(Publicado en la Carta Semanal 647 – ver entrada en catalán)
Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 1 de octubre de 2017 a las 20h.
Movilización unida para acabar con el gobierno de la Monarquía
El taparrabos “democrático” del régimen, desgastado por decenios de choques con los trabajadores y los pueblos, se lo ha quitado el pueblo catalán. Las imágenes son claras. De un lado decenas de miles de personas que intentan votar de manera pacífica, expresando la voluntad de la inmensa mayoría de un pueblo que quiere decidir por sí mismo, sin imposiciones. Frente a ellos, un apabullante despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y antidisturbios que buscan impedirlo por la fuerza (más de 12.000 suplementarios). Puertas de colegios derribadas a mazazos, cargas policiales, centenas de heridos. Desde el viernes 29 por la noche el espacio aéreo estuvo cerrado al tráfico para permitir que los helicópteros de la Guardia Civil y la Policía Nacional pudieran actuar. A estos cuerpos represivos los trabajadores los conocen de sobra. Estamos hartos de verlos reprimiendo movilizaciones obreras o protegiendo a los esquiroles en las huelgas.
El régimen heredado del franquismo, con su gobierno Rajoy minoritario y corrupto, con su Tribunal Constitucional que una y otra vez sentencia contra los derechos de los pueblos y los trabajadores, que ha avalado las reformas laborales, la LOMCE, los recortes a los empleados públicos, que acaba de vetar la renta mínima propuesta por los sindicatos, con su Policía y Guardia Civil, con el conjunto del aparato judicial, se han volcado para intentar impedir que el pueblo catalán pudiera democráticamente ejercer su derecho al voto este 1 de octubre. Al desnudo, el régimen contra un pueblo.
Con el pueblo catalán la movilización de los trabajadores y los pueblos a escala de Estado
A medida que pasaban los días, el régimen monárquico aumentaba sus amenazas y su terror ante un creciente movimiento de masas y la multiplicación en todo el estado de mítines, actos –celebrados a pesar de las prohibiciones y negación de locales– y pronunciamientos en apoyo al derecho del pueblo catalán.
En Cataluña, según las propias cifras oficiales, el 82 por ciento querían votar en un referéndum sobre el porvenir de la nación catalana. De ellos, un 62 por ciento querían votar en el referéndum convocado por la Generalitat, a pesar de ser declarado ilegal por Rajoy, de los subterfugios a que han tenido que recurrir los convocantes, y del despliegue de fuerzas utilizado para impedirlo.
A las 9,30 de la mañana ante la negativa de los Mossos d’Esquadra ejercer la violencia para precintar y cerrar los colegios, el representante del gobierno central en Cataluña, el “virrey” Enric Millo, ordenó la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional para cerrar los colegios por la fuerza, produciendo numerosas escenas de violencia. Paralelamente los servicios de información intentaban bloquear el sistema informático.
A pesar de ello, según el portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, acudieron a votar más de tres millones de catalanes de un total posible de 5.343.358; 700.000 encontraron los colegios cerrados (319 de 2315), las urnas robadas o les robaron la papeleta ya depositada. Pero consiguieron votar 2.262.424 (el 42,5% del censo), de los cuales 2.020.144 (el 90%) votaron sí, 176.565 (el 7,87%) votaron no, 45.586 en blanco y 20.129 fueron votos nulos.
“Catalanes, no estáis solos”, “Rajoy dimisión”, “Derecho a decidir” gritaba una nutrida concentración, la tercera, en la Puerta del Sol, la tercera en las calles de Madrid, donde el Gobierno intentó prohibirlas. Nutrida fue también la concentración de Sevilla. Y masivas las de Valencia y Bilbao, pero también en Tenerife, Vitoria y múltiples localidades de todo el Estado
A las 10 de la mañana de este 1 de octubre, UGT de Catalunya emitía una declaración que decía que: “es intolerable e injustificable en una democracia que se utilice la fuerza y la violencia contra los ciudadanos que intentan votar pacíficamente”. Este es el sentir de la mayoría de los trabajadores de todo el país, de Algeciras a Bilbao, de la Coruña a Valencia, como una sola clase.
Se abre una nueva etapa
Sean cuales sean el desenlace y consecuencias inmediatas de esta jornada, una certeza se impone: el régimen consagrado en la Constitución del 78, bajo la forma de una Monarquía heredada del franquismo, está desestabilizado, roto, en una situación insostenible.
Los pactos de la llamada “transición” firmados por los secretarios del PCE y PSOE de la época (y los partidos burgueses catalanes y vascos) con los representantes directos del franquismo han hecho aguas. Durante 40 años han permitido asegurar el dominio y explotación del capital financiero y cercenar las conquistas obtenidas en la calle, ya sean conquistas obreras, democráticas, servicios públicos…
El entramado autonómico ha demostrado que solo es un instrumento de división y enfrentamiento entre los pueblos, para permitir la supervivencia del régimen, aplicando al unísono todos los recortes, al servicio del capital financiero.
El capital financiero y sus gobiernos, con sus instituciones, en toda Europa y en los Estados Unidos, se muestran cada vez más preocupados ante la incapacidad de Rajoy para resolver los problemas con un mínimo de formas democráticas. A estos cínicos no les preocupan los derechos de los pueblos, sino asegurar el dominio de las multinacionales y el lugar estratégico de la Monarquía en las aventuras militares del imperialismo, su agresión a Venezuela y el apoyo a los regímenes más odiados, como la dictadura teocrática de Arabia Saudí. Igual que a la gran patronal catalana, plenamente integrada en el capital financiero español, que ruega por una “solución política” al tiempo que sueña con un pacto fiscal a la vasca.
Los trabajadores de todo el país, que han visto las imágenes de la represión, están indignados y preocupados, pero también en buena parte, desorientados por la actitud de partidos que hablan en su nombre. ¿Cómo Pedro Sánchez puede apoyar a Rajoy en esta ofensiva represiva? ¿Cómo Pablo Iglesias y Alberto Garzón no se pronuncian claramente? ¿Por qué las Confederaciones Sindicales no llaman a la movilización, a la huelga general incluso, contra la represión, en todo el Estado para demostrar la fuerza unida de la clase obrera, la relación directa entre derechos sociales y derechos democráticos? El 3 de octubre el Govern de la Generalitat, la Taula per la Democràcia convocan a un paro cívico de todas las clases sociales. En múltiples asambleas de centros de trabajo los trabajadores han decidido ir a la huelga en su propio terreno.
Acabar con Rajoy. Abrir la vía de la República
Puigdemont parece anunciar una declaración de independencia del Parlament. Rajoy parece amenazar con una nueva embestida contra los representantes del pueblo catalán. Nadie puede predecir el próximo desarrollo de los acontecimientos, pero, para sectores crecientes de los trabajadores y de la población, aparece más claro lo que proclamaba el POSI en el momento de su fundación, en 1980: la Monarquía es incompatible con los derechos sociales y las libertades.
Ahora, sube el tono de las voces que piden una “salida negociada”, incluso un “referéndum pactado”… que salven al régimen. Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y los pueblos, ninguna negociación es deseable si no es sobre una base democrática: el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, o sea acabar con el régimen monárquico, proclamar la República para que TODOS los pueblos puedan decidir libremente qué relación quieren mantener con el resto de los pueblos: federarse, confederarse, separarse… Por nuestra parte, defendemos la República Catalana Libre y que libremente se asocie en una Unión de Repúblicas Libres de todos los pueblos del Estado Español.
Compartimos la preocupación de todos los compañeros que en los actos organizados estos días por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos se han planteado unir fuerzas para actuar a fin de ayudar a que toda la fuerza organizada de los trabajadores pese en esta crisis para cortar las consecuencias de la descomposición del régimen y abrir otra etapa de fraternidad y progreso.
Después del 1 de octubre, los trabajadores y sus organizaciones se plantean: ¿cómo salvar las libertades sin romper con todo lo que Rajoy representa? Y al mismo tiempo para recuperar la negociación colectiva, recuperar el derecho de huelga, dar trabajo a los jóvenes, recuperar los salarios, salvar la sanidad y las pensiones, los servicios municipales, ¿no es preciso el mismo vuelco democrático que demanda el pueblo catalán?
Los trabajadores exigen que sus organizaciones y de entrada los sindicatos se pongan a la cabeza de la movilización contra la represión, por el derecho a decidir del pueblo catalán, de todos los pueblos, para echar a Rajoy. Es la exigencia inmediata.