Carta Semanal 1085 para descargar en PDF
Por un aumento salarial de emergencia, por una agenda que defienda los intereses de los trabajadores, la nación
Por: Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT)
El Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT), ante los recientes acontecimientos, realizamos las siguientes consideraciones: la agresión militar imperialista contra nuestra nación, que ha resultado en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, así como en la destrucción de infraestructuras civiles y militares y en la pérdida de numerosas vidas, consideramos que estos actos constituyen una violación del derecho internacional y un ataque a la soberanía de los Estados y a la autodeterminación de los pueblos. La ofensiva persiste, una presencia permanente de la CIA y de Francis L. Donovan máximo responsable militar estadounidense para América Latina sugiere que lo que está en juego no es solo la seguridad, sino un rediseño del equilibrio regional, la renovación de la orden ejecutiva de «emergencia nacional» emitida en el año 2015 por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien declaró a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria» contra la seguridad nacional y la política exterior. Acompañada de amenazas de nuevos ataques en territorio venezolano y de un control sobre nuestros recursos petroleros, lo que implica la implementación de medidas de subordinación económica.
EEUU ha utilizado la fuerza para socavar la soberanía de Venezuela, llevándolo a una situación de dependencia. Esta política forma parte de una estrategia de seguridad que busca un control más amplio sobre el hemisferio, especialmente en el Caribe, y se emplea para intimidar a otros países de la región que no se alinean con los intereses estadounidenses.
La reforma petrolera de 2026
El presidente Nicolás Maduro había señalado previamente que el país implementaría un cambio estratégico en su política energética para impulsar el desarrollo en las industrias petroquímica, gasífera y petrolera. El 26 de enero, Delcy Rodríguez afirmó que la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es parte del plan de recuperación económica iniciado en 2018, plan en beneficio de los sectores empresariales mediante la liberación de precios, la dolarización de facto, la exoneración de aranceles, incentivos fiscales y la contracción de los salarios, así como la desregulación de las relaciones laborales, a favor del capital. La intervención militar se reveló como un medio para imponer de facto una política que el gobierno siempre estuvo dispuesto a negociar frente a sanciones y bloqueo económico, pero en favor del capital, esa era la línea con su enfoque económico.
La reforma se basa en tres pilares fundamentales:
* En primer lugar, se introducen los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten a las empresas privadas gestionar proyectos de manera integral, mientras que el estado se limita a recibir una parte de los ingresos generados.
* En segundo lugar, se implementan incentivos fiscales para campos no desarrollados, que buscan atraer inversiones al flexibilizar regalías y tributos en nuevos yacimientos.
* Por último, se establecen mecanismos de mediación y arbitraje independientes, que permiten resolver conflictos fuera del ámbito soberano de Venezuela.
La cuestión de las regalías es crucial. La ley anterior establecía un pago fijo de entre 30 y 33% sobre la producción, mientras que la nueva reforma permite reducciones temporales que pueden bajar este porcentaje a 20 o 15%. o 0% en nuevos campos, con el fin de fomentar la inversión. Esta diferencia, aunque técnica, representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado venezolano y genera un riesgo fiscal que podría afectar directamente a los programas sociales y a la capacidad de mantener la infraestructura del país.
Igualmente, se establecen varias exenciones que reducirán la carga parafiscal para las empresas bajo este régimen. Estarán exentas del impuesto a los grandes patrimonios y de contribuciones especiales relacionadas con Ciencia, Tecnología, Deporte, Drogas y Protección de Pensiones. Tampoco pagarán tributos estatales, municipales ni cumplirán con obligaciones de responsabilidad social. Como parte de esta política la agenda legislativa del 2026 incluye un plan para modernizar el ordenamiento jurídico con 29 leyes y ocho nuevos códigos para facilitar la inversión extranjera, incluyendo cambios en licencias de comercio y regímenes fiscales. Un proyecto de ley para un sistema de precios acordados.
El gobierno de EEUU emitió una serie de licencias generales, flexibilizando las sanciones. Estas autorizaciones permiten a empresas estadounidenses y ciertas firmas venezolanas participar activamente en la comercialización, suministro de insumos, servicios y expansión de operaciones petroleras y gasíferas en Venezuela. Mientras, se mantiene el escrutinio y el control sobre la gestión de recursos, Estados Unidos actúa como administrador de los ingresos por la venta de petróleo, lo que afecta la soberanía de Venezuela. Esto lleva al país a perder el control sobre su principal fuente de ingresos y a depender de las decisiones de la administración estadounidense.
Para nosotros, la reforma de la LOH indica un cambio en el programa político del gobierno en Venezuela, debilitando los principios del nacionalismo petrolero y el programa político de la agenda bolivariana. Washington ha avanzado en varios de sus objetivos para reinsertar a Venezuela en su dispositivo de control de los hidrocarburos.
Es cierto que las sanciones han influido en la crisis de la industria, pero es fundamental señalar sin rodeos la responsabilidad de la dirección política del gobierno en la destrucción de la capacidad operativa de PDVSA. Esta situación se ha agravado por la politización sistemática, la profunda militarización, la corrupción generalizada y la falta de inversión incluso antes de las sanciones y bloqueo, lo que ha llevado a una drástica caída en la producción. Esta destrucción interna ha creado condiciones estructurales que han hecho muy probable el escenario actual, de pérdida de soberanía petrolera.
El gobierno ha presentado una agenda inesperada, buscando un entendimiento con Estados Unidos que acepta todas las propuestas del agresor. Este enfoque se justifica políticamente como una forma de preservar el poder, lo que permitiría ganar tiempo y realizar ajustes necesarios. Como que no, existiría ya ninguna alternativa posible más allá de aceptar todas las exigencias de Donald Trump para evitar una supuesta “aniquilación”. Sin embargo, parece que se está sacrificando la viabilidad del país en favor de la supervivencia política inmediata de una nueva élite que representa los intereses económicos de sectores emergentes que se beneficiarían por la nueva apertura petrolera.
Al mismo tiempo, se han creado ilusiones en la clase trabajadora sobre un aumento de ingresos gracias al crecimiento de la extracción de petróleo, que está controlada por empresas transnacionales. Sin embargo, con una baja tasa en las regalías petroleras, el Estado podría no obtener los recursos necesarios para impulsar la demanda interna mediante salarios, pensiones y derechos sociales. Se están implementando la reestructuración de los programas sociales e incluso una posible reforma de la ley laboral.
Por una agenda que defienda los intereses de los trabajadores, la nación
Hoy en día, la situación en Venezuela está muy conectada con la situación internacional, especialmente por las acciones de Trump, que han hecho del mundo un lugar más peligroso, amenazando la soberanía de las naciones y la democracia con intervenciones militares.
La posible intervención militar en Cuba por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos está latente y tendría resultados catastróficos para la población de la isla más allá de las que lleva sufriendo tras 60 años de bloqueo. Las pretensiones de dominación neocolonial sobre el hemisferio occidental plantean para la clase trabajadora, la necesidad de vincularse a la resistencia del pueblo en Estados Unidos y en todo el mundo, negándose a aceptar la imposición de sumisión o guerra por parte de la administración Trump. En esta línea se apunta la participación del (CAIT en la Jornada Continental por el Derecho a Migrar y la Soberanía Nacional en marzo de 2026.
Exigimos el fin del bloqueo naval y la retirada de la presencia militar en el Caribe. Denunciamos el saqueo de los recursos energéticos, la nueva apertura petrolera, el control de los ingresos petroleros por Estados Unidos, el grado de subordinación geopolítica al gobierno de Trump, y exigimos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En este sentido, es crucial unir fuerzas en un frente nacional, plural y democrático, popular, apoyándonos en la Constitución de 1999 para defender nuestra soberanía y evitar la consolidación de un Estado tutelado en nuestra patria.
Finalización de la gestión de custodia de los recursos petroleros por Estados Unidos. La administración de las regalías e impuestos generados por el petróleo venezolano por parte de autoridades estadounidenses no se alinea con la soberanía del país y pone en peligro la recuperación económica.
Restablecimiento del derecho de Venezuela y de Pdvsa para vender directamente sus productos petroleros. Libertad en el comercio internacional. Establecer de manera independiente nuestra política exterior, así como su defensa y seguridad. Esto abarca la capacidad de firmar convenios con diferentes países, tales como China, Rusia, Irán y Cuba. Venezuela no debería estar obligada a adquirir productos y servicios de un solo país. Protección total de Pdvsa y su gestión, como un activo estratégico para la nación.
Suspensión de la presencia de una misión permanente de la CIA. Rechazar la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien es responsable de los ataques aéreos y asesinatos a nuestra nación, además de buscar asegurar la presencia e intervención militar en el continente.
Por un aumento salarial urgente, no la reforma de la LOTT.
Ahora, se anuncia las pretensiones de la modificación de la Ley del Trabajo, mientras la patronal empresarial Fedecámaras se niega a aceptar aumentos de sueldos sin que se eliminen derechos adquiridos en la actual legislación. Frente a este escenario la clase trabajadora debe volcarse a la organización y a la unidad en el medio de sus diferencias y diversidad de actores y corrientes, levantar nuestra propia agenda: Recuperación del salario acorde con lo establecido en los artículos 89 y 91 de la CRBV. Salarización de los bonos, tanto en la administración pública como en el sector privado. Por un aumento salarial de emergencia. Restitución inmediata de las cláusulas contractuales violadas por el instructivo del ministerio de planificación, (2792), Discusión de las convenciones colectivas. Aplicación de Los convenios de la OIT
Por los derechos democráticos a la libertad sindical
La defensa de la libertad sindical y la autonomía en los procesos electorales democráticos en las organizaciones sindicales es fundamental. Esto incluye la oposición a la intromisión y el intervencionismo, así como la crítica a la desinstitucionalización del Ministerio del Trabajo, donde ciertos funcionarios ejercen discrecionalidad en decisiones laborales. Además, se debe rechazar el control político de facciones dentro del Registro Nacional Sindical y la suspensión de los procesos electorales sindicales por parte del Consejo Nacional Electoral. Es esencial que el Ministerio del Trabajo retome su papel en la supervisión de políticas que garanticen trabajo digno y justicia social, evitando el intervencionismo gubernamental que busca controlar el movimiento sindical y socavar las relaciones laborales establecidas en la Constitución Bolivariana.
Por amnistía laboral y sindical
Después de los eventos del 3 de enero, se han llevado a cabo varios cambios políticos y reformas legales, incluyendo la nueva Ley de Amnistía. Cientos de líderes sociales, sindicales y partidarios siguen encarcelados, han enfrentado acoso, persecución, detenciones, juicios, condenas, despidos injustos por motivos políticos, represión en huelgas y protestas laborales, suspensión de pagos de cláusulas sindicales y violaciones a los derechos humanos laborales y sindicales. En este contexto, abogamos por la libertad total de todos los trabajadores, campesinos, sectores populares, luchadores sociales y activistas que han sido encarcelados de manera injusta y arbitraria, la mayoría de ellos invisibilizados. La amnistía laboral y sindical significa la restauración de derechos y la reintegración de trabajadores y líderes sindicales afectados por sanciones o despidos debido a prácticas de represión política y laboral.