar al régimen. Proponen que las manifestaciones se hagan por las aceras, que se aplauda a la policía. El servicio de orden de las manifestaciones retira por la fuerza cualquier pancarta que puede parecer “provocadora” a los dirigentes, prohíbe la exhibición de banderas republicanas.
El cambio de posición de los representantes del aparato franquista es recibido con agrado por los dirigentes. Se abandona la defensa de la “ruptura” con el régimen, y se habla de “ruptura pactada” (pactada con los representantes del franquismo en descomposición). La culminación de ese proceso son los famosos pactos de la Moncloa.
Los Pactos de la Moncloa, firmados por los dirigentes del PCE, del PSOE, de CCOO y de los principales partidos “nacionalistas” impusieron a las masas la aceptación de buena parte de las instituciones del franquismo, limitaciones a la libertad sindical y la negación del derecho de autodeterminación. Fruto de ese compromiso es la Constitución Monárquica.
La conservación del aparato de Estado franquista
A cambio del reconocimiento legal de los derechos y libertades que la movilización obrera y popular ya había impuesto en la práctica, se aceptaba el mantenimiento, sin depuración alguna, de todo el aparato represivo del régimen, del aparato judicial, la negativa a exigir cualquier tipo de responsabilidad por los crímenes del franquismo, el respeto de las fortunas amasadas a través de la corrupción y del trabajo esclavo de los presos políticos. La policía política del franquismo, la Brigada Político-Social se convirtió en Brigada de Información, en las que los torturadores siguieron trabajando y mantuvieron incluso sus prebendas y medallas.
Los “juicios” del franquismo, incluso las farsas de juicios militares en que el supuesto defensor del reo actuaba como un acusador más, fueron declarados legales y no revisables.
El Tribunal de Orden Público, tribunal especial de represión política fue reconvertido en Audiencia Nacional. Ninguno de sus miembros fue sancionado por su persecución contra los luchadores por la libertad.
El ejército del 18 de julio fue mantenido tal cual. Los militares expulsados en 1936-39 no pudieron retornar. También siguieron expulsados los miembros de la Unión Militar Democrática. Nos aseguran que su adscripción a la OTAN lo ha “democratizado”, pero cualquiera puede ver cómo miles de oficiales firman manifiestos en defensa de Franco, eso sí, en cuanto pasan a la reserva y ya no pueden ser sancionados.
Todo el aparato judicial fue mantenido tal cual. No hay que extrañarse de que durante años haya estado persiguiendo a los piquetes de huelga, que haya condenado a las 6 de la Suiza y a otros muchos sindicalistas. O que ahora organice procesos de lawfare contra Alberto Rodríguez, contra Podemos, contra Mónica Oltra, contra el fiscal general, contra la familia de Pedro Sánchez…
El régimen pretendió, incluso, mantener la Central Nacional Sindical, el “sindicato” vertical de afiliación obligatoria. Contaba, de hecho, con el apoyo de la dirección de CCOO, alguno de cuyos dirigentes hablaba de “tomar el Vertical con los ascensores funcionando”. Pero la UGT se negó a la maniobra y organizó su propio congreso –que el régimen no pudo prohibir- en abril del 76
Todo ese aparato de Estado está al servicio del capital financiero, de la UE, de la OTAN, en contra de la democracia, de los derechos sindicales, de los derechos de los pueblos. Por eso, la ruptura democrática que no se realizó en 1975-78 sigue siendo hoy una absoluta necesidad.